“Visentin Ludovico Romano s/ concurso preventivo” - CNCOM – SALA E - 09/02/2007 CONCURSO PREVENTIVO. Sujetos que pueden peticionarlo. Prestamista. Actividad que consiste en la entrega de dinero propio a cambio de cheques que incluyen un interés sobre dicho capital y que, una vez cobrados, son descontados de la deuda. Inexistencia de intermediación financiera. Inaplicabilidad del Art. 1º de la Ley 21526

“Juzga la Sala que, con los elementos incorporados por ahora a la causa, no es posible considerar que el pretenso concursado capte ahorros del público para, a su vez, efectuar préstamos de dinero (operatoria típica de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros). Por el contrario, según su relato y la escasa documentación aportada, entregaba dinero propio a cambio de cheques que incluían un interés sobre dicho capital y que, una vez cobrados, eran descontados de la deuda.”

“Se ha dicho que en el caso de los actos unilaterales o la actividad de aquellos que solamente toman créditos o tan sólo los otorgan, no puede hablarse propiamente de mediación o intermediación, de modo que su actuar queda fuera del ámbito de aplicación de la ley y al margen de la autoridad de control (cfr. Romero, José I., “La actividad bancaria”, RDCQ 2003-101, Lexis N° 21/270, con cita de doctrina y jurisprudencia italiana y de Halperin, “Curso de derecho comercial”, T. I, p. 44).”

“Así, si bien la actividad de intermediación financiera puede desarrollarse de distintas formas y no cabe una interpretación restrictiva del art. 1° de la ley 21.526, lo que resulta claro es que siempre debe estar presente de alguna manera la existencia de los dos extremos de la mediación en el crédito. Si ello no es así, entonces, la actividad no se encuentra regulada por dicho cuerpo normativo ni sujeta al contralor del Banco Central.”

“En virtud de esas consideraciones, el apelante resulta ser un sujeto susceptible de presentarse en concurso preventivo de conformidad con lo dispuesto por la LCQ. 2.”

Buenos Aires febrero 9 de 2007.//-

Y VISTOS:

1. Apeló el pretensor contra la resolución de fs. 63/6 que rechazó el pedido de concursamiento.-
Fundó el recurso con la pieza de fs. 197/202.-

2. a)) El juez de grado entendió que la actividad denunciada por el pretenso concursado estaría alcanzada por las disposiciones de la ley 21.526 -según el texto del art. 1°-, aun cuando no se encontraba autorizado por la autoridad de control para ejercer actos de intermediación de recursos financieros, de modo que no () puede recurrir a la solución preventiva conforme los términos del art. 50 de ese cuerpo legal.-

b) Además, de ello destacó ciertas falencias en el cumplimiento de los recaudos establecidos por el art. 11 de la ley 24.522.-

3. a) En su presentación inicial, el deudor manifestó que trabajaba en una compañía financiera y que en el año 1986 dejó dicho actividad y comenzó a trabajar por cuenta propia, asesorando a antiguos clientes en forma personal. Puntualizó que “Era habitual otorgar y aceptar cheques de pago diferido a 30, 60, 90 o más días” y explicó que “a los clientes se les realizaba una detallada liquidación, que luego firmaban otorgando su conformidad, y luego se procedía a pagarles las sumas requeridas por ellos en efectivo o con cheques de mi cuenta corriente. El interés cobrado por la operación representaba mis ingresos…” (fs. 4).-
Al explicar las causas de su desequilibrio económico dijo que a partir de la crisis económica y financiera desatada en el país, aumentaron en forma considerable el número de deudas impagas por parte de terceros, y por consiguiente, el déficit de sus ingresos era inevitable. Agregó que negociaba cheques recibidos de sus deudores con una cooperativa de crédito, y que, cuando esos títulos comenzaron a ser rechazados, debió soportar de su patrimonio el importe de los mismos.-
Luego, al serle requerido por el juez de grado la presentación de balances y estados contables, sostuvo que “las operaciones efectuadas generalmente se registran mediante recibo de valores con mandato de cobro y recibos firmados por el cliente de la suma entregada” (fs. 61vta.).-
Finalmente, en el memorial de agravios argumentó que no realiza actividad de intermediación financiera, sino que se dedica a prestar dinero propio a interés con garantía de cheques (prestamista).-

b) Juzga la Sala que, con los elementos incorporados por ahora a la causa, no es posible considerar que el pretenso concursado capte ahorros del público para, a su vez, efectuar préstamos de dinero (operatoria típica de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros).-
Por el contrario, según su relato y la escasa documentación aportada, entregaba dinero propio a cambio de cheques que incluían un interés sobre dicho capital y que, una vez cobrados, eran descontados de la deuda.-
La intermediación financiera que describe el art. 1° de la ley 21.526 comprende “dos corrientes de crédito que son inseparables en el ejercicio y funcionamiento de la empresa bancaria y que reaccionan una sobre otra”, que son los créditos que el banco toma de sus clientes, y los que les concede a los mismos, de tal forma que el volumen de depósitos permite al banco ampliar la concesión de créditos a sus clientes (cfr. esta Sala, “Santangelo José María s/ Concurso Preventivo”, del 22/5/90, con cita de Garrigues, “Contratos Bancarios”, p. 31, Madrid, 1975;; y esta Sala, “Bunge Sociedad de Hecho y otros s/ Quiebra s/ incidente de apelación art. 250 Cod. Proc.”, del 18/5/87).-
En el aludido precedente, se hizo referencia a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, interpretando los alcances del art. 1° de la ley 21.526 expresó la caracterización de la intermediación financiera, la que se da cuando en los sucesivos negocios jurídicos emprendidos por el sujeto de que se trata, subyace la actividad de tomar y colocar dinero (CSJN, “Alberto F. Cordeu y otros c/ Banco Central de la República Argentina”, del 5/12/83, Fallos 305-2130).-
Pero, en la especie, como fue dicho no existen indicios por ahora para considerar que el sujeto captara fondos generando el efecto multiplicador del crédito y del dinero, de modo que no se aprecia que su actividad pudiera verse alcanzada por las previsiones de la ley 21.526.-
En este sentido se ha dicho que en el caso de los actos unilaterales o la actividad de aquellos que solamente toman créditos o tan sólo los otorgan, no puede hablarse propiamente de mediación o intermediación, de modo que su actuar queda fuera del ámbito de aplicación de la ley y al margen de la autoridad de control (cfr. Romero, José I., “La actividad bancaria”, RDCQ 2003-101, Lexis N° 21/270, con cita de doctrina y jurisprudencia italiana y de Halperin, “Curso de derecho comercial”, T. I, p. 44).-
Así, si bien la actividad de intermediación financiera puede desarrollarse de distintas formas y no cabe una interpretación restrictiva del art. 1° de la ley 21.526, lo que resulta claro es que siempre debe estar presente de alguna manera la existencia de los dos extremos de la mediación en el crédito. Si ello no es así, entonces, la actividad no se encuentra regulada por dicho cuerpo normativo ni sujeta al contralor del Banco Central.-
En virtud de esas consideraciones, el apelante resulta ser un sujeto susceptible de presentarse en concurso preventivo de conformidad con lo dispuesto por la LCQ. 2.-

4. En cuanto al incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 11 de la ley 24.522 relacionados con la descripción de la situación patrimonial, el deudor pretendió subsanar las falencias destacadas por el a quo al presentar el memorial, lo que el juez de grado desestimó.-
Sin embargo, esta Sala ya tuvo oportunidad de admitir reiteradamente el cumplimiento de los recaudos de la LCQ. 11 en la Alzada frente a que, de circunstancias excepción razonablemente apreciadas, llevaron a concluir que el deudor era merecedor de ese beneficio (v. “Frigorífico El Paisano”, del 20/3/87;; id. “A. Botacchi S.A. de Navegación”, del 9/9/93, entre otros).-
Tales extremos se configuran en el caso, por cuanto no fue requerido con anterioridad que el pretensor supliera las referidas omisiones o que explicara las supuestas inconsistencias destacadas en la resolución apelada.-
Así, no aparece evidenciado en el caso que haya mediado propósito de lograr la extensión de los términos legales, prolongando indebidamente la oportunidad del pronunciamiento judicial (v. en similar sentido, este mismo Tribunal, “Eiffen S.A. s/concurso preventivo”, del 29/8/96).-
Pese a ello, no es posible que la Sala meritúe el acabado cumplimiento de los requisitos de procedencia pues la documentación acompañada fue desglosada (v. fs. 203).-
Entonces, la resolución será revocada, pero se encomendará al a quo que se expida acerca de la suficiencia de las explicaciones e instrumentos acompañados con el memorial a efectos de dictar la resolución prevista por la LCQ. 14.-

5. Por lo expuesto, se resuelve: admitir la pretensión recursiva con los alcances que surgen de los considerandos y revocar el pronunciamiento apelado, sin que corresponda imposición de costas al no haber mediado contradictorio.-

Devuélvase sin más trámite, encomendándole al juez de la primera instancia las notificaciones pertinentes y el proveimiento de las diligencias ulteriores, sobre todo aquellas indicadas en el punto 4 de este pronunciamiento (Cpr. 36:1).//-

Fdo.: ANGEL O. SALA - RODOLFO A. RAMIREZ - MARTIN ARECHA