INCIDENTES DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN TARDÍA Y CONCLUSIÓN DE LA QUIEBRA POR FALTA DE ACTIVO


I - INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un largo peregrinar sobre estas cuestiones, cuyo origen se remonta al XXXVII Encuentro de Institutos de Derecho Comercial de Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, organizado por el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, y desarrollado en Monte Hermoso los días 5 y 6 de junio de 2003. Allí expusimos como ponencia la necesidad de la reorganización de la sindicatura concursal y el reconocimiento de su carácter de funcionario público, normándose los parámetros en virtud de los cuales deben determinarse sus honorarios, completándose así el estatuto contenido en la ley concursal.

Reconociendo el carácter de funcionario público del síndico concursal, como afirmamos y demostramos en otras oportunidades(1), resulta ineludible que el Estado determina, en la forma más concreta posible, cómo sus honorarios deberán ser afrontados por el erario privado. Actualmente, el Estatuto del Síndico Concursal -L. 24522- carece de “completitividad”, lo que produce que, en ciertos casos, se produzcan inconvenientes. Los principales problemas prácticos se plantean en los incidentes de revisión y de verificación tardía, y en los casos de conclusión de la quiebra por falta de activo.

En aquella oportunidad, nos preguntábamos lo siguiente: ¿hacia quién difiere el Estado el pago de los honorarios de este funcionario público?: ¿al síndico concursal? Nada expreso determina la ley al respecto.

II - HONORARIOS DE LA SINDICATURA EN LA ETAPA EVENTUAL DE VERIFICACIÓN

Específicamente, en los casos de incidentes de revisión y de verificación tardía, siempre reconocimos el derecho del síndico de percibir honorarios por su labor profesional cuando la condena en costas no esté a cargo del concursado.(2)

Entendemos -como dice la doctrina, que no le reconoce tal derecho (principalmente, Rouillón)- que el trabajo del funcionario no difiere del realizado en la etapa tempestiva, pero también es cierto que los honorarios en dicha etapa son cargados al concurso, y cuando en el incidente dichos estipendios se imponen a costa del acreedor, es él quien debe afrontarlo y, para ello, deben individualizarse dichos emolumentos en el incidente respectivo con la correspondiente regulación, por lo que los referidos trabajos no serán considerados en la regulación global en la etapa del artículo 265 de la ley de concursos y quiebras.

No reconocerle dicho derecho a la sindicatura supondría un enriquecimiento indebido del tercero vencido, que podría litigar sin responsabilidad alguna de su parte (Kemelmajer de Carlucci), y eso es lo que ocurre realmente en los casos de las revisiones. Y cuando se trate de presentaciones tardías, las convertirían en menos gravosas para el acreedor “dormido”, pues no afrontaría dicho emolumento, que sería pagado por el concurso en la etapa del artículo 265 de la ley de concursos y quiebras, aunque igualmente estuviese eximido de costas en dicho incidente.

Y no se trata de una retribución extra, porque reconocemos que es una labor normal del proceso concursal de la misma, que correspondería retribuirse en la oportunidad del artículo 265 de la ley de concursos y quiebras, sólo que debe ser individualizada en este momento y diferido su pago al acreedor condenado en costas.

En la revisión tenemos un replanteo temático sobre un crédito, y en la verificación tardía una demanda fuera del sistema ordinario de verificación, por lo que ambos casos provocan un dispendio de actividad sindical -y también judicial-, que deben ser remunerados teniendo en cuenta la imposición de costas de dicho incidente, independientemente de la general del concurso principal.

No sólo debe tenerse en cuenta esa disipación laboral “extra” que realiza el síndico en estos incidentes, sino que, siendo la etapa del artículo 32 de la ley de concursos y quiebras la tempestiva y ordinaria para insinuarse, la revisora -continuadora de aquélla- y la tardía -para los “dormidos”, como decía Provinciali- resultan eventuales y distraen la actividad sindical, por lo que cuando estos incidentes fuesen inexistentes, sería plenamente ocupada en el concurso general, y no especialmente en los créditos objeto de dichos procesos en los que, por alguna causa, sus costas son impuestas al acreedor incidentista.

Tampoco desconocemos que el síndico no es parte en los incidentes; ergo, sigue siendo lo mismo que en todo el proceso concursal: un órgano-funcionario público, imparcial y dictaminador, cuya retribución es diferida por el Estado al erario privado, según la forma en la que sean impuestas y distribuidas las costas. Si éstas son a cargo del concurso, el síndico cobrará en las oportunidades previstas por el artículo 265 de la ley de concursos y quiebras, y si son a cargo del acreedor, se cobrará de este incidentista.

III - HONORARIOS DEL SÍNDICO EN LA CONCLUSIÓN DE LA QUIEBRA POR FALTA DE ACTIVO

Mucho menos tratado por la doctrina y la jurisprudencia, pero más complicado nos parece el caso de la conclusión de la quiebra por falta de activo, cuando éste no alcanza, incluso, para el pago de los gastos y costas del concurso.

La doctrina italiana se ha ocupado del tema y plantea una solución interesante, cual es que, en los casos de quiebras con falta de fondos o con fondos insuficientes, debe hacerse una anticipación por parte del erario, con precedencia a lo debido para los impuestos de sellos y de registro (Pajardi). Aquí, se aplica una norma del derecho italiano inexistente en el derecho local.

No podríamos concluir que, atento a la irrenunciabilidad del cargo por parte del síndico, el legislador pretenda una labor gratuita, pues su trabajo, tal su función, resulta pública y, concretamente en el “sub examine”, no tiene estipulada la forma en la que se retribuye, ni privada ni públicamente.

Resulta interesante, como propuesta, la creación de un fondo común para estos casos, integrado por fondos públicos, como está dispuesto en el “Proyecto de Reformas al Ordenamiento Concursal Italiano” (Pajardi; en el orden local, Argeri), o mediante un porcentaje retenido de los honorarios de todos los síndicos (Farhi de Montalbán).

En un especial precedente (CApel. CC de San Isidro - Sala I) se resolvió que el síndico, como funcionario del proceso concursal, se encuentra facultado para reclamar sus honorarios al único acreedor que peticionó la quiebra si el deudor carece de bienes. Ello, sin perjuicio del derecho que le cabe de repetir contra este último por la imposición de costas al concurso.

Otro antecedente (CApel. CC de San Isidro - Sala II y nueva postura de la Sala I -Ribera-) le impone las costas al peticionante de la quiebra, pues la falta de activo no podría redundar en perjuicio de una quiebra que desarrolló la labor del síndico.

De las tres propuestas, “de lege ferenda”, la de Pajardi es la más coherente, atento el carácter público de la función sindical concursal; la segunda no nos parecería tan justa, por -directamente por una cuestión de sentido común- el hecho de que quien tenga derecho a los honorarios deba afrontar el pago de los mismos en casos especiales. Pero “de lege lata” resulta acertada la última expuesta, ya que la retribución de la función pública del síndico ha sido trasladada por el Estado al sector privado, y cuando el fallido con sus bienes no pueda hacerse cargo de ella, puede ser transportada hacia la órbita del peticionante de la quiebra que instó el procedimiento y, por ende, la actuación de la sindicatura, cuando era imposible desarrollarse la ejecución colectiva y la liquidación de bienes por ser inexistentes. Dicha conclusión no empece que las costas sean impuestas al fallido, lo que permitiría al acreedor repetir de su deudor lo oportunamente pagado.

IV - CONCLUSIÓN

Es necesaria la creación de un completo y verdadero estatuto de la sindicatura concursal que asegure un reordenamiento de funciones y su correspondiente retribución, equilibrada por la labor pública que desempeña.

Notas:

S.PC.076.1.q1

[1:] Ver Graziabile, Darío J. - LL - 4/11/2002

S.PC.076.1.q2

[2:] Pueden verse el tratamiento, la doctrina y los fallos involucrados en Graziabile, Darío J. - JA - 10/12/2003