COSTAS - HONORARIOS DEL ABOGADO - ACCESORIEDAD - PRIVILEGIOS. Que no se haya verificado el crédito principal no obsta a la verificación del crédito por honorarios regulados en el juicio principal si la concursada o fallida fue condenada en costas.

“Arruiz Mario Andrés s/ incidente de revision en: “Catini Carlos Luis s/ concurso preventivo” s/ incidente de revision” - CÁMARA PRIMERA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE BAHIA BLANCA (Buenos Aires) - 19/04/2007

“En un antiguo precedente de esta Sala se analizó el concepto y alcance de la accesoriedad de las obligaciones llegando a la conclusión de que “… resulta evidente que el rechazo de la pretensión verificatoria del acreedor … no puede incidir sobre la suerte del crédito de su letrado por honorarios profesionales devengados en un proceso individual seguido contra la concursada y a la cual se le cargaron las costas. El crédito por honorarios no existe en razón del reclamado en el proceso en que éstos se devengaron, sino en función del trabajo profesional cumplido y la determinación objetiva del vencimiento. Por lo demás, la extinción del crédito “principal” en manera alguna determina la extinción del supuestamente accesorio relativo a honorarios, o -dicho con mayor amplitud- las costas del juicio. Se trata de dos obligaciones independientes, con distinta causa y que deben seguir distinta suerte” (”TOMAS, María Ascensión s/ Incidente de revisión en: Tomas María Ascensión s/ Concurso preventivo”, 28/3/89, L.I. 10, N.O. 71).”

“Si bien es cierto que el origen causal de los honorarios está ligado a la obligación principal sin la cual no habría existido el proceso en el que desempeñara el letrado las tareas merecedoras de retribución, también lo es que una vez devengados los emolumentos el derecho a su cobro se independiza de la suerte que corre aquella obligación.”

“De la misma manera, y yendo ya concretamente al caso de la verificación de los honorarios en el concurso del condenado en costas, la falta de insinuación del crédito “principal” por inactividad del acreedor, o su rechazo -sea por motivos sustanciales o por contingencias del procedimiento- no condicionan la admisión ni el alcance del crédito por honorarios correspondiente a otro acreedor: el abogado cuyos honorarios integran las costas de que es deudor el concursado (v. “Honorarios en concursos y quiebras”, Pesaresi - Passarón, Ed. Astrea 2002, pág. 562 y sig.; “Costas Procesales”, Gozaíni, Ed. Ediar 1998, pág. 461 y sig.; “Límites entre accesoriedad de las costas y regulaciones de honorarios profesionales”, Gozaíni - Beherán, LA LEY 1992-E, pág. 836).”

“El art. 242 inc. 2º de la ley 24.522 dice que en el caso de los créditos enumerados en el inc. 4º del art. 241 (los garantizados con hipoteca, prenda, warrant y los correspondientes a debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante) las costas quedan amparadas por el privilegio especial. El hecho de que el crédito “principal” no haya sido admitido en el pasivo y -lógicamente- tampoco su privilegio, no determina la pérdida de la preferencia que la ley específicamente acuerda a las costas en estos casos. De la misma manera que el juez del concurso debe estimar el monto de los honorarios que no se encuentran regulados para verificar el importe del crédito del abogado, también debe establecer qué privilegio hubiera correspondido asignar a la acreencia que los generó, en caso de que la misma formara parte del pasivo, para hacer aplicación del art. 242 arriba citado.”

TEXTO COMPLETO

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril de 2007, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la Sala Dos de la Excma. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial Doctores Abelardo Angel Pilotti, Leopoldo Peralta Mariscal y Horacio C. Viglizzo, para dictar sentencia en los autos caratulados: “ARRUIZ Mario Andrés s/ INCIDENTE DE REVISION en:”CATINI Carlos Luis s/ CONCURSO PREVENTIVO” S/ INCIDENTE DE REVISION” (Expediente Nro. 128.402)), y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal), resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Pilotti, Viglizzo y Peralta Mariscal, resolviéndose plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1ra) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada de fs. 215/218?
2da) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N

A LA PRIMERA CUESTION EL SR. JUEZ DR. PILOTTI DIJO:

I. El abogado Mario Andrés Arruiz promovió este incidente de revisión con el objeto de obtener la inclusión del crédito que insinuó en el pasivo del concurso por la suma de $ 19.885,16 y que en la resolución prevista por el art. 36 de la ley 24.522 fuera declarado admisible por el importe de $ 5.240. Tras un pormenorizado relato de lo ocurrido en la etapa de verificación tempestiva criticó el temperamento adoptado por el a quo para establecer la cuantía de los honorarios que, en concepto de costas, debe abonar el concursado por la labor que realizó en los autos “Banco Pcia. Buenos Aires c/ Catini Carlos Luis y David Hilda Irene s/ Ejecución prendaria”. Sostuvo que el importe de sus emolumentos debe calcularse sobre la liquidación comprensiva del capital reclamado más los intereses y la multa impuesta al ejecutado en la sentencia de remate dictada en los autos referidos. Practicó nuevamente esta liquidación computando los intereses admitidos en la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución, calculándolos hasta la fecha de presentación en concurso del deudor, y le adicionó el importe de la multa que el fallo impuso al ejecutado arribando a una base regulatoria de $ 124.337,10. Solicitó también que se revise el carácter de quirografario asignado a su crédito en la declaración de admisibilidad del art. 36 de la L.C.Q., y se le reconozca el privilegio que establece el art. 242 inc. 2º de dicho ordenamiento.//-
Al contestar el traslado de la demanda incidental, y tras recordar que en su oportunidad reconoció que el crédito que insinuó el profesional tiene por “causa autónoma” su labor en el juicio en el que ha intervenido, el concursado alegó que no corresponde practicar liquidación de los accesorios puesto que el crédito principal no () fue admitido en el pasivo concursal. Argumentó que las labores profesionales realmente cumplidas por el letrado se limitan al monto que surge de la sentencia y no de una liquidación que incluye intereses y una multa que jamás se harán efectivas por haber quedado el crédito fuera del concurso. Respecto de la preferencia reclamada por el incidentista, y bajo el mismo razonamiento, sostuvo que los privilegios establecidos por la ley en el art. 242 sólo benefician a los créditos que acceden a acreencias admitidas o verificadas como privilegiadas.-
La sentencia rechazó íntegramente la demanda de revisión. En lo que hace a la cuestión debatida el a quo coincidió con los argumentos esgrimidos por el concursado, tanto en lo que respecta a la improcedencia de la liquidación de accesorios sobre el capital para determinar la base regulatoria, como a la inadmisibilidad del privilegio.-
El incidentista se alza contra lo fallado expresando sus agravios a fs. 221/230. Solicita que se declare la nulidad de la sentencia pues encuentra en ella una contradicción en los fundamentos que -entiende- la descalifica al punto de tornarla ineficaz;; ello porque tras exponer argumentos que avalan la posición del concursado, cita un fallo que adhiere a la tesis de la autonomía de los honorarios del abogado respecto del crédito de su principal. Para el caso de que este Tribunal considere abordables las cuestiones planteadas por vía de apelación, requiere que se revoque la sentencia haciendo lugar a la demanda de revisión. A tal fin se extiende en consideraciones relativas a las tesis de autonomía y accesoriedad del crédito aquí cuestionado, retomando bajo esta óptica los argumentos en que fundó su demanda incidental.-
El concursado responde a los agravios argumentando que el principio de autonomía que invoca el apelante no puede esgrimirse como “absoluto y de proyecciones ilimitadas” ignorando que estamos en presencia de un concurso preventivo al que concurren otros intereses además de los del acreedor y el deudor. Considera acertada la sentencia tanto en lo que respecta a la base regulatoria, como al rechazo del privilegio invocado por el incidentista, y solicita su confirmación.-

II. La sentencia, más allá de su acierto o de su yerro, no se halla afectada por vicios que la invaliden como acto jurisdiccional. El a quo ha expuesto los fundamentos por los cuales se pronunció en el sentido apuntado, sin omitir el tratamiento y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. La aparente contradicción argumental apuntada por el recurrente no le ha impedido a éste ejercer cabalmente su derecho de defensa, al punto que ha criticado concreta y razonadamente los fundamentos que dan sustento a la resolución adoptada. Y dado que esos fundamentos son claramente revisables por la vía de la apelación, entiendo que no procede en el caso la anulación propiciada por el quejoso.-

III. Aunque el concursado intente explicar lo contrario, lo cierto es que el sentenciante ha basado sus conclusiones en la tesis de la accesoriedad de los honorarios del abogado respecto del crédito de su cliente. Ello así, pues lo que dice el fallo es que no se puede revisar la inclusión en el pasivo de los $ 5.240 ya admitidos como crédito quirografario en la etapa de verificación tempestiva porque nadie propugnó por la vía procedente su exclusión; pero que, puestos a tratar la revisión planteada por el letrado acreedor, al no haberse verificado la obligación principal no corresponde considerar la liquidación de accesorios ni asignar privilegio alguno a la acreencia insinuada.
No comparto este razonamiento. En un antiguo precedente de esta Sala se analizó el concepto y alcance de la accesoriedad de las obligaciones llegando a la conclusión de que “… resulta evidente que el rechazo de la pretensión verificatoria del acreedor … no puede incidir sobre la suerte del crédito de su letrado por honorarios profesionales devengados en un proceso individual seguido contra la concursada y a la cual se le cargaron las costas. El crédito por honorarios no existe en razón del reclamado en el proceso en que éstos se devengaron, sino en función del trabajo profesional cumplido y la determinación objetiva del vencimiento. Por lo demás, la extinción del crédito “principal” en manera alguna determina la extinción del supuestamente accesorio relativo a honorarios, o -dicho con mayor amplitud- las costas del juicio. Se trata de dos obligaciones independientes, con distinta causa y que deben seguir distinta suerte” (”TOMAS, María Ascensión s/ Incidente de revisión en: Tomas María Ascensión s/ Concurso preventivo”, 28/3/89, L.I. 10, N.O. 71).-
Poco tiempo después la Sala colega del Tribunal, mediante el voto del Dr. Pliner y reviendo un criterio anterior, adoptó la misma posición al sostener que “… el derecho del abogado al cobro de sus honorarios ganados en juicio, directamente contra el adversario condenado en costas -consagrado por lo demás en el art. 58 de la ley 8904- obliga a desgajarlo de su vínculo original con la causa del proceso en que se generaron, y a reconocerle su plena autonomía como crédito personal del letrado” (”MORELLI César Horacio s/ Incidente de verificación tardía en autos Delrieux de Mendoza Angélica s/ Concurso preventivo”, 10/5/90, L.S. 88, N.O. 58).-
Es que si bien es cierto que el origen causal de los honorarios está ligado a la obligación principal sin la cual no habría existido el proceso en el que desempeñara el letrado las tareas merecedoras de retribución, también lo es que una vez devengados los emolumentos el derecho a su cobro se independiza de la suerte que corre aquella obligación. Así, las prestaciones pueden ser de distinta naturaleza, tener por deudores a diferentes sujetos, estar reguladas por regímenes diversos en lo que respecta a la mora, a la prescripción, a los intereses, a los privilegios, etcétera (arts. 54 y 58 del dec. ley 8904, arts. 4032 y 3879 del Código Civil, art. 240 de la ley 24.522). Así lo ha reconocido por mayoría la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bien que en el caso particular de la suspensión de las ejecuciones contra el Estado Nacional dispuesta por leyes de emergencia (”Moschini José María c/ Fisco Nacional”, ED 159-595).-
En el caso puntual de la Provincia de Buenos Aires, la ley arancelaria comienza por declarar en su art. 1º que los honorarios de abogados y procuradores deben considerarse como remuneraciones al trabajo personal del profesional, lo que determina su causa más allá de la obligación que dio origen al proceso en el que ese trabajo se realizó. O como dijo la CSJN en el precedente citado “la causa de la obligación de pagar dichas retribuciones está dada por el servicio prestado por el profesional en el marco de un proceso judicial” aunque pueda afirmarse “-en un sentido no técnico- que el proceso judicial es la razón de ser de la existencia de los honorarios”. Tan es así que el rechazo de la demanda no priva al profesional que asistió al actor de la regulación ni del derecho a percibir sus honorarios.-
De la misma manera, y yendo ya concretamente al caso de la verificación de los honorarios en el concurso del condenado en costas, la falta de insinuación del crédito “principal” por inactividad del acreedor, o su rechazo -sea por motivos sustanciales o por contingencias del procedimiento- no condicionan la admisión ni el alcance del crédito por honorarios correspondiente a otro acreedor: el abogado cuyos honorarios integran las costas de que es deudor el concursado (v. “Honorarios en concursos y quiebras”, Pesaresi - Passarón, Ed. Astrea 2002, pág. 562 y sig.; “Costas Procesales”, Gozaíni, Ed. Ediar 1998, pág. 461 y sig.; “Límites entre accesoriedad de las costas y regulaciones de honorarios profesionales”, Gozaíni - Beherán, ED. 1992-E, pág. 836).-

IV. De lo dicho se desprende que tampoco el monto de los honorarios va atado a la suerte que corra el crédito del cliente en el concurso del deudor, pues si éste optara por hacer una liberalidad a favor del concursado insinuando sólo una parte de la deuda, o si hubiera sido desinteresado parcialmente antes de la presentación concursal, igualmente el profesional conserva su derecho a percibir -o al menos intentar hacerlo- una justa remuneración por el trabajo profesional realizado (art. 2 del dec. ley 8904).-
Y esa retribución debe fijarse de conformidad con las pautas establecidas por la ley arancelaria, que para el caso prevé en su art. 23 que la cuantía del asunto estará dada por la liquidación que resulte de la sentencia por capital, intereses y gastos, disponiendo el art. 34 la proporción de la escala arancelaria aplicable. Por su parte el art. 51 no hace sino confirmar que la base regulatoria debe integrarse con los intereses, frutos y otros accesorios al remitir a la liquidación respectiva. La justa retribución que con disposiciones de orden público protege el decreto ley 8904 no puede establecerse sin atender a estas directivas y, por los fundamentos que vengo exponiendo, la predicada accesoriedad de los honorarios no brinda justificación al apartamiento que hace la sentencia de las normas citadas.-
A este respecto corresponde entonces considerar la liquidación practicada por el incidentista con el objeto de establecer la base regulatoria, y que en su corrección numérica no fue observada por el síndico ni por el concursado.-
Encuentro que la misma se ajusta a las pautas de la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución de la prenda por la suma de $ 43.000 con más sus intereses compensatorios, moratorios y punitorios pactados, estos últimos desde la mora de cada una de las obligaciones asumidas y hasta el efectivo pago (el incidentista los calcula hasta la fecha de presentación en concurso del condenado en costas), más la multa impuesta al ejecutado (fs. 320/322 y 325 del expediente agregado por cuerda).-
Sobre la base de $ 124.337,10 que arroja esa liquidación habrá de establecerse el crédito por honorarios que corresponde al incidentista, de acuerdo con la escala arancelaria y bajo las pautas de los arts. 14, 16, 21 y 34 del dec. ley 8904 (no hubo imposición de costas en la Alzada que amerite la aplicación del art. 31 que requiere el recurrente).-
De acuerdo con las directivas de las normas legales citadas propongo que a los fines de la verificación pretendida los honorarios del incidentista se estimen en la suma de $ 13.500.-

V. Considero que también asiste razón al apelante en lo que respecta al privilegio invocado. El art. 242 inc. 2º de la ley 24.522 dice que en el caso de los créditos enumerados en el inc. 4º del art. 241 (los garantizados con hipoteca, prenda, warrant y los correspondientes a debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante) las costas quedan amparadas por el privilegio especial.-
Siguiendo la misma línea de razonamiento expuesta en el apartado III, el hecho de que el crédito “principal” no haya sido admitido en el pasivo y -lógicamente- tampoco su privilegio, no determina la pérdida de la preferencia que la ley específicamente acuerda a las costas en estos casos. La ley habla de los créditos enumerados en el inc. 4º del art. 241, no de los créditos verificados con privilegio especial.-
De la misma manera que el juez del concurso debe estimar el monto de los honorarios que no se encuentran regulados para verificar el importe del crédito del abogado, también debe establecer qué privilegio hubiera correspondido asignar a la acreencia que los generó, en caso de que la misma formara parte del pasivo, para hacer aplicación del art. 242 arriba citado.-
Nadie discute que el crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires que motivó la promoción del proceso ejecutivo en el que se devengaron los emolumentos del incidentista estaba garantizado con prenda. No lo hizo en su momento el ejecutado ni lo hace ahora en su condición de concursado;; tampoco lo cuestiona el síndico. Esa garantía surge de la lectura de los documentos agregados a fs.74/84 del juicio de ejecución prendaria traído como prueba que deben valorarse a los fines de analizar el privilegio invocado por el revisionante.-

Por estas consideraciones VOTO POR LA NEGATIVA.-

Por iguales fundamentos los señores jueces doctores Viglizzo y Peralta Mariscal votaron en el mismo sentido.-

A LA SEGUNDA CUESTION EL SR. JUEZ DR. PILOTTI DIJO:

De acuerdo con el resultado arribado al votar la cuestión anterior corresponde revocar la sentencia apelada y, haciendo lugar al incidente de revisión promovido, declarar admisible el crédito del incidentista por la suma de $ 13.500 con el privilegio especial previsto por el art. 241 inc. 4º de la ley 24.522. Propongo que en virtud de lo dispuesto por los arts. 69 y 274 del Código Procesal se impongan al concursado las costas por lo actuado en ambas instancias.-
ASI LO VOTO.-
Los señores jueces doctores Viglizzo y Peralta Mariscal votaron en el mismo sentido.-
Con lo que terminó este Acuerdo dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Bahía Blanca, 19 de abril de 2007.-

Y VISTOS: CONSIDERANDO: que en el Acuerdo que antecede ha quedado resuelto que no se ajusta a derecho la sentencia apelada

POR ELLO se revoca la sentencia apelada de fs. 215/218 y se hace lugar al incidente de revisión interpuesto por …, declarando admisible el crédito que insinuara por la suma de … Deposítense los adicionales de ley. Hágase saber y devuélvase.-

FDO.: Abelardo A. Pilotti - Leopoldo L. Peralta Mariscal - Horacio Viglizzo
Ante mí: Fabiana Vera.//-