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Síntesis de la jurisprudencia concursal actualizada acerca de la verificación de créditos.

VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS

Créditos fiscales

Costas

Los certificados de deuda, previstos por el artículo 17 de la ley 18820, gozan de la presunción de legitimidad contemplada por el artículo 12 del decreto-ley 19549/1972, y por lo tanto, mientras no sean impugnados con suficiente fundamento, constituyen causa suficiente del crédito invocado.

En materia de intereses de las deudas fiscales, corresponde adoptar el criterio que admite el devengamiento de créditos por todo concepto hasta el límite de dos veces y media la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días.

Quien se ha presentado en término solicitando a la sindicatura la verificación de su crédito debe soportar las costas del incidente tardío respectivo, sin que obste a ello la circunstancia de tratarse de una entidad oficial.

* “Vialbaires SA s/concurso preventivo s/incidente de verificación de créditos por la AFIP” - CNCom. - Sala E - 1/11/2005

Tasa de interés. Reducción

Los intereses devengados por el capital adeudado al Fisco deben ser calculados con sujeción a lo dispuesto por las normas legales vigentes sobre la materia (L. 11683), y en tanto la constitucionalidad de dichas normas no ha sido impugnada eficazmente, su aplicación aparece imperativa, no correspondiendo reducir en sede judicial las tasas de interés establecidas por dicha normativa.

La facultad de los jueces de morigerar la tasa de interés cuando éstos resultan abusivos o contrarios a las buenas costumbres (arts. 953 y 1071, CC), alcanza también a los aplicados por el Fisco con apoyo en la ley 11683 y en las resoluciones pertinentes de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, y ello no supone controvertir la constitucionalidad de la ley tributaria o de la atribución delegada al Fisco, sino de compatibilizarla con la normativa de que se trata y con sus principios: el régimen concursal y el tratamiento igualitario de los acreedores (del voto en disidencia del Dr. Miguel Bargalló).

La facultad morigeradora de intereses abusivos o usurarios no debe desatender, por un lado, que las elevadas tasas de interés que fija el Organismo Recaudador operan como mecanismo compulsivo para asegurar la recaudación, a efectos de que el Estado cumpla con sus actividades fundamentales, y por otro, que frente a la situación de insolvencia del deudor, esa finalidad disuasiva pierde significación y es susceptible de afectar el derecho de los terceros acreedores, en orden a la percepción de sus créditos (del voto en disidencia del Dr. Miguel Bargalló).

* “Cederbojn, Jaime s/quiebra s/incidente de verificación de crédito promovido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - CNCom. - Sala D - 28/11/2005

Impuesto al valor agregado (IVA). Créditos condicionales

Procede hacer lugar a la verificación del importe correspondiente al IVA sobre los intereses de su crédito incoada por la entidad bancaria pretensora, aun cuando no haya acreditado su pago. Ello así, en virtud de su condición de agente de retención y ante la falta de pago de dichos réditos, lo que determina el diferimiento del ingreso del tributo hasta la oportunidad en la que aquéllos sean efectivamente percibidos por el banco, pues siendo insoslayable que la entidad tiene incorporado a su patrimonio el derecho a percibir los intereses aludidos libres de gravámenes, la misma resulta ser titular de un crédito condicional, bien que sujeto a la efectiva percepción de aquéllos.

La existencia de su condición no resulta óbice a la procedencia de la verificación, en virtud del sometimiento de las acreencias condicionales a la carga verificatoria, aun cuando todavía no se encuentre expedita su percepción por vía concursal.

* “Lapidus, Isidro s/concurso preventivo s/incidente de revisión promovido por el Banco de la Nación Argentina” - CNCom. - Sala B - 16/12/2006

Generalidades

Recurso de revisión

La verificación de un crédito configura, desde el punto de vista procesal, el resultado de una sentencia de conocimiento pleno que, frente a la masa de acreedores, es una verdadera acción causal de derecho común, por lo que tiene eficacia y efecto de cosa juzgada material. Una vez precluida la posibilidad de interponer un remedio impugnativo, los efectos de la misma son indisponibles frente a la voluntad de las partes litigantes.

El plazo para interponer la revisión es de caducidad, razón por la cual su vencimiento provoca que la resolución judicial quede firme en lo que respecta a la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad de los respectivos créditos con los efectos de cosa juzgada, salvo dolo.

Es específica la exigencia contenida en el artículo 21, inciso 5), de la ley 24522, en el sentido de que los juicios ya iniciados al tiempo de la apertura concursal se acumularán al pedido de verificación, con lo cual, sea cual fuere su grado de avance, tales actuaciones, que tramitarán en sede laboral, deben emplazarse en el requerimiento verificatorio, sin que ello importe menoscabo al derecho de defensa, adecuadamente preservado mediante este trámite concursal.

Desechada la posibilidad que al acreedor le brinda el artículo 37 de la ley 24522, lo cual produce los efectos de cosa juzgada, veda la posibilidad de revisión posterior una vez precluida la etapa, so riesgo de eterna incertidumbre en punto a la calidad y a la extensión de los créditos verificados.

Considerando el contradictorio que precede a la resolución del artículo 36 de la ley 24522, la verificación de un crédito configura, desde el punto de vista procesal, el resultado de una sentencia de conocimiento pleno; es decir que adquiere, por ello, la inmutabilidad de la cosa juzgada si no es revisado en la forma antes dicha, salvo dolo.

Si el acreedor promovió tempestivamente la solicitud verificatoria, obteniendo la declaración de inadmisibilidad de su crédito, y luego, en lugar de acudir a la vía prevista por el artículo 37 de la ley 24522 para lograr la revisión de dicho pronunciamiento, dejó transcurrir el plazo allí previsto resignando tal facultad, tal circunstancia conduce a sostener que dicha solución pasó en autoridad de cosa juzgada y que tiene vedado pretender una nueva verificación mediante la continuación del trámite del proceso laboral, transformado en incidente de verificación.

* “Industrias Parami SA s/concurso preventivo s/incidente de revisión promovido por Appelshoffer, José” - CNCom. - Sala B - 14/12/2005

Créditos laborales

Soporte del riesgo empresario por el trabajador. Improcedencia

No resulta procedente vincular las dificultades económico-financieras de la concursada con el argüido conocimiento que pudo tener el incidentista al respecto, para concluir la existencia de mala fe en su obrar.

Resulta improcedente que el trabajador deba soportar los riesgos empresarios de la concursada, pues los trabajadores no son, en principio, partícipes de las crisis empresariales.

* “Editorial Sarmiento SA s/concurso preventivo s/incidente de revisión por Jacobson, Roberto Horacio” - CNCom. - Sala D - 30/11/2005

Honorarios del letrado del trabajador. Prescripción

Tratándose de un crédito concursal, no debe el letrado promover la ejecución del mismo en sede laboral, máxime cuando el incidente del trabajador, con base en el mismo juicio y con el mismo patrocinio letrado, fue promovido antes de la presentación en concurso de la deudora.

Si el letrado verificante patrocinó al trabajador en el incidente de verificación posterior a la sentencia, pero en lo concerniente a sus honorarios continuó la tramitación en sede laboral, practicando sucesivas liquidaciones que fueron aprobadas por un Tribunal que el letrado sabía incompetente, en tal escenario el silencio de la concursada no puede juzgarse como reconocimiento de su crédito, pues no tenía obligación de expedirse en ese proceso.

Si el acuerdo de pago fue celebrado exclusivamente con el acreedor laboral, no cabe extender los efectos interruptivos de ese reconocimiento al reclamo del letrado, cuyo crédito hacía tiempo había quedado firme.

La circunstancia de que el juicio laboral que dio origen al crédito por honorarios se haya iniciado con anterioridad a la presentación en concurso de la deudora y prosiguiera tramitando en sede laboral, no obsta a la declaración de la prescripción, no afecta los derechos adquiridos ni implica que se haya aplicado retroactivamente la ley.

La apertura del concurso se presume “iuris et de iure” conocida por todos a partir de la publicación de los respectivos edictos y así, aunque no mediara fuero de atracción antes del dictado de la sentencia (se trató de un juicio por accidente de trabajo), era carga del trabajador y del letrado solicitar la verificación de sendos créditos en el concurso una vez firmes el pronunciamiento definitivo y la regulación de honorarios, respectivamente.

* “El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Limitada s/concurso preventivo s/incidente de pronto pago por Coria, Juan Roberto” - CNCom. - Sala E - 19/11/2005

Aplicación del principio de la primacía de la realidad. Fraude laboral

Pretensión de escrituración de bien inmueble adquirido a la fallida. Naturaleza

Aplicación del artículo 56 de la ley 24522

La prescripción de las acciones de los acreedores que tienen la carga de pedir verificación en el concurso preventivo también se aplica al denominado y caratulado “incidente de escrituración”.

Tal como lo dispone el artículo 32 de la ley 24522, conforme con el cual “todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos”, presenta una amplitud (”todos los acreedores”) que alcanza a los créditos preexistentes, cualquiera sea su objeto, siendo incluidos, desde luego, los créditos de obligaciones de hacer, como es el crédito de una obligación de escriturar.

La pretensión de escriturar exhibe un contenido patrimonial evidente, pues recae sobre un inmueble que integra el patrimonio de la concursada, que será transmitido -escrituración y registración mediante- al patrimonio de la incidentista.

La obligación de escriturar debe ser objeto de verificación, ya que no hay disposición que deje sin efecto, respecto de ella, lo que, con criterio general, ordena el artículo 32 de la ley 24522. Empero, en este último caso no juega lo establecido por la segunda parte del artículo 19 del régimen concursal actual, de modo tal que el objetivo de la pretensión verificatoria será el cumplimiento en especie.

El reclamo por cumplimiento de una obligación de hacer debe transitar procesalmente por un incidente de verificación “strictu sensu”, lo cual subsume a dicho incidente en la regulación dispuesta por el artículo 56 de la ley 24522.

La prescripción no es incompatible con la existencia del derecho sustancial en sí, sino que altera la eficacia de ese derecho, cuyo titular pierde la acción para exigir el cumplimiento de ese derecho (art. 515, CC).

La circunstancia de que la concursada no haya denunciado el inmueble, cuya escrituración pretende el incidentista, como propio al presentarse en concurso preventivo o que la sindicatura no haya aconsejado iniciar acciones concursales de recupero son datos irrelevantes a los fines de enervar la aplicación del artículo 56 de la ley 24522 a la pretensión del incidentista; en cuanto a lo primero, porque ese tácito reconocimiento del derecho del acreedor no constituyó acto interruptivo de la prescripción prevista por aquella norma; en lo que respecta a lo segundo, porque el inmueble se hallaba registralmente a nombre de la concursada, de modo que nada había por recuperar.

La prescripción del artículo 56 de la ley 24522 sólo se aplica respecto de deudores concursados preventivamente y no respecto de quienes se hallan en estado de quiebra. Esa regla está expresa y solamente referida al concurso preventivo y, más allá de las similitudes de la verificación de créditos en ambos juicios universales, es sabido que no pueden crearse términos de prescripción por analogía.

En el proceso de quiebra, las insinuaciones por verificaciones tardías tienen el único límite de la conclusión de la quiebra.

Si se trata de una quiebra indirecta, las acciones prescriptas, por aplicación del artículo 56 de la ley 24522 en el concurso preventivo precedente, no renacen por el hecho de la quiebra posterior, ya que la extinción es definitiva.

* “Los Claveles SRL s/quiebra s/incidente de escrituración por Estancia Santa Teresa SRL” - CNCom. - Sala D - 16/12/2005

Prescripción, interrupción y suspensión

Aplicación supletoria del Código Civil

Si bien la finalidad del instituto previsto por el artículo 56 de la ley 24522 es cristalizar el pasivo, ello no impone necesariamente obviar la existencia de causales de suspensión e interrupción de la prescripción, aun cuando no aparezcan reflejadas en la norma referida, en tanto la ley concursal no prescinde totalmente de las disposiciones de otros ordenamientos, pudiendo recurrirse a ellos para resolver la cuestión.

El artículo 713 del Código Civil consagra la propagación de efectos de la interrupción de la prescripción de las solidaridades activa y pasiva. Operada respecto de uno de los coacreedores, beneficia a los demás y, producida con relación a uno de los deudores solidarios, perjudica a los otros codeudores. Dicho principio concuerda con lo preceptuado por el artículo 3994 del mismo ordenamiento legal.

El hecho de que el concursado haya ofrecido a un acreedor mantener las garantías oportunamente concedidas importó tanto la interrupción de la prescripción como un reconocimiento del verificante como acreedor. Así las cosas, si bien el término de dos años entre la solicitud de conversión y la promoción del incidente ha transcurrido, tal ofrecimiento importó la suspensión del curso de la prescripción bienal, establecido por el artículo 56 de la ley 24522.

El reconocimiento de un acreedor como tal interrumpe el curso de la prescripción, toda vez que ello importa una confesión relativa a la obligación en el efecto interruptivo previsto por el artículo 3839 del Código Civil.

* “Braun Strugamou, Guillermo s/concurso preventivo s/incidente de verificación promovido por Banco General de Negocios SA” - CNCom. - Sala B - 8/11/2005

Verificación tardía

Conclusión del acuerdo preventivo

Del pedido de verificación de crédito debe inferirse que el accionante pretende lograr la calidad de acreedor. Consecuentemente, hasta tanto no adquiera tal estatus, y siempre y cuando el crédito que eventualmente se verifique sea privilegiado, no podrá ocurrir por la vía prevista en el artículo 57 del ordenamiento concursal.

En virtud de los artículos 32 y 56 de la ley 24522, todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación deben peticionar la verificación de sus créditos, debiendo los tardíos deducirlos por incidente, mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual que corresponda.

Lo que se entiende como “conclusión del concurso preventivo” constituye una temática que no fue discernida con suficiente rigor técnico en la normativa concursal vigente, porque una vez declarada la finalización del concurso, lo único que concluye es el trámite principal; no así el concurso en cuanto a proceso, dado que varios de los efectos continúan (vgr., la materia de la verificación tardía), y menos en cuanto a instituto, desde que se halla pendiente el cumplimiento del acuerdo y, consecuentemente, el riesgo de quiebra indirecta. Ello se demuestra precisamente por la necesidad de declarar el cumplimiento del acuerdo, declaración que sería innecesaria si, como se expresa en la norma, todo hubiera concluido al decretarse la finalización del concurso.

* “Sport Trading SA s/concurso preventivo s/incidente de verificación promovido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - CNCom. - Sala B - 24/11/2005