CONCURSOS. Efectos de la apertura. Ejecución extrajudicial. Suspensión. Improcedencia. Inaplicabilidad del Art. 21 de la Ley 24522

Sumario

63819/2006 – “Licursi Ricardo Oscar s/ concurso preventivo s/ incidente de apelación” – CNCOM – SALA A – 13/02/2007

“La ley prevé la suspensión de las ejecuciones en general como un efecto natural de la apertura del juicio de convocatoria (LCQ: 21, inc. 1°), dicha regla se aplica a las ejecuciones de garantías reales, dado que se suspenden o no pueden deducirse hasta tanto se haya presentado el pedido de verificación respectivo (LCQ: 21, último párrafo). Mas esto no es así, cuando se trata -como en el caso- de una ejecución extrajudicial. Es que éstas se rigen por la LCQ: 23 y 24, de acuerdo con los cuales el concurso preventivo del deudor no tiene en principio incidencia alguna en la marcha de tales ejecuciones. Sólo pesa sobre los eventuales ejecutantes un mero deber de información (en algún caso), de rendición de cuentas (en todos los casos) y de depósito de un eventual remanente (si así correspondiere) y no más que eso, aún cuando alguna doctrina exija además la verificación de la acreencia (cfr. Cámara, “El Concurso y la Quiebra”; Vol. I, p. 499; Tonón, “Derecho Concursar, T° I, p. 349; Rubín Miguel E., “Créditos con Garantía Especial y Procesos concursales en la ley 24.522″).”

“Por eso, a los fines que aquí interesan, el principio general es que en ese tipo de ejecuciones no juega -como regla- la suspensión concursal ni se aplica a ellas la norma legal invocada por la a quo como fundamento de su decisión -art. 21 LCQ- (CSJN, 12.05.87, “Banco Financiero Argentino S.A. c. Criaderos y Semilleros Rumbo SCA”; este Tribunal, Sala E, 04.07.90, “Prealco S.A. s. Conc. Prev. s. inc. de elevación a Cámara”).”

Texto Completo

Buenos Aires, 13 de Febrero de 2007.//-

Y VISTOS:

1.)) Apeló Monetización S.A. el decreto copiado en fs. 81 por el cual se dispuso la suspensión del remate no judicial de las acciones de las sociedades Hebos S.A. y Prophos S.A. de las que resulta titular el concursado, con sustento en lo previsto en la LCQ:21, último apartado in fine.-
Los fundamentos fueron expuestos en fs. 110/114 y respondidos por la sindicatura y el concursado en fs. 118/119 y fs. 123/128, respectivamente.-

2.) Se quejó la recurrente de la decisión adoptada en la anterior instancia con base en: i) que el art. 21, última parte, LCQ no () se aplica a las ejecuciones no judiciales, en tanto existe una norma específica como la del art. 23 que regula situaciones como las del sublite;; ii) que mediante la información y documentación aportada quedó satisfecha la obligación prescripta por la LCQ:23 que impone acompañar el título de la acreencia; iii) que no correspondería tampoco eventualmente la suspensión en los términos de la LCQ:24, tal como propició la sindicatura, pues no median razones de urgencia, siendo que este acto -además- favorecería a los acreedores.-

3.) Habida cuenta que la subasta extrajudicial cuya suspensión fue ordenada por la Señora Juez de Grado estaba prevista para el día 04.10.06, es claro que el tratamiento del recurso en lo que atañe a la realización de dicho acto ha perdido virtualidad.-

4.) No obstante ello, subsisten aún ciertas cuestiones relativas al pronunciamiento dictado por la a quo que también fueron materia de agravio y que, por ende, requieren el debido análisis y tratamiento por parte de este Tribunal. -
En efecto, no es dable soslayar que, para decidir la suspensión de la venta extrajudicial de las acciones que representan el 51 % del capital social de las sociedades Hebos S.A. y Prophos S.A. de la que es titular el concursado y que fueron gravadas con derecho real de prenda en favor de Monetización S.A. como garantía del reconocimiento de deuda suscripto por Hebos S.A., y respecto del cual Ricardo O. Licursi se obligó en forma personal como fiador, la Magistrada tuvo en cuenta “la apertura del concurso preventivo” y “lo expresamente previsto en la LCQ: 21″.-
Es cierto que la ley prevé la suspensión de las ejecuciones en general como un efecto natural de la apertura del juicio de convocatoria (LCQ: 21, inc. 1°) y que dicha regla se aplica a las ejecuciones de garantías reales, dado que se suspenden o no pueden deducirse hasta tanto se haya presentado el pedido de verificación respectivo (LCQ: 21, último párrafo).-
Mas esto no es así, cuando se trata -como en el caso- de una ejecución extrajudicial. Es que, tal como alegó el recurrente, éstas se rigen por la LCQ:23 y 24, de acuerdo con los cuales el concurso preventivo del deudor no tiene en principio incidencia alguna en la marcha de tales ejecuciones. Sólo pesa sobre los eventuales ejecutantes un mero deber de información (en algún caso), de rendición de cuentas (en todos los casos) y de depósito de un eventual remanente (si así correspondiere) y no más que eso, aún cuando alguna doctrina exija además la verificación de la acreencia (cfr. Cámara, “El Concurso y la Quiebra”; Vol. I, p. 499; Tonón, “Derecho Concursar, T° I, p. 349; Rubín Miguel E., “Créditos con Garantía Especial y Procesos concursales en la ley 24.522″).-
Por eso, a los fines que aquí interesan, el principio general es que en ese tipo de ejecuciones no juega -como regla- la suspensión concursal ni se aplica a ellas la norma legal invocada por la a quo como fundamento de su decisión -art. 21 LCQ-(CSJN, 12.05.87, “Banco Financiero Argentino S.A. c. Criaderos y Semilleros Rumbo SCA”;; este Tribunal, Sala E, 04.07.90, “Prealco S.A. s. Conc. Prev. s. inc. de elevación a Cámara”)
Y si bien la suspensión temporaria de remates sobre bienes afectados a garantía hipotecaria o prendaria se encuentra prevista en nuestro ordenamiento concursal como una posibilidad (”… el Juez puede…”-art. 24 LCQ-) derivada de la apertura del concurso preventivo del deudor, para que ello pueda acontecer deben verificarse una serie de circunstancias entre las que se encuentran: a.) que se trate de una caso de necesidad y urgencia evidentes para el concurso y b.) que ese remedio se encuentre enderezado con la continuación de las actividades del concursado y la protección de los acreedores (arg. arts. 16 y 24, ley 24.522).-
Así las cosas, no cupo adoptar la solución en crisis por la sola aplicación del principio establecido en la LCQ: 21.-
En tal inteligencia, juzga esta Sala que corresponde admitir el agravio ensayado por el apelante en lo que toca a la inaplicabilidad de dicha norma legal al caso subexamine, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida sobre el planteo subsidiario introducido por el concursado relativo a la suspensión en los términos expuestos en los párrafos precedentes, al que si bien se le ha dado trámite (v. fs. 81, párrafo tercero), aún no ha sido resuelto por la a quo.-

5.) Como corolario de todo lo hasta aquí expuesto, esta Sala RESUELVE:
(a) Admitir el recurso incoado en fs. 140 con los alcances señalados en los considerandos precedentes y, en consecuencia, revocar el decreto dictado en fs. 81, en lo pertinente.-
(b) Imponer las costas en el orden causado, atento las particularidades de la cuestión y la forma en que se resuelve (CPCC: 68, parr. segundo).-
Devuélvase a la primera instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones pertinentes. La Señora Juez de Cámara Dra. Isabel Míguez no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).//-

FDO.: ALFREDO ARTURO KÖLLIKER FRERS, MARÍA ELSA UZAL
Ante mí: Valeria Cristina Pereyra

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