LA CAUSA DEL CRÉDITO por RUBÉN PAPPACENA


ALCANCE DEL TRABAJO

En el presente trabajo, de orden eminentemente práctico, se pretende resumir los recaudos y análisis que deberá llevar adelante el síndico concursal para la determinación de la causa de los créditos que, en la instancia de la verificación tempestiva, o vía incidental, se someten a su consideración.

Es decir que sólo nos referiremos en esta circunstancia a la “causa”, dejando de lado todo análisis referido al “monto” o al “privilegio” de las acreencias insinuadas.

CONCEPTO

En el proceso verificatorio deberá el síndico poner énfasis en tres análisis: la legitimación activa del sujeto que solicita la verificación, ya que estamos ante una demanda judicial con todas sus implicancias; la presentación, por parte de aquél, de los requisitos formales, y el cumplimiento de los tres requisitos de fondo: causa, monto y privilegio.

Caracterizada entonces la “causa” como uno de los requisitos de fondo para obtener la verificación, debemos abocarnos a definirla.

En términos generales, nos estamos refiriendo a la “causa” en los términos del artículo 499 del Código Civil, es decir, como fuente de la obligación. ¿Y qué obligaciones en los términos del artículo 495 son verificables? No hay duda respecto de que tanto las obligaciones de dar como las de hacer tienen respuesta afirmativa a esta pregunta. En cambio, parecería que las obligaciones de no hacer no están sujetas al proceso verificatorio.

Es decir, la “causa” es el hecho que produce la obligación, y no debe confundirse con los instrumentos que la materializan. Así, por ejemplo, en una operación comercial la factura y el remito son los instrumentos visibles, mientras que la “causa” en sí misma es la compraventa celebrada.

Al analizar entonces la causa, “…lo que se pretende es que el Juez cuente con los datos que permitan no sólo detectar eventuales acreedores ficticios, sino indagar en el fondo de las cuestiones sobre cuya legitimidad sustancial debe pronunciarse en forma definitiva, todo lo cual confirma que la verificación se asimila a un proceso de conocimiento pleno, del que también deriva cosa juzgada material…”.(1)

LA TAREA DEL SÍNDICO

El síndico debe prepararse para conocer las causas de los créditos que se insinuarán en la oportunidad del artículo 32 de la ley de concursos y quiebras desde antes de que eso ocurra: en una primera etapa que denominaremos “preparatoria”. Obviamente, ello no será posible en las quiebras directas, pero sí en los restantes procesos.

Para ello, desde su designación deberá preocuparse por conocer las características de la industria en las que se desarrolla el concursado. Deberá también interiorizarse respecto de las características y operaciones del deudor, y analizar los legajos de acreedores denunciados y presentados en el expediente judicial [art. 11, inc. 5)]. Podrá ganar tiempo, también, individualizando dichas deudas declaradas en los libros contables del concursado.

En una segunda etapa, que denominaremos de “instrucción e investigación” y que comienza con la recepción del pedido de verificación del acreedor, deberá el síndico agotar los procedimientos que lo lleven a convencerse de la legitimidad del crédito, tanto en la causa como en los demás requisitos, y a los que nos referiremos luego.

Finalmente, con todo el material reunido entra el síndico en la tercera etapa: la de “análisis y conclusiones”. En ella deberá analizar detenidamente toda la información reunida y llegar al dictamen profesional en el que aconsejará al Tribunal en forma fundada, ya sea en la causa como en las demás variables, respecto de la verificación, admisibilidad o inadmisibilidad total o parcial de la demanda.

ETAPA DE INSTRUCCIÓN E INVESTIGACIÓN

Comienza esta etapa con la presentación tempestiva prevista en el artículo 32, en la cual el pretenso acreedor acompañará a su requerimiento la documentación que avale el derecho reclamado. La tarea del síndico deberá comenzar de inmediato: ya en el primer análisis superficial, en el momento de la recepción de la documentación, podrá requerir al presentante algún elemento faltante, o que sirva para aclarar o facilitar el reconocimiento del derecho, así como también otras variables formales, como el teléfono y la persona de contacto para el caso que sea necesario.

Si bien es el acreedor el que debe probar la causa, está a cargo del síndico la instrucción y el impulso del proceso en esta instancia (a diferencia de lo que ocurre en la revisión prevista por el art. 37), y es él quien deberá agotar los medios investigativos, no teniendo límites ni restricciones a los mismos. Así podrá librar oficios, realizar citaciones y solicitar audiencias, entre otros [arts. 33, 275, inc. 2), 275, inc. 3), 275, inc. 4), y 275, inc. 6)].

La carga probatoria que tienen el actor y el demandado en procesos dispositivos se transforma en “deberes instructorios de la sindicatura”, como afirma Maffía. Sobre el tema, Junyent Bas sostiene que las facultades de información del síndico conforman un “poder-deber”: poder por las facultades que le otorga el artículo 275; deber por las obligaciones que se le imponen (art. 33, entre otros) de examinar libros y documentación del deudor y del acreedor.

Los legajos verificatorios deberán comenzarse a trabajar de inmediato en la búsqueda de la causa del pretendido crédito. Al mismo se irán agregando la información complementaria que se solicite y se recolecte, los resultados de las investigaciones y compulsas, y las observaciones que se reciban del deudor y/o de terceros.

En primer lugar, para cualquier reconocimiento deberá analizarse si la causa o el título, o ambos, son anteriores a la fecha de corte, es decir, la de presentación en concurso o la del decreto de quiebra, según cuál fuere el caso. No son concursales, y no deben admitirse, los créditos originados con posterioridad a la fecha de corte. En esos casos, los acreedores podrán deducir la acción individual o pedir la quiebra del deudor. Queda claro, entonces, que lo que interesa, para analizar si la causa es anterior a la fecha de corte, es la fecha de nacimiento y no la de vencimiento del crédito.

Si el vencimiento de la obligación fuera posterior a la fecha de corte (por ejemplo, en cheques diferidos, pagarés o letras de cambio), el plazo caduca automáticamente y la acreencia se considera vencida de pleno derecho a aquella fecha, con presunción de intereses implícitos y descuento de los mismos en los términos del artículo 128 de la ley de concursos y quiebras. Sin embargo, un reciente y polémico fallo de la Sala B de la Cámara Comercial (”Fargo SA s/concurso preventivo” - 4/3/2005) determinó que el criterio antedicho es sólo aplicable para las quiebras. A diferencia de los demás criterios, sostiene el fallo que en los concursos preventivos los créditos no vencidos no pueden ser considerados a los efectos del cómputo de las mayorías necesarias para votar el acuerdo.

El síndico debe ajustar su informe final a la técnica contable y a los principios jurídicos legales. En consecuencia, deberán realizarse los procedimientos de auditoría previstos por la resolución técnica (FACPCE) 7/1985 (excepto en el método de muestreo, ya que se analiza el 100% de la documentación). Se deberán tener en cuenta leyes aplicables, contratos o convenios entre las partes o con terceros que los involucren, las normas sobre prescripciones, entre otras. El desconocimiento de este principio, o el de la ley (no así el simple error), es motivo de sanciones, ya que no es admisible el desconocimiento del derecho.

Pero las averiguaciones e indagaciones del síndico no se limitan al aspecto técnico. Argeri sostiene que debe investigar, por ejemplo, a efectos de las exclusiones para el cómputo del artículo 45 si los acreedores son el cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, o si hubo cesión de crédito dentro del último año.

LA CAUSA EN CASOS PARTICULARES

En general, deberá ponerse atención para probar la causa de la acreencia en la actividad del acreedor: en algunos casos, la sola actividad será atenuante o no en la profundidad de la información a requerir.

Deberá analizarse también la contraprestación ingresada en el patrimonio del deudor: debe probar recepción de mercaderías o similares medios de conformidad (silencio ante un servicio recibido y continuidad de un servicio que se hubiera suspendido en caso de disconformidad, entre otros).

Se solicitará la información adicional necesaria y se realizarán las compulsas que se estime oportunas. Se requerirá a acreedores y deudores documentación y registros, se indagarán las causas y se examinarán libros, entre otros. En el caso de estar en un concurso, se analizarán los registros de firmas para remitos, por ejemplo. Se podrá efectuar requerimientos a terceros, y se analizarán en detalle las observaciones del deudor y/o de terceros.

Se analizarán los procesos judiciales y administrativos, y se indagará si la eventual sentencia que sirve de título a la demanda ya está firme.

Pero según el tipo de crédito de que se trate, se pondrá especial énfasis en algunos aspectos en particular. Veamos algunos casos particulares:

Créditos por acreedores comerciales

Deberá probarse, como ya se expresó, el ingreso de la contraprestación. Si hubo entrega de cheques o pagarés no atendidos o rechazados en la cancelación de las facturas, también deberán ser presentados por el acreedor para evitar su doble verificación en dos concursos. Se analizará especialmente la recepción de la mercadería o del servicio en la forma que ya se ha mencionado anteriormente.

Créditos bancarios

También deberá corroborarse el ingreso de la contraprestación: verificar el ingresos de fondos en la cuenta bancaria y que no existan duplicaciones de pedidos (vgr., los gastos e intereses ya debitados de la cuenta corriente bancaria).

Créditos por cuenta corriente bancaria

No alcanza con la sola presentación del certificado del artículo 793 del Código Civil. Tampoco con la presentación de los extractos si hubiera movimientos no justificados. Deberá analizarse cuidadosamente la causa de los débitos.

Otros créditos bancarios

Deberá ponerse especial atención en situaciones especiales para evitar fraudes, cobranzas dobles o errores en detrimento de la masa, como ser:

a) facturas o cheques descontados, por los que siempre se debería responder;

b) cheques o pagarés dados en garantía, en los que se debe explícitamente detallar el listado de los cheques que tengan tal carácter con las formalidades de la prenda;

c) cheques cedidos en custodia al cobro, en los que serán admitidos los vencidos, y devueltos los posteriores al concurso;

d) facturas descontadas o cedidas, para comprobar si el deudor tendrá solvencia para responder por las mismas;

e) créditos a admitir como eventuales, que pueden ser cobrados a otros deudores;

f) créditos que pueden ser admitidos como condicionales, pues se van a devengar en determinadas situaciones, como ser el impuesto al valor agregado sobre intereses que recién se perfeccionará en el momento de la percepción.

Créditos financieros no bancarios

Es un rubro que se presta especialmente a crear acreedores ficticios, por lo que debe extremarse el análisis para llegar a determinar si realmente existe la causa. Así, mutuos financieros, descuento de cheques o pagarés y préstamos en cuenta, entre otros, requerirán que el síndico llegue al convencimiento total de la legalidad de la demanda para poder recomendar su admisión. Todos los instrumentos de investigación mencionados para los demás casos serán útiles en la medida en que hagan luz sobre la cuestión, pero algunos como fecha cierta, certificación de firmas, relevamiento del movimiento de fondos, origen y destino de los fondos, y capacidad financiera del prestamista, entre otros, tendrán especial valor probatorio. En algunos casos, la sola actividad del acreedor será atenuante o no en la profundidad de la información a requerir y hará presumir su legitimidad.

Créditos con sentencia en juicio ejecutivo

Es cosa juzgada meramente formal: sólo se juzga la habilidad extrínseca del título, sin indagarse en la relación subyacente habida entre las partes. La doctrina opina mayoritariamente que con la sola sentencia ejecutiva no está probada la causa de la obligación. Como señala Villanueva(2), “…el proceso de verificación importa un juicio de conocimiento pleno, frente al que no puede invocarse la cosa juzgada meramente formal que emana de una sentencia dictada en un juicio ejecutivo, en el que únicamente se juzga la habilidad extrínseca del título, sin indagarse en la relación subyacente habida entre las partes -art. 544, inc. 4), CPCC-…”. Existen opiniones minoritarias en contrario (Fassi-Gebhard), que sostienen que la verificación debe ajustarse a la sentencia.

Créditos con sentencia en juicio de conocimiento

A diferencia de lo mencionado para la sentencia del juicio ejecutivo, “…la sentencia dictada en proceso de conocimiento es título hábil para verificar en ella lo reconocido; ni el síndico ni el Juez Concursal tienen atribuciones para cuestionar el contenido del crédito emanado de la sentencia…”(3). Hay opiniones minoritarias no concordantes, como Villanueva(4) para quien “…el Juez del Concurso debe volver a analizar el fondo del reclamo, sin que la eventual cosa juzgada derivada de esa sentencia reste libertad al juzgador…”.

Créditos por títulos de créditos abstractos

Los cheques, pagarés y letras de cambio son títulos cambiarios completos: los derechos del portador surgen del solo tenor literal del documento y no requieren ningún elemento extraño a ellos. Su sola tenencia otorga el derecho, y así sucedía también en materia concursal, por lo que en algún momento se originó una “industria de acreedores ficticios”. Dos Fallos Plenarios de la Cámara Comercial de la Capital Federal establecieron que era necesario “declarar y probar la causa” de la tenencia del título, es decir las circunstancias determinantes del acto cambiario. Ellos fueron el Plenario “Traslínea SA c/Electrodinie SA” (26/12/1979), aplicable a pagarés y letras de cambio, y el Plenario “Difry SA” (19/6/1980), aplicable a cheques.

Dichos Plenarios incorporaron un ingrediente más: la inmediatez entre las partes. Esto significa que si el portador fuera el beneficiario inmediato, basta con probar la causa. Si no existiera esa relación directa, habrá que probar las causas determinantes de la adquisición del título por el tercero, es decir, la relación entre ese portador y el primer beneficiario.

Últimamente, se ha flexibilizado el criterio respecto de estos Plenarios. Se ha señalado que es suficiente tener indicios que permitan desvirtuar la existencia de “concilium fraudis”.

Con respecto a los cheques posdatados, no son verificables, ya que son inoponibles al concurso (art. 23, L. 24452).

Créditos laborales

La causa en los créditos laborales emana de la misma relación de trabajo que une o unió al trabajador con su empleador. Por lo antedicho, su determinación sólo ofrecerá dificultades si la relación no está registrada total o parcialmente, o si existe controversia. Se deberá apelar a todos los medios de prueba posibles, teniendo en cuenta la instancia procesal que transcurre y la radicación del expediente.

En una demanda ordinaria en sede laboral, a partir de la reciente reforma de la ley 26086 el síndico tendrá todos los medios de prueba de cualquier demanda: periciales, informativos, documentales y de testigos, entre otros.

En cambio, en un procedimiento de pronto pago, o en la verificación tempestiva del artículo 32, en la que toda la prueba es documental y en un lapso extremadamente corto, deberá el síndico basarse fundamentalmente en libros legales, recibos de sueldos y otra documentación que pruebe la relación.

Distinta es la situación si lo que se verifica es una sentencia laboral, y en este punto debemos remitirnos a lo expresado para el caso de “sentencia en juicios de conocimiento”.

Créditos fiscales, previsionales y de los organismos de la seguridad social

Los organismos impositivos (nacionales, provinciales o municipales) o del sistema de seguridad social son un acreedor más, con la misma obligación de probar la causa que el resto de los acreedores. Esto implica que, más allá de las obligaciones de colaboración y de determinación de deuda que las normas de procedimiento fiscal imponen al síndico, éste no puede ir más allá de sus posibilidades prácticas.

Si no existe documentación por parte del deudor, deberá ser el acreedor quien aporte al síndico los elementos para su análisis. Y para probar la causa, deberá probar el fondo de la obligación: si es previsional, que se realizó actividad y qué personal la efectuó; si es impositiva, que existió materia imponible gravable. Es decir que no deberán admitirse presunciones (aunque estén contempladas en las normas de procedimiento impositivas o previsionales) o liquidaciones de oficio sobre base presunta, o certificados de deuda que no estén respaldados por la documentación que pruebe la existencia de la deuda.

No debe confundirse el carácter de instrumento público que los entes recaudadores otorgan a estos elementos, los que le servirán para llevar adelante un juicio ejecutivo, con la probanza real de la acreencia que debe realizarse por los medios alternativos que se estimen convenientes.

Créditos por obligaciones de hacer

Deben transformarse a pesos por parte del acreedor a la fecha de corte, con la única excepción del derecho a escriturar. En este último caso, la doctrina está dividida en cuanto a si debe procederse a su verificación, aunque la jurisprudencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se inclina por la tesis afirmativa. Existen otras obligaciones de hacer que la ley y la doctrina en general consideran en forma unánime que no están sujetas a verificación por tener procedimientos especiales de reconocimiento: la restitución de cosas entregadas al deudor por título no destinado a transmitirle el dominio (art. 138), el recupero de cosas enajenadas en los términos del artículo 139 y los contratos en curso de ejecución con prestaciones recíprocas pendientes (arts. 20 y 144).

Créditos eventuales y/o condicionales

Están sujetos a verificación, incluso aquellos cuya acción respecto del insolvente queda expedita después de la excusión, o cualquier otro acto previo contra el deudor principal (art. 125). Por dicho motivo, deben verificar los garantes, aunque aún no hubieran asumido las obligaciones del deudor principal, ya que podrían verse obligados a hacerlo en el futuro.

Crédito del garante del concursado

No cabe duda de que el garante del concursado que ha pagado un crédito por éste se subroga en los derechos del acreedor y, en virtud de esa subrogación, adquiere la causa de ocupar su lugar, con derecho a los mismos beneficios.

Crédito por aval

El crédito fundado en un aval no requiere otra prueba que la del aval mismo, pues se trata de un acto abstracto.(5)

Créditos por aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones

No existe un criterio unánime en la causa de esta acreencia, y la doctrina no sigue un criterio pacífico. En general, parece recomendable seguir a Eduardo M. Favier-Dubois (p)(6), que sostiene que “…en caso de concurso preventivo, el aportante deberá verificar su crédito en su doble carácter:

“a) como acreedor puro y simple, por la obligación de hacer (actos conducentes a la capitalización pendiente);

“b) como acreedor condicional, por la eventual restitución del adelanto, para el caso de que se frustre la capitalización por quiebra o cualquier otra causal.

“Si la sociedad quiebra, será aplicable la segunda variante, y el aportante deberá verificarse como acreedor de la fallida por las sumas anticipadas…”

Créditos con garantías reales

En realidad, no constituyen un grupo especial de análisis a efectos de la causa. Más allá de la instrumentación a que se haya arribado para llevar a cabo la constitución de la garantía real, el análisis deberá realizarse siguiendo las pautas según el tipo de crédito de que se trate y buscando la causa real de la obligación que -se reitera- es independiente del documento que puede presentarse para avalar la existencia de la garantía.

La causa en los intereses

Los compensatorios podrán ser reclamados, esté o no en mora el crédito. En cuanto a los punitorios, sólo si están expresamente pactados en caso de mora. Pero rige el “principio de congruencia”: los no reclamados no pueden ser otorgados. Su liquidación corresponderá desde la fecha de la mora.

ETAPA DE ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Realizadas todas las tareas de investigación respecto de la “causa” del crédito, con el convencimiento de que el mismo o el título son anteriores a la presentación en concurso [art. 32, inc. 1)], analizadas en detalle la demanda y las observaciones a la misma, si existieran, con la seguridad de que el mismo no está alcanzado por posibles prescripciones -”…el síndico también puede hacer mérito de la prescripción en su informe, que es la primera presentación suya en el juicio sobre dicha verificación…”(7)-, la sindicatura estará en condiciones de emitir su dictamen fundado respecto de la “causa” de la acreencia pretendida.

Para ello, deberá respetar el “principio de congruencia” y no podrá reconocer al acreedor derechos que no hubiera reclamado, y como expresa Villanueva(8) al referirse a la verificación tempestiva, “…el derecho no invocado en tal oportunidad tampoco puede serlo al interponer la revisión (art. 37), desde que ésta no es sino la segunda etapa de ese mismo proceso…”.

Como se expresó, el síndico debe alcanzar el convencimiento total respecto de la causa de la obligación, por lo que deberá aconsejar el rechazo en aquellos casos en los que no haya podido reunir toda la prueba, o los que sean dudosos, puesto que existe el marco de análisis del artículo 37 para un examen más riguroso, ya que en el mismo las partes podrán proponer pruebas que no son sean sólo documentales, como en esta instancia.

Como también se expresó, el proceso verificatorio concluirá con una cosa juzgada material, por lo que, siguiendo a Maffía, lo que interesa es “lograr la veraz conformación del pasivo” y, en función de ello, deberá otorgarse prioridad a la verdad material sobre el ritualismo.

Notas:

S.PC.080.1.q1

[1:] Ver Villanueva Julia: “Concurso preventivo” - 1a. ed. - Rubinzal-Culzoni Editores - Bs. As. - pág. 307

S.PC.080.1.q2

[2:] Ver Villanueva Julia: “Concurso preventivo” - 1a. ed. - Rubinzal-Culzoni Editores - Bs. As. - pág. 32

S.PC.080.1.q3

[3:] Ver Rivera, Julio C.: “Instituciones de derecho concursal” - 1a. ed. - Rubinzal-Culzoni Editores - Bs. As. - T. I - págs. 255 y 256

S.PC.080.1.q4

[4:] Ver Villanueva Julia: “Concurso preventivo” - 1a. ed. - Rubinzal-Culzoni Editores - Bs. As. - pág. 310

S.PC.080.1.q5

[5:] CNCom. - Sala D - 29/6/1990. Ver ED - 4/8/1992 - folio 44.419

S.PC.080.1.q6

[6:] Ver Favier-Dubois (p), Eduardo M.: “Concursos y quiebras” - Ed. Errepar - Bs. As. - pág. 87

S.PC.080.1.q7

[7:] Ver Fassi, Santiago C. y Gebhardt, Marcelo: “Concursos y quiebras” - 8a. ed. - Ed. Astrea - Bs. As. - págs. 126 y 127

S.PC.080.1.q8

[8:] Ver Villanueva Julia: “Concurso preventivo” - 1a. ed. - Rubinzal-Culzoni Editores - Bs. As. - pág. 299