El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, volvió a pronunciarse en contra de los dichos y las acciones del Gobierno, en el marco de la crisis desatada en torno a la Cámara de Casación Penal, cuando afirmó que “desde el Ejecutivo se tiene la certeza de que en el país sólo existe un poder”.De este modo, el magistrado enfrentó con el presidente Néstor Kirchner y con la diputada y consejera Diana Conti, quien se convirtió durante esta semana en la punta de lanza del oficialismo en la cruzada contra los magistrados acusados de retrazar los expedientes vinculados con las causas de lesa humanidad.

Recondo, salió a la cruce de declaraciones de Conti, quien cuestionó en duros términos un comunicado del Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo mesura en la discusión, según la legisladora los ministros están utilizando “las mismas prácticas de la época menemista”.

Asimismo, opinó que es “muy útil para la república y la democracia” que el Presidente sea la voz de los que no la tienen y pueda “denunciar lo que esta mal y lo pelee”. Sobre los camaristas cuestionados Alfredo Bisordi, Gustavo Hornos, Eduargo Riggi y Ana María Capolupo destacó que éstos “cambiaron su manera de decidir los casos favoreciendo decisiones para los represores, demorando desde 2003 las cuatro megacasusas: ESMA, Plan Cóndor, I Cuerpo del Ejército y Campo de Mayo”

Fue entonces, que Recondo levantó el guante y salió en defensa de sus pares y sostuvo que se debe entender que “en el Poder Judicial hay jueces que son más progresistas, otros más conservadores”, pero destacó que esta diferencia de opiniones es “esencial en una democracia”.

Conti aporta información a la causa

La embestida de la diputada sobre los integrantes de la Sala IV de Casación no quedó sólo en las críticas al comunicado de la Corte, ya que en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y ante un pedido de su par Luis María Cabral, instructor del dictamen, entregó un informe que muestra que el tribunal cuestionado recibió aumentos de personal y presupuesto.

Ese documento, que ya había sido hecho público, reveló que en 1992 la Cámara estaba compuesta por 85 personas entre funcionarios y empleados, pero que en la actualidad el número había trepado a 224. Otro dato, no menos importante, reflejó que el presupuesto de este año fue de $ 23.192.273, cuando en 2004 era de $7.690.167.

Aunque desde la esfera de los jueces acusados se cuestionarán los números que ventiló la diputada, el documento se sumará a la instrucción del dictamen, que según trascendió podría estar preparado en dos meses.

Bisordi de licencia

Agobiado por las presiones y bajo la afirmación de que no tiene pensado renunciar a su cargo como juez, el presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, blanco preferido por el oficialismo para su ataque, sorprendió a todos y decidió pedir una licencia por 30 días. Para justificar la decisión argumentó “razones de salud”.

Este juez fue duramente cuestionado desde el Ejecutivo. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, le exigió públicamente su renuncia y el diputado oficialista Carlos Kunkel lo acusó de ser amigo de los “terroristas de Estado”.

Por su parte, Alberto Fernández ironizó, a mediados de la semana, cuando destacó que Bisordi “se dio por aludido” solo cuando el presidente pidió la aceleración de las causas que tiene este órgano judicial y que permanecen desde hace años sin resolución, ya que el primer mandatario “ni lo nombró” en su discurso.

En esa línea, el funcionario intentó demostrar que no había conflictos de poderes, cuando destacó que “nadie ponía en tela de juicio la honorabilidad de nadie” y que el presidente “se limitó a pedir que los jueces expidan respecto a las causas que tiene.

Primero se escuchará a los denunciantes

El proceso en el Consejo de la Magistratura comenzará a avanzar desde el próximo 12 de abril cuando el pleno comience a escuchar a los abogados Rodolfo Yanzón, Mónica González, Luz Palma Zaldúa, Leonel Curtchague y Flavia Fernández , quienes reclamaron “el inicio de los mecanismos legales para separar en forma urgente a los jueces denunciados.

La decisión de escuchar a los denunciantes fue tomada por unanimidad ante la moción presentada por el consejero juez Luis María Cabral, quien se encuentra recolectando las pruebas para comenzar a analizar si los camaristas incurrieron en un mal desempeño de sus funciones que amerite la conformación de un proceso de juicio político.

Según el reglamento del cuerpo, los dictámenes se deben aprobar en comisión para luego ser girados al Plenario del Consejo, instancia que es la que decide si los jueces denunciados merecen ser suspendidos y sometidos a un proceso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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