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ALGUNAS CUESTIONES REFERIDAS A LOS HONORARIOS DEL SÍNDICO Y SU LETRADO (HONORARIOS EN EL CONCURSO PREVENTIVO -INTERPRETACIÓN DE LOS ARTS. 257 Y 272, LC-)

La presente entrega trata, analizando un fallo judicial, diversas cuestiones de relevancia en relación con las regulaciones de honorarios de los distintos profesionales intervinientes en el proceso concursal.

1. INTRODUCCIÓN

El fallo que analizaremos en el presente trabajo trata diversas cuestiones de relevancia en relación con las regulaciones de honorarios de los distintos profesionales intervinientes en el proceso concursal.

Las mismas se pueden resumir en tres:

I - A cargo de quién se encuentran los honorarios de los letrados patrocinantes de la sindicatura.

II - La posibilidad de apelar honorarios de terceros en contraposición con lo dispuesto por el artículo 272 de la ley 24522 y su interpretación.

III - Cómo deben determinarse los honorarios de cada uno de los integrantes de una sindicatura plural.

2. ANÁLISIS DEL CASO

I - Análisis del artículo 257 de la ley 24522

Establece la norma que “el síndico puede requerir asesoramiento profesional cuando la materia exceda de su competencia y patrocinio letrado. En todos los casos, los honorarios de los profesionales que contrate son a su exclusivo cargo”.

La norma en cuestión modificó sustancialmente el régimen establecido por el anterior artículo 281 de la ley 19551, que otorgaba al Juez la facultad de incluir o no los emolumentos del letrado del síndico dentro de los gastos del concurso.

A tenor de una interpretación a “contrario sensu”, se desprende de la norma que la actuación del síndico es independiente, pudiendo actuar por sí, disponiendo de la facultad de solicitar asesoramiento profesional cuando la materia exceda su competencia, interpretación que se corrobora con las disposiciones del artículo 258, primera parte, de la ley 24522.

El texto lleva a concluir necesariamente que tanto el patrocinio letrado como cualquier otro tipo de asesoramiento profesional que requiera el síndico están a cargo del mismo.

Este último resulta ser un precepto coherente con la intención del legislador de disminuir los gastos del trámite falimentario.

Ello, en tanto disponer lo contrario importaría soslayar el objeto final del procedimiento concursal, cual es el saneamiento de las finanzas de la empresa en crisis.

La jurisprudencia mayoritaria(1) y la doctrina imperante(2) así lo han entendido, al establecer que, conforme con el artículo 257 de la ley 24522, si el síndico optare por requerir asesoramiento profesional, los honorarios que se regulen al profesional que contrate son, en todos los casos, a su exclusivo cargo.

Por último, resulta necesario destacar que, más allá de las oscuras previsiones de la doctrina al momento de sanción de la ley 24522, las modificaciones introducidas a este respecto no han traído aparejados mayores inconvenientes, desprendiéndose de la práctica tribunalicia que la gran mayoría de los síndicos acude al asesoramiento letrado ante las distintas situaciones jurídicas derivadas del proceso concursal, sin que las disposiciones del artículo 257 resulten óbice para ello.

Sin perjuicio de lo expuesto, creemos que la norma resulta sobreabundante, al “permitir” al síndico acudir al asesoramiento profesional cuando la materia excediera su competencia, en tanto disponer lo contrario importaría poner en riesgo gran parte de los procedimientos concursales, con la consecuente implicancia que ello significaría en el desenvolvimiento de la economía de mercado.

No se concibe otra opción: imponer al síndico que se exprese sobre situaciones jurídicas complejas o distintas materias que lo excedan en sus conocimientos resultaría un verdadero despropósito y una solución a todas luces incongruente con el resto del ordenamiento legal.

Coincidimos por ello en la solución a la que arriba el fallo en estudio a este respecto.

II - Análisis del artículo 272 de la ley 24522

Establece la norma lo siguiente: “Apelación. Las regulaciones de honorarios son apelables por el titular de cada una de ellas y por el síndico. En los supuestos del artículo 265, incisos 1), 2), y, según el caso, el inciso 5), también son apelables por el deudor. En los restantes, sin perjuicio de la apelación por los titulares, el Juez debe remitir los autos a la Alzada, la que puede reducir las regulaciones aunque el síndico no haya apelado”.

El artículo indica que las regulaciones de honorarios sólo son apelables por sus titulares y por el síndico, estableciendo a renglón seguido las excepciones a este principio, a saber: en los casos de acuerdo homologado, al sobreseer el procedimiento por avenimiento, y al concluir por cualquier causa el procedimiento de concurso preventivo o la quiebra -art. 265, incs. 1), 2) y 5), respectivamente, L. 24522-, en el que dicha facultad recursiva se otorga también al concursado.

Esta última solución resulta acorde con el resto del ordenamiento concursal, en tanto viene a traer herramientas al concursado a los fines de proteger o “defender” la situación patrimonial de la empresa que, ya de por sí, se encuentra deteriorada, motivo por el cual acudió a la solución concursal para reestructurar sus finanzas.

Una situación particular se presenta en el caso en análisis, en el que se regulan los distintos estipendios profesionales a la sindicatura plural sobre la base de distintos argumentos, y sobre la posibilidad de que un tercero -en este caso, uno de los síndicos- apele los honorarios de otro profesional, en tanto dicha regulación trae aparejada -presuntamente- una disminución en los propios, atento el tope que se debe respetar en la sumatoria de la totalidad de los honorarios regulados -ver art. 266 y concs., L. 24522-.

En el caso, el juzgador ha entendido que, sin perjuicio de la posible falta de legitimación del apelante, la solución se encuentra en el último párrafo de la norma en cuestión.

En principio, esta opción se encontraría vedada por el ordenamiento concursal, de conformidad con la norma estudiada, estableciéndose que, en los casos restantes -es decir, al aprobar cada estado de distribución complementaria por el monto que corresponda a lo liquidado en ella o al finalizar la realización de bienes-, el Juez debe remitir el expediente a la Alzada para la revisión de oficio de los honorarios regulados. Así lo ha reconocido la jurisprudencia.(3)

Esta disposición puede ser objeto de algún cuestionamiento en materia procesal, pero evidentemente pone en manos del Juez las herramientas necesarias para realizar una efectiva protección de la integridad del activo distribuible en los casos establecidos -y sólo en esos casos-.

Según nuestro criterio, la posibilidad de extender el acotado y excepcional alcance de la “consulta” a los otros casos puede importar, eventualmente, un exceso de jurisdicción, en desmedro de las garantías constitucionales de defensa y de propiedad, en tanto no dotaría de firmeza a la regulación de honorarios de que se trata por un plazo extenso.

Es que consideramos que, aun cuando la solución apuntada constituye una excepción al régimen recursivo, no por ello es dable apartarse de los principios generales en esta materia. Admitir lo contrario importaría otorgar en forma indefinida la facultad de revisar oficiosamente los honorarios regulados, situación sobre la cual ya se ha expedido en forma contraria la Corte Suprema de Justicia de la Nación.(4)

Por otro lado, sostenemos que la expresión “en los restantes” resulta clara y limitativa, motivo por el cual extender el supuesto a otros casos implica forzar la interpretación de la norma.

III - Proporción de los honorarios en la sindicatura plural

Adelantamos nuestra coincidencia con la solución adoptada en el fallo analizado, respecto de la proporcionalidad de los emolumentos regulados a los distintos contadores integrantes de la sindicatura plural.

Más allá de la simplificación que puede observarse en algunos fallos en relación con las regulaciones de honorarios -mayormente producidas por un cúmulo de tareas que no permite el análisis profundo de cada caso-, lo cierto es que el Juez posee a su alcance todas las herramientas que le brinda el expediente a los fines de determinar la importancia, la eficacia, el resultado y la calidad de los trabajos realizados por cada uno de los profesionales intervinientes.

La fijación de los emolumentos profesionales no es consecuencia de una aplicación mecánica de determinada alícuota sobre la base legal, sino que deben ser atendidos otros parámetros concurrentes, tales como la relevancia y la extensión de las tareas realizadas.

Es que no necesariamente en una sindicatura plural los distintos integrantes actúan en la misma proporción, motivo por el cual regular “a prorrata” sus honorarios pueden convertirse en una situación por demás injusta y arbitraria.

Claro está que dicha proporción surgirá de las constancias de autos, es decir dentro de la órbita de conocimiento del Juez, ya que resulta imposible que el juzgador determine la proporción de tareas realizadas fuera del ámbito del expediente, situación que, de todos modos -aunque no sería necesario aclararlo-, resulta extraña a la jurisdicción del Tribunal.

3. CONCLUSIONES

Resulta claro el texto del artículo 257 de la ley 24522, en cuanto establece que los emolumentos de los profesionales y letrados que asesoren al síndico son a cargo de éste.

Respecto de la apelación de los honorarios por parte de terceros no mencionados por el artículo 272 de la norma concursal, sostenemos que no procede, en tanto la apelación de los propios estipendios conlleva, seguramente, la modificación de los restantes, mientras que la totalidad de los mismos tiene como tope el porcentaje previsto por la ley -en el caso, el 4% del pasivo verificado-.

De los argumentos expuestos, surge nuestra oposición a que se haga extensiva la posibilidad de revisar de oficio los emolumentos regulados, aun cuando no sean apelados, en los casos no previstos por la norma en cuestión.

Por último, resulta ajustado a derecho que, en caso de la sindicatura plural, la regulación de los distintos profesionales actuantes se realice en forma proporcional a los trabajos realizados en la causa.

4. ANEXO: HONORARIOS EN EL CONCURSO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 272 DE LA LEY 24522. SINDICATURA PLURAL. PAUTAS PARA LA REGULACIÓN DE HONORARIOS DE SUS INTEGRANTES. SÍNDICO CON ASESORAMIENTO PROFESIONAL. HONORARIOS A SU CARGO. FUNDAMENTOS

La ley, al establecer dos categorías para el ejercicio de la sindicatura (art. 253), libró al prudente criterio de los jueces atribuirla a un estudio de contadores, según la magnitud y complejidad del concurso de que se trate(5), pero no innovó con ello en el modo de remunerar la labor de los integrantes de tales estudios, toda vez que la sindicatura es una función de estricto ejercicio personal (art. 258), calidad que corroboran los principios de indelegabilidad e irrenunciabilidad establecidas por la ley (arts. 252, 254, 255 y concs., L. 24522) análogos a los de la derogada ley 19551(6), lo que, a su turno, sustenta dicha remuneración en primarias garantías constitucionales. Siendo ello así, no necesariamente han de ser remunerados paritariamente todos los integrantes del estudio, ni a prorrata de una suma única a compartir entre sí. Por ende -y sin perjuicio de lo que pudieren recíprocamente recompensar en la esfera de su relación convencional, ámbito de una variedad de labores no exteriorizadas en el expediente judicial-, la regulación de honorarios de cada uno de ellos ha de depender exclusivamente de la valoración del desempeño individual.

Conforme con el artículo 257, si el síndico optara por requerir asesoramiento de un abogado, los honorarios de éste no pesan sobre el concurso, siendo a cargo del funcionario que lo contratara. La norma, al eliminar la alternativa que permitía al Juez incluirlos, o no, como gasto del concurso (art. 281 de la derogada L. 19551), revela el criterio, subyacente en la norma vigente, de reconocer en el síndico, en general, legitimación para actuar en el proceso sin patrocinio de un abogado (causa 91.500 - 12/9/2002), como lo revela, además, la preferencia por los contadores públicos que posean títulos universitarios de especialización en sindicatura concursal [art. 253, inc. 1)]. La decisión por el síndico de adoptar tal asistencia halla fundamento en la conveniencia de que lo asesore quien, sin subrogarlo en su tarea y responsabilidad, le aporte conocimientos técnicos que no necesariamente ni en todo caso posee.

La atribución de actuar conforme con la parte final del artículo 272 de la ley 24522 es una excepción a los sistemas recursivos que abren la jurisdicción de la Alzada sólo cuando media el alzamiento, y sólo en la medida de él(7), cuya razón de orden público radica en la custodia de la integridad del activo distribuible, evitando su afectación mediante emolumentos que exceden los límites legales. Y es por ello que dicho artículo 272 prevé la elevación de los autos, para que la Alzada revise oficiosamente la regulación efectuada, así como la base que la sustentó (causa 80.908 - 30/5/2002).

Texto de los autos “Sidal SA s/concurso preventivo” - C1a. Apel. CC de San Isidro (Prov. de Buenos Aires) - Sala II - 28/10/2004 (Parte pertinente)

En la Ciudad de San Isidro, a los 28 días del mes de octubre de 2004, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial, doctores Juan Ignacio Krause, Roger André Bialade y Daniel Malamud, para dictar sentencia interlocutoria en el juicio “Sidal SA s/concurso preventivo (causa 94.771)”. Practicado el sorteo, resulta deber observarse el siguiente orden, doctores Malamud, Krause y Bialade, y plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES

…¿Es justa la sentencia apelada?…

VOTACIÓN

…El Juez Malamud dijo:

A fojas 3.586/7, se homologó la propuesta de Acuerdo Preventivo de fojas 3.087, imponiendo las costas a la concursada y regulando los honorarios de los señores abogados de ésta, de los síndicos Armas y Buceta, y del abogado patrocinante de los mismos. Las importancias fijadas se apelaron por los nombrados síndicos en memoria de fojas 3.601/6, cuyo traslado (fs. 3.621) no fue contestado.

Y en fojas 3.610 se reguló el honorario de la síndico Couto, apelado por ésta con el escrito de fojas 3.626/30, contestado por la concursada en fojas 3.675/6.

1. Se aduce en fojas 3.601/6 que, regulándose en … pesos los honorarios de los abogados de la concursada, en otro tanto los de los síndicos Armas y Buceta, y en … pesos los de su patrocinante, doctor Lordi, el monto total de las regulaciones asciende a … pesos, siendo sólo a cargo de la concursada la cantidad de … pesos, por aplicación del artículo 257 de la ley 24522, que impone a dichos funcionarios la remuneración de su patrocinante, con lo que la propia de ambos queda limitada en total a … pesos.

Se sostiene también que esta última importancia equivale aproximadamente al cero con cuatro por ciento (0,4%) del activo prudencialmente estimado ($ …), considerando entonces que no solamente no se hizo mérito de la importancia, eficacia y extensión de las labores de la sindicatura, sino que tampoco se atuvo el señor Juez anterior a las reglas que al efecto prescriben el artículo 266 del ordenamiento concursal y su hermenéutica.

Se propugna entonces la revocación de lo decidido, modificando la base y el porcentual aplicables, y se practique nueva regulación de todos los honorarios, elevándose los de los recurrentes.

Los cálculos referidos resultan modificados por la ulterior regulación de honorarios de la síndico Couto ($ …) -que eleva el monto total de las regulaciones a $ …, siendo a cargo de la concursada la cantidad de $ …-, y que es apelada por la nombrada con similares fundamentos, a los que añade la censura por la desproporción con el estipendio de sus colegas en la sindicatura plural, que la agravia.

2. Conforme con el artículo 266 de la ley 24522, en caso de acuerdo preventivo, el total de los honorarios de los funcionarios y de los abogados del síndico y del deudor ha de ser regulado sobre el monto del activo prudencialmente estimado por el Juez o Tribunal, en proporción no inferior al uno por ciento (1%) ni superior al cuatro por ciento (4%), teniendo en cuenta los trabajos realizados y el tiempo de desempeño. Añade la norma que las regulaciones no pueden exceder del cuatro por ciento (4%) del pasivo verificado, ni ser inferiores a dos (2) sueldos del secretario de primera instancia.

Por eso, aparte de brindar relevancia a los trabajos realizados y al tiempo de desempeño, tiene en principio una definida pauta regulatoria, dada por el activo prudencialmente estimado por el Juez. Y su segundo párrafo, al establecer la limitación del pasivo verificado (y, según este Tribunal, declarado admisible; conf. causa 93.961 - 4/9/2003), impide que la regulación practicada exclusivamente sobre la base del activo pueda resultar desmesurada o exorbitante (causa 96.325 - 16/9/2004 y Lorente, Javier A.: “Nueva ley de concursos y quiebras” - Ed. Gowa - Bs. As. - 1995 - págs. 414 y 415). Esto es, teniendo en cuenta que si el artículo 266 regula el “caso de acuerdo preventivo”, su segunda parte necesariamente se vincula con el pasivo declarado admisible (arts. 45, 49, 52, 55, 59 y concs. - L. 24522).

Además, maguer ser la totalidad de los honorarios de los funcionarios, y de los letrados del síndico y del deudor lo que debe caber en los parámetros porcentuales que fijan los artículos 266 y 267, no ha de tomarse en cuenta en el pertinente cálculo la remuneración del abogado del síndico, no estando en cuestión que es éste quien debe solventarla (art. 257 citado, causa 92.270 y RI 167/2003).

De acuerdo con el informe general del artículo 39 de la ley de concursos y quiebras, el activo estimado en autos asciende a … pesos (fs. 3.099), trepando el pasivo verificado y admisible a … pesos (fs. 3.100 vta.). Así, aunque la suma de las regulaciones en cuestión no puede ser menor al uno por ciento (1%) -$ …- ni mayor al cuatro por ciento (4%) -$ …- de la primera de tales importancias, tiene por límite al cuatro por ciento (4%) de la segunda, o sea, … pesos, debiendo en consecuencia adecuarse aquéllas a dicha directriz.

No es óbice a ello que -como sostiene la concursada en fs. 3.675 vta.- la apelante carezca de legitimación para apelar por altos los honorarios regulados a los doctores Cruz Martín y Fernández Campón. Cierto es que -en principio- quien no ha sido condenado en costas, respecto de los estipendios fijados, no tiene legitimación para alzarse contra el pronunciamiento que los contiene, lo que halla su razón de ser en que carece de gravamen, y, por ende, de interés legítimo tutelable (Larroza, Ricardo O. y Taranto, Hugo O.: “Honorarios de abogados y procuradores” - Ed. Jurídicas - Bs. As. - 1990 - pág. 439).

Pero no es tal el caso, en la medida en que la suma de todos los honorarios tiene la limitación antedicha, porque la atribución de actuar conforme con la parte final del artículo 272 de la ley 24522 es una excepción a los sistemas recursivos que abren la jurisdicción de la Alzada sólo cuando media el alzamiento y sólo en la medida de él (Fassi, Santiago y Gebhardt, Marcelo: “Concursos y quiebras” - 7a. ed. - Ed. Astrea - Bs. As. - pág. 519), cuya razón de orden público radica en la custodia de la integridad del activo distribuible, evitando su afectación mediante emolumentos que exceden los límites legales. Y es por ello que dicho artículo 272 prevé la elevación de los autos, para que la Alzada revise oficiosamente la regulación efectuada, así como la base que la sustentó (causa 80.908 - 30/5/2002).

3. La ley, al establecer dos categorías para el ejercicio de la sindicatura (art. 253), libró al prudente criterio de los jueces atribuirla a un estudio de contadores, según la magnitud y complejidad del concurso de que se trate (CNCom. - Sala E - 18/7/1997, “in re”, “Canga SA s/concurso preventivo” - ED - T. 175 - pág. 167), pero no innovó con ello en el modo de remunerar la labor de los integrantes de tales estudios, toda vez que la sindicatura es una función de estricto ejercicio personal (art. 258), calidad que corroboran los principios de indelegabilidad e irrenunciabilidad establecidas por la ley (arts. 252, 254, 255 y concs., L. 24522), análogos a los de la derogada ley 19551 (arts. 276 a 279; conf. Couso, Juan C.: “Funciones y responsabilidades de la sindicatura concursal”, en “Estudios de derecho comercial” - Nº 3 - Colegio de Abogados de San Isidro - pág. 31; SC Bs. As. - Ac. 42.409 - 11/12/1990), lo que a su turno sustenta dicha remuneración en primarias garantías constitucionales.

Siendo ello así, no necesariamente han de ser remunerados paritariamente todos los integrantes del estudio, ni a prorrata de una suma única a compartir entre sí. Por ende -y sin perjuicio de lo que pudieren recíprocamente recompensar en la esfera de su relación convencional, ámbito de una variedad de labores no exteriorizadas en el expediente judicial-, la regulación de honorarios de cada uno de ellos ha de depender exclusivamente de la valoración del desempeño individual.

4. Conforme con el artículo 257, si el síndico optara por requerir asesoramiento de abogado, los honorarios de éste no pesan sobre el concurso, siendo a cargo del funcionario que lo contratara. La norma, al eliminar la alternativa que permitía al Juez incluirlos, o no, como gasto del concurso (art. 281 de la derogada L. 19551), revela el criterio, subyacente en la norma vigente, de reconocer en el síndico, en general, legitimación para actuar en el proceso sin patrocinio de abogado (causa 91.500 - 12/9/2002), como lo revela, además, la preferencia por los contadores públicos que posean títulos universitarios de especialización en sindicatura concursal [art. 253, inc. 1)].

La decisión por el síndico de adoptar tal asistencia halla fundamento en la conveniencia de que lo asesore quien, sin subrogarlo en su tarea y responsabilidad, le aporte conocimientos técnicos que no necesariamente ni en todo caso posee.

Mas ha de admitirse, examinando el presente expediente (en el que concurrieron 69 acreedores verificados: fs. 3.032 y fs. 3.075), que su complejidad ha sido, en esencial medida, contable. Y sin desconocer la eficacia del desempeño del doctor Lordi, concluir en que la remuneración para él fijada excede de la adecuada proporción que debe guardar con la de los síndicos obligados a pagarla, y cuyas responsabilidades en el proceso redunda hoy reiterar, adelanto que ha de reducírsela…

A la misma cuestión, los señores Jueces, doctores Krause y Bialade, por iguales consideraciones, votaron también por la negativa…

Regístrese. Devuélvase.

Juan I. Krause - Roger A. Bialade - Daniel Malamud

Notas:

S.PC.072.1.q1

[1:] Ver autos “Fasolino, Víctor c/De la Fuente, Virginia s/quiebra s/incidente de verificación de crédito” - CCiv. y Com de San Isidro - 12/9/2002, “Fernández, Félix Tomás s/quiebra” - CCiv. y Com de San Martín - 10/9/1998 y “Banco Chubut SA s/solicita formación de concurso especial en autos ‘Nautilus SRL s/pedido de quiebra’ ” - CApel. de Trelew (Prov. del Chubut) - Sala B - 28/9/1999, entre otros

S.PC.072.1.q2

[2:] Ver Rivera, Julio C.: “Instituciones de derecho concursal” - 2a. ed. actualizada - Ed. Rubinzal-Culzoni - Santa Fe - 2004 - T. I - pág. 246

S.PC.072.1.q3

[3:] Ver autos “Ingenio La Esperanza SA s/recurso de inconstitucionalidad int. en expediente 6.257/2002 s/concurso preventivo” - TSJ de la Prov. de Jujuy - 9/12/2002

S.PC.072.1.q4

[4:] Ver autos “Keutex SA s/pedido de concurso especial por el Banco Central de la República Argentina” - CSJN - 2/4/1987

S.PC.072.1.q5

[5:] Ver autos “in re”, “Canga SA s/concurso preventivo” - CNCom. - Sala E - 18/7/1997 - ED - T. 175 - pág. 167

S.PC.072.1.q6

[6:] Ver arts. 276 a 279. Conf. Couso, Juan C.: “Funciones y responsabilidades de la sindicatura concursal”, en “Estudios de Derecho Comercial” - Nº 3 - Colegio de Abogados de San Isidro - pág. 31 y SC Bs. As. - Ac. 42.409 - 11/12/1990

S.PC.072.1.q7

[7:] Ver Fassi, Santiago y Gebhardt, Marcelo: “Concursos y quiebras” - 7a. ed. - Ed. Astrea - Bs. As. - pág. 519