Tuvo dictamen la iniciativa que deroga parte del art. 20 de la ley de quiebras, norma que deja sin efecto convenios colectivos tras apertura del concurso

Ayer tuvo dictamen de comisión de Justicia de la Cámara de Diputados el proyecto por el que el asesor de la CGT Héctor Recalde promueve la derogación una parte del artículo 20 de la ley de quiebras, que deja sin efecto los convenios colectivos vigentes cuando se produce la apertura de un concurso preventivo.

Hoy, esa norma facilita un respiro a las empresas que atraviesan una crisis financiera, pues al suspender los efectos de aquellos acuerdos colectivos y permitirles negociar con el sindicato un nuevo convenio, quedan eximidas de cumplir con las condiciones más favorables a los trabajadores que usualmente fijan esas regulaciones.

De esa manera, y en caso de convertirse en ley, una vez dispuesta la apertura del concurso quedarían vigentes los convenios colectivos de trabajo y el empresario no podría negociar con el sindicato condiciones laborales menos onerosas mientras dure la renegociación de los pasivos.

Según los fundamentos del proyecto original de Recalde, la iniciativa viene a complementar la última reforma a la ley de quiebras –materializada a través de la ley 26.086, que fundamentalmente “solucionó” el problema del fuero de atracción de los juicios laborales contra el concursado.

Así, agregó que al no contemplar la última modificación la derogación parcial de aquel artículo 20 se “limitaron en cierta forma las consecuencias positivas de la reforma”, al permitir la subsistencia paralela de distintos regímenes legales para los trabajadores.

Trabas

Frente a ello, especialistas cuestionaron la reforma impulsada, principalmente porque resulta una traba para que las firmas concursadas continúen con su emprendimiento productivo, lo que seguramente derivará en su quiebra.

Daniel Roque Vítolo, titular de Vítolo Abogados, explicó que cuando las empresas en cesación de pagos se presentan ante la Justicia para buscar una solución con sus acreedores y lograr una continuidad en la producción -y evitar así la quiebra- “lo que necesitan es ser asistidas con normas flexibles para poder recomponer su capital de giro y continuar manteniendo los puestos de trabajo”.

“Demorarles el proceso y colocarles piedras en el camino para la reestructuración de la deuda, así como obligarla a que no puedan renegociar -mientras dure la reorganización empresaria- condiciones colectivas más benévolas con sus trabajadores respetando la Ley de Contrato de Trabajo, para poder ajustar sus costos y permitirle continuar con la actividad, es prácticamente llevarlas al fracaso y a la quiebra, con lo que los trabajadores se perjudicarán mucho más”, agregó.

En tanto, para el laboralista Javier Adrogué, socio de Adrogué, Marqués, Zabala & Asociados, tal como está implementado hoy el sistema ofrece razonabilidad y previsibilidad. “Con la reforma, muchas empresas podrían verse en serios problemas para cumplir con condiciones laborales que no responden a la productividad”, resaltó.

Incluso, el ex juez comercial Eduardo Favier Dubois (h.) descartó la utilidad de la modificación legal: “Es innecesaria; el sistema funciona tal como está, pensando en la economía empresarial y, en definitiva, en el mantenimiento de las fuentes de trabajo”.

Revisionismo

El proyecto ingresó en el Congreso en abril último y, desde entonces, fue cuestionado desde el sector empresarial porque iba en línea con los “vientos setentistas” que acompañaron la serie de iniciativas que impulsan un profundo cambio en la legislación laboral, fundamentalmente.

“La empresa y los trabajadores tienen hoy intereses comunes: ambos necesitan sobrevivir cuando hay crisis y, superada ésta, intentar crecer. Si nos equivocamos y creemos en que son elementos antagónicos y que una está en contraposición con los otros, deberíamos detenernos a pensar si puede haber empresa sin trabajadores o trabajadores sin empresa”, concluyó Vítolo.

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Pablo Méndez
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FUENTE Infobae