Fiscales denuncian persecución contra una magistrada 

La Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina (AFFUN) mostró al procurador General de la Nación, Esteban Righi, su preocupación por la persecución que existe contra la fiscal General de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, que fue víctima de pedidos de enjuiciamiento luego de que denunciara abusos en los concursos de empresas del Grupo Soldati, entre otras empresas.

“Resulta a todas luces evidente que este proceder (por los pedidos de enjuiciamiento) forma parte de una persecución tendiente a torcer la voluntad de la magistrada, de impecable y honorable desempeño funcional, y además, y esto es quizá lo más grave, este ilegítimo proceder está fundado en el contenido de los dictámenes de la Dra. Gils Carbó en conocidos y controvertidos procesos”, remarcó la AFFUN en una nota dirigida a Righi.

Frente a ello, la entidad pidió a la procuración general que rechace los planteos contra Gils Carbó, “preservando de esta manera la independencia y autonomía funcional, imprescindibles para el justo cumplimiento de nuestra misión constitucional y legal”.

Gils Carbó ya había denunciado una persecución ya que, según explicó, había sido notificada de cuatro pedidos de enjuiciamiento vinculados a dos procesos concursales en los que denunció abuso y fraude en las asambleas de obligacionistas, entre los que estaban el APE de Cablevisión SA y los concursos de Sociedad Comercial del Plata SA y Compañía General de Combustibles SA.

En el caso de las empresas que pertenecen al holding del Grupo Soldati, Gils Carbó y el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunciaron el año pasado ante la Justicia federal supuestas maniobras fraudulentas llevadas a cabo en los acuerdos preventivos, ya que advirtieron que los acuerdos se habrían obtenido mediante el uso de mayorías ficticias y a través de negocios paralelos en los que estarían involucradas otras empresas, bancos acreedores y hasta sociedades offshore.

La Justicia comercial había homologado ambos acuerdos a mediados del año 2005, lo que permitió que las compañías reestructuraran un pasivo de alrededor de u$s900 millones y evitaran así la quiebra.