CONCURSO ESPECIAL – Desapoderamiento. Deudor hipotecario fallido. Inoponibilidad del bien de familia a los acreedores hipotecarios. Inaplicabilidad del Sistema de Refinanciación Hipotecaria (Leyes 25798 y 25908)

“Menehem Abdel Malek s/ quiebra s/ concurso especial (promovido por Monti Jorge y otro)” – CNCOM – SALA A – 13/02/2007

“Más allá de las argumentaciones intentadas por el fallido en el sentido de que el inmueble no podría ser realizado en el marco del proceso falencial, lo cierto es que al constituirse la hipoteca se acordó expresamente la inoponibilidad del instituto previsto por la ley 14.394. En tal contexto, queda claro que el bien excluido inicialmente del desapoderamiento ingresa en la masa falencial a petición de los acreedores hipotecarios que se indican como con derecho a perseguir el inmueble, tal como se advierte de las constancias objetivas de este concurso especial.”

“La existencia de acreencias que resultan inoponibles al régimen de bien de familia (cfr. art. 38 ley 14.394) determina que los planteos esgrimidos por el deudor hipotecario fallido respecto a que el inmueble sería un bien ganancial y que la garantía no debería ejecutarse en el ámbito de este proceso universal, no tienen incidencia a los fines de la dilucidación de la controversia que aquí se analiza en mérito a lo expuesto precedentemente. Vuelve a reiterarse en el caso, que el propio fallido desafectó el bien de familia a fin de obtener el crédito hipotecario, por lo que no más allá de mantenerse su vigencia, la constitución del régimen instituido por la ley 14.394 no resulta oponible a la mentada acreencia hipotecaria otorgada, no advirtiéndose impedimento para que se lleve adelante la subasta del inmueble en el marco de esta quiebra.”

“Es claro que como corolario lógico del desapoderamiento ordenado por el art. 107, de la L.C.Q., el fallido ha perdido la administración y disponibilidad de su patrimonio, y no puede eficazmente cumplir actos jurídicos idóneos para alterar su composición. Puede decirse, pues, que el art. 107 junto con el art. 109, L.C.Q., tiende a la cristalización del patrimonio afectado por la quiebra de su titular, razón por demás clara para concluir en el sentido que el procedimiento de refinanciación hipotecaria resulta inaplicable con el estado falencial del deudor, ya que su actividad jurídica cuya ineficacia sanciona el art. 109, L.C.Q, debe ser entendida en sentido amplio, pues no sólo se refiere a los actos negociales, sino que abarca igualmente a cualquier acto o hecho jurídico.”

Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.//-

Y VISTOS:

1.)) Apeló el fallido la decisión de fs. 82/83, mediante la cual se desestimó el pedido de no subastar su inmueble hipotecado que inscribió en el régimen de financiación hipotecaria establecido por las leyes 25.798 y 25.908.-
El memorial obra glosado a fs. 88/89, siendo respondidos sus fundamentos por los acreedores hipotecarios en fs. 94/97 y la sindicatura a fs.99, quienes requirieron el rechazo de la pretensión recursiva incoada.-
A su vez, la Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara emitió su dictamen a fs. 107/108, proponiendo la confirmación del fallo. Por lo demás, ejercitando la legitimación conferida por el art.37, inc. b), ley 24.946 y 276 L.C.Q, debe entenderse que requirió que se disponga que la magistrada de la anterior instancia, una vez desinteresados los acreedores hipotecarios en caso de ejecutarse el inmueble sujeto al régimen de bien de familia, contemple que el remanente que hubiere sea puesto a disposición del fallido.-

2.) En la resolución recurrida, la Sra. Juez de Grado consideró que el sistema de re financiación de la deuda no () era aplicable al deudor hipotecario en tanto este último se encontraba en estado de cesación de pagos con quiebra decretada, desapoderado de sus bienes e imposibilitado de realizar actos de disposición (L.C.Q: 109, 2° párrafo). Con base en ello, consideró abstracto el planteo de inconstitucionalidad articulado por los acreedores hipotecarios, ordenado, subsiguientemente, la continuación del trámite de la causa según su estado.-
El recurrente se agravió de lo resuelto en la anterior instancia, ya que el inmueble sería un bien ganancial, afectado al régimen de bien de familia desde el 20.12.83 y cuya vigencia habrían consentido los acreedores hipotecarios, acordándose su inoponibilidad. Sostuvo que en virtud de que se aceptó la continuación del inmueble como bien de familia, tal garantía no podría ejecutarse en la quiebra.-
Asimismo, el fallido se ha quejado de que le fuera negada la posibilidad de acogerse al régimen de refinanciación de créditos hipotecarios en mora.-

3.)

a) Como primera medida, apreciase del mutuo hipotecario copiado en fs.3/7 que el inmueble en cuestión está inscripto a nombre del deudor fallido, que su afectación al régimen de bien de familia data del 20.12.83, mientras que el mutuo hipotecario es del 02.05.01 y su falencia del mes de agosto de 2.002.-
Más allá de las argumentaciones intentadas por el fallido en el sentido dé que el inmueble no podría ser realizado en el marco del proceso falencial, lo cierto es que al constituirse la hipoteca se acordó expresamente la inoponibilidad del instituto previsto por la ley 14.394. En tal contexto, queda claro que el bien excluido inicialmente del desapoderamiento ingresa en la masa falencial a petición de los acreedores hipotecarios que se indican como con derecho a perseguir el inmueble, tal como se advierte de las constancias objetivas de este concurso especial.-

b) Sentado ello, la existencia de acreencias que resultan inoponibles al régimen de bien de familia (cfr. art. 38 ley 14.394) determina que los planteos esgrimidos por el deudor hipotecario fallido respecto a que el inmueble sería un bien ganancial y que la garantía no debería ejecutarse en el ámbito de este proceso universal, no tienen incidencia a los fines de la dilucidación de la controversia que aquí se analiza en mérito a lo expuesto precedentemente. Vuelve a reiterarse en el caso, que el propio fallido desafectó el bien de familia a fin de obtener el crédito hipotecario, por lo que no más allá de mantenerse su vigencia, la constitución del régimen instituido por la ley 14.394 no resulta oponible a la mentada acreencia hipotecaria otorgada, no advirtiéndose impedimento para que se lleve adelante la subasta del inmueble en el marco de esta quiebra.-

c) Por otra parte, la invocación del carácter ganancial del inmueble sólo tiene virtualidad en las relaciones entre los cónyuges, pero resulta irrelevante para los acreedores, cuya prenda común se halla conformada por el patrimonio del deudor sin distinción entre bienes propios y gananciales.-
Es que el régimen de bienes gananciales no convierte a la cónyuge del fallido en condómina del bien inmueble de marras, ya que bajo el sistema de administración separada instaurado por el art. 1.276 del C. Civil, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración de los bienes propios y de los gananciales adquiridos por su trabajo personal o por cualquier título, con la salvedad prevista en el art. 1.277. Como corolario, apúntase que el inmueble inscripto registralmente a nombre del fallido, constituye un bien ganancial de administración reservada, y sólo con la disolución del matrimonio y liquidación de la sociedad conyugal, recién nace para el otro cónyuge su derecho a participar en la mitad de los gananciales del otro.-

4.) En cuanto al restante agravio, déjase sentado que el quejoso no esgrime en esta instancia argumentos atendibles para rebatir lo sentenciado por la juzgadora acerca de que el procedimiento de refinanciación previsto en las leyes 25.798 y 28.908 resulta incompatible con la falencia del deudor hipotecario.-
Es claro que como corolario lógico del desapoderamiento ordenado por el art. 107, de la L.C.Q., el fallido ha perdido la administración y disponibilidad de su patrimonio, y no puede eficazmente cumplir actos jurídicos idóneos para alterar su composición. Puede decirse, pues, que el art. 107 junto con el art. 109, L.C.Q., tiende a la cristalización del patrimonio afectado por la quiebra de su titular, razón por demás clara para concluir en el sentido que el procedimiento de refinanciación hipotecaria resulta inaplicable con el estado falencial del deudor, ya que su actividad jurídica cuya ineficacia sanciona el art. 109, L.C.Q, debe ser entendida en sentido amplio, pues no sólo se refiere a los actos negóciales, sino que abarca igualmente a cualquier acto o hecho jurídico.-
Así las cosas, el rechazo del recurso se impone.-

5.) Sin perjuicio de ello, los acreedores hipotecarios al responder el traslado del memorial, pidieron sanciones procesales por falta de buena fe y lealtad procesal que imputan al fallido. A su respecto, señálase que la sola interposición de defensas que resultan improcedentes, como ocurre en el sub lite, y que no se traducen en demoras apreciables en la substanciación de la causa, no justifica la aplicación de la sanción prevista por el art. 45 del C.P.C.C. De tal modo, la petición aquí en análisis será rechazada.-

6.) Por último respecto al requerimiento de la Sra. Fiscal General en punto a que de existir remanente en el producido de la subasta del inmueble del fallido afectado al régimen de bien de familia, quede a disposición del titular del bien (v. fs.108, pto.4), visto que esta cuestión no ha sido propuesta a la decisión de la anterior instancia, encomiéndase al a quo que disponga las medidas que estime corresponder para su debida sustanciación y ulterior dilucidación.-

7.) Por todo lo expuesto, oída la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE:
Rechazar el recurso de apelación interpuesto, y confirmar la resolución dictada a fs. 82/83 en lo que fue materia de agravio.-

Desestimar el pedido de sanciones con el alcance que luce en el considerando 5) y ordenar la sustanciación de la cuestión puntualizada en el considerando 6).-
Imponer las costas de Alzada por su orden, dado el derecho con que pudo creerse el fallido para actuar como lo hizo.-

La Dra. Isabel Miguez no interviene en la presente por hallarse en uso de licencia (art.109 RJN). Devuélvanse las presentes actuaciones a la instancia, encomendándose al Sr. Juez de Grado que notifique a las partes la presente resolución.-

FDO.: ALFREDO ARTURO KÖLLIKER FRERS, MARÍA ELSA UZAL
ANTE MÍ: JORGE ARIEL CARDAMA

Juz 7- Sec n° 14- Sala A n° 29178/06

“Menehem Andel Malek s/ quiebra s/ incidente de concurro especial promovido por Monti Jorge F. y otro” (F.G. n° 94164)

Excma. Cámara:

1. La resolución apelada de fs. 82/83 rechazó el pedido de que no se realizara la subasta del inmueble sito en la calle Cochabamba 2615/17/19, piso 13 U.F. 13 por estar sujeto el crédito hipotecario al sistema de refinanciación de la ley 25.798.-

2. Apeló la fallida que expresó agravios, a fs. 88/89,
Se agravió de que el a quo haya considerado que por haber sido desapoderado el inmueble hipotecado resultaban inaplicables las leyes 25.798 y 28.908.-
Al respecto, argüyó el recurrente que el inmueble en cuestión era un bien ganancial, y que además se encontraba afectado al régimen de bien de familia. Explicó que la acreedora hipotecaria consintió que permanezca vigente tal beneficio, acordándose su inoponibilidad.-
El apelante concluyó que “el haber aceptado el acreedor hipotecario que el bien continuara como bien de familia, determinó que no pueda ser ejecutada la garantía por concurso o quiebra” (sic).-

3. Considero que el recurso no debe prosperar. El procedimiento de refinanciación previsto en las leyes 25.798 y 28.908 resulta incompatible con el estado falencial del deudor.-
En efecto, encontrándose el deudor hipotecario en estado de cesación de pagos con quiebra decretada, y por ende, desapoderado de sus bienes (art. 107 L.C.Q.) y teniendo en cuenta que los pagos que el fallido hiciere resultarían ineficaces (art. 109 2° párrafo L.C.Q.), no resulta admisible que proceda a la refinanciación de la deuda (cfr. Dictamen n° 100.784 emitido el 13.08.04 en los autos “Bianchi Roberto Ángel y ot. c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo”;; en igual sentido, dictamen n° 103.365 emitido el 30 de noviembre de 2004 en los autos “De los Santos, Carlos Humberto s/ quiebra”).-
Las conclusiones precedentes, relativas a la inaplicabilidad de las mentadas leyes de refinanciación al supuesto de autos no aparecen refutadas por los fundamentos del recurrente.-
Respecto del carácter conyugal del inmueble, destaco que de los términos del mutuo hipotecario de fs. 3/7 surge que el inmueble de marras esta inscripto a nombre del deudor fallido.-
La anotación registral constituye base suficiente para determinar que el bien pertenece a la masa de gestión de la fallida, debiéndose destacar, además, que dada la publicidad que trae aparejada esa inscripción en el registro, los acreedores de ésta razonablemente la tuvieron en cuenta como garantía del cobro de sus créditos (art. 5 de la ley 11.357).-
Bajo el sistema de administración separada instaurado por el articulo 1276 del C. Civil, por el cual cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de los bienes propios y de los gananciales adquiridos por su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo, con la salvedad prevista en el artículo 1277, cada cónyuge es propietario de sus bienes y el otro no tiene derecho alguno sobre ellos, ni siquiera posee medios para evitar su dilapidación, porque se está en presencia de un régimen de separación (cf. Vidal Taquini, Carlos: “Régimen de Bienes en el Matrimonio”, 2a ed., pág. 321; dict. n° 69.125, “Mazur, Gustavo Manuel (Electricidad Saenz Peña) s/ quiebra”).-
Como corolario, el carácter ganancial de los bienes solo tiene virtualidad en las relaciones entre los cónyuges, pero resulta irrelevante para los terceros acreedores, cuya prenda común se halla conformada por el patrimonio del deudor, sin distinción entre bienes propios y gananciales (conf. C.N.Com., sala C, 24/4/84, en autos: “Minossi de Portnoy, María C.”, LL 1984-C-369).-
Por último, tampoco resulta audible el argumento del fallido respecto del carácter de bien de familia del inmueble, por cuanto al momento de realizarse el contrato de mutuo hipotecario, las partes acordaron expresamente la inoponibilidad de dicho beneficio al acreedor hipotecario. En consecuencia, en lo que respecta al incidentista, no existe obstáculo legal para que se proceda a la realización del bien asiento de privilegio.-

4. Sin perjuicio de ello, y en ejercicio de la legitimación que me confiere el art. 37, inc. b), ley 24.946 y 276 LC, solicito al juez a quo que desinteresado que sea el acreedor hipotecario -único acreedor al que le resulta inoponible la constitución del bien de familia, conforme surge de los términos de este incidente-, si hubiere remanente sea puesto a disposición del fallido.-
Es que aún en caso de que se ejecute el inmueble afectado al régimen de bien de familia, su producido no debe imputarse al pago de los acreedores posteriores, a quienes la ley 14.394 no les otorga ningún derecho. No puede mejorar la garantía con que contaron los acreedores posteriores a la inscripción (v. Quintana Ferreira, “Concursos” tomo 2, pág. 267, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1986).-
Así lo ha entendido también la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial al señalar que el producido de la subasta de un inmueble del fallido afectado al régimen de bien de familia sólo podrá ser destinado al solventar el crédito ejecutable y de existir un remanente, éste deberá quedar a disponibilidad de los titulares del bien, ya que su afectación subsiste erga omnes, situación que no se altera por la falencia (conf. art. 38, primera parte, ley 14.394 (autos “B.R.D”, sentencia del 8-2-05, Rev. LL del 6-4-05).-

Por lo expuesto, solicito a) se confirme la resolución apelada;; b) se expida el juez a quo sobre lo solicitado en el punto 4.-

Dejo así contestada la vista conferida.-

Buenos Aires, noviembre 20 de 2006.//-

Fdo.: ALEJANDRA GILS CARBÓ, FISCAL GENERAL