Agradecemos la colaboración de la Comisión de Actuación en procesos concursales

Que por intermedio de la Subcomisión de Jurisprudencia nos hace llegar material respecto de Créditos Laborales, que fueran analizados en la Jornada de Actualización para Síndicos Concursales realizada el 26 de Marzo del corriente en C.P.C.E.C.A.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A.

COMISION DE ACTUACIONES PROFESIONAL

EN PROCESOS CONCURSALES

SUBCOMISION: JURISPRUDENCIA

NUMERO ESPECIAL PARA LA MEDIA JORNADA DE ACTUALIZACION PARA SINDICOS CONCURSALES

Autoridades:

Presidente: Dr. Juan Marcelo Villoldo * mvilloldo@gmail.com

( 15-4430-5910

Secretario: Dr. Christian Casal * comision@casalyasoc.com.ar

( 4374-4121

26 DE MARZO 2007


INDICE

EL TRATAMIENTO DE LOS CREDITOS LABORALES EN LA LEY 26.086

● Gas Areco S.A. s/incidente de pronto pago (por Becchi Ismael). C.N.Com., Sala E, 21/7/06. - 30 -

● Aguinagalde Fortunato c/ Royal Logistic SA s/ incidente de verificación - CNCom, Sala A, 17.10.06 - 31 -

● Banco Argenfe SA s/ incidente por Palavecino Cervera Diego y otros s/ incidente de pronto pago - CNCOM - SALA C - 03/10/2006………………………………………………………………………………. - 32 -

● Capece, Juan C. c. Alpargatas Textil S.A. – 29/11/2006 – CNTrab Sala IX………….. - 33 -

● Aguilera Pablo Esteban vs. Parador El Parque Combustibles y Servicios S.R.L. s/despido, C.S.J. Tucumán, 25/8/06………………………………………………………………………………………………… - 39 -

● Felta S.A. s/conc. prev. s/inc. de verif. por: Palau, Oscar D. – 12/06/2006 – CNCom Sala C - 40 -

● Sociedad Española de Beneficencia – Hospital Español s/verificación de crédito por Arias Sandra Elizabeth, C.N.Com., Sala E, 9/8/06…………………………………………………………………………. - 41 -

● Vallejos Gustavo Santos c/Las Delicias S.R.L., C.S.J. Santa Fe, 9/8/06……………… - 42 -

● Giménez, Dora Norma s/quiebra s/inc. de verif. y pronto pago por Alarcón Ofelia – CNCom, Sala E, 06.11.06 - 43 -

● El Hogar Obrero Coop. de Cons. Edif. y Cred. Ltda. s/conc.prev. s/inc. de revisión por CIESA S.A. - CNCom, Sala E, 01.02.07……………………………………………………………………………………. - 46 -

● América T.V. S.A. s/conc. prev. s/inc. de pronto pago por Riveros, Claudio Oscar – CNCom, Sala E, 27.10.06………………………………………………………………………………………………. - 50 -

● Librería Rodríguez S.A. s/conc. prev. s/inc. de revisión por Lucero, Eduardo Jorge y otro – CNCom, Sala E, 02.10.06………………………………………………………………………………………………. - 53 -


EL TRATAMIENTO DE LOS CREDITOS LABORALES EN LA LEY 26.086.

· Gas Areco S.A. s/incidente de pronto pago (por Becchi Ismael). C.N.Com., Sala E, 21/7/06.

y VISTOS:

1. Apeló la concursada contra la resolución de f. 30 que autorizó el pronto pago del crédito reclamado por la incidentista por la suma de pesos ciento dieciséis mil noventa y tres con cuarenta y dos centavos ($ 116.093,42).

Fundó el recurso con el memorial de fs. 35/9, respondido por la incidentista a fs. 41/2 y por la Sindicatura a fs. 47/8.

2.a) En primer lugar, la concursada se agravia de que el juez de grado no considerara sus argumentaciones relativas a que el trabajador solicitó tempestivamente la verificación de su crédito, por lo que esta solicitud de pronto pago contraviene sus propios actos en atención a la directiva de la LCQ: 16 que establece que los créditos a los que asiste esta prerrogativa no necesitan ser insinuados.

La circunstancia de que el acreedora laboral haya requerido, por un lado, la verificación del crédito derivado de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y por el otro, el pronto pago del mismo, no amerita el rechazo de esta última pretensión.

En todo caso, aquella insinuación en los términos de la LCQ: 32 podría tildarse de “sobreabundantes” o “innecesaria”. Pero la pretensión de pronto pago no puede ser desestimada por esa sola circunstancia, en tanto esa consecuencia no encuentra recepción legal y, además, porque la sentencia verificatoria no habilita per se el cobro preferentemente, sino que es necesario un requerimiento autónomo por parte del trabajador y la comprobación de que se encuentra reunidos los recaudos necesarios para admitirlo.

Así, las pretensiones deducidas en este incidente no resultan contradictorias con el reconocimiento del crédito que fue efectuado en los términos de la LCQ: 36.

b) Un segundo agravio concierne a la inclusión de ciertos rubros que, a juicio de la recurrente, no estarían comprendidos en el beneficio “pronto pago” de acuerdo con lo reglado por la LCQ: 16.

Al respecto, cabe considerar que los jueces se encuentran obligados a aplicar la ley vigente –Cpr. 163:5– y con posterioridad al dictado de la sentencia recurrida –e incluso de la expresión de agravios– entró en vigor la Ley 26.086 (B.O. del 11/4/06) que, en su art. 3, expresamente contempló como alcanzados por el beneficio los rubros que la recurrente señala como excluidos, esto es, las indemnizaciones reconocidas en las Leyes 25.561:16 y 25.323:1 y 2.

En cuanto a los intereses, el 28/6/06 esta Cámara –por mayoría– dictó fallo plenario en los autos: “Club Atlético Excursionistas s/incidente de revisión promovido por Vitale Oscar Sergio” (Expte. 56.669/04) en el que fijó como doctrina legal que:

“Subsiste respecto de los casos regidos por la Ley 24.522 la vigencia de la doctrina plenaria fijada por ésta cámara in re ‘Seidman y Bonder S.C.A.’ en virtud de la cual la suspensión de los intereses desde la presentación en concurso preventivo no rige respecto de las acreencias de origen laboral”.

En virtud de ese pronunciamiento la concursada no se encuentra liberada del pago del interés devengado por período posterior a la fecha de concursamiento.

De este modo los agravios vertidos por la deudora han perdido actualidad.

Sin embargo, la LCQ: 16, incluso luego de la modificación introducida por la Ley 26.086, establece que sólo gozan de derecho al pronto pago aquellos rubros que deban ser admitidos en el pasivo concursal con privilegio especial o general.

Toda vez que dicha preferencia sólo accede a los intereses devengados por dos años desde la mora (LCQ: 242:1 y 246:1), el pronto pago debe limitarse de igual modo.

c) Por lo que se refiere a la exigibilidad del crédito reconocido, ha dicho la Sala que para la concreción del pago –como el que se pretende en autos– debe meritarse: a) el resultado de la explotación; b) la existencia de acreedores preferentes; y c) la existencia de acreedores concurrentes respecto de los cuales se hubiera admitido la satisfacción inmediata de la acreencia (v. “Colorín S.A. s/conc. prev. s/inc. de pronto pago promovido por Severino Gustavo R.”, del 26/11/96).

Tal criterio, al margen de la eliminación de la fórmula referida al “resultado de la explotación”, no ha perdido en sustancia virtualidad con la reforma introducida, desde que el ya citado art. 3, al regular lo atinente al cobro del crédito beneficiado limita el pago a la circunstancia de que existan “fondos líquidos disponibles”, debiendo la Sindicatura efectuar “un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios” y dar cuenta, en el informe mensual previsto en el nuevo inc. 12, del art. 14, LCQ, “si existen fondos líquidos disponibles, a los efectos de abonar la totalidad de los prontos pagos o modificar el plan presentado”.

La distinción entre admisión formal del beneficio, por un lado, y el modo de su efectivización, subyace en la aplicación del instituto más allá de la reforma, por lo que corresponderá estar al resultado de la presentación sindical a fin de ponderar la suficiencia o insuficiencia de los fondos susceptibles de ser aplicados al pronto pago de créditos de esta naturaleza.

La verificación de esos extremos –pues– deviene ineludible de modo previo a solventar el crédito.

3. Por lo expuesto,

SE RESUELVE:

a) Admitir parcialmente la pretensión recursiva y modificar la resolución apelada con los alcances que surgen de los ptos. 2.b) y c).

b) Costas de ambas instancias en el orden causado en atención a que se ha decidido de acuerdo con legislación y jurisprudencia sobreviviente luego del dictado del pronunciamiento recurrido y de la presentación de la expresión de agravios.

Devuélvase sin más trámite, encomendándose al juez de la primera instancia proveer las diligencias ulteriores (Cpr: 36:1) y las notificaciones pertinentes.

El doctor Sala no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (R.J.N.: 109).

Dres.: Rodolfo A. Ramírez; Martín Arecha y Valeria Pérez Casado, prosecretaria de Cámara.

· “Aguinagalde Fortunato c/ Royal Logistic SA s/ incidente de verificación”. CNCom, Sala A, 17.10.06

Buenos Aires, 17 de octubre de 2006.

Y VISTOS:

(1.) Vienen estos autos a la Alzada a fin de dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Sra. Juez a cargo del Juzgado Comercial nº 6 y el Titular del Juzgado Laboral nº 42, en virtud de las modificaciones introducidas por la ley 26.086 al fuero de atracción.

En fs. 104 fue oída la Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara, quien se expidió en el sentido que fluye del dictamen glosado en la citada foja.

(2.) La ley 26.086 incluyó en su artículo 9º, una cláusula transitoria que establece que los juicios excluidos por el art. 21, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren radicados ante el juez concursal le serán, aplicadas de inmediato las modificaciones introducidas por esta ley a la competencia material, quedando excluído de tal regla aquellos expedientes en que se hubiere dictado el llamado de autos para sentencia, los créditos de pronto pago, y aquellos créditos en que se hubiera optado por la verificación según lo previsto por el art. 21 inc. 1º de la ley 24.522.

(3.) Pues bien, las presentes actuaciones se trata de un incidente de verificación incoado por la vía dispuesta por el art. 280 del ordenamiento concursal a fin de obtener el reconocimiento del crédito reclamado por Fortunato Aguinagalde.

Entonces, la vía adoptada por el acreedor para procurar el reconocimiento del derecho involucrado en el proceso encuadra en definitiva en la previsión de la LCQ: 21, 1, quedando por ende sometido a las reglas del trámite incidental previsto en la LCQ: 56.

Sentado ello, y toda vez que a través del incidente referido se persigue la obtención de una sentencia verificatoria, es indudable que ese pronunciamiento debe necesariamente ser dictado por el Juez del concurso, quien es el único con potestad para admitir o rechazar la incorporación de créditos al pasivo concursal por los mecanismos específicamente previstos por LCQ, so riesgo de afectar los principios de universalidad y concurrencia y regla de la ‘’par condictio creditorum” inherente al orden público concursal.

En función de lo expuesto, corresponderá dirimir el conflicto de competencia suscitado, atribuyendo la competencia para entender en el examine al Juzgado Comercial N° 6.

(4.) Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por la Fiscal General, se RESUELVE:

(a.) Resolver la contienda negativa de competencia suscitada en autos en favor de la postura asumida por el Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 42.

(b.) Disponer la consecuente radicación de las presentes actuaciones ante el Juzgado del Fuero N° 6, Secretaría N° 12, a los fines respondientes.

Notifíquese a la Sra. Fiscal General en su despacho y comuníquese oficio al Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 18, a fin poner en conocimiento de su titular lo aquí resuelto, con copia de la presente.

Oportunamente, devuélvase a primera instancia encomendándose al Juez a quo disponga la notificación de la presente resolución. Alfredo Arturo Kölliker Frers, Isabel Míguez, María Elsa Uzal. Ante mi: María Mónica Balbi. Es copia del original que corre a fs. 105 de los autos de la materia.

Excma. Cámara:

Vienen estos autos a dictaminar en virtud del conflicto negativo de competencia configurado entre el juez en lo laboral y la jueza en lo comercia con motivo de la reforma introducida por los arts. 4 y 9 de la Ley 26.086, respecto del nuevo diseño del fuero de atracción del concurso preventivo.

Advierto que la causa de marras tramita como incidente de verificación de crédito (ver fs. 29); frente a ello, se ha configurado el supuesto previsto en la norma indicada que exceptúa de la remisión al tribunal originario a aquellos procedimientos.

Destaco además, que el carácter de orden público que caracteriza a la Ley de Concursos y Quiebras, prima sobre las reglas de índole procesal, las que sólo son aplicables en cuanto sean compatibles con las recientes disposiciones de la citada norma concursal.

Por lo antes expuesto, dado que el presente expediente constituye una de las excepciones descriptas en el art. 9 in fine de la Ley 26.086, trámite de verificación del crédito, ver fs. 1-, procede estar a la categórica disposición legal (conf. analog. “Medicina Privada San Justo S.A s/ concurso preventivo s/ inc. de verificación tardía por Silva Daniel Ornar”, dictamen 112.293 del 11-7-06 por los fundamentos Sala C; “Productora Catamarca S.A. s/ inc. de verificación por Banco General de Negocios”, dictamen 112.368 del 13-7-06 con fallo coincidente de Sala A).

En consecuencia, opino que corresponde seguir entendiendo en autos a la jueza a cargo del juzgado comercial nro. 6.

Buenos aires, septiembre 22 de 2006.-

ALEJANDRA GILS CARBÓ, Fiscal General.-

· ‘Banco Argenfe SA s/ incidente por Palavecino Cervera Diego y otros s/ incidente de pronto pago’ - CNCOM - SALA C - 03/10/2006


Buenos Aires, 3 de octubre de 2006.//-

Y VISTOS:

I.- So pretexto de plantear una “aclaratoria” (fs. 559)) respecto del pronunciamiento de esta Sala de fecha 23 de Agosto de 2006 desestimatorio del recurso de inaplicabilidad de la ley interpuesto a fs. 263/278, lo que la incidentista pretende introducir es un recurso de reposición (cpr. 238 a 241) contra la imposición de costas allí dispuesta.-

La petición es manifiestamente improcedente porque la declaración de inadmisibilidad del recurso de inaplicabilidad de la ley es irrecurrible (cpr. 293).-

II.- Sin perjuicio de ello, aún si la petición fuese procedente, cabe señalar que no hay en el pronunciamiento de fs. 556/558 errores, conceptos oscuros u omisiones que ameriten un auto aclaratorio.-

En efecto, dicha resolución fue suficientemente clara tanto en sus fundamentos como en la decisión adoptada. La previsión introducida por la ley 26.086 en el art. 16 de la ley 24.522 -esgrimida por el incidentista para realizar su planteo- excluye la imposición de costas al trabajador única y exclusivamente en la solicitud de pronto pago, mas no () en la deducción, trámite y resolución de un recurso de inaplicabilidad de la ley que es ajeno a aquélla.-

Por lo expuesto, se desestima la pretensión.-

Notifíquese y devuélvase a la Sala de origen.-

Sólo firman los suscriptos, por encontrarse vacante el restante cargo de Juez de la Sala (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).-

FDO.: J. L. Monti - B. Caviglione Fraga.-
Ante mi: Jorge A. Juárez.//-

· Capece, Juan C. c. Alpargatas Textil S.A. – 29/11/2006 – CNTrab Sala IX

Tribunal:

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IX(CNTrab)(SalaIX)

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Fecha:

29/11/2006

Partes:

Capece, Juan C. c. Alpargatas Textil S.A.

Publicado en:

La Ley Online


SUMARIOS:

  1. Es competente la justicia comercial para entender en la causa mediante la cual el trabajador pretende ejecutar la sentencia interlocutoria que reconociera su derecho al pronto pago de cierta suma de dinero en el marco del concurso preventivo de la demandada, pues, lo normado por el art. 57 de la ley 24.522 (DT, 1995-B, 1424) cede ante lo dispuesto por el art. 135 de la ley 18.345 y las modificaciones introducidas por la ley 26.086 (DT, 2006-A, 604) carecen de trascendencia para modificar dicha solución.

TEXTO COMPLETO:

2ª Instancia.— Buenos Aires, noviembre 29 de 2006.

Considerando: I. Adelanta el Tribunal que la queja intentada, no habrá de tener favorable recepción en esta alzada.

En efecto, el trabajador pretende ejecutar la sentencia interlocutoria dictada en sede comercial (ver copia certificada obrante a fs. 10/14), que reconociera su derecho al pronto pago de cierta suma de dinero, en el marco del concurso preventivo de la demandada “Alpargatas Textil S.A.”, y a juicio de este Tribunal, la causa debería radicarse en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 19, Secretaría N° 37.

En efecto, esta Sala ya ha tenido oportunidad de expedirse en un caso de aristas similares al presente, sosteniendo que lo normado por el artículo 57 de la ley 24.522 —que en el caso, la apelante invoca a fs. 18—, cede ante lo dispuesto por el artículo 135 de la ley 18.345, norma en virtud de la cual esta Justicia Nacional del Trabajo carece de aptitud jurisdiccional para conocer en los procesos compulsivos que tienen por sujeto pasivo a una persona jurídica concursada (”in re” “Riveros, Omar Humberto c. General Security s/Ejecución de Sentencia”, S.I. N° 8.669 del 26/4/06).

En dicha inteligencia, las modificaciones introducidas por la ley 26.086 —que invoca el accionante en el escrito de inicio (ver fs. 3)—, carecen de trascendencia para modificar la solución que se propicia, pues, como bien señala el Fiscal General ante esta Cámara, dicha normativa rige exclusivamente para la etapa de cognición del juicio ordinario, y no para los procesos de ejecución, como el que nos convoca.

Consecuentemente, toda vez que la ley procesal priva de jurisdicción a este Fuero para llevar adelante el proceso ejecutivo incoado en relación al empleador sometido a juicio universal, corresponde radicar la causa en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 19, Secretaría N° 37, razón por la cual, este Tribunal entiende que corresponde confirmar el decisorio de fs. 17.

III. Sin costas en la alzada, atento la naturaleza de la cuestión debatida.

Por todo lo expuesto, y compartiendo el dictamen del Ministerio Público obrante a fs. 26, el tribunal resuelve: 1) Confirmar el decisorio de fs. 17; 2) Sin costas. Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase. — María I. Zapatero de Ruckauf. — Alcira P. I. Pasini.

“Clínica Mariano Moreno S.A. s/inc. por: Miceli, Emilio I. y otros”. CNCom, Sala C, 11.08.06

Publicado en: La Ley Online

Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

Excma. Cámara:

1. El juez de primera instancia rechazó el planteo de nulidad efectuado por los sucesores de Elena Haydée Chevillard con respecto al acuerdo homologado para acreedores privilegiados de origen laboral. Asimismo, desestimó el pedido de pronto pago y ordenó la verificación de sus créditos por la suma de $20.521,52, con privilegio especial y general establecido en los arts. 241 y 246, LC, y de $20.096,82, con carácter quirografario (fs. 135/6).

2. Apelaron los incidentistas. Expresaron agravios a fs. 147/50.

Se agraviaron de la decisión del juez de considerarlos comprendidos en el acuerdo homologado. Destacaron que a la fecha de celebración del acuerdo no estaban en condiciones legales de verificar su crédito — en tanto su crédito fue reconocido recién el 31.08.00 a través de la sentencia dictada en el fuero laboral— y no podían ser considerados acreedores privilegiados durante el período de exclusividad.

Señalaron que el art. 56, LC, no les es aplicable en tanto se refiere a los acreedores quirografarios. Invocaron los arts. 57 y 44 y afirmaron que el acuerdo celebrado con los acreedores con privilegio especial no es oponible a quienes no hayan prestado su consentimiento en forma expresa.

Alegan que el acuerdo es vil y fraudulento. Destacaron que el acuerdo celebrado con cuatro acreedores laborales, cuyo total verificado asciende a $2473, constituyó una maniobra para confiscar otros créditos privilegiados.

Plantearon la inconstitucionalidad de los arts. 57 y 44 “en cuanto de ellos se pretenda extraer la convalidación de lo actuado”.

Se agraviaron del monto verificado y de los intereses liquidados hasta el 7.02.97.

3. En mi opinión, el recurso debe prosperar por las razones que a continuación expongo.

El acuerdo homologado en autos para créditos privilegiados de origen laboral es nulo — de nulidad absoluta— por vulnerar disposiciones de orden público de la Ley de Contrato de Trabajo y Tratados internacionales de jerarquía constitucional. En tal sentido, la doctrina ha señalado que la sanción de nulidad es absoluta cuando media una razón de orden público, de interés general o social (conf. Belluscio-Zanoni “Código Civil y Leyes Complementarias” tomo IV, págs. 714/15 y sus citas). En ejercicio de la legitimación que confieren al Ministerio Público Fiscal los arts. 276 LCQ y art. 1047 Código Civil, solicito así se declare.

Por ello, entiendo que el acuerdo es inoponible a los incidentistas y, en este contexto, el planteo de inconstitucionalidad devino abstracto.

El acuerdo homologado es insanablemente nulo por diversas razones que a continuación expongo:

a) La propuesta ofrecida es irrisoria y viola tratados internacionales sobre protección de derechos laborales y de Derechos Humanos.

La propuesta para los trabajadores de Clínica Mariano Moreno consistió en el pago del 40 por ciento del capital verificado, en diez cuotas anuales, sin intereses, pagaderas a partir de los 24 meses de la fecha de homologación.

La entidad de la quita del 60%, sumada a la prolongada dilación en el pago sin ningún tipo de recomposición por el transcurso del tiempo, importa la virtual pérdida de derechos de los trabajadores, que cobrarían sumas insignificantes. Con el agravante de que se trata de créditos alimentarios.

En efecto, desde la presentación en concurso ocurrida el 7.02.97 hasta el pago de la primera cuota concordataria transcurrieron poco más de tres años, considerando que la propuesta prevé dos años de espera que se computó desde la homologación (8.05.98). A partir de entonces, los trabajadores comenzarían a cobrar el 40 por ciento de sus créditos en diez cuotas anuales sin intereses, lo que implica una espera total de trece años.

Parece ocioso destacar que no es lo mismo pagar $40, por cada $100 que se deben, al contado o en 13 años. No es posible afirmar que en ambos casos la quita sea del 60% del capital. En el caso, decir que se pagaría el 40% del capital, cuando no se ofrecieron intereses por la espera, es un mero recurso o artificio técnico para disimular el valor real de la quita aplicada.

El valor real del 40% que se pagará en trece años, está representado por el importe resultante de detraerle a esa cifra los intereses que dejará de percibir el acreedor si hubiera recibido ese dinero en febrero de 1997, cuando se suspendieron los pagos en virtud de la presentación en concurso. A ello, debe deducirse también la depreciación de la moneda nacional por más de una década, lo que conduce a licuar la deuda hasta cifras insignificantes.

Por otro lado, no es igual el impacto que causa la propuesta ofrecida a los acreedores que conservan su trabajo en dependencia con la deudora, frente a los que han sido despedidos y tienen necesidades alimentarias urgentes que cubrir.

Nada de esto fue examinado por el juez. Una propuesta de esas características no puede ser homologada sin examinar si constituye una justa composición de los intereses involucrados.

En las condiciones descriptas, cabe concluir que la homologación del acuerdo preventivo invocado para los créditos de los trabajadores no es socialmente aceptable. Así, resulta violatorio de lo establecido por el art. 7 del Convenio n° 173 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, en cuanto establece que “la legislación nacional podrá limitar el alcance de los créditos laborales a un monto prescripto, que no deberá ser inferior a un mínimo socialmente aceptable”.

Dicha norma integra nuestro derecho interno en tanto ha sido ratificada por la ley 24.285 y tiene jerarquía supralegal en virtud de lo dispuesto por el inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional. Al ser ratificado por el Estado Nacional, el Convenio 173 de la OIT comparte la jerarquía y naturaleza de los demás tratados (v. Virgili Claudio, “Los convenios de la OIT en el sistema de fuentes del derecho laboral argentino” en Rev. LA LEY, 2006-B, 1029).

Además, se trata de una norma plenamente operativa de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto ha dicho que “una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que pueda operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso” (Fallos 315:1492).

Sin perjuicio de ello, en la materia que nos ocupa, el Congreso ha dictado una norma legal que tiende a implementar un mecanismo apto para garantizar el cumplimiento de la norma superior, cuya aplicación también omitió el a quo. Me refiero al art. 15 de la ley de contrato de trabajo, que establece que “los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes”.

A su vez, el legislador quiso resguardar especialmente el efectivo cumplimiento de los requerimientos allí establecidos, al disponer en el párrafo tercero que: “La autoridad judicial o administrativa que omitiere actuar del modo establecido en esta norma quedará incursa en grave incumplimiento de sus deberes como funcionario y será, en consecuencia, pasible de las sanciones y penalidades previstas para tales casos”.

b) El acuerdo homologado viola el orden público laboral.

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, el acuerdo homologado es absolutamente nulo porque el juez no cumplió el deber que, en forma específica, le impone el art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Parece ocioso señalar que el juez concursal no está excluido de esa manda, no sólo porque el ordenamiento jurídico constituye un todo orgánico que debe ser interpretado de manera sistemática, sino también en virtud de la supremacía normativa establecida en el art. 31 de la Constitución Nacional.

De acuerdo a ella, el juez debe observar en primer lugar las normas constitucionales; en el caso, las que garantizan una protección intensa de los derechos del trabajador (art. 14 bis) y a la luz de las cuales es claramente incompatible que se homologue un acuerdo sin que el juez realice un examen riguroso para determinar si hay abuso o fraude a sus derechos.

En segundo lugar, debe observar las normas de los tratados internacionales que integran el derecho interno. En el caso, según vimos, el art. 7 del Convenio 173 de la OIT, en mérito al cual no debió homologar un acuerdo que implique cercenar los derechos de los trabajadores en un nivel socialmente inaceptable.

Como corolario, el juez que homologa un acuerdo preventivo para créditos con privilegio laboral debe dictar la resolución fundada que exige el art. 15 de la LCT, acreditar lo que se ha arribado a una justa composición de los intereses en conflicto. Tal disposición resulta plenamente aplicable al acuerdo concordatario si éste cercena los derechos de los trabajadores, máxime cuando éste no sólo afecta a quienes lo suscribieron, sino también a los ausentes y disidentes (art. 56 LCQ). Ello es así por cuanto el art. 15 de la ley 20.744 es una norma especial que salvaguarda el cumplimiento de normas superiores, supralegales, como lo son el art. 14 bis de la Constitución Nacional y el art. 7 del Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo.

Asimismo, los tratados de Derechos Humanos de jerarquía constitucional, incorporados por el inc. 22 art. 75 en la Constitución Nacional, también protegen el derecho a la remuneración (art. 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre) y la protección contra el desempleo (art. 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU, 1948, y art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Ninguna norma de la ley concursal puede derogar estos derechos de los trabajadores de jerarquía supralegal, ni obstar a su observancia porque ello implicaría violar la jerarquía normativa impuesta por el art. 31 de la Constitución Nacional. Es más, cuando se dictó el art. 293 de la ley 24.522 — posterior en el tiempo a la ley 20.744— el legislador dispuso expresamente que quedaban derogados los arts. 264, 265 y 266 de la ley 20.744. A contrario sensu, cabe concluir que la norma concursal posterior no ha derogado el entonces vigente art. 15 de la ley laboral. Vale la pena recordar que las leyes se dictan para ser cumplidas y al poder jurisdiccional se le ha encomendado custodiar su acatamiento.

c) El acuerdo es fraudulento

Es sugestivo que los acreedores laborales del concursado hayan prestado unánimemente su consentimiento a los términos abusivos del acuerdo.

La aceptación de tales quitas y esperas por acreedores laborales, que podrían haber cobrado la totalidad de sus créditos en forma inmediata en virtud del privilegio que ostentaban, constituye un grave indicio de que el acuerdo no fue más que una maniobra fraudulenta para que la concursada se vea eximida de pagar futuras sentencias condenatorias, como la de los incidentistas.

Dicho indicio se ve agravado por la insignificancia de los créditos detentados por los cuatro acreedores laborales que aprobaron el acuerdo. En efecto, mientras que el crédito de los incidentistas asciende a $48.087, los créditos de los restantes acreedores laborales con privilegio especial ascienden a $2473. La categoría está conformada por los acreedores Fernández, quien detentaba un crédito de $187, Mule, con un crédito de $152, Pagano, con un crédito de $133 y Vásquez, con un crédito de $2000. Hay un quinto acreedor laboral, con privilegio general, con un crédito de $500.

A ello cabe agregar que la siguiente anomalía: la propuesta ofrecida a los acreedores quirografarios era mucho más beneficiosa que la ofrecida a los acreedores laborales, aquellos a quienes la ley más protege. En efecto, el concursado ofreció a los quirografarios el pago del 100% del capital, pagadero el 85% en 52 cuotas mensuales e iguales exigibles a partir de la homologación del acuerdo y el remanente en la cuota n° 53.

Los acreedores quirografarios, que, de acuerdo a la ley, tienen una expectativa de cobro claramente menor que los laborales, aceptaron la propuesta del concursado sólo luego de votaciones divididas. Ello implica que muchos de ellos entendían que la propuesta — aun cuando claramente más generosa que la de los laborales— no satisfacía sus expectativas.

En este contexto, no puede más que concluirse que el acuerdo con los acreedores laborales constituyó una maniobra fraudulenta para perjudicar a los acreedores que no participaron del acuerdo, entre ellos, los incidentistas. Molina Sandoval tuvo en mente maniobras como la denunciada al definir a las situaciones de fraude a la ley como aquellas en las que “bajo los ropajes de un acto real y permitido por el ordenamiento jurídico, se aparenta fidelidad y respecto a él, mientras se violan o transgreden los fines tenidos en mira con su sanción” (Molina Sandoval, Carlos, “Facultades homologatorias del juez concursal y cramdown power”, Revista de Derecho Privado y Comunitario”, t. 5, p. 143).

En el presente caso, el acuerdo celebrado con la unanimidad de acreedores laborales existentes a ese momento no fue más que un “ropaje” para ocultar que se utilizó el acuerdo para licuar los pasivos laborales de la concursada. La insignificancia de los montos verificados por los acreedores participantes y los términos abusivos de la propuesta — no sólo considerada en términos absolutos, sino también en relación con la propuesta ofrecida a los acreedores quirografarios— prueban tal conclusión.

De este modo, los derechos de los acreedores laborales no participantes fueron burlados con la simple estrategia de mandar a juicio laboral de pleno conocimiento a los acreedores laborales, con créditos significativos, mientras una minoría dócil y aun bajo relación de dependencia con la deudora aprobó el concordato para acreedores privilegiados. Esto también debió ser examinado para ponderar si el acuerdo era abusivo y fraudulento.

En conclusión, estimo que el acuerdo es nulo de nulidad absoluta en tanto que el mismo es abusivo y fraudulento y vulnera las disposiciones de orden público laboral, que tiene jerarquía constitucional. Ello torna abstracto el planteo de inconstitucionalidad realizado por los incidentistas.

5. En consecuencia, por los fundamentos expuestos, a V.E. solicito que: a) haga lugar al recurso de apelación interpuesto, con costas; b) declare la nulidad absoluta del acuerdo homologado para los acreedores laborales y mande reliquidar sus créditos para que sean abonados por la totalidad del monto verificado; c) para el caso de que la sentencia que se dicte sea contraria a la protección de los derechos constitucionales invocados, formulo reserva de plantear la cuestión federal ante la Corte Suprema de la Nación.

A los efectos de resguardar el derecho de defensa en juicio de la concursada, solicito se le de traslado del presente dictamen. — Mayo, 16 de 2006. — Alejandra Gils Carbó.

2ª Instancia. — Buenos Aires, agosto 11 de 2006.

Y Vistos: I. Fueron elevadas las presentes actuaciones en virtud del recurso interpuesto por los incidentistas contra la resolución dictada en fs. 132/136.

El memorial obra en fs. 147/150 y fue contestado sólo por la sindicatura en fs. 159/162.

II. Expresan los recurrentes que les agravia lo resuelto por la a quo, en razón de que la premisa tenida en consideración para disponer que la verificación tardía es falsa, puesto que del mero cotejo de las fechas resulta indudable que la verificación fue temporánea. Añade que también es errónea, la remisión que se efectúa al art. 56 de la L.C.Q., siendo aplicable para los acreedores privilegiados el art. 57 de la mentada ley.

Sigue diciendo respecto de la “nulidad del acuerdo preventivo” que, se está lesionando el orden público laboral al instrumentarse con total desprecio un acuerdo para trabajadores “acreedores” por un total verificado de $2473.-, que recibirían su acreencia en diez años, lo cual es vil y contrario a los arts. 953, 954 y 1071 - párrafo 2° del Cód. Civil. Agrega que no es oponible el plazo de caducidad del art. 50 de la LCQ cuando el acto jurídico procesal adolece de vicios sustanciales.

Por último, se agravia de la liquidación practicada por la sindicatura, receptada por el Juzgado y de que los intereses se liquiden sólo hasta el 7/2/97. Por su propio derecho, el Dr. P. se agravia por entender que la resolución se aparta de su regulación firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

III. Como primera medida, resulta de suma importancia destacar ciertas circunstancias que llevarán a comprender la cuestión de autos.

Estas se resumen en lo siguiente: a) Clínica Mariano Moreno S.A. se presentó en concurso preventivo el 7.2.97; b) su apertura se produjo el 4.8.97 (fs. 1225/1227-cpo. 5°); c) la resolución prevista por el art. 36 de L.C. fue dictada en fecha 10.7.97 (fs. 1640/1649); d) la propuesta de pago realizada por la concursada para acreedores laborales, que luce en fs. 1802, consistió en el pago del 40% del capital, pagadero en 10 cuotas anuales sin intereses, la primera de ellas a los 24 meses de la fecha de homologación; e) el auto del Juzgado que hizo saber la existencia de acuerdo, es de fecha 26.3.98 y obra en fs. 1975; f) la resolución homologatoria fue dispuesta el 8.5.98 (fs. 1979/1981); g) las conformidades de los 5 acreedores de origen laboral, pueden apreciarse en fs. 1827/1834 (Cpo. 8°); h) las acreencias de tales acreedores ascienden a las sumas de $500 (Dimiero E. R.); $187,34 (Fernández M. R.); $152,07 (Mule F. O.) $133,59 (Pagano O. G.) y $2000.- (Vázquez M. E.); i) el proceso laboral por despido-accidente de trabajo de la Sra. Elena Haydeé Chevillard, fue denunciado por la concursada — junto a otros más— en su presentación inicial (fs. 1217); j) la sentencia del proceso tramitado ante los Tribunales de Mercedes-Prov. de Buenos Aires, fue dictada el 29.12.95 (fs. 2/9); como consecuencia del recurso extraordinario deducido por la actora — ante el rechazo de cierta parte del reclamo— , el Tribunal de Trabajo de Mercedes admitió el reclamo en concepto de “accidente de trabajo”, en fecha 31.8.2000 (fs. 23/26); k) la liquidación del crédito fue realizada por el Tribunal provincial el 16.2.01 (fs. 37) y notificada a las partes el 25.2.01 (ver cédulas que lucen en fs. 38/40).

IV. Nulidad del acuerdo.

Admitir la solicitud del incidentista y de la Sra. Fiscal General, quienes propician la nulidad de un acuerdo que obtuvo la conformidad de todos sus acreedores laborales hace 8 años (8-5-98), parece una solución excesiva y gravosa a los intereses de la concursada y los acreedores comprendidos en el acuerdo, máxime si tenemos en consideración que de los autos principales se desprende la ausencia de intimaciones a la concursada y en orden al cumplimiento del acuerdo homologado para acreedores laborales.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde la fecha aludida en el párrafo precedente, concurren en el caso ciertas particularidades que deben ser consideradas. Ante todo, la circunstancia de que Clínica Mariano Moreno S.A. estaba en pleno conocimiento de la existencia del proceso base de la pretensión verificatoria (fue denunciado en la presentación en concurso, en fs. 1217), a lo que se añade que con la actual reforma de la ley de concursos, introducida por ley 26.086, esta solicitud no es considerada “tardía” (párrafo séptimo del art. 56), así como el hecho de que al no tener sentencia en su favor, la incidentista no pudo participar de las negociaciones que concluyeron con la homologación del acuerdo para este tipo de acreedores. Tales circunstancias conducen al Tribunal a considerar que el acuerdo no resulta oponible al crédito verificado a través de este incidente, quedándoles a sus titulares la oportunidad de ejecutar su crédito privilegiado, en la forma prevista por el ordenamiento concursal.

Por otra parte, pretender, como lo hace la concursada, que el acuerdo sea extensivo a los incidentistas, llevaría a la conclusión que a través de las conformidades de 5 acreedores con créditos por sumas verdaderamente insignificantes — al menos en relación con los créditos que a diario observamos para este tipo de acreedores— , podría haberse prefigurado un acuerdo leonino para el momento en que esta acreencia, cuyo juicio tramitaba en extraña jurisdicción con pleno conocimiento de la concursada, concurriera a verificar, licuando de tal modo su crédito, de magnitud relevante en comparación con los cinco laborales restantes.

Sólo a título ejemplificativo cabe expresar de qué modo percibió y percibirá su crédito, el acreedor laboral O. G. Pagano. Debió haber percibido las cuotas 1 a 7 de $13,36 c/u entre el 8.5.2000 y el 8.5.2006, quedándole todavía por cobrar 3 cuotas por igual importe en los años 2007, 2008 y 2009. No es necesario formular comentarios, basta simplemente remitirnos a las cifras señaladas y resaltar que no llevan interés alguno.

Por lo demás, es preciso dejar establecido que el Tribunal ha tenido en consideración cuanto surge del fallo del Alto Tribunal en autos “Florio y Compañía I.C.S.A. s/conc. prev. s/incid. de verif. de crédito por Niz, Adolfo Ramón” (del 15-4-2004). Empero, dadas las peculiaridades del sub lite, seguir a rajatabla lo allí decidido, podría acarrear un importante menoscabo en relación con la acreencia de la aquí verificante, más aun si tenemos en cuenta que se trata de un crédito de naturaleza alimentaria.

V. Inconstitucionalidad de los arts. 44 y 57 de la ley 24.522.

En razón de que a través de lo precedentemente decidido, se obtiene en buena medida la finalidad perseguida por los recurrentes y la Fiscalía de Cámara, al menos en relación con el crédito de los incidentistas, resulta innecesario entrar al tratamiento de la cuestión.

VI. Crédito de Elena H. Chevillard.

Evidentemente existe un error de la incidentista en relación con el crédito verificado en concepto de capital, puesto que el monto por el que

prospera la pretensión es precisamente la suma a la que alude en su memorial la quejosa (ver fs. 149 vta. - pto. IV; fs. 117 vta. — último párrafo y fs. 136 — pto. 3). Por ello, se desestima el agravio.

VII. Crédito del abogado Carlos M. Pinto.

La circunstancia de que, tanto la concursada (ver fs. 92 - punto IV), como la sindicatura (fs. 99/99 vta. - punto II), hubieran prestado expresa conformidad al monto pretendido inicialmente por el profesional actuante, determina sin más que deba ser admitido el recurso, modificando entonces, la parte pertinente de la resolución que luce en fs. 132/136.

Consecuentemente, la suma que se verifica en favor de Carlos M. Pinto asciende a la suma total de $12.882,88 y goza del privilegio general previsto por el art. 246 - inc. 1° de la ley 24.522.

VIII. Curso de los intereses.

La discusión suscitada en relación con el curso de los intereses del crédito de origen laboral, los cuales según una postura tendría su fecha de corte en la de la presentación en concurso y la otra que postula que deben correr hasta el momento del efectivo pago, ha quedado zanjada con el dictado reciente del plenario recaído en autos “Club Atlético Excursionistas s/incidente de revisión por Vitale Oscar Sergio” (del 28.6.06), que estableció como doctrina que “…la suspensión de los intereses desde la presentación en concurso preventivo no rige respecto de las acreencias de origen laboral”.

En razón de lo precedentemente expuesto, cabe concluir estableciendo la procedencia del recurso de la incidentista.

IX. Costas.

Las costas de ambas instancias, atento el modo en que se decide la cuestión y el derecho con el que se han creído cada una de las partes, habrán de ser impuestas por su orden.

X. Por ello y oída la Sra. Fiscal de Cámara, se resuelve: admitir parcialmente el recurso interpuesto por los incidentistas y, en consecuencia, modificar la resolución de fs. 132/136 en la medida dispuesta en la presente. Costas de ambas instancias, en el orden causado.

Notifíquese; a la Sra. Fiscal General, en su despacho. Oportunamente, devuélvase.

El doctor Di Tella no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). — José L. Monti. — Bindo B. Caviglione Fraga.

· Aguilera Pablo Esteban vs. Parador El Parque Combustibles y Servicios S.R.L. s/despido, C.S.J. Tucumán, 25/8/06.

VISTOS: la cuestión de competencia suscitada entre la Sra. jueza de Conciliación y Trámite del Trabajo de la III Nominación y el Sr. juez civil y comercial común de la II Nominación en autos: “Aguilera Pablo Esteban vs. Parador El Parque Combustibles y Servicios S.R.L. s/Despido (ordinario)”; y

CONSIDERANDO:

Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Sra. jueza de Conciliación y Trámite del Trabajo de la III Nominación y el Sr. juez civil y comercial común de la II Nominación para entender en la presente causa.

A fs. 21/23 vta. se presentó el actor e interpuso demanda en contra de Parador El Parque Combustibles y Servicios S.R.L., reclamando el pago de suma de nueve mil trescientos ochenta pesos con sesenta y nueve centavos ($ 9.380,69) por los conceptos detallados en planilla de f. 23, y solicitando que se condene a la accionada a hacer entrega de la certificación de servicios y cese en debida forma.

A f. 31 se ordenó librar oficio al Juzgado Civil y Comercial Común de la II Nominación, quien informó que ante el mismo tramitan los autos caratulados “Parador el Parque Combustibles y Servicios S.R.L. s/Concurso preventivo”, Expte. 1.746/00, en donde se decretó, con fecha 12/10/00, la apertura del concurso preventivo de acreedores (f. 35).

El Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo interviniente sostuvo que por la fecha en que se declaró la apertura del concurso preventivo de la accionada, la presente resulta una causa preconcursal de conformidad al art. 21 de la Ley 24.522, y como consecuencia del fuero de atracción operado resolvió declarar su incompetencia para entender en la presente causa, y remitir las actuaciones al Juzgado Civil y Comercial Común de la II Nominación (f. 36).

Radicados los autos en este Juzgado, el actor introdujo un planteo denunciando la incompetencia del juez del concurso, sosteniendo que el crédito reclamado en autos es postconcursal al ser la fecha del despido posterior a la de presentación en concurso de la accionada.

En fecha 21/9/04 el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la II Nominación dictó resolución, en donde consideró que lo que debe merituarse en orden a determinar la procedencia del fuero de atracción, es si la causa o título es anterior o posterior a la presentación en concurso de la accionada. Sobre esta base analizó la situación del presente juicio, arribando a la conclusión de que el crédito del actor es posterior a la fecha en que fue iniciado el concurso de Parador El Parque, por lo que hizo lugar al planteo del actor declarándose incompetente para entender en la “litis” y ordenó que se remitan los autos al Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la III Nominación (fs. 45 y vta.).

Devueltos los autos a la Sra. jueza de Conciliación y Trámite, la causa fue elevada a esta Corte Suprema de Justicia para que dirima el conflicto de competencia suscitado conforme a lo dispuesto por el art. 50, apart. I, inc. b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6.238.

Para la adecuada solución del conflicto planteado, es preciso señalar que mediante el dictado de la Ley 26.086 (Publ. B.O. el 11/4/06 – ADLA 2006 – B, 1368), se sustituyó el art. 21 de la Ley 24.522, quedando el mismo redactado en el modo que establece el art. 4 de la nueva ley. Los términos de dicha norma evidencian que se ha excluido a los juicios laborales de los efectos que produce la apertura del concurso, particularmente en lo que concierne a la radicación ante el juzgado del concurso de los juicios de contenido patrimonial por causa o título anterior a la presentación seguidos contra el concursado.

La modificación al fuero de atracción introducida por Ley 26.086 resulta de aplicación a los procesos laborales en trámite, a punto tal que el art. 9 establece una cláusula transitoria mediante la cual se prevé como regla general que los juicios excluidos por el art. 21 que a la fecha de entrada en vigencia se encuentren radicados ante el juez concursal deben ser remitidos a la justicia originariamente competente dentro de los quince días hábiles.

De allí entonces que como la apertura del concurso preventivo de la accionada ya no acarrea el efecto de atraer a los procesos laborales en trámite, la cuestión debe dirimirse por las reglas ordinarias que rigen la materia, siendo por ende competente para continuar entendiendo en la presente causa el Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la III Nominación en virtud de lo dispuesto por los arts. 6, inc. a), de la Ley 6.204, y 64, inc. a), de la LOPJ.

Por ello, compartiendo lo dictaminado por el Sr. ministro fiscal a f. 51,

SE RESUELVE:

Declarar la competencia de la Sra. jueza de Conciliación y Trámite del Trabajo de la III Nominación para continuar entendiendo en la presente causa.

Hágase saber.

Dres.: Alfredo Carlos Dato; René Mario Goane; Alberto José Brito; Héctor Eduardo Aréa Maidana; Antonio Gandur

Ante mí: María C. Racedo Aragón de Luna

· Felta S.A. s/conc. prev. s/inc. de verif. por: Palau, Oscar D. – 12/06/2006 – CNCom Sala C

Tribunal:

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C(CNCom)(SalaC)

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Fecha:

12/06/2006

Partes:

Felta S.A. s/conc. prev. s/inc. de verif. por: Palau, Oscar D.

Publicado en:

Sup. CyQ 2006 (setiembre), 102 - IMP 2006-19, 2406


SUMARIOS:

  1. Cabe desestimar el planteo impetrado por el concursado, en el incidente de verificación del crédito laboral, a fin de que se declare la nulidad de la notificación de la sentencia laboral puesto que, tal planteo de nulidad debió articularse, ante el juez laboral competente, dentro de los tres días de percibido el vicio.
  2. Visto que el art. 155 de la ley 18.345 (t.o. 1998) (Adla, LVIII-A, 194) no incluye una remisión al art. 62 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación en cuanto dispone que la notificación de la sentencia al rebelde debe hacerse por cédula, cabe concluir que rige el principio general del art. 58 del citado Código a cuyo tenor la sentencia laboral queda notificada para el demandado rebelde por ministerio ley.

TEXTO COMPLETO:

2ª Instancia. — Buenos Aires, junio 12 de 2006.

Y Vistos: I. - Apeló la concursada la resolución de fs. 76/77. El memorial se agregó a fs. 88. La incidentista lo contestó a fs. 93/95 y el síndico a fs. 103.

II. - La resolución de fs. 76/77 declaró verificado el crédito pretendido por la incidentista. La concursada se quejó, esencialmente, porque adujo que el argumento central del juez de la instancia anterior fue aceptar lo dispuesto por la sentencia dictada en el juicio laboral. Ello porque desestimó su planteo de declarar la nulidad de ciertas notificaciones en aquel pleito.

III. - La pretensión recursiva de la concursada debe ser desestimada. Es que el planteo de nulidad deducido —sobre la base de que la demanda laboral no fue bien notificada— debió articularse dentro de los tres días de articulado el vicio (arts. 96 y 117 de la ley 18.345) ante el juez laboral competente (art. 6 inc. 1 del Código Procesal y art. 155 de la LO).

Por otro lado, el art. 155 de la ley 18.345 no incluye en su remisión al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial una referencia al art. 62 de ese cuerpo legal, que es el que dispone que la notificación de la sentencia al rebelde se hará como lo prescribe el art. 59, esto es, por cédula. De modo que rige el principio general del art. 58 del Código Procesal —por remisión de la LO:155— a cuyo tenor la sentencia laboral queda notificada para el demandado rebelde por ministerio de ley (esta Sala, 22.8.96, en “Armet S.A.C.I. e I. s/quiebra s/incidente de verificación tardía por Guardo, Pablo”, citada en la resolución apelada).

Por lo expuesto se desestima el recurso y se confirma la resolución de fs. 76/77; con costas de Alzada a cargo de la vencida —art. 68 del Código Procesal—.

Los doctores Di Tella y J. L. Monti no intervienen en la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

El doctor Kölliker Frers suscribe la presente en virtud de lo dispuesto por la resolución de Presidencia de Cámara N° 47/06. — Bindo B. Caviglione Fraga. — Alfredo A. Kölliker Frers.

· Sociedad Española de Beneficencia – Hospital Español s/verificación de crédito por Arias Sandra Elizabeth, C.N.Com., Sala E, 9/8/06.

Excma. Cámara:

Vienen estos autos a dictaminar en virtud del conflicto negativo de competencia configurado entre la jueza en lo laboral y la jueza de comercio, ante la falta de coincidencia, por parte de ambas magistradas, acerca del desplazamiento de radicación del expediente, con motivo de la reforma introducida por los arts. 4 y 9 de la Ley 26.086, respecto del nuevo diseño del fuero de atracción del concurso preventivo.

Advierto que la causa de marras tramita como incidente de verificación de crédito; frente a ello se ha configurado el supuesto previsto en la norma indicada que exceptúa de la remisión al Tribunal originario a aquellos procedimientos.

Destaco, además, que el carácter de orden público que caracteriza a la Ley de concursos y quiebras prima sobre las reglas de índole procesal, las que sólo son aplicables en cuanto sean compatibles con las recientes disposiciones de la citada norma concursal.

Por lo antes expuesto, dado que el presente expediente constituye una de las excepciones descriptas en el art. 9 “in fine” de la Ley 26.086 –opción por la verificación del crédito según lo previsto por el art. 21, inc. 1, de la Ley 24.522–, procede estar a la categórica disposición legal.

En consecuencia opino que corresponde seguir entendiendo en autos a la jueza en lo comercial que interviene en el juicio universal.

Buenos Aires, 13 de julio de 2006

Alejandra Gils Carbó, fiscal general

Buenos Aires, 9 de agosto de 2006

y VISTOS:

1. Se produjo conflicto negativo de competencia entre una jueza de este fuero y otro magistrado del fuero del Trabajo (v. fs. 126, 133 y 134/5).

La señora representante del Ministerio Público ante esta Cámara consideró que el presente caso comporta una de las excepciones previstas por el art. 9 de la Ley 26.086 para la devolución de la causa a su juzgado originario.

2. Este proceso fue iniciado como un juicio por despido (de conocimiento) ante el fuero del trabajo (fs. 19/21).

Ante el concursamiento de la demandada fue remitido por fuero de atracción al Juzgado Comercial Nº 22 (f. 75).

Radicado en dicha sede, el accionante optó por continuar su trámite por aplicación de la L.C.Q., 21:1, en lugar de solicitar la verificación de conformidad con la L.C.Q., 32 (v. f. 82).

Como la Ley 24.522 impedía ejercer ese tipo de opciones a los acreedores laborales (art. 21, inc. 5), ya para evitar la duplicación de tramitaciones, la jueza de grado ordenó transformar el proceso de conocimiento en un incidente de verificación (f. 83).

El art. 9 de la Ley 26.086 dispone que a los juicios excluidos por el art. 21, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren radicados ante el juez concursal, le serán aplicadas de inmediato las modificaciones introducidas por esta ley a la competencia material, debiendo ser remitidas las actuaciones a la justicia originariamente competente, quedando exceptuados aquellos casos en los que en el expediente se hubiera optado por la verificación del crédito según lo previsto por el art. 21, inc. 1, de la Ley 24.522.

Este no es un caso que pueda ser enmarcado en dicha excepción.

El pretenso acreedor no optó por verificar, sino que ello le fue impuesto una vez que ya había promovido la acción de conocimiento por la legislación entonces vigente. De hecho lo resistió expresamente.

El art. 9 parcialmente citado remite a los juicios de contenido patrimonial contra el concursado que se enmarcaban en el anterior inc. 1 del art. 21 de la Ley 24.522, norma que no alcanzaba este tipo de juicios. Ello, justamente, por la imposibilidad que existía antes de la reforma de que los acreedores laborales ejercieran la opción mencionada.

Resulta relevante en este punto mencionar que la Ley 26.086, al permitir también a los acreedores laborales el ejercicio del “ius electionis”, ha remediado una situación de desigualdad de tratamiento que existía en la legislación reformada y que había dado lugar a variadas críticas de la doctrina nacional y la jurisprudencia del fuero laboral, en tanto eran los únicos que, aunque la cuestión sometida a la justicia fuera compleja o el trámite del juicio se encontrara avanzado, debían promover la verificación (sea ante el síndico o por incidente) y, en su caso, solicitar la acumulación de los actos ya cumplidos en el fuero originario.

En lo que hace al tratamiento específico de este tipo de acreencias, la Ley 26.086 ha privilegiado la especialidad del fuero laboral para entender en las contiendas “en trámite” o las que se inicien “ex novo” que ya existía durante la vigencia las Leyes 19.551 (art. 22) y 20.744 (art. 265), con el agregado de que, ahora, los pretensores pueden optar por solicitar directamente la verificación de sus créditos de conformidad con lo dispuesto por el art. 32 (v. Heredia, “La Ley 26.086: nuevo modelo en el régimen de suspensión y prohibición de acciones y en el diseño del fuero de atracción del concurso preventivo”, JA 3/5/05).

Pero, como fue dicho en el presente caso, el accionante específicamente indicó que no pretendía la verificación, sino la continuación de la acción ya iniciada (f. 82).

Así, si las disposiciones de la Ley 26.086 deben ser aplicadas inmediatamente a los juicios en trámite, y ésta otorga al acreedor laboral la posibilidad de continuar el proceso ante el fuero originario, corresponde acceder a dicha pretensión aunque durante la vigencia de la Ley 24.522 se hubiere transformado la acción de conocimiento en un incidente de verificación.

Ello en virtud del carácter de orden público que caracteriza a la Ley de concursos y quiebras, tal como lo ha destacado la señora representante del Ministerio Público, que impone hacer primar sus disposiciones sobre las reglas de índole procesal.

3. Por lo expuesto, y oída la fiscal general, se resuelve: declarar competente para conocer en autos al fuero del Trabajo, Juzgado Nº 21, adonde serán remitidas las actuaciones.

De modo previo, notifíquese lo decidido al Ministerio Público en su despacho y hágaselo saber, además, a la magistrada titular del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 22 –Sec. Nº 43– por oficio.

Dres.: Rodolfo A. Ramírez; Martín Arecha; Angel O. Sala

Valeria Pérez Casado, prosecretaria de Cámara

· Vallejos Gustavo Santos c/Las Delicias S.R.L., C.S.J. Santa Fe, 9/8/06.

VISTOS: los autos “Vallejos Gustavo Santos contra Las Delicias S.R.L. –demanda laboral– sobre competencia” (Expte. C.S.J. 274, año 2006), para resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Décimo Tercera Nominación de Rosario y el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Octava Nominación de la misma ciudad; y

CONSIDERANDO:

1. Sucintamente expresados los hechos que dan lugar al presente conflicto de competencia son los siguientes: estando en trámite estos actuados por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Octava Nominación de Rosario, se dispuso su remisión al Tribunal donde tramita el proceso concursal de la demandada en virtud de lo dispuesto por el art. 21 de la Ley 24.522.

Recibidos en fecha 6/10/04 por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Décimo Tercera Nominación de Rosario, el magistrado interviniente ordenó, el 29/5/06, su envió al Juzgado de origen atento a lo normado por los arts. 4 y 9 de la Ley 26.086.

El juez de la primigenia radicación de la causa no compartió el criterio del remitente argumentando que se halla vencido el plazo para la remisión de conformidad al art. 9 de la ley citada.

En consecuencia, arribada al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Décimo Tercera Nominación, su titular ratificó la postura adoptada, aclarando que el plazo mencionado es simplemente ordenatorio pues la nueva distribución jurisdiccional se sustenta en razones de orden público. Por lo tanto, remitió los autos a esta Corte a los fines de dirimir la conflicto de competencia.

2. El presente versa sobre una contienda negativa de competencia en la que ambos jueces entienden que la causa no debe ser tramitada por ante sus estrados, correspondiendo en consecuencia a este Cuerpo resolver el referido conflicto (art. 93, inc. 5 de la Constitución provincial; art. 17, inc. 2, Ley 10.160).

3. Asiste razón al titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Octava Nominación de Rosario.

Un punto central de la reforma que la Ley 26.086 ha introducido en la Ley de concursos y quiebras 24.522 es en lo referente al fuero de atracción, produciéndose modificaciones sustanciales respecto a la normativa vigente hasta ese momento.

Efectivamente, el sistema instaurado a partir del año 1995 se caracterizaba por una gran intensidad del fuero de atracción del proceso concursal, empero, las modificaciones recientemente introducidas por la Ley 26.086 han producido un cambio copérnico que conlleva un detrimento del fuero de atracción por cuanto se han ampliado los supuestos que escapan a la vis atractiva.

Con esa temática, y en lo que respecta a la presente causa, quedan excluidos de los efectos del fuero de atracción, según lo establece el nuevo art. 21 de la Ley 24.552: “… los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los arts. 32 y concordantes …” Por su parte, la cláusula transitoria consagrada en el art. 9 de la Ley 26.086 establece que: “Los juicios excluidos por el art. 21, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren radicados ante el juez concursal le serán aplicadas de inmediato las modificaciones introducidas por esta ley a la competencia material, debiendo ser remitidas las actuaciones a la justicia originariamente competente dentro de los quince días hábiles. Quedan exceptuados aquellos casos en los que en el expediente se hubiera dictado el llamado de autos para sentencia, los créditos de pronto pago y aquellos juicios en los que se hubiera optado por la verificación del crédito según lo previsto por el art. 21, inc. 1, de la Ley 24.522”. Esta disposición, norma de aplicación inmediata y de orden público, indica que si al entrar en vigencia la Ley 26.086 el Juzgado concursal tuviera radicadas causas que, conforme el nuevo régimen legal, debieran tramitar por ante otro Tribunal con diferente competencia ratione materiae, ordenará su remisión, salvo que se configure alguno de los supuestos de excepción mencionados precedentemente.

A su vez, esta cláusula establece un plazo de quince días hábiles para dicho envío, extremo que no ha sido observado por el Juez del proceso concursal por cuanto resolvió la remisión el día 29/5/06, es decir, ya vencido el lapso temporal establecido, por lo que, la tramitación de estos caratulados deberá continuar por ante sus estrados.

Por todo lo expuesto,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE
:

Dirimir el conflicto negativo de competencia en favor de la postura del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Octava Nominación de Rosario y, en consecuencia, disponer que siga entendiendo en la causa el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Décimo Tercera Nominación de la misma ciudad, a quién se remitirán los autos, con noticia del primero de los nombrados.

Regístrese y hágase saber.

Dres.: Gutiérrez; Falistocco; Gastaldi; Netri; Spuler; Vigo; Fernández Riestra (secretaria)