Ayer, Diputados aprobó dos iniciativas que dan más poder a los gremios en el manejo de las compañías. Se tratan de las primeras propuestas de reforma laboral sancionadas en el año y ahora se especula que la Cámara baja avanzará por el resto del “paquete”, que hoy lo integran 42 proyectos.

Ayer, la Cámara de Diputados volvió con su avanzada “antiempresa” y aprobó dos proyectos que dan más poder a los gremios en el manejo de las compañías. Uno de ellos exige a los empleadores informar cuándo realizará controles a sus trabajadores y el otro obliga a comunicar que se efectuarán esas inspecciones al sindicato y al Ministerio de Trabajo.

Si bien se especulaba que el “paquete” de reforma laboral iba a quedar postergado, ya que había trascendido que el Gobierno será muy cauto en dar la derecha a los legisladores que propician la reforma tras el rechazo de agrupaciones empresariales de peso, la Cámara baja dio una muestra de lo contrario.

En ese marco, son 42 las iniciativas que modifican la legislación laboral y que pusieron en alerta a las empresas, dado el creciente aumento de facultades que conceden a los trabajadores en detrimento de sus empleadores.

Principalmente, las quejas surgieron porque la mayoría de ellos eleva los costos laborales y limita facultades que la propia Constitución Nacional garantiza a las empresas, como son las libertades de organización y dirección.

Además, porque muchas “dan más poder a los gremios”, caracterizándolas como “setentistas”, en virtud de la época en que el país tenía legislaciones de ese tipo, luego morigeradas en los ’90 a favor de los empleadores.

De aquel total de iniciativas, casi una veintena ya puede ser tratada en el recinto de Diputados, ya que esos proyectos cuentan con dictamen de comisión, pasaporte que habilita su tratamiento para convertirlos en ley.

Incluso, el número general podría incrementarse, si el diputado y asesor de la CGT Héctor Recalde continúa su apuesta a seguir sumando cada vez más proyectos, como los últimos cinco que introdujo este año, que incluye el que busca prohibir el pago de parte del salario de los trabajadores con tickets, pasando éstos a integrar el salario, con carácter remuneratorio.

La alarma por este tipo de proyectos se inició a comienzos del año pasado, cuando sorpresivamente, por lo rápido de su tratamiento en ambas cámaras, se sancionó la reforma del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que modificó el llamado “ius variandi”.

Con aquella norma, las empresas se encontraron con una fuerte limitación para cambiar las condiciones de trabajo, despertando una importante cantidad de reclamos judiciales.

Desde entonces las iniciativas “laborales” se multiplicaron en Diputados y en el Senado, aunque principalmente en la Cámara baja, de la mano de Recalde.

Mayores costos
En Diputados aguarda la que elimina los topes en las indemnizaciones por despido que traería consigo un incremento del 50% de los costos laborales, a partir de que su cómputo se hará directamente multiplicando el salario base por los años de antigüedad sin límite máximo alguno.

Incluso, va más allá del criterio que fijó la Corte Suprema en el caso “Vizzoti”, cuando dijo que aquella la limitación no puede superar el 33% de lo que correspondería sin aplicación del tope en casos de notoria desproporción.

Es decir, si un trabajador despedido tenía una retribución base de $20.000 y una antigüedad de cinco años, hoy y por aplicación de “Vizzoti” debería recibir como indemnización $67.000, pues lo mínimo que se debe pagar es el 67% del salario.

En tanto, con la eliminación de los topes del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en caso de que el mismo trabajador sea despedido, la indemnización que recibiría sería de $100.000.

El proyecto ya tiene dictamen de comisión y espera su tratamiento. En igual situación se encuentra el que pretende modificar la Ley de Concursos y Quiebras y agravar la situación de las empresas en crisis.

Para ello, promueve la derogación de una parte del artículo 20 de aquella norma, que deja sin efecto los convenios colectivos vigentes cuando se produce la apertura de un concurso preventivo.

Hoy, esa norma facilita un respiro a las empresas que atraviesan una crisis financiera, pues al suspender los efectos de aquellos acuerdos colectivos y permitirles negociar con el sindicato un nuevo convenio, quedan eximidas de cumplir con las condiciones más favorables a los trabajadores que usualmente fijan esas regulaciones.

En cambio, el proyecto dispone que una vez dispuesta la apertura del concurso seguirán vigentes los convenios colectivos de trabajo y el empresario no podría negociar con el sindicato condiciones laborales menos onerosas mientras dure la renegociación de los pasivos.

Freno a los despidos
También espera su debate un proyecto que está entre los que más preocupa a los empleadores. Se trata del que ratifica el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que limita los despidos sin causa.

Con ese fin, el convenio –de 1982- establece que si un trabajador considera injustificada su cesantía tendrá derecho a recurrir la medida ante un organismo neutral y será el empleador quien deberá probar la existencia de un motivo que justifique la terminación de la relación laboral.

La ratificación de la normativa de la OIT se persigue en ambas cámaras. En Diputados existe un proyecto de Recalde que ya tiene dictamen de comisión; en el Senado, una iniciativa de la legisladora María Cristina Perceval (PJ, Mendoza) y que ingresó en noviembre último.

Sin embargo, más avanzadas están la que incorpora el artículo 17 bis a la Ley de Contrato de Trabajo y que por una declaración de principios busca evitar desigualdades para el trabajador, y la que modifica el artículo 80, que habilita a los trabajadores a exigir la entrega de certificados laborales una vez al año, sin que se la sustente con una “causa razonable” como indica la ley actual.

Ambas cuentan con media sanción legislativa y aguardan su aprobación final en la Cámara alta.