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Un fallo de la CNCom. (”Banco de la Nación Argentina c. Ciccone Calcográfica”) reincide en un error que creíamos superado. Nos consta que con pugnaz insistencia hemos marcado numerosas desatenciones en materia de procedimientos concursales, casi siempre apoyadas en un lenguaje legal insatisfactorio, cuando no descabalado. Dicho con más claridad: la ley 19.551 (Adla, XXVII-B, 1677) incurrió en desaciertos de conceptualización y vocabulario relativos a aspectos que exigían rigor de enfoque y análisis. Que el síndico fuera funcionario y parte en un mismo proceso —lo mantienen, hoy, los arts. 251 y 275— consideramos que es lo que en otros órdenes más afortunados se llama un sumo.

A pesar de treinta años de crítica, ese desacierto retorna, aunque sin planteo frontal, en el fallo que mencionamos. Refiriéndose al síndico, la sentencia indica que “el principio general es el establecido en la L.C. 275 in fine, esto es, el síndico será parte en el proceso principal” (y funcionario según el art. 251). Una vez más, entonces, el síndico sería “funcionario y parte” en el mismo proceso (cierto que también dice, correctamente, “órgano”; pero ello no lleva a una suerte de empate, pues en el empleo promiscuo de aquellos términos el error sobrevive).

También hemos dicho y seguiremos consignando que la sobrecarga de tareas que soporta el Fuero, con la misma infraestructura material y humana de hace tres décadas y un volumen decuplicado de trabajo, atenúan la medida de esos derrapes, al punto de que en lugar de dirigirle reproches debiéramos aplaudir que en esas condiciones la administración de justicia comercial siga andando.

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La Cámara, acertadamente aunque un tanto al pasar, mienta al síndico como “órgano del concurso”, pero luego lo explica y lo trata como parte. Afirmar esto último no sólo conlleva la maldición originaria de aquella caracterización que le infligió la ley 19.551, sino que en ella va enancado un rol para nada conciliable con la sindicatura. Más claramente, en el proceso principal las calidades de órgano y de parte se hallan separadas y, por momentos, contrapuestas. El síndico no actúa ni puede actuar “por” los acreedores o “por” el deudor. Admitirlo equivale a reeditar remotas configuraciones que entre nosotros culminaron explosivamente en un voto, y nada menos que de un fallo plenario, que agotó los desaciertos. Lo hemos señalado reiteradamente como un extremo —que lo es— en la esperanza de que ocluyera toda posibilidad de reincidencia, considerando la magnitud del dislate. Lo recordaremos breve y parcialmente.

Según el voto aludido, el síndico sería:

- Uno de los “funcionarios del concurso” que “ejercen un mandato legal necesario” que “no nace de la voluntad de los interesados sino de la ley”.

- “… el síndico y el liquidador ejercen un mandato o representación necesaria del deudor y de la masa de acreedores”, sin perjuicio de reconocer que son “delegados del juez

- “la sentencia declarativa de la quiebra produce, entre otros efectos, el nacimiento de la masa de acreedores. La masa tiene derechos que no poseen ni el fallido ni los acreedores individualmente…”

- “El patrimonio de la masa es administrado por el síndico…”

- “…el síndico es un mandatario legal necesario…”

- “siendo la masa de acreedores una persona de existencia ideal… su representante legal y necesario es el juez”

- “la naturaleza jurídica de la relación constituida entre la masa como se ve, es un desacomplejado amontonamiento de transcripciones. Ello impone un explícito descenso a tierra”.

Es decir, representante del deudor, representante de la masa de acreedores, delegado del juez, administrador del patrimonio de la masa, mandatario legal, etc. ¿Es posible que hoy se siga viendo al síndico como “funcionario” y “parte” en el proceso principal?

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La Sala estimó oportuno robustecer su decisión con apoyo en la doctrina, y sin duda eligió bien, pues cita nada menos que a Rouillon. A ese respecto haremos una doble observación. La primera levísima; la segunda, severa.

a) La objeción levísima consiste en que Rouillon no dice lo que la Cámara le atribuye, sino lo contrario.

b) La objeción severa concierne a una tendencia, ya casi un hábito de la jurisprudencia capitalina, a saber, mencionar en abono de lo resuelto únicamente a quien sustenta la tesis adoptada por el tribunal. En trabajo anterior preguntábamos si la fundamentación de las sentencias era una especie en extinción, pues en el caso aludido se citaba al único autor que daba razón al tribunal, omitiéndose a numerosos que afirmaban lo contrario.

El tribunal considera que el síndico es parte en un incidente de revisión, y agrega que “tal conclusión se encuentra corroborada por la doctrina que otorga legitimación al síndico para promover el incidente de revisión previsto por la LC 37 por el interés público afectado (Rouillon, “Apuntes sobre el recurso de revisión. Con especial referencia al tema de la legitimación activa y pasiva”, JA, 1987-III-691)”.

Se trata de una sola, entre muchas opiniones autorizadas que se expresaron al respecto. Cierto que dimana de un insigne magistrado y publicista, bastante de suyo para alhajar una sentencia. Empero, concurre al respecto el óbice ya señalado de que Rouillon no afirma lo que la Cámara le atribuye, sino lo contrario.

En efecto, en el trabajo y pasaje citados por la Cámara leemos: “el síndico (…) ni sustituto del deudor ni de los solicitantes de verificación, sino auxiliar técnico —imparcial— de la magistratura. Su intervención en el recurso de revisión no es, pues, como parte (ni en sentido sustancial ni formal)”. En anterior trabajo (R.D.C.O., 1986, 117) se pronunció de modo más específico y claro al respecto: “El síndico no es uno de los interesados legitimados por el art. 38 L.C. para intentar el recurso de revisión” (hoy ‘art. 37′). Tras mencionar diversas opiniones coincidentes concluye: “Todos los autores a los que me he referido no hacen más que respetar la verdadera naturaleza del síndico, quien no es ni funcionario ni parte, sino ‘órgano’ del concurso”. El maestro Héctor Cámara sentenció que “el síndico del concurso preventivo o quiebra carece de legitimación para incoar la revisión de la sentencia que declara admisible un crédito (…) Ese recurso es de interés entre acreedores y deudor” (R.D.C.O., 1980, p. 74 sigtes.).

En esa misma orientación, Galíndez escribe: “… interesa enfatizar que en el marco del proceso de insinuación —en cualquiera de sus etapas— la labor del síndico se limita a una gestión de colaboración con el juez (…). No representa a los acreedores ni reemplaza al deudor en el concurso preventivo, o al fallido en la quiebra. Y transcribiendo a Rouillon, agrega que “tampoco cabe reconocerle legitimación como tutor de interés ajeno del deudor o de los acreedores, pues éstos conservan legitimación propia para defender sus intereses, ni —menos— la tutela de un difuso interés ‘de la masa’ que, como persona no existe” (”Verificación de créditos”, 3ª ed., p. 203. Antes había escrito que la ley “considera al síndico como parte (…) reconociéndole también su condición de funcionario. Estas atribuciones devienen técnicamente desacertadas. La sindicatura es un órgano del concurso; no es representante de los acreedores ni del fallido aunque su actuación a veces coincida con los intereses de unos y de otros. Su competencia es originaria, propia y específica. Sus poderes no derivan de los acreedores ni del deudor, sino de la ley, de modo que sus actos se atribuyen al concurso”).

Heredia, en su “Tratado Exegético de Derecho Concursal”, t. I, p. 772, considera que el síndico no puede “defender en el incidente de revisión aquello que aconsejó en el informe del art. 35… no le asiste ningún interés para ello, y admitir lo contrario implicaría asignar al síndico una posición de ‘parte’ que no tiene, ya que sólo es órgano del concurso. Como lo precisó con razón el doctor Pliner en un enjundioso voto, ‘en el proceso de verificación de créditos el síndico no es parte en el sentido procesal del vocablo ni representa un interés específico en las cuestiones que allí se debaten’”. Lo mismo venimos sosteniendo, si no con fundamentos, al menos con extensión, en “Verificación de Créditos” desde su primera edición.

Adviértase que el reclamo contra la deformación del papel que inviste el síndico en el proceso concursal no consiste en mera apetencia de corrección lexicográfica. Lo demuestra el episodio que seguidamente resumimos.

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La Justicia Federal debió resolver si el incumplimiento de sus deberes por el síndico de un concurso responsabilizaba al Estado en términos del art. 1112 Cód. Civil, esto es, hechos y omisiones “de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones” que causaren daño. Para pronunciarse al respecto, los magistrados recurrieron a la ley 19.551 —a la sazón vigente— en busca de la configuración auténtica de la sindicatura, y como leyeron en el art. 275 que se trataría de un “funcionario”, estimaron que tal era la investidura que correspondía pues dimanaba de la ley específica. Y también encontraron que un fallo de la C.Nac.Com. establecía que “el síndico, si bien es parte, reviste fundamentalmente la condición de funcionario público (”Compañía Aceitera”) “Funcionario público”, entonces. Por tanto, el Estado debía responder en términos del citado art. 1112 Cód. Civil.

Sintetizamos el caso. En un concurso preventivo el síndico omitió su deber de inscribir en el Registro de la Propiedad la inhibición decretada contra el concursado, quien posteriormente vendió un inmueble, operación posibilitada porque los informes recabados por el escribano no decían de interdicción alguna. El concurso preventivo derivó en quiebra y en ella se promovió una acción por ineficacia que descalificó aquella venta y atrajo el inmueble a la liquidación falencial.

El otrora comprador, que había adquirido el inmueble de buena fe, se encontró ante la circunstancia inesperada de que lo privaban del bien. Además, nuestra ley —a diferencia de otras que exhibe el derecho comparado— no contempla la posibilidad de que el tercero alcanzado por la ineficacia pudiera intentar ante la quiebra el reconocimiento de lo pagado. Ante esa aporía, el frustrado adquirente recurrió al art. 1112 Cód. Civil según el cual el Estado es responsable por los daños ocasionados por los funcionarios públicos en el ejercicio irregular de sus funciones. Omitiendo etapas, la Cámara, que necesitaba saber si el síndico del concurso era “funcionario”, buscó en la ley 19.551 y se encontró, como dijimos, que efectivamente se trata de un “funcionario” y funcionario “público” según el tribunal especializado. Ergo, condenó al órgano del concurso y al Estado a reparar el perjuicio que había sufrido el accionante por la incuria del síndico al no anotar la inhibición. Llegado el expediente a la Corte Suprema la sentencia fue revocada (LA LEY, 1999-F, 497).

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Quedó dicho qué no es el síndico. Ahora se impone el enfoque alterno, vale decir, qué es, y lo hemos sometido a un célebre apotegma heideggeriano: el síndico “es lo que hace”. Mostremos algunos rasgos.

En el capítulo rubricado “Reglas procesales”, el art. 275 dice que “compete al síndico efectuar las peticiones necesarias para la rápida tramitación de la causa, la averiguación de la situación patrimonial del concursado, los hechos que puedan —sic— haber incidido en ella y la determinación de sus responsables” (igual texto que en la ley 19.551).

Remarcamos que la ley otorga competencia al síndico para “efectuar las peticiones necesarias”, concernientes a

- La rápida tramitación de la causa

- La averiguación de la situación patrimonial del concursado, los hechos (…) y la determinación de sus responsables.

De ninguna manera es así. Las “peticiones necesarias” que dice la ley corresponden apenas en mínima medida a la cabal competencia y a los poderes-deberes que configuran la sindicatura. Más todavía: los actos que mejor caracterizan el rol del síndico y se califican como de máxima importancia a ese respecto, no son “peticiones” como dice el art. 275 in capit, pues las anotaciones del art. 14 inc. 6 y 7, los informes y demás pasos del art. 16 sobre pronto pago, el regalo de los arts. 3 y 4 ley 26.086, la certificada del art. 29, la recepción de los pedidos de verificación art. 32, las indagaciones del art. 33, la presentación de copias del art. 34 in fine, y, omitiendo lo ahora prescindible, las piezas decisivas de los arts. 35 y 39, no son por cierto peticiones. Más bien hacen a los pasos de continencia sustancial que deben cumplirse en la causa, y que contrastan, casi a la manera de antiguas divisiones, con las mucho menos relevantes tareas que enuncia la disposición analizada en sus ocho incisos, pues a los fines de “la averiguación” que menciona su primer párrafo, impone los siguientes deberes y su ínsita competencia (aunque las llama “facultades”).

- Librar cédulas y oficios…

- Solicitar informes…

- Requerir explicaciones…

- Examinar expedientes…

- Expedir certificados…

- Solicitar medidas…

Esa enumeración rapsódica culmina con la —diríamos— “famosa” caracterización del síndico como “parte en el proceso principal”, el mismo proceso en que rola como funcionario según el art. 251.

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Adviértase que las “facultades” que enumera el art. 275 puntualizan aspectos de la función señalada por esa norma in capit, esto es, las “peticiones” ya señaladas, pues tras la prescripción genérica indica que “a tal fin” —o sea, en relación con las “peticiones”— se le asigna la competencia consignada en los diversos incisos. Tamaña insuficiencia de los deberes-poderes atribuidos al síndico por el art. 275, se patentiza con un fugaz chequeo de la misma ley, según la cual le incumbe.

- Vigilar “la administración de su patrimonio por el concursado” (art. 15)

- Asumir la tremenda tarea que le imponen los arts. 3 y 4 ley 26.086 (Adla, LXVI-B, 1368).

- Recibir los pedidos de verificación (art. 32)

- “… realizar todas las compulsas necesarias en los libros y documentos del concursado…” (art. 33)

- “… redactar un informe sobre cada solicitud de verificación en particular…” (art. 35)

- Elaborar y presentar el informe del art. 39

- Emitir el curioso dictamen del art.56, penúltimo párrafo

- Intervenir en el incidente de revocación de la sentencia declarativa de la quiebra (art. 95)

- Asumir la administración de los bienes del fallido (art. 109)

- Sustituir al quebrado en los juicios concernientes a la masa falencial activa. (art. 110)

- Incautarse los bienes, libros y demás documentos contables del fallido, y atender a su custodia y administración (art. 177 y  sigtes.)

- Disponer la continuación inmediata de la actividad empresarial, si las circunstancias lo aconsejan (art. 189), etc.

Bastante más, pues, que “peticiones”, ya que si intentáramos un resumen de su quehacer en el proceso concursal, nos encontraríamos con que, además de “peticionar”, vigila, investiga, informa, opina, aconseja, denuncia, actúa en juicio por el fallido, actúa en juicio por la quiebra, se incauta de bienes y papeles del fallido, custodia y administra esos bienes, y un largo “etcétera” como diría Martorell.

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Lo escuetamente señalado en “6″ da razón a una vieja postura doctrinaria según la cual el síndico cumpliría algo así como dos tipos o géneros de actividades, que bajo cambiantes denominaciones podríamos llamar “administrativa” y “procesal”. Se destacaba como más importante y definitoria del rol del síndico lo atinente a administrar la quiebra: así dicho, porque en ese papel no se limitaba a los bienes actuales del fallido. En algunos ordenamientos se lo calificaba, derechamente como “administrador”. Al margen de la mayor o menor importancia heurística de esa clasificación —que no nos convence—, la actividad del síndico es la que surge a lo largo de todo el régimen legal; entiéndase, no solamente de la ley de concursos, porque fuera de ésta también hay prescripciones que imponen cierta tarea de la sindicatura. En suma: la actividad de administración es la que resulta de concretas prescripciones legales (ejemplo, los cap. IV y VI del título III de la ley).

Mucho más desperdigados se hallan los deberes y competencias atinentes al quehacer procesal del órgano del concurso, pero desistimos de esa tarea inmensa —en otra sede algo dijimos— y vamos a mostrar algunas travesuras que nos fuerzan a reexaminar la función que incumbe al órgano del concurso y eventual extensión por orden judicial. Ello tiene que ver con situaciones señaladas por la doctrina y Dios sabrá cuántas veces padecidas de facto, por ejemplo, un acreedor declarado admisible se hace promover incidente de revisión por algún coadjutor que nunca falta para evitar que lo demanden un acreedor de veras o el concursado, y vencido el plazo del art. 37, aquel incidentista ad hoc desiste o abandona el juicio. Lo mismo si se promueve demanda por verificación tardía y el concursado no contesta (por tanto, tampoco ofrece prueba). La obviedad de que los intereses en juego no son únicamente los del actor y el demandado en el artículo hace que aquellas maniobras preocupen a juez y síndico así como a cualquier otro interesado, con vistas a ordenar o solicitar medidas para cohibir el abuso.

Un jueguito más conocido y tolerado es el desistimiento —o su equivalente, el abandono de la instancia— en el pedido de quiebra por acreedor. Es notorio que muchos pedidos de quiebra, tal vez los más, son medios coercitivos para inducir al deudor a que pague. Alguna vez preguntamos si se trataba de pedido de quiebra o de juicio ejecutivísimo.

El art. 94 de la ley 19.551 establecía, con tanto rigor como candidez, que “El acreedor que pide la quiebra no puede desistir de su solicitud”; pero podía abandonar la instancia hasta que la caducidad se operara. La ley vigente facilitó el manejo: “el acreedor que pide la quiebra puede desistir de su solicitud mientras no se haya hecho efectiva la citación prevista en el art. 84″ (N.B.: la ley actual, como la anterior, llaman “citación” al emplazamiento que ordenan los arts. 91 y 84 respectivamente).

Se trata de casos en que el juez podría ordenar al síndico que reingrese en las actuaciones abandonadas por el peticionario, pero ello se supedita al establecimiento de trámites y de fines decididos en orden a evitar que se considere “la petición de quiebra como un procedimiento ejecutivo más, cuando no el medio de ejecución puesto a su exclusiva disposición por el legislador para obtener la satisfacción de sus créditos incumplidos (…) … solicitar la falencia exclusiva y excluyentemente su mere interés individual” (Rouillon). En la misma tesitura, Cámara consigna que “es muy corriente abusar de los pedidos de quiebra como medio coactivo de cobro. La quiebra por solicitud de acreedor no ha dejado de ser, en la absoluta mayoría de los casos, el medio de coacción rápido y barato de cobrar…”, y refiere que en un plenario la Cámara Comercial fue consignado que “sólo el diez por ciento de los pedidos de quiebra iniciados terminan efectivamente en la quiebra”.

Incluso podría no tratarse de maniobras. Nada cuesta pensar que un concursado meramente omite contestar el traslado de una demanda incidental. Tampoco en esa hipótesis —que en los tiempos que corren deben examinarse con severa acucia— el juez puede restar indiferente, y la razón se expuso a respetadísimo nivel. Liebman sentenció que “si la quiebra sirve para satisfacer paritariamente a los acreedores del empresario insolvente en armonía con la tutela de intereses generales de la sociedad y del comercio, no basta para satisfacer el sentido jurídico hacer depender la admisión de un crédito de la omisa oposición de los interesados, sino que hace falta la positiva e incontrastable certeza de su existencia” (citado por Lanfranchi, “La verificazione del pasivo nel fallimento“, p. 13).

Una ocurrencia in itinere de la ley 24.522 en la materia que nos ocupa merece párrafo aparte.

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Desde hace décadas padecemos una desinterpretación de los poderes del fallido en la etapa de verificación de créditos. El art. 110 L.C., repitiendo un texto de la anterior —art. 114— prescribe, bajo la rúbrica “legitimación procesal del fallido”, que este último “pierde la legitimación procesal en todo litigio referido a los bienes desapoderados, debiendo actuar en ellos el síndico”. Ese texto tan claro, pero tan claro, dice que la incapacidad procesal rige “en todo litigio relativo a los bienes desapoderados” —curiosa hipálage, porque desapoderado es el fallido, no sus bienes—, y los bienes del fallido componen la masa falencial activa, así como la alterna es la llamada “masa pasiva” —vale decir, concerniente al pasivo de la  quiebra— y a este último respecto nada dice la ley. En otras palabras, sobre los juicios que hacen a la masa pasiva —incidentes de revisión y de verificación tardía en especial— la ley no fija ninguna incapacidad.

Sin embargo, los tribunales, en su mayoría y casi sin excepción en la Capital Federal, negaron y aún niegan la intervención del quebrado. Tal postura, buena o mala que fuere, carece por completo de apoyo legal y sólo se explica por el arrastre insidioso del apriorismo que considera al fallido como un incapaz de hecho. En cambio, diversos tribunales de provincias enfocaron bien el régimen legal, o sea, la competencia del fallido para intervenir en los incidentes relativos a la masa pasiva, aunque debían contemplarse peligrosas tentaciones, a saber, si la incorporación de acreedores dependiera de un litigio entre ellos y el fallido, qué fácil sería inventar pseudoacreedores (en estos últimos años, vía A.P.E., se los ha fabricado con la estimulante tolerancia judicial, en medida sobrada como para excluir hasta el menor resabio de inocencia).

El alterno del ostracismo impuesto al fallido por la jurisprudencia consistiría, pues, en la intervención del mismo como parte —actora o demandada— en la fase eventual de la etapa de verificación, pero resultaría sencillísimo, repetimos, inflar la masa pasiva para licuar el activo. Sin embargo, tal extremo —que lo es— no impone el extremo de signo opuesto que consagró la jurisprudencia, o sea, la radiación del quebrado. No había ninguna necesidad de optar entre Escila y Caribdis, pues la intervención del fallido en los juicios atinentes a la conformación del pasivo no excluía su actuación promiscua con el síndico, sea por prescripción legal —que no es el caso en nuestro régimen—, sea por disposición del juez. Lo venimos señalando desde 1982 con éxito cero, tal vez por lo disparatado de la propuesta (pero nadie nos quita el premio consuelo de atribuirlo a la novedad anticipatoria de la tesis).

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Dos referencias más. Parecería que la ley 24.522 procuró superar el ilegal apartamiento del fallido en la fase voluntaria de la etapa de verificación, pero el propósito se derritió en una —apenas— eventualidad, para más con un agregado de interrogantes sin respuesta que importaron un apreciable aporte a la confusión.

Resumimos el problema: vimos que la ley priva al fallido de intervenir en los juicios atinentes a la masa activa (art. 110), pero no en los incidentes de revisión y de verificación tardía. Ergo, el fallido mantiene su capacidad procesal en estas causas. Pero ocurre que esa realidad normativa choca contra una especie de a priori que condiciona el acceso al problema, a saber, la asumida aunque no expresada incapacidad del quebrado. Quienes lo tratan como incapaz, frente a la pregunta concreta lo dicen capaz, excepto esto o aquéllo. La repetida esquizofrenia, el fallido es capaz, pero en su lugar actúa el síndico.

La ley 24.522 parecería que atendió el reproche dirigido a esa interpretación y quiso remediarla, pero el resultado traicionó las buenas intenciones. En efecto, hizo un agregado al art. 114 ley 19.551, a saber, “puede hacerse parte en los incidentes de revisión y de verificación tardía”, con lo cual, en vez de remediar, mantuvo y reforzó las falencias que el régimen anterior consagrara. Resumiendo,

a) Al establecer que puede hacerse parte consagra ese comportamiento como eventualidad, esto es, el facultamiento únicamente tiene sentido si el quebrado no es parte. Agrava, pues, el ostracismo que fue discutido bajo la ley 19.551.

b) Si el fallido puede hacerse parte según el nuevo léxico del art. 110 —digamos que puede solicitar al juez que le confiera ese rol—, y esa posibilidad es ejercitable “en los incidentes…”, ello supone que tales incidentes ya están andando, y no parece que el legislador hubiera entendido otra cosa.

c) Ese presupuesto legal de que el incidente estuviere ya en marcha conlleva la improcedencia de que el quebrado fuese quien lo promoviese. En ese punto “principalísimo” todo está como era entonces, y el aporte de la ley 24522 queda definido como eclecticismo de compromiso que parecería dictado por Tancredi, el famoso personaje de “Il Gattopardo“.

d) La ley concede al fallido la facultad de solicitar participación en incidentes. No es, adviértase bien, una carga. Decir que el fallido “puede hacerse parte” deja como trasfondo inequívoco que con igual validez puede omitir ese pedido. El juez, entonces, al ordenar el “traslado” del art. 281 no puede dirigirlo al fallido por si decidiera tomar intervención, dado que en ese momento no es sujeto gravado por la carga de contestar. Inevitablemente, pues, deberá notificarse al síndico, cuya intervención resulta favorecida en cotejo con la criticada postura de la jurisprudencia ante el texto de la ley 19.551, texto que no fijaba una incapacidad que la mayoría de los jueces decretaron (tal vez, pensamos, gracias al sésamo ábrete de una “interpretación finalista”).

En suma: la ley, en vez de erigir en parte incidental al fallido con actuación promiscua del síndico, trató de conciliar el rechazo visceral de la radiación con alguna apariencia de participación, a manera de esas componendas que procuran quedar bien con Dios y con el diablo. Salió lo que tenía que salir, a saber, un “sideroxyllon“, y hoy, como antes, no sabemos quién está capacitado para promover un incidente de revisión por el fallido o contra quién se dirige el emplazamiento del art. 281 en los incidentes de revisión o de verificación tardía promovidos por acreedores (repetimos que el art. 110 no se ocupa de la revocación por dolo).

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Otra novedad se la debemos a la ley 26086. Las reformas a los arts. 11 y 16 traen para el síndico una paliza de aquéllas. Sólo atenderemos a la modificación introducida al art. 21 párr. 3° en orden a la prosecución en su sede originaria de “los  juicios de contenido patrimonial”. En esos juicios “el síndico será parte necesaria” —así dispone la ley— pero no dice que lo fuera por el concursado. Lo último no “va de suyo”, según el deus ex machina descubierto por cercana jurisprudencia para superar los obstáculos que estorbaran el andar de un APE. Al contrario, si lo hubiera establecido sería harto discutible su legalidad, porque en el concurso preventivo estaría desplazando al causante cuya capacidad procesal resta intacta.

Será preciso un ablande tanto doctrinario como jurisprudencial para aclarar el punto. El deudor, abierto su concurso preventivo, tiene derecho a pelear por lo suyo en las actuaciones que la ley menciona ¿Se tratará de una tercería coadyudante? ¿Podrá el síndico desplazarlo en su calidad de “parte necesaria”? ¿Deberá presentar escritos, ofrecer prueba, intervenir en las audiencias, apelar? La incolumidad del derecho de defensa en juicio, ¿no tornará írrita la infatuada investidura? Bien podría ocurrir, ya que la ley 26.086 contiene prescripciones apodícticas, difícilmente aceptables, por ejemplo, “cosa juzgada material” de una decisión que no es una sentencia, pronunciada sin la menor oportunidad de defensa por parte del concursado.

Además, la ley agrega que el síndico podrá designar abogados. De acuerdo con el art. 251 sus funciones son indelegables, aunque el art. 258 in fine tolera cierta infidelidad “en actuaciones que tramitan fuera” del tribunal del concurso. En cambio, la ley 26.086 no fija condición alguna, estableciendo que “podrá otorgar poder a favor de abogados” a los efectos de su intervención necesaria. Pero, ¿poder para que representen al síndico o al concursado? ¿Acaso una inédita representación al cuadrado del deudor, cuyo derecho a proveer lo atinente a su defensa no parece dudoso en el concurso preventivo? Por último, ¿cómo hará el síndico para conseguir abogados, que podrían ser muchos, con la escuálida perspectiva de cobro que la misma disposición contiene remitiéndose a los arts. 266 sigtes. L.C.?

Nos limitamos a mostrar algunos aspectos del regalo que los arts. 14 (inc. 11 y 12) y 16 reformados por la ley 26.086 dispensan al síndico. Tal vez sirva de consuelo la esperanza de que, gracias a esas novedades, podría reclamar que su retribución se favorezca con el cien por ciento de aumento por tarea insalubre.

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Pasemos al tema “partes”, a cuyo respecto adelantamos que “una característica de la sentencia declarativa de quiebra, que hace absolutamente extra ordinem esa providencia” finca en “la presencia de ‘partes en sentido sustancial’ no sólo en un número excepcionalmente vasto, sino derechamente en un número potencialmente infinito” (Ricci). Prescindiremos de la clásica distinción entre partes en el sentido formal y partes en sentido sustancial, que desviaría la exposición. Apenas aludiremos a otra clasificación con la que comenzará el tratamiento.

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Tradicionalmente se ha sostenido que los sujetos del proceso concursal están comprendidos por el “oficio” y “las partes”, distinción pasablemente didáctica, aunque nada más que eso. El “oficio” lo integrarían el juez, el secretario, el fiscal, el síndico (observación in itinere: ni el art. 275 ley 19.551 ni el art. 251 ley 24.522 incluyen al juez entre los “funcionarios” del concurso). “Las partes” lo serían el concursado y los acreedores (pero sólo en principio).

Ahora bien: es muy claro que el juez, el secretario, el fiscal, el síndico, son órganos del proceso (algo así como “el oficio”, aunque no cabe identificarlos). También es claro que los acreedores y el deudor son parte. Pero se impone preguntar si también lo son

- la asamblea de acreedores (donde rigiera. Entre nosotros hasta 1995);

- el peticionario de la quiebra que no resulta verificado;

- el que hace valer su derecho de retención sin pedir verificación;

- el que opone compensación sin pedir verificación;

- el que “se” cobra vía mandato in rem propriam

- el que denuncia irregularidades art. 17

- el que observa pedidos art. 34 y no resulta verificado;

- el incidentista por verificación tardía que impugna art. 50 y no resulta verificado.

Detenemos en este punto la elencación. Innecesario aclarar en qué medida puede ser ampliada. Sin embargo, la ampliable clase de sujetos que participan del proceso, es ínfima en relación con quienes, sin jugar en las actuaciones el rol propio del oficio o de las partes, acusan sus efectos. Algo mostraremos y aclaramos que no se trata sólo de lo más ostensible, o sea, los acreedores, por quienes empezamos.

Suele citarse con frecuencia el Mensaje de elevación del proyecto que fue la ley italiana (año 1942). Mencionaba “la tutela de los acreedores como altísimo interés público”. Pero la ley del 3/abril/979 sobre “Administración Extraordinaria de la  Grandes Empresas en Crisis” consagraba como finalidad la recuperación de las empresas de significativa importancia —pautada en la ley—, agregando que “también” se tendría en cuenta el derecho de los acreedores. Con acierto habla Tarzia de “profunda modificación”, y agrega que “no es posible desatender el pasaje desde la ‘tutela de los acreedores como altísimo interés público’ a la asunción de determinaciones que inciden sobre la masa activa ‘teniendo también en cuenta los intereses de los acreedores’” (”Las partes y los terceros en los procedimientos concursales”, en “Esecuzione forzata e procedure concorsuali“, Milán 1994, p. 588). Pocos años después, el art. 1° de la ley francesa de 1985 consagró el sugestivo orden de prioridades:

- conservación de la empresa y de los puestos de trabajo,

- regulación del pasivo,

- pago a los acreedores,

Notoriamente, pues, aquel binomio acreedores/deudor ya no corresponde a los regímenes que actualmente apuntan a finalidades tan valoradas como compartidas, y confluyen en la política de mantenimiento en vida de las empresas susceptibles de recuperación. Enancado a ese ideal, el de conservación de los puestos de trabajo, desideratum este último que entre nosotros sólo mereció piropos preelectorales: (”¡los trabajadores!”), pues nuestra ley, hasta la 26.086 inclusive, los sigue viendo como meros acreedores dinerarios. Ni siquiera una vez hemos visto mencionar —no digamos ya legislar, o proponer— lo que hace cuarenta años se reclama en el mundo bajo el rubro “derecho al puesto de trabajo”.

- 13 -

Un primer acceso a los acreedores en general muestra de inmediato que por su número e inhomogenidad destrozan toda pretensión sistemática. También a ese respecto encontraremos variantes. Nos limitaremos a una somera puntualización, pues su tratamiento detenido resultaría dispendioso.

- a -

Examinemos lo que afronta un acreedor que peticiona la quiebra. Si consigue que se pronuncie, nada obtiene en especial; vale decir, su posición y expectativas son exactamente las mismas que si no hubiera promovido el trámite. Pero si le va mal, con el rechazo de la demanda lo ordinario es que el juez le imponga las costas. Además, aun consiguiendo que su instancia prosperara cabe que el fallido triunfe en un incidente por revocación de la sentencia de quiebra, casi siempre con costas a cargo del peticionario. Otrosí, hasta podría ser condenado en términos del art. 99 ley 24.522.

- b -

Atendamos a los acreedores simpliciter. Ellos afrontan los avatares de las distintas formas y modos de obtener su inclusión en la masa pasiva. La hipótesis canónica es la del art. 32, esto es, petición tempestiva al síndico y pasos ulteriores. Pero ocurre que con frecuencia el acreedor deja vencer el plazo legal y necesita recurrir al trámite de verificación tardía, que cursa por vía incidental y —detalle sorprendente— gane o pierda le impondrán las costas: si pierde, porque pierde. Y si gana, porque forzó un gasto excesivo de actividad jurisdiccional, según la celebrada fórmula de Chiovenda (recordemos que a esos acreedores Provinciali los llama “dormidos”).

- c -

Son muchos más los eventos que gravitan a lo largo del proceso, capaces de complicar la posición de los acreedores y sus expectativas. Sólo para ejemplificar, imaginemos un concordato que limita los créditos originarios a lo convenido con el deudor, por ejemplo una quita que reduce los importes al cincuenta por ciento. Esa quita es definitiva (”novación” dice, bien o mal, el art. 55). Si el concordato restare incumplido el trámite se convertirá en quiebra, pero la bien o mal llamada “novación” sobrevivirá, impertérrita, al estropicio. Los acreedores seguirán siéndolo, pues, por el cincuenta por ciento del crédito originario, aunque también en este caso la ley les dispensa un consuelo, a saber, “no tendrán necesidad de verificar nuevamente” en la quiebra (art. 202. Digamos que no tendrán necesidad de “pedir” verificación).

- d -

Otra hipótesis, que la ley no contempla, es la de los acreedores anteriores a la demanda de concurso preventivo que en este procedimiento no pidieron verificación, ni tempestiva, ni tardía. En la hipótesis de quiebra ulterior —por ejemplo, incumplimiento de un acuerdo—, ¿serán “concursales”, porque sus créditos eran anteriores a la quiebra, o “tardíos” por no haber pedido verificación en el concurso preventivo frustrado? Omitimos otros aspectos porque los ejemplos que anteceden alcanzan, nos parece, para mostrar las vicisitudes que las actuaciones concursales provocan en relación con los acreedores comunes. Tampoco especificamos lo atinente a privilegiados, que asimismo las acusan.

- e -

Una categoría de acreedores que difícilmente faltará en los concursos es la de quienes llevan causas judiciales por cobro de lo que, a su entender, el hoy concursado les adeudaba. Tradicionalmente debían limitarse a solicitar verificación, aprovechando lo actuado en aquellos juicios como una de las constancias que socorrieran su pedido. La ley 24.522 introdujo  un cambio interesante, plausible, pero con tal desacierto en la instrumentación que ha traído muchos más problemas que soluciones. Se trata de lo dispuesto por el art. 21 inc. 1° en cuya virtud, a instancia del actor, pueden continuar ante el juez del concurso los procesos “de conocimiento” (y de índole patrimonial) hasta “el dictado de la sentencia”. La ley da por descontado que el juicio era no sólo de contenido “patrimonial”, sino también dinerario (por eso la sentencia favorable importaría “su verificación”). Sobreentiende asimismo que la demanda prospera, o al menos no contempla la hipótesis de rechazo. Tampoco considera la estridente obviedad del recurso: el perdidoso, ¿puede apelar, por tratarse de un familiar juicio “de conocimiento”? ¿O es que cabe el recurso de revisión, por ser el juez del concurso quien resuelve sobre el crédito en orden a verificación? Soslayamos numerosas objeciones más, que destrozan la interesante novedad que el Senado introdujo al proyecto entre gallos y medianoches y, como en toda gestación de la ley 24.522 lo hizo “a la buenaventura, salga lo que saliere” como advertía Bertoldo en su testamento. En cambio la ley no tuvo en cuenta la hipótesis, tan conflictiva como que divide a doctrina y jurisprudencia en forma tajante, del valor de las sentencias ante el ulterior concurso del allá demandado. Por supuesto que tampoco previó la prosecución del juicio con fallo de primera instancia, sea ante el juez del concurso o ante el natural, hasta definitiva, y otras variantes del mismo tema.

En “Verificación de créditos” dedicamos el cap. XI al tema. Aquí nos limitamos a mostrarlo como un caso de más sujetos afectables, al modo que fuere, por la apertura del concurso.

- f -

Entre los problemas que no alcanzaron acuerdo sobre su postura ante la quiebra figura el reclamo del reconviniente en acciones promovidas por el actualmente concursado —se ve más claro en la quiebra— ante el juez que correspondiera según el domicilio que procediese. Los autores discuten si aquellas actuaciones prosiguen ante el magistrado que está actuando o deben ser atraídas al juzgado del concurso. En este último caso —y en el concurso preventivo— la prosecución en términos del art. 21 inc. 1° sólo podrá solicitarla quien promovió el juicio (”…el actor podrá optar…”, reza el dispositivo), pero ocurre que la reconvención erige al inicialmente demandado en contrademandante ¿Procede, entonces, la remisión de lo actuado al juzgado del concurso? En ese caso, ¿se tiene por eficaz en esta nueva sede lo probado en aquellas actuaciones? Sobre todo, ¿vale lo reconocido o confesado por el después fallido? Para algunos, el trámite debe proseguir y finalizar ante el juez originario, lo cual obliga a preguntar qué pasaría con la sentencia si admitiese la reconvención —al margen la tarea específica del síndico y presencia de los coacreedores—, o, por el contrario, si el demandado triunfante debe solicitar la verificación de su crédito, sirviendo lo actuado como constancias de apoyo (el “título verificatorio” del art. 56, modificado por el art. 5° ley 26.086).

- g -

Cabe incluir asimismo en la clase de los alcanzados por la quiebra a diversos interesados, eventualmente partícipes en las actuaciones, o derechamente terceros. Lo señalaremos mencionando unos pocos. Por ejemplo, quienes al abrirse el concurso estaban vinculados al fallido por relaciones jurídicas —prevalente, aunque no exclusivamente, contractuales—, cuya dispersión tipológica ha impedido un enfoque pasablemente ordenado. Por el contrario, y a juzgar por los lamentos de la doctrina, la regulación legal se resignó a amontonar situaciones heterogéneas. Suele halarse de “efectos generales” de la quiebra “sobre relaciones jurídicas pendientes”, pero eso de generales no concierne a una categoría de vínculos de los terceros con el —ahora— fallido, sino, por el contrario, de casos no incluidos en las figuras orgánicas anteriores. En las hipótesis que la ley contempla —y en las no vistas por el legislador, que superan en mucho a las reguladas— quienes ocupan la posición de parte sustancial alterna a la del hoy fallido aparecen, en los más importantes de los casos, con visos de pretensos acreedores, pero son tantos los rasgos peculiares con que tradicionalmente se los rotula mediante aquel difuso marchamo —”relaciones jurídicas pendientes”— que toda ilusión clasificatoria queda descartada. Esa renuencia a un posible enfoque ordenado se halla en relación inversa a la cabal importancia de las situaciones que caen bajo el recordado nomen legal. En una obra reciente que hemos citado se habla de “un problema típico del derecho falimentario: el de la suerte de las relaciones pendientes requieren… decisiones particularmente delicadas” (Ricci, tomo I, p. 230/1). De “una situación extremadamente delicada” nos dice otro jurista, cuyo valor se agiganta con el transcurso del tiempo (Francisco Ferrara jr., “Il Fallimento”, 4ª ed., p. 353).

Nuestra ley menciona, en un apartado, los “efectos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes”, y en otro los efectos “sobre ciertas relaciones jurídicas en particular”. Entre las relaciones generales hallamos el importante principio de concursalidad, esto es, quienes se consideran acreedores han de someterse al trámite legal específico para viabilizar sus pretensiones ante el concurso, o sea, el régimen de verificación de créditos (arts. 125/6). Pero ese principio sólo tangencialmente hace al tema y mucho mejor se relaciona con los efectos capitales de la apertura del concurso. La caducidad de los plazos y el descuento de los intereses (art. 128) tampoco son específicos del tema, lo mismo la compensación (art. 130), el derecho de retención (art. 131), la atracción al juzgado de las acciones judiciales de contenido patrimonial y varias otras situaciones apenas conexas en orden a los efectos de la quiebra sobre las relaciones jurídicas pendientes.

Además, difícilmente pudieran considerarse “generales”, pues si bien se halla indeterminado el sujeto partícipe de esa relación que lo vincula al fallido, en muchos casos resultan inequívocamente individualizados. Este último óbice también puede dirigirse al régimen de los “efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular”, pues las hipótesis consideradas se mezclan con las genéricas (art. 143/4/5). Algunos casos que se adscriben a situaciones “en particular” lo serían la promesa de compraventa de inmuebles (art. 146), los contratos en que la prestación pendiente del fallido fuese personal, los de ejecución continuada, los de mandato, cuenta corriente, gerencia, comisión. El derecho de receso en la quiebra de la sociedad, la exigibilidad de aportes no integrados, los debentures y el no muy frecuente contrato a término, el de seguros, las obligaciones por alimentos, la locación de inmuebles, la renta vitalicia. Como se ve, una enumeración que amén de rapsódica peca de inactual, pues algunas de esas figuras son más históricas que presentes, mientras que las pujantes  novedades que la vida empresarial impone a ritmo acelerado pasaron inadvertidas al legislador de 1995, malgrado las críticas que por igual carencia mereciera la ley 19.551 a la cual se limitó a copiar con variantes ínfimas, y —buen ejemplo, el art. 146— mucho más criticadas que aplaudidas. Entre los contratos que la ley no vio basta con referirse al leasing, al factoring, al franchising, al fideicomiso, a los contratos de engineering, de utilización de computadoras, de banco de datos, software, know how, mandato in rem propriam, consorcios empresariales, grupos de interés empresario, sponsorización, propiedad compartida o multipropiedad, usufructo de acciones, prenda de acciones, sindicación de acciones, edición, producción y distribución de hardware, producción y distribución de material informático para computadoras, fondos comunes de inversión, etc.

- h -

Una hipótesis paradigmática de la incidencia de la quiebra sobre terceros desvinculados por completo del fallido la tenemos en el caso, tan rico en su compleja tópica, de quienes hubieran concluido operaciones con el ahora quebrado, dentro de cierta antelación a la fecha de la quiebra. Nos referimos a la mal llamada “revocatoria” concursal. Pensemos en el adquirente de un bien a título oneroso y precio justo, pagado en el mismo acto de la compra. Bajo determinados presupuestos que no pueden detenernos ahora, ese partícipe en un negocio lícito puede encontrarse con una impensada acción por ineficacia que, en caso de prosperar, importará la inclusión del bien limpiamente adquirido entre los demás que habrán de liquidarse (arts. 107 y 124, párr. 2°).

- i -

Apenas una alusión a fiadores, socios ilimitadamente responsables de la sociedad fallida, endosantes —vía de regreso—, coobligados; etc., sobre quienes también inciden los ramalazos de la quiebra.

- j -

Quien contrata con un mandatario, ignorante —incluso ambos— de la resolución ope legis del mandato por quiebra del mandante, acusará asimismo los efectos de aquella situación.

- k -

En los regímenes que atienden al salvamento o recuperabilidad de empresas en crisis, las medidas que el Tribunal disponga también pueden afectar a personas extrañas a los sujetos habituales del proceso. En Italia, por ejemplo, determinadas empresas que ocupen más de cierto número de obreros y empleados, o cuya posición debitoria no ultrapase ciertos límites, pueden verse favorecidas por leyes ad hoc orientadas a —y favorecedoras de— su posible resanabilidad. En esos casos, la postergación de los acreedores y otros titulares de derechos es inevitable (En el Congreso de Verona, año 1977 se planteó con crudeza: algunos partícipes preguntaron descarnadamente si el resanamiento lo pagan los acreedores, o la comunidad a través “la providencial y munífica intervención estatal” como la llamó Ragusa Maggiore).

- l -

Ciertos ordenamientos confieren al magistrado el poder de convertir créditos dinerarios en capital de riesgo. Nuestra ley —art. 43— no lo contempla, pero admite que un acreedor dinerario sea transfigurado en socio (al revés de Saúl, hijo de Cis).

- ll -

Ex integrantes de una sociedad fallida que no hubieran tenido intervención alguna en su manejo —por ejemplo, socio limitadamente responsable: art. 175 ley 24.522— puede encontrarse con una acción por responsabilidad (adviértase que en esa hipótesis no rige la limitación fijada por el art. 116 para la retroacción de la quiebra).

En algunas de las plurales hipótesis de receso, un mero tenedor de acciones o titular de cuota social puede acusar también los efectos de una quiebra social de la que bien podían considerarse desligados desde años atrás (art. 149). Tampoco en la especie rige la limitación del art. 116.

- m -

Algún día se afrontará entre nosotros lo relativo a grupos empresariales, y entre sus múltiples aspectos la cuestión del derecho que asistiera a los socios externos, esto es, aquellos que no hubieran aceptado la integración al grupo o, si fuera el caso, la mera relación de control. La reforma de la IX Directiva de la Unión Europea sobre régimen material de los grupos, aún en moroso proyecto, prevé el resarcimiento, entre otras modalidades, vía entrega de acciones de la sociedad cabeza del grupo, o compra de las que pertenecían al socio en la controlada, o pago de una especie de renta. En caso de quiebra del sujeto dominante —también ellos se derrumban— la situación del alejado socio de una componente del grupo variará según hubiera sido el arreglo alcanzado.

Se trata, repetimos, de un flaco nuestro. Repasando el articulado de la ley encontraríamos tantos casos de incidencia de la quiebra sobre partes en el sentido formal, partes en sentido sustancial y terceros que asumen o eventualmente asumirán participación en el proceso, que la recordada apreciación de Ricci (número potencialmente infinito) resultaría confirmada. Pero no resistimos la tentación de mencionar un largísimo episodio harto ilustrativo sobre el alcance de la onda expansiva  que la quiebra origina. Estimamos que merece un apartado.

- n -

En los inicios de su acceso a la cátedra universitaria, esperaba Kant que su primer libro fuese editado, pero “un curioso revés había hecho que permaneciese ignorada del público la obra suya que por aquel entonces había pedido aumentar para siempre su fama como escritor (…). En efecto, el impresor había sido declarado en quiebra precisamente por los días en que tenía en prensa aquel libro, sus talleres y sus almacenes fueron sellados por el juzgado, y esa desdichada circunstancia impidió que la obra de Kant fuese puesta en circulación”. (Cassiero, “Kant -Vida y Doctrina”, p. 54).

Si no fuera que todo puede ocurrir como efecto de una quiebra, el episodio recordado parecería derechamente extra ordinem.

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Cortamos bruscamente el heteróclito muestreo retomando lo relativo al personal dependiente. Habíamos anticipado que la ley los llama “trabajadores” —manoseado piropo—, pero a la hora de verdad los trata como meros acreedores dinerarios y no sólo eso. La ley les obsequia algo más que define cómo han sido vistos quienes trabajan bajo relación de dependencia por la ley 24522. Un ejemplo lo demuestra con irrefragable patencia cuál es la opción adoptada por nuestra legislatura a contramano de la orientación cada vez más firme y coherente que exhibe el derecho comparado.

Nos estamos refiriendo al art. 20 de la ley 24.522, parr. 4°: “la apertura del concurso preventivo deja sin efecto los convenios colectivos vigentes…” Eso significa que si al empleador se le ocurre poner punto final a convenios colectivos que le incomodan, le basta con obtener la apertura de su concurso preventivo, posibilidad que se halla dócilmente en sus manos. Valórese la significación de ese evento con relación a la incidencia del proceso concursal sobre sujetos extraños a la específica calidad de partícipes al modo del fallido y de sus acreedores.

Otro caso, tanto o más grave que el anterior para el personal dependiente lo ofrecen los arts. 198 y 199. Si, resuelta la continuación del giro empresarial en la quiebra se produce la “adquisición por un tercero” de la empresa “o de la unidad productora en la cual el dependiente cumple su prestación”, el contrato de trabajo se resuelve definitivamente. Agrega el art. 198 un generoso premio consuelo, pues las indemnizaciones “que pudieren corresponder por despido o preaviso por el trabajo durante la continuación de la empresa, gozan de la preferencia del art. 240″, esto es, el máximo privilegio que confiere la ley de concursos. Lástima que, según el art. 199, el adquirente de la empresa o “unidad productiva” que fuese “no es considerado sucesor del fallido”, de modo que “los importes adeudados por el fallido o por el concurso… serán objeto de verificación o pago en el concurso”, es decir, nada pueden reclamarle al adquirente.

Para que no resten dudas, tras lo recién transcripto el art. 199 agrega: ” quedando liberado el adquirente respecto de los mismos”. Eso significa que si “en el concurso” —hablemos claro: la hipótesis que juega es específicamente de quiebra—; si en la quiebra, entonces, hubiese fondos bastantes, el trabajador cobrará. Pero si no los hubiera al producirse la adquisición de la empresa —hipótesis nada fantasiosa por cierto—, el trabajador no cobrará nada, si bien con la satisfacción espiritual que alguna vez referimos, a saber, que eso que no percibirá no es un crédito cualquiera, sino uno superprivilegiado.

Repetimos que lo recién visto debe tomarse como muestra de actitud retrógrada respecto de lo que ofrece el derecho comparado que tiende no sólo a la protección de los créditos dinerarios del dependiente sino que, desde hace décadas y, afirmándose cada vez más, postula el amparo del puesto de trabajo, tema del cual, repetimos, en nuestro medio ni siquiera se habló a nivel político-legislativo.

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Los pocos ejemplos puntualizados muestran que son inabarcables las hipótesis en que la quiebra puede alcanzar en su oleaje centrífugo a quienes no teniendo vinculación alguna con la fallida, caen en la escobada. Ello confirma que el número de partes en sentido sustancial es “potencialmente infinito” (Ricci), y afecta no solamente a acreedores, sino a otros sujetos que incluso sin relación alguna con el fallido soportan las consecuencias, como en los casos referidos en “g”, “h”, “i”, “j” etc. del N° 13.

Dice muchas cosas el vocablo “parte” en sede concursal, casi todas desatendidas en “Banco Nación c. Ciccone”, que se limitó a transcribir el vocablo escrito en el art. 289 ley 19.551 y conservado en su homólogo del régimen en vigor. Ese pasaje de ambas leyes —tal vez lo más criticado de ellas— fue lo único tomado en cuenta por la Cámara; ello merece un reproche mayor que el desacierto de considerar al síndico “funcionario” y “parte” en el proceso concursal.

23/04/07 Publicado la semana pasada en La Ley