Desde el sector empresario aseguran que la indefinición sigue generando inseguridad jurídica, aumentos de costos e incremento de litigiosidad.

Desde el sector empresario exigen que en la agenda del Gobierno y del Congreso se incluya la discusión sobre el actual régimen de la Ley de Riesgos de Trabajo, ya que según denuncian la indefinición en este lleva al sistema a ingresar en la peligrosa senda de la inseguridad jurídica.

Consultado por Infobae Profesional Juan Larrouy, desde Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa, destacó que actualmente la inseguridad jurídica es “absoluta”, a raíz de los reiterados fallos judiciales que “han declarado inconstitucional el sistema de la ley 24.557”

En ese sentido, destaca que de ese modo se habilitó al trabajador a reclamar por la vía civil montos muy por encima de la tarifa impuesta por la norma y ante ello se tornó “totalmente imprevisible”.

Asimismo, expone que como “consecuencias inexorables” se genera “aumentos de costos generados por una mayor conflictividad; riesgo de afrontar condenas por montos exorbitantes”, lo cual también, reflexiona, genera “una falta de certeza a la hora de contratar una cobertura integral”.

En esa misma línea, se ubica Federico Ronchetti de Adrogué, Marqués, Zabala & Asociados, quien destacó que este tipo de temas debe ser considerado como “central” en materia laboral, dado que existe en la actualidad “seguridad jurídica para las empresas”.

En consecuencia, exige que, entonces, “deben incluirse especialmente en la agenda de los legisladores para encontrar en el corto plazo las soluciones que brinden certidumbre a las relaciones laborales individuales y colectivas”.

Para Federico Basile, socio de M&M Bomchil, antes de preocuparse por buscar mecanismos legales “sólo inspirados en la idea de fortalecer el poder de los sindicatos y de los trabajadores en forma individual” y de “terminar con cualquier atizbo de flexibilidad laboral o de adecuado ejercicio del poder de organización y dirección que ostenta el empleador”, el poder político debería, de una vez por todas, “reconstruir determinados institutos legales que fueron destruidos por la jurisprudencia”.
Según, este abogado estas cuestiones deben resolverse de “inmediato” por la sencilla razón de que las personas físicas y jurídicas deben ajustar sus actos a “la ley vigente”, que no es otra que aquella que “no esté expresamente derogada”.

En tanto, Marcelo Aquino de Baker & McKenzie comentó que actualmente los cuestionamientos constitucionales al sistema generaron varios proyectos de reformas, pero se lamentó de que el último proyecto trabajado aún no fuera “remitido al Congreso” y deslizó que cree que, el mismo, se encuentra en “la órbita del Poder Ejecutivo”.

El abogado apuntó que sin perjuicio de no compartir algunos aspectos del proyecto, entendió que de aprobarse permitiría brindar “una contención al trabajador accidentado dentro del sistema” y, así reducir sensiblemente la conflictividad que el mismo actualmente provoca.

“La reducción de litigiosidad beneficia a ambas partes en la relación laboral, ya que por un lado, el trabajador se encuentra en condiciones de recuperar su capacidad laborativa sin necesidad de recurrir a instancias judiciales y, por el otro, la empresa que reduciría los costos encubiertos que actualmente tiene que soportar, además de abonar la alícuota a la ART donde se encuentra afiliada”, manifestó.