La Cámara Comercial ha sentado doctrina plenaria, in  re “Giallombardo, Dante Néstor c/Arredameti Italiani S.A. s/ordinario”, 9.03.07, en el sentido que la promoción del trámite de mediación carece de efectos suspensivos respecto del plazo previsto por el art. 251 LS para promover acción de impugnación asamblearia.

La pregunta era:

¿Corresponde otorgar a la iniciación del trámite de mediación previa efectos suspensivos sobre el plazo para deducir la acción de impugnación asamblearia prevista en el art. 251 de la Ley de Sociedades?

La doctrina plenaria que se fijó es:

No corresponde otorgar a la iniciación del trámite de mediación previa efectos suspensivos sobre el plazo para deducir la acción de impugnación asamblearia prevista en el art. 251 de la Ley de Sociedades.

Lo ha hecho en pronunciamiento sesudo, extenso, donde varios magistrados sintieron la necesidad explayarse respecto de todas las sutilezas en juego en derredor del tópico. Si bien el fallo sentó doctrina vinculante, lo cierto es que lo ha hecho de modo muy trabajoso (se arriba  a la mayoría, fuera de un bloque inicial , con el voto muy particular del juez Heredia, al que adhiere “in totum” la juez Miguens y parcialmente el vocal Vassallo; y con el voto con salvedades de los magistrados Uzal y Kolliker Frers [1]).

La solución con mas consenso, y que terminó siendo doctrina obligatoria, arriba a la solución que era previsible desde el ángulo de la lógica formal: si existe convicción plena (o, al menos, fuertemente mayoritaria) en el sentido de que el plazo del art. 251 LS es un plazo de caducidad; y si también existe convicción plena (o, al menos, fuertemente mayoritaria) que nada detiene el curso de las caducidades -esto es: que no son susceptibles de suspensión o interrupción- la respuesta mas coherente con tales principios es aquella que hoy ostenta el carácter de obligatoria: el pedido de mediación -que según la letra de la ley solo suspende la prescripción- no puede, en modo alguno, “suspender” la caducidad en curso.

Aparece una primera llamada de atención en la adhesión -con salvedades- de los jueces Uzal y Kolliker Frers, pues su postura señala la tensión entre ciertos formalismos conceptuales y la vocación de hacer justicia. Los vocales antedichos responden a la pregunta del plenario conforme el criterio racional ya apuntado, pero destacan que en presencia de “nulidades absolutas” no rige el plazo de tres meses; porque dichos vicios pueden ser atacados en todo tiempo (arg arts. 18 y 1047 Cód.Civil).  Digo que aquí aparece un turbulencia, pues si  se está en presencia de una “caducidad”, ¿Por qué concluir, si nada detiene la caducidad, que las acciones respecto de actos infectados por nulidades absolutas, sean incaducables?

Entiendo que allí hay un “gap” y para salvarlo  hay que sostener que, en verdad, lo que la ley está prescribiendo es que hay ciertos vicios –que ponen en juego el orden público- que no son susceptibles de confirmación por el paso del tiempo.

Si esto es así, parecería que el criterio que define a la caducidad como una suerte de “camello loco y ciego que atropella” (así consideraban los árabes al Destino, según Borges) no es tan sólida. Hay alguna fisura conceptual de la mano de la necesidad de preservar ciertos valores sociales trascendentes.

El art. 251 LS no distingue. Y sin embargo, y para garantizar la primacía de los “primeros principios de orden público” se postula que hay casos excluidos de la caducidad (o, como dice el juez Heredia: quo dan initio vitiosum est no potest tractu tempo convalecere).

El punto no es menor y volveré sobre él al señalar mi propia opinión.

Agrego un nuevo dato perturbador: toda la jurisprudencia que califica el plazo del art. 251 LS como de “caducidad” -otro tanto ocurre, por ejemplo, con el plazo para promover revisión en los términos del art. 38 LCQ- admite pacíficamente el empleo del “plazo de gracia” que consagra la ley ritual (arg art. 124 cpr.).

¿Si la caducidad es imparable; por qué tratar con comprensión ese plazo que se pierde por unas diez horas y media el último día? Si no hay modo de detener el curso de la caducidad –jamás de los jamases y en ninguna hipótesis- ¿por qué reputar que la imposibilidad de presentar el escrito de demanda en el ocaso del día de vencimiento [por los límites del horario judicial] si merece tal tratamiento gracioso? Vale la pena recordar que la posibilidad de presentar un escrito judicial en cierto lapso temporal posterior al día del vencimiento (en jurisdicción nacional: en las dos primeras horas de despacho del día hábil inmediato subsiguiente) es una concesión frente a la imposibilidad de encontrar tribunal competente donde hacerlo una vez que concluyó el horario hábil tribunalicio.

Y por último: LLambías, cuya palabra señera tanto incide en la conceptualización de la “caducidad” incluye entre las caducidades legales a los plazos procesales (“…los términos de caducidad legales se clasifican en civiles o procesales, según la disciplina jurídica a que correspondan….” [2]). Las partes pueden acordar la suspensión de plazos, también pueden hacerlo los apoderados hasta un máximo de veinte días y “…los jueces y tribunales deberán declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente”, art. 157 cpr. [el resaltado en negritas no está en el original]

Es imposible comentar el plenario sin reparar en el voto del Juez Heredia: una ponencia densa, profunda, medulosa y con un aparato crítico de primerísimo nivel [3]. El citado magistrado tiene la convicción, y se nota, que la pregunta del plenario está mal formulada. Es obvio que si las caducidades no se suspenden ni interrumpen, no hay modo que acto alguno (aún la solicitud de mediación) las interrumpa. Pero adosa una sutileza: que una caducidad sea insusceptible de suspensión o interrupción (supuestos sólo referidos a la prescripción, pues ambos conllevan la idea de que el curso se continúa o reinicia a posteriori del acto suspensivo o interruptivo) no obsta a que la caducidad se impida. Y el modo de impedirla, esto es obvio, es promoviendo la acción sujeta a tal plazo de caducidad.

Con base en un fallo de la Corte Suprema de Justicia (“Nastasi, Grace Jane E. c/Aerolíneas Argentinas”, 16.10.02) Heredia concluye que la solicitud de mediación “impide” que se produzca la caducidad (pivoteando sobre la circunstancia que la ley 19.550 no menciona específicamente la promoción de una demanda sino de una “acción” y dando por diferenciado –en jurisdicción nacional, donde rige la ley de mediación previa obligatoria-el concepto de promover una acción, lo que quedaría satisfecho con el pedido de mediación, y de promover una demanda).

Es evidente, por tanto, que aunque el Dr. Heredia vota por la postura mayoritaria [responde que el pedido de mediación no suspende el plazo de caducidad], propone una tesis mucho mas radical; no la suspende porque hace algo mucho mas definitivo: la impide.

El trabajadísimo voto en comentario va mas allá: su autor se anima a preguntarse qué ocurre después de producido el impedimento y concluye que la acción queda sujeta a plazo de prescripción -que él postula trianual; Cód.Comercio: art. 848, inc. 1-. Y no contento con esto, Heredia, llega a la auténtica médula de su tesitura: es imprescindible una reforma legislativa que suprima la necesidad de mediación en reclamos por nulidad societaria.

Algún otro magistrado que adhiere a esta ponencia –el Dr. Vassallo- es mas restrictivo en su enfoque y se detiene en el carácter impeditivo de la presentación; dejando casi en soledad el obiter dictum de aquel a quien adhiere parcialmente [4]; y en libertad al pretorio para encontrar, en cada caso, la solución mas ajustada al mismo.

Las valiosas construcciones de la mayoría (y al desarrollo personal del juez Heredia), ven alzadas en su contra los votos de los jueces Monti [5] y Bargalló.

Monti empieza por una herejía mayúscula: dice, y dice bien, que no hay norma expresa que asigne al plazo del art. 251 LS la calidad de plazo de caducidad (dado que la opinión de los redactores del proyecto, por muy prestigiosa que resulte, no es ley positiva; es todo lo que es pero nada mas: una opinión autoral). Tras un cuidadoso análisis concluye con que se está en presencia de un plazo de prescripción –básicamente, porque en el duda debe estarse por la interpretación mas favorable a la preservación del derecho a accionar [6]-.

Este razonamiento puede no compartirse. Personalmente no lo hago. Parece mas convincente: (a) la idea de un choque de intereses (el de la sociedad que tiene interés y derecho a la estabilidad de sus actos –y que exige, entonces, un plazo de caducidad en homenaje a la certeza-, y del socio potencialmente impugnante) y (b) la prevalencia del interés social. La mayoría ya había señalado el abrumador apoyo jurisprudencial a dicha tesis [7].

Pero el vocal Monti acota algo más. Algo que, a mi modo de ver, tiene la seducción del “ábrete sésamo”, de las llaves mágicas que abrían el acceso a territorios místicos: aún en presencia de una caducidad, ¿por qué aseverar de modo tan riguroso que esta es siempre y en toda ocasión insusceptible de suspensión? [recuérdese el voto de Uzal y Kolliker Frers]. ¿No habrá supuestos en que la primacía del derecho deba hacer tabla rasa con lo que, a la postre, es un prestigioso principio dogmático –y como tal base de una regla general-, pero que no puede reputarse inmutable, blindado, cuando lo que estuviera en juego fueran valores superiores? (esto, es justo reconocerlo, ya estaba dicho con filosa seguridad en conocidos trabajos de Otaegui [8]).

Bargalló continúa en la brecha abierta por Monti. Una exposición sólida y docente-que arranca de algún modo a partir de la tesitura de Otaegui que la caducidad extintiva está sujeta a suspensión por impedimento- transita no solo otras opiniones doctrinarias, entre ellas, la alta voz de Spota [9]; o jurisprudenciales, básicamente, el inusual, pero conocido supuesto, de suspensión del plazo de caducidad para solicitar extensión de quiebra cuando ha mediado disimulación u ocultación de información por parte del fallido –y esto, aclaro, ha viciado de algún modo el informe general del art. 39 habido en el concurso preventivo, que debería servir de base lógica para la promoción de la acción en caso de quiebra indirecta [sin aguardar el no previsto pero usual segundo informe del art. 39 o informe actualizado]-. Remata con la mención de supuestos legales claros de suspensión de plazos de caducidad cuando hay imposibilidad de actuar: art. 58, decreto-ley 5965/63; art. 47 ley de seguros.

El plenario que nos ocupa no arrojará paz en el tema en cuestión. Si lo hará en la práctica (pues será difícil que alguien se anime a postular el efecto impeditivo que sugiere el Dr. Heredia; sino que a la luz del fallo se demandará y solicitará mediación en simultáneo); pero no liberará a las mentes del debate sobre el punto. Ni convencerá sobre lo adecuado de la solución.

Por supuesto que si se hubiera impuesto como doctrina plenaria el desarrollo de Heredia –la pregunta no lo permitía- la discusión sería otra (esto es: si en verdad es posible entender que no hay imposibilidad legal de actuar, porque el “actuar” está configurado por la solicitud de mediación). No es en esos términos en que ha quedado fijada la doctrina plenaria, y a ella corresponderá atenerse –con los reparos y observaciones apuntados supra-

Corresponde, sin embargo, hacer justicia a la mayoría –aún cuando discrepe con la solución-. No puede pensarse que un grupo numeroso de magistrados experimentados, puntillosos y plenamente convencidos de estar arribando a la conclusión correcta, lo hayan hecho seducidos por la simpleza de un silogismo o por apego dogmático a una concepción del instituto de la caducidad [10].

Es evidente que lo que pesó en el ánimo de los jueces fue la necesidad de proveer certeza a las decisiones colegiales y, en algún punto, la convicción de que obrando con mayúscula diligencia –por parte del impugnante- ambos mecanismos (la mediación, el plazo de caducidad) podrían convivir.

En el primer caso la concordancia con la referida necesidad es absoluta. Pero no al costo de poner en riesgo el derecho de acceso a la justicia. Insisto sobre el particular: varios de los distinguidos camaristas apuntaron su convicción de que no había plazo de caducidad alguno frente a nulidades absolutas. Lo que demuestra que el desideratum de la certeza tiene límites.

El segundo supuesto merece un análisis mayor: es cierto que un impugnante muy preocupado que solicite mediación a pocos días de la celebración de la asamblea llegará cómodo –en la mayoría de los casos- a concluir esa etapa y podrá demandar dentro de los tres meses del art. 251 LS. Pero también es cierto que pueden existir imponderables que demoren el citado trámite, colocando en situación angustiosa al referido justiciable. Y lo que es mas fuerte: ello importa reconocer que la mediación previa, al menos en casos como el que se analizan, son un rito ocioso (de lo que se sigue que lo mejor que se podría hacer con el mismo es suprimirlo por vía legislativa).

Si se quiere rescatar el sistema de mediación previa obligatoria, la peor concepción es verlo así: una audiencia molesta que hay que superar para quedar habilitado para accionar en Justicia. Para que el sistema de mediación sirva para algo es menester que esté abierto a discusiones francas, a llevar y traer opiniones disímiles, a la posibilidad de varias audiencias si fueran menester, de tomarse tiempo para pensar cuanto hay de razonable y compartible en las ideas y proposiciones del otro. Hacerlo “contra reloj” porque se vence el plazo del art. 251 LS es matar su esencia. Sin ir mas lejos hay que considerar que en la mesa del mediador no estarán sentadas dos partes con un conflicto pero abiertas de mente, sino un potencial demandante receloso sobre las intenciones amigables del eventual demandado, preguntándose en su fuero interno si una actitud amplia y abierta al diálogo de este último no es sino una estrategia miserable para hacer que pase el tiempo…

Cabría preguntarse si el temario del plenario está mal fijado, si importó una mala pregunta. ¿Por qué una “mala pregunta”? En verdad lo que ocurre es que en ella se muestran los límites del lenguaje y las implicaciones que cada término puede tener.

Adviértase que la pregunta postula que la única alternativa a analizar es la suspensión (se podría incluir conceptualmente a la interrupción), pero el juez Heredia terció con el “impedimento”.

Repárese en que el tema del plenario lleva implícita que la naturaleza jurídica del plazo del art. 251 LS es una “caducidad” y el juez Monti cuestiona tal aserto y, en subsidio, objeta el criterio generalmente aceptado de la caducidad como un decurso indetenible en todo tiempo y lugar. En esto último lo acompaña con peculiar énfasis el juez Bargalló. Véase que así como está formulada la pregunta tres jueces –los Dres. Heredia, Miguens y Vassallo- concurren con su voto a formar mayoría cuando el discurso revela que ellos no reconocen aptitud “suspensiva” al acto de solicitar mediación (respecto de la caducidad) porque lo creen generador de un efecto mucho más fuerte: la de impedir su concreción.

Es cierto que el resultado final no hubiera cambiado: en vez de doce votos por una postura y tres por la otra, el plenario hubiera concluido con nueve votos en un sentido y seis en el otro. Por eso el pesimismo del encabezamiento; aún bien preguntado la historia no hubiera sido distinta.

Magistrados altamente entrenados, lúcidos, estudiosos han dedicado mucho tiempo a solventar la pregunta del plenario. La opinión de un comentarista –en este caso: del suscripto- poco agregará al debate.

Primero porque a diferencia de ellos carezco de la posibilidad de fijar una doctrina obligatoria y no pesa sobre mis hombros y mi conciencia la enorme responsabilidad de hacerlo; segundo porque la sumatoria de matices y mas matices corre el riesgo de terminar oscureciendo el fin perseguido y ayudar a convertir el disenso sobre un tema práctico en una discusión bizantina.

Me hago cargo de tal riesgo.

Con expreso reconocimiento de la valía de todas las posturas, aún aquellas que considero erróneas, y con la conocida alegría que suscita el poder acceder a un debate elevado, profundo, motivador, creo que se puede agregar algún enfoque que enriquezca el debate y permita sustentar las sólidas objeciones que dispenso a la doctrina obligatoria que emana del fallo plenario que aquí comento –sin desmerecer, insisto sobre el particular, la visión de quienes piensan distinto-

Empiezo por confesar, por otra parte, que –en la práctica- yo siempre he aconsejado a quienes asistí profesionalmente en impugnaciones asamblearias que “demandaran” de todos modos, pidiendo la suspensión del trámite ínterin  tramita la mediación.

Hay riesgos que se corren en los congresos, en las jornadas, en los ateneos, en los comentarios de doctrina, pero que jamás puede tolerarse sean corridos por los justiciables.

Sin embargo causa alguna sensación de vértigo el pensar que para preservar un derecho hay que recurrir a lo que técnicamente es una demanda nula (arg art. 14, ley 24.573 y Cód.Civil, art. 1044), bien entendido –sin embargo- que como no hay perjuicio sería una nulidad “en lo solo interés de la ley” y por eso los jueces no la decretan.

Pero en el estricto terreno de las ideas, apunto que –concordando con que el término del art. 251 LS comporta una “caducidad”- me resisto a predicar que la misma es jurídicamente insusceptible de suspensión en cualquier hipótesis.

Y ello por una razón que agraviará a quienes gusten aferrarse a la definición clásica de la figura, pero que encuentro irrefutable: el art. 18 de la Constitución Nacional.

“Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”

Esta sencilla, contundente, breve e irrefutable afirmación solventa el tema, según mi parecer.

Cuando hay imposibilidad legal de actuar (esto es: cuando la ley impide –por alguna razón que el legislador reputó adecuada- defender en juicio a la persona y a los derechos que estuvieran en entredicho) no puede estar corriendo un término cuya consecución importe la extinción del derecho a demandar. Si esto fuera así la defensa en juicio no sería inviolable; quedaría suprimida por el paso inexorable del tiempo. ¿Cómo defender en juicio un derecho sujeto a caducidad; cuando la ley veda tal defensa?

El voto de Heredia recuerda que “…estando comprometido el orden público, la acción de impugnación asamblearia ni caduca ni prescribe…”

Allí el orden público aparece referido al vicio del acto; pero ¿por qué no aplicar la misma tesitura cuanto está en juego el orden público en relación al justiciable? ¿O alguien se animaría a sostener que la “inviolabilidad de la defensa en juicio” no es un regla de orden público y, si es que este puede ser objeto de graduaciones, de máximo nivel?. Volveré sobre el punto.

Las nulidades relativas son, como tales, pasibles de confirmación: incluso por el mero transcurso del tiempo. El derecho a accionar respecto de una nulidad relativa es inviolable y ahí entra a tallar la  impronta publicística.

El litigante particular puede no accionar en caso de una nulidad relativa. Pero si la ley le impide hacerlo (lo coloca en situación de imposibilidad legal de actuar) lo que está en juego es un derecho “inviolable” (lo repito una vez mas por si fuera menester: inviolable).

La propia constitucionalidad de la ley 24.573 estaría en crisis si su aplicación llevara ineludiblemente a un estado total y definitivo de privación del derecho de defensa en juicio -al menos, en aquellos casos que esto ocurriera-

El legislador puede “suspender temporalmente”, y en función a criterios de prudencia política no justiciables, el acceso directo ante los magistrados. En el caso de la ley de mediación ello ocurre conforme una serie de sanas intenciones y está justificado: a) porque se trata de una dilación temporal, b) porque sería esperable que durante la tal dilación no se corriera el riesgo de ver prescripta la acción (art. 29, ley citda) ni pudiera producirse la extinción de derecho por caducidad. Vale la pena recordar que, por ejemplo, la institución de mediación no afectó la posibilidad de requerir medidas cautelares.

Al revés, y en tren de defender la validez de la normativa de mediación, podría postularse que lo que resultaría írrito al sistema constitucional sería una caducidad que no se hicieran cargo la imposibilidad legal de actuar y que lo fulminable resultaría, por tanto, el art. 251 LS (o, si se prefiere, una cierta interpretación del art. 251).

Lo que resulta obvio es que una convivencia plena de ambos dispositivos [tal como la consagrada en autos “Giallombardo”] hace crujir la validez del sistema así articulado; y que debe extremarse el ingenio para encontrar un modo de preservar vigencia a ambos sin crear una situación de ostensible violación del art. 18 CN.

El tema tiene alguna semejanza con la coexistencia, en paridad, de los artículos 71 y 76 de la LCQ. Es intolerable que un acuerdo se aplique a disidentes y tardíos si el deudor puede formular un propuesta que sea un “traje a medida” para cada acreedor (como si se tratara del antiguo acuerdo amigable de la versión original de la ley 24.522, que solo vinculaba a los celebrantes) y que dispense –en mérito a la voluntad de los mas- un trato diferente a los menos. Mas que postular la inconstitucionalidad de alguno de los dos dispositivos (tal como ha hecho la Fiscalía de Cámara con el art. 76 [11]), dado que lo realmente inconstitucional es su aplicación plena y simultánea, hay soluciones que los preservan válidos a ambos y los alejan del agravio a la Ley Suprema; básicamente la línea de interpretación que considera que la “libertad” que predica el art. 71, lo  es dentro de los márgenes del art. 43 (una suerte de remisión defectuosa al citado artículo [12]), o, como ha sugerido otro autor, en tanto y en cuanto el Tribunal -por vía de imponer el derecho de elección a los disidentes de cualesquiera de las propuestas individuales o mecanismo similar-, evite que la mayoría pueda someter a las minorías y disidentes a una regla distinta de la que se autoimponen [13].

Volviendo al caso en comentario: hay que reestablecer el orden jurídico para que el afectado por la imposibilidad legal de actuar recupere, en el tiempo prudencial que previó el legislador, la posibilidad de ejercicio del derecho de impugnar ante los jueces; ocasión en que –libremente y sabiendo que su inacción extinguirá el derecho en breve- decida si quiere hacerlo o no.

Permítaseme una metáfora futbolística: el tema en comentario me hace pensar en un árbitro que, conforme alguna regla de excepción, secuestra la pelota y que, aplicando severamente el reglamento (que nada previó sobre el apoderamiento de la pelota por un tercero) sanciona a los jugadores que se quedan parados por hacer tiempo…

Solo con la pelota en sus pies, podrá exigírseles que jueguen y aplicárseles –si lo hacen incurriendo en deslealtades- las sanciones reglamentarias para tal accionar.

Es cierto que el derecho a “demandar ante los jueces en defensa de los derechos” es un derecho instrumental. Pero también es cierto que sin ese derecho, los demás derechos serían papel mojado. Karl Loewenstein denominó Constituciones semánticas [pura palabrería, diría el saber popular] a aquellas que pletóricas de enumeraciones de derechos (¿es necesario recordar que uno de los sistemas mas oprobiosos del siglo XX consagraba el derecho a la felicidad?) no contaban con mecanismos auténticos que permitieran a los ciudadanos de a pie imponer limitaciones al Poder y hacer que este respetara sus derechos.

Sin necesidad de conocer la anécdota de que sus derechos estaban garantizados para un modesto propietario alemán de fines de fines del siglo XIX ante los caprichos del Kaiser, “mientras hubiera jueces en Berlín”; los constituyentes argentinos de 1853 –y todos aquellos que siguieron la senda trazada en Filadelfia en 1787 (tributaria de las ideas de Locke y Montesquieu), senda bonificada revolucionariamente por el juez Marshall en 1803- tenían muy en claro que la garantía última de los derechos de los habitantes pasaba por la ya citada “inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos”

Las elaboradísimas construcciones de la mejor doctrina nacional o extranjera en derredor de lo que –en verdad- debe reputarse “caducidad” y sus efectos, no puede venir por sobre los textos que los diputados Zapata, Seguí, Leiva, Gorostiaga, Zuviría y los demás integrantes del Congreso Nacional Constituye de 1853 ordenaron, decretaron y establecieron en su condición de “representantes del pueblo de la Nación Argentina” (art. 31 Constitución Nacional).

Tampoco hay argumentos de certeza o promoción del obrar diligente que puedan hacer otro tanto.

Lo anterior lleva a una conclusión durísima, pero que sostengo con respetuosa convicción frente al enorme esfuerzo conceptual del fallo “Giallombardo”: la doctrina plenaria en análisis (esto es: que la solicitud de mediación –art. 4, ley 24.573- carece de efectos suspensivos respecto del plazo del art. 251 LS) es, linealmente, ella en sí misma, inconstitucional.

La inconstitucionalidad de un plenario, acoto como cierre, es mas perturbadora que la inconstitucionalidad de una ley. Cualquier juez (desde Marshall a nuestros días) puede poner coto a la segunda irregularidad, aplicando directamente la Constitución y negando validez a la ley indebida. En el caso del plenario este sujeta –con caracter vinculante y mas allá de su opinión- tanto a los magistrados de primera instancia como a los propios jueces de cámara [14] y, salvo nueva convocatoria a plenario, el único modo de superar el entuerto es recurriendo en vía extraordinaria por ante el mas alto Tribunal Federal.

A publicarse en El Derecho el 3/4/07