Información Económica

Es un concepto aceptado en los ámbitos científicos y de la política, como así también de los habitantes de un país en general, que existe un derecho a la información por parte del ciudadano, el que en el caso que analizamos es el de la información económica.

Esa información es fundamental para las decisiones de la política económica como así también para el accionar de los particulares, los que como operadores económicos que actúan en el mercado, necesitan contar con los datos pertinentes.

Como lo reclamaron en estos momentos los inversores de EE. UU. planteando dudas sobre el INDEC a la presidenta de la recientemente creada Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, Beatriz Nofal, quien señaló que será preciso “hacer un mayor esfuerzo de comunicación de algunas cuestiones porque se genera una brecha de percepción”.

La información difundida tiene que ajustarse a criterios de credibilidad y ser obtenida en base a criterios científicos.

Principios Fundamentales

El tema ha sido tratado por diversas organizaciones internacionales que tienen que ver con las cuestiones económicas como las Naciones Unidas, la CEPAL, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras.

Nos interesan fundamentalmente los criterios de las Naciones Unidas, dado que según sostiene el mismo INDEC, la importancia de la estadística oficial para la decisión de políticas de desarrollo en el área económica, demográfica, social y ambiental hacen necesario garantizar la calidad y confiabilidad de los datos estadísticos. Respondiendo a esta necesidad, la División de Estadística de las Naciones Unidas hizo suyos los Principios Fundamentales de la Estadística Oficial elaborados por la Comisión Económica para Europa (CEPE) en 1992, de modo de promover su consolidación y puesta en práctica en otras regiones (ver Anexo I).

El INDEC respalda estas recomendaciones orientando su actividad estadística según esos principios que son copia textual de lo aprobado por las Naciones Unidas (ver Anexo II).

Las Naciones Unidas realizan un análisis de la legislación de los distintos países con la finalidad de ver que se cumplan en las mismas los principios mencionados precedentemente, refiriéndose a la Argentina, en base a la ley 17.622, en cuanto a Conceptos, fuentes y métodos (principio 3.), Confidencialidad (principio 6.), Legislación de estadística (principio 7.), Posición del estadístico nacional (principio 7.), Arreglos organizativos para producir estadística (principio 8.) (ver Anexo III).

Principio de Confidencialidad. Ley 17.622

En el informe de la División de Estadística de las Naciones Unidas, actualizado el 25 de enero del 2007, se señaló que para el Desarrollo de Sistemas Estadísticos Nacionales, una responsabilidad clave de la División de Estadística de Naciones Unidas es asistir a países en el desarrollo de su sistema estadístico nacional. Activamente promueven los Principios Fundamentales de Estadísticas Oficiales que fueron adoptados por la Comisión Estadística en 1994. Proporcionando la ayuda directa en la realización de los Principios Fundamentales y compilando las mejores prácticas, facilitando compartir el conocimiento y prácticas en todos los aspectos del desarrollo de sistemas estadísticos nacionales.

Del informe sobre Argentina precedentemente referenciado rescatamos el principio de Confidencialidad que dice cumplido por los arts. de la ley 17.622 que se mencionan a continuación:

Confidencialidad (principio 6.)

Los datos que reúnan los organismos de estadística para la compilación estadística, ya sea que se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos;

ARTÍCULO 10.- Las informaciones que se suministren a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presente ley, serán estrictamente secretos y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieran. Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos de registro: nombre y apellido, o razón social, domicilio y rama de actividad.

ARTÍCULO 13.- Todas las personas que por razón de sus cargos o funciones tomen conocimiento de datos estadísticos o censales, están obligados a guardar sobre ellos absoluta reserva.

Además de los artículos mencionados por la División de Estadísticas de la UN, vamos a señalar el Art. 16 que refiere a los que son objeto de la actividad estadística brindando datos, y el Art. 17, a los funcionarios y empleados del INDEC, fijando sanciones por los delitos de desobediencia, Art. 239 del Código Penal y violación de secretos, Art. 153 del mismo cuerpo legal.

Artículo 16.Cuando se trate de entidades civiles o comerciales, con personalidad jurídica o sin ella, serán personalmente responsables de las infracciones a la presente ley, los directores, administradores, gerentes o miembros de la razón social que hayan intervenido en los actos considerados punibles.

Para las multas se establece que existirá responsabilidad subsidiaria de las entidades sancionadas.

En caso de reincidencia dentro del período de UN (1) año, contando desde la fecha de la sanción impuesta conforme al Artículo 13 serán pasibles de la pena establecida por el Artículo 239 del Código Penal, sin perjuicio de la nueva multa que correspondiera.

Artículo 17.Los funcionarios o empleados que revelen a terceros o utilicen en provecho propio cualquier información individual de carácter estadístico o censal, de la cual tengan conocimiento por sus funciones, o que incurran dolosamente en tergiversación, omisión o adulteración de datos de los censos o estadísticas, serán pasibles de exoneración y sufrirán además las sanciones que correspondan conforme con lo previsto por el Código Penal (Libro II, Título V, Capítulo III).

Otros antecedentes legales

Otros antecedentes que precisan el alcance del Secreto Estadístico son los Decretos reglamentarios 3110/70 y 1831/93, como así también las Disposiciones del INDEC Nº 11/1988 derogada por la Nº 176/1999 en cuyo Anexo I se refiere al Secreto Estadístico, señalando las obligaciones específicas en esa materia y cuyo Art. 1º dice que la ley 17.622 regula el funcionamiento de la actividad estadística en el ámbito oficial, incluyendo en su articulado normas estrictas sobre la obligación de tratar con reserva la información individual.

Dicha disposición, agrega en la reglamentación específica, que ninguna persona puede suministrar a terceros copias de formularios completados en los que aparezcan datos con individualización.

El secreto estadístico o confidencialidad de la información estadística es el resguardo legal que tiene toda persona física o jurídica, obligada a proporcionar datos a los servicios que integran el Sistema Estadístico Nacional, de que esos datos no serán utilizados con otros fines que los estadísticos.

El hecho de que la información se recopile con fines estadísticos implica que la misma no puede ser suministrada ni publicada sino en compilaciones de conjunto. Esto significa que de ninguna forma resulte posible identificar a las unidades estadísticas (personas, empresas, hogares, etc.).

En ningún caso se podrá proveer listados de hogares, de personas físicas o jurídicas, de establecimientos o de otras unidades que integren una muestra.

Las personas que manejan formularios completados, así como cualquier otro material con datos primarios e identificación, son responsables de que sean mantenidos en forma y lugar apropiados para impedir el libre acceso a los mismos de personas ajenas al proceso de elaboración de información estadística respectiva.

Secreto Estadístico

De esta forma entramos en la problemática del secreto estadístico en cuanto al caso especial de los Índices de Precios. Ese secreto o criterio de confidencialidad constituye una garantía para poder contar con un sistema estadístico creíble.

Aquí vamos a entrar en dos temas de fundamental importancia para lo cual es necesario ver cuales son los bienes jurídicamente tutelados.

Señalando brevemente, la delimitación del contenido y alcance del concepto de bien jurídico, se ha convertido en un tema de debate dado los nuevos intereses de tutela relativos a la actividad económica de intercambio de bienes y servicios y en el caso en análisis, vinculados con la confidencialidad y confiabilidad de la información estadística.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia estableció claramente que no se protegen cosas sino bienes jurídicos y que el mayor o menor valor acordado a un bien jurídico depende de su capacidad para satisfacer necesidades humanas, en otras palabras, para garantizar a los hombres el campo más amplio y desarrollo de su personalidad (Fallo, 314:439)

En el caso del secreto estadístico, los bienes jurídicamente tutelados son dos. Primero la preservación y fortalecimiento del sistema estadístico y por otro lado la privacidad y seguridad de las personas.

Argumentando brevemente, para la confección de índices y/o en los censos, se requiere el criterio de confidencialidad o secreto estadístico, dado que se compromete para lograr la información y que esta sea veraz, a que la misma no será utilizada para otros fines, toda vez que, por otro lado, la ley 17.622 establece que todos los organismos y reparticiones nacionales, provinciales o municipales, las personas de existencia visible o ideal, públicas o privadas con asiento en el país, están obligadas a suministrar a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional los datos e informaciones de interés estadístico que estos soliciten, bajo apercibimiento de ser sancionadas en caso de infracciones a la ley ya sea negativa o falsedad, de conformidad con el Art. 239 del Código Penal, delito de desobediencia.

Por otro lado, la privacidad y la seguridad de las personas, la obligación de silencio, participa de la idea del secreto profesional y posee rango constitucional en los Art. 18, 19 y 43 de la Constitución Nacional, como así también el principio de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y la protección de la libertad individual que se vería violada (Procuración del Tesoro. Dictámenes. Tomo 235 Pág. 316).

Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia referido a los usuarios de tarjetas de crédito, que si bien se refiere a la información financiera, analógicamente podría aplicarse al secreto estadístico, señala que el artículo 53 de la ley 25.065 que la prohibición contenida en ese artículo continua vigente, considerando que resulta razonable, en la medida que tiene la finalidad de preservar la exactitud de los datos registrados, en beneficio de sus titulares y de la seriedad de la información que se pone a disposición del público en general. ( 6 de Marzo de 2007, “Organización Veraz S.A. c/ E.N. - P.E.N. - M° E. y O.S.P. s/ amparo ley 16.986“).

La credibilidad de las estadísticas públicas

Este tema fue tratado en la Segunda Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, celebrada en Santiago de Chile del 18 al 20 de Junio del 2003, en donde se señaló que es necesario contar con programas proactivos que aclaren metodologías a los usuarios y a la ciudadanía en general. Cuando se dan a conocer de manera sencilla y básica algunas metodologías, se requiere hacer esfuerzos pedagógicos y si es necesario con el apoyo de alguna universidad, que permitan explicar de manera sencilla los procedimientos de las oficinas estadísticas, para ir construyendo credibilidad y confianza de la comunidad social a la que pertenecen los institutos.

Concretamente es necesario medir la credibilidad en base a encuestas de satisfacción de los usuarios, publicándose los resultados alcanzados. Para esto se requiere un ámbito de desarrollo diseñado con mucho cuidado, sobre todo en el caso de las estadísticas en la Argentina, debido a los recientes acontecimientos, pero no debe dejar de intentarse como política tendiente a recuperar la credibilidad.

En idéntico sentido se pronunció el Banco Mundial diciendo que si queremos erradicar la pobreza del mundo es fundamental mejorar la calidad y la cantidad de la información estadística de todos los aspectos del desarrollo, ya que contar con datos precisos es vital para establecer puntos de partida, identificar acciones públicas y privadas que sean efectivas, fijar metas y objetivos, monitorear los avances y evaluar los impactos.

El Banco Mundial en estrecha colaboración con el Fondo Monetario Internacional, elaboraron un Sistema General de Divulgación de Información (GDDS) que sirve para evaluar los sistemas estadísticos nacionales y promover una mejor divulgación y eficacia de la información. Así también ambas entidades han desarrollado una metodología para evaluar la calidad de los datos en base a conceptos internacionalmente aceptados.

Para la formación de capacidades estadísticas se creó el consorcio Paris 21 que nació en 1999 y es una asociación mundial que involucra a organismos de gobierno, organizaciones internacionales, entidades profesionales e instituciones académicas. Su objetivo es fomentar las capacidades estadísticas de los países en desarrollo y en transición promoviendo una cultura para formular y monitorear políticas públicas en base a la información disponible e incentivando la creación de sistemas estadísticos nacionales bien administrados que utilicen los recursos de manera eficaz. (http://www.bancomundial.org/datos/acerca.html)

El consorcio PARIS21 es una sociedad de politicólogos, de analistas, y de estadísticos de todos los países del mundo. Se centra en promover la estadística de alta calidad, la fabricación de datos significativos, y diseñar políticas sanas. El papel de PARIS21 es fomentar un diálogo más eficaz entre los que produzcan estadísticas del desarrollo y los que las utilicen, facilitando eventos internacionales, apoyando actividades en los países, talleres regionales, y equipos de trabajo especializados en el tema. (ver http://www.paris21.org/)

Concluyendo, como señaláramos precedentemente, el ciudadano tiene entre sus derechos el de la información y en el caso que analizamos es la información económica.

Para las decisiones de política económica y el accionar de los particulares es prioritaria la credibilidad en las estadísticas públicas, ya que es un activo fundamental de los países, que incide en la gobernabilidad de los sistemas políticos, haciendo sustentables las decisiones públicas e implementación de estas.

Es una herramienta vital para la buena gobernabilidad que los pueblos puedan evaluar la labor del gobierno y participar en el proceso de desarrollo.