Fallida dedicada a la importación y exportación de bienes. Cesión de créditos impositivos. Declaración de ineficacia. Rechazo. Acto de disposición comprendido en el objeto social. Acto que no exhorbita la administración ordinaria negocial de la fallida

006909/2007 – “Cortesfilms s/quiebra (acción de ineficacia)” – CNCOM – SALA A – 05/06/2007

“El eje de la cuestión pasa por determinar cuándo el acto excede la administración ordinaria y, en ese sentido, Cámara entiende que tendrán esa condición aquellos actos que importando o no, una enajenación, alteran sustancialmente los valores productores del patrimonio, lo que conforman su capital o bien que comprometan por largo tiempo su porvenir o su destino (Cámara “El concurso preventivo y la quiebra”, T. I, págs 464/465). Por lo tanto, puede calificarse como actos de administración ordinaria aquellos que se refieren a la renta de los bienes, regulando su percepción y utilización y, como actos que exceden la administración ordinaria, aquellos que vinculan y pueden quebrantar el capital.”

“No está controvertido por los justiciables, que el objeto social de la fallida contemplaba actividades comerciales tales como importación y exportación de distintos bienes (con amplias facultades otorgadas al directorio de la sociedad para llevarlas a cabo), siendo por ello evidente entonces, como bien lo ha dicho la Sra. Fiscal General, criterio que comparte esta Sala, que al dedicarse la ex-concursada a la importación de bienes es habitual, que en ese tipo de negocios, se recurra a ceder créditos impositivos a los efectos de obtener liquidez. Siguese de ello, que aún cuando la operación haya importado un acto de disposición, dicho negocio estaría comprendido en el objeto social de la empresa fallida, por lo que, en casos como los que nos ocupa, la aplicación estricta del art. 16, L.C.Q, conduciría virtualmente a quitar a la concursada la administración de su patrimonio, pese a lo dispuesto por el art. 15 de la L.C.Q, impidiéndose la continuación regular de sus actividades.”

“No se verifica en el sub lite que ese acto hubiera exorbitado la administración “ordinaria” negocial de la fallida, puesto que si era importadora y exportadora de bienes, tales extremos revelan que la cesión onerosa habida no extralimitó su objeto social.”

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.//-

Y VISTOS:

1.)) Apeló la sindicatura la decisión de fs.87/91, que rechazó la declaración de ineficacia que requirió en los términos de los arts. 16 y 17 de la L.C.Q, respecto a la cesión de créditos contra la AFIP realizada por la entonces concursada a favor de Cinefot S.A. Para decidir así, el juzgador consideró que el órgano sindical no probó que el acto cuestionado no () excediera el giro normal de los negocios de la hoy fallida, ni cuestionó la trascendencia económica del negocio y la onerosidad de la operación. Por último, señaló que la cesión fue notificada al deudor cedido con anterioridad a la declaración falencial de la cedente.-
Fundamentó sus agravios en fs. 95/97′, siendo respondidos por la cesionaria a fs. 99/104.-
El recurrente sostuvo que si bien la actividad de importación y el pago de aranceles hacían al giro normal y habitual de la deudora, no ocurriría lo mismo con la cesión de los créditos emergentes de dicho pago que requería previa autorización judicial (cfr. L.C.Q: 16). Manifestó que aún tratándose de una operación financiera para obtener fondos, ello no transformaría al acto en una gestión “ordinaria” de administración. Por otro lado, sostuvo que las misivas cursadas a fin de anoticiar la cesión al deudor cedido serían insuficientes para oponer la operación a la masa de acreedores.-
La Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara emitió su dictamen en fs. 108/190, proponiendo la confirmación del fallo cuestionado.-

2.) Pues bien, tal como se desprende de las constancias de este proceso incidental, la sindicatura pretendió la ineficacia de la cesión de créditos que la ex-concursada ostentara contra la AFIP en concepto de devolución de tasa de estadística -año 1.994-, efectuada a favor de la sociedad Cinefot SA, e instrumentada por escritura pública el 21.09.01, mientras se hallaba tramitando su concurso preventivo. Para sustentar su postura, en el escrito inaugural, afirmó que la mentada cesión revestía carácter extraordinario, motivo por el cual debió requerirse autorización judicial conforme lo previsto por el art. 16 de la normativa falimentaria.-
Ahora bien, es del caso poner de relieve que la hoy fallida, en el ámbito de su primigenio concursamiento, proseguía la actividad normal del negocio bajo la vigilancia del síndico, estableciendo para ello la normativa concursal en sus párr. 5° y 6° del art. 16, L.C.Q, una categoría de actos que le estaban permitidos realizar, pero que para su validez debían autorizarse por el juez, previa consulta del síndico y del comité de acreedores. Tal categoría es definida por la ley por vía de comparación con aquellos actos ordinarios de administración, al decirse, en definitiva, que se consideran sujetos a autorización no sólo los expresamente enumerados sino también aquéllos que excedan de la administración ordinaria del giro del concursado.-
En tal contexto, el eje de la cuestión pasa, por tanto, por determinar cuándo el acto excede la administración ordinaria y, en ese sentido, Cámara entiende que tendrán esa condición aquellos actos que importando o no, una enajenación, alteran sustancialmente los valores productores del patrimonio, lo que conforman su capital o bien que comprometan por largo tiempo su porvenir o su destino (Cámara “El concurso preventivo y la quiebra”, T. I, págs 464/465). Por lo tanto, puede calificarse como actos de administración ordinaria aquellos que se refieren a la renta de los bienes, regulando su percepción y utilización y, como actos que exceden la administración ordinaria, aquellos que vinculan y pueden quebrantar el capital.-
Si bien no cabe respecto de los actos “ordinarios del negocio” una fórmula general, se ha dicho que son aquellos que, además de conservar el capital, tienen por fin hacerle producir los beneficios que normalmente pueden suministrar, dando a los bienes que integran determinado patrimonio el destino que les corresponde según su naturaleza y la función que desempeñan dentro de dicho patrimonio ( Fariña, “Concurso Preventivo: contratos que el concursado puede celebrar después de su presentación”;; Editorial Zeus, T. 8, D,p.73)

3.) Hecha esta precisión conceptual, no está controvertido por los justiciables, que el objeto social de la fallida contemplaba actividades comerciales tales como importación y exportación de distintos bienes (con amplias facultades otorgadas al directorio de la sociedad para llevarlas a cabo, véase fs. 89, párr. 3°), siendo por ello evidente entonces, como bien lo ha dicho la Sra. Fiscal General, criterio que comparte esta Sala, que al dedicarse la ex-concursada a la importación de bienes es habitual, que en ese tipo de negocios, se recurra a ceder créditos impositivos a los efectos de obtener liquidez.-
Siguese de ello, que aún cuando la operación haya importado un acto de disposición, dicho negocio estaría comprendido en el objeto social de la empresa fallida, por lo que, en casos como los que nos ocupa, la aplicación estricta del art. 16, L.C.Q, conduciría virtualmente a quitar a la concursada la administración de su patrimonio, pese a lo dispuesto por el art. 15 de la L.C.Q, impidiéndose la continuación regular de sus actividades. Súmase a ello, además, que la sindicatura no ha cuestionado el carácter oneroso de operatoria de cesión concertada ni el ingreso de los fondos obtenidos por la fallida ($ 201.363). Tampoco alegó ni demostró que tal negocio hubiere disminuido o deteriorado el valor económico del patrimonio del deudor.-
Desde tal perspectiva, no se verifica en el sub lite que ese acto hubiera exorbitado la administración “ordinaria” negocial de la fallida, puesto que si era importadora y exportadora de bienes, tales extremos revelan que la cesión onerosa habida no extralimitó su objeto social, lo que por cierto no ha desvirtuado la sindicatura, quien en realidad, solo se limitó a expresar el carácter extraordinario de la cesión. En tal sentido, recuérdase que el art. 377 CPCC pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. La carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito (Couture, “Fundamentos del Derecho Procesal”, pág. 244), asumiendo así las consecuencias de que la prueba se produzca o no, que en principio debe ser cumplida por quien quiera innovar la situación de su adversario (Fassi, “Código Procesal Civil y Comercial Comentado” T. I, pags 671 y sgtes, Ídem esta Sala, 29/12/00 “Conforti, Carlos Ignacio y otros c/ B.G.B. Viajes y Turismo SA s/ordinario”).-
Sentado ello, apúntase que la sindicatura no expuso acabadamente ni aportó elementos de juicios que permitan siquiera presumir que la mentada cesión de créditos no debía encuadrarse en la actividad normal del negocio de la hoy quebrada.-
Así las cosas, la pretensión recursiva en este aspecto carece de sustento para que prospere.-

4.) Por último, la recurrente afirmó que la cesión no era oponible a la masa de acreedores. Adujo, a ese fin, que las misivas cursadas al deudor cedido eran insuficientes a dichos fines, y que la ex concursada, ya encontrándose en quiebra, notificó posteriormente la cesión por escritura n° 513 del 21.12.04, tornando aplicable el art. 1.464 del Cód. Civil.-
Más allá de su reparos esgrimidos respecto a la validez de los medios utilizados para anoticiar el acto de cesión, lo cierto es que la cesión fue notificada al deudor cedido (AFIP) por medio de tres (3) cartas documento suscriptas por notario público, y enviadas, en fecha 10.10.01 (cuya autenticidad quedó acreditada por el informe brindado por el Correo Argentino en fs. 66/69), diligencias mientras tramitaba el primigenio concurso preventivo.-
En tal contexto, aún cuando existió una posterior notificación de la cesión hecha por la fallida -escritura 513 del 21.12.04- cuando ya estaba en quiebra, las misivas antedichas suscriptas por escribano público ya habían cumplido su finalidad en los términos del art. 1.467 del Cód. Civil al evitar colusiones entre el cedente y el deudor cedido que pudieran perjudicarla terceros. A su respecto, véase que se ha considerado suficiente a esos fines la expedición un telegrama colacionado, que denotaría fehacientemente el conocimiento del acto (López de Zavalía, “Teoría de los Contratos, Parte Especial”, p. 608).-

5.) Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE:
a) Rechazar el recurso interpuesto, y confirmar la decisión apelada en lo que fue materia de agravio.-
b) Imponer las costas en la Alzada por su orden, atento el derecho con que pudo creerse la sindicatura para actuar como lo hizo (art. 68, párr.2°do, C.P.C.C):-
Notifíquese a la Sra. Fiscal General en su despacho, y oportunamente devuélvanse las actuaciones al Sr. Juez de Grado, encomendándosele las notificaciones del caso. La Señora Juez de Cámara Dra. Isabel Míguez no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).-

Fdo.: Alfredo Arturo Kölliker Frers, María Elsa Uzal
Ante mi: Jorge Ariel Cardama

Juz. 3 - Sec. 5 - Sala A 6.909/07

“Cortesfilms s/ quiebra s/ inc. de ineficacia” (FG n° 96.942)

Excma. Cámara:

1. El juez de primera instancia rechazó la declaración de ineficacia solicitada por el síndico en los términos de los arts. 16 y 17, LC, con respecto a la cesión de créditos contra la AFIP realizada por la entonces concursada a favor de Cinefot SA (fs. 87/91).-
El juez entendió que el síndico no demostró que el acto excediera el giro normal de los negocios de la hoy fallida. Asimismo, consideró que el síndico no cuestionó la trascendencia económica del negocio ni la onerosidad de la operación.-
Por otro lado, el juez entendió que la cesión fue debidamente notificada con anterioridad a la declaración de la quiebra a través de las cartas documento acompañadas, por lo que estimó que el art. 1464, CC, invocado por el síndico, es inaplicable al sub lite.-

2. Apeló el síndico. Expresó agravios a fs. 95/7.-
Manifestó que la cesión de créditos es un acto extraordinario que excede el giro normal de los negocios de la hoy fallida. Sostuvo que si bien la fallida se dedica a la importación de bienes y el pago de aranceles es un acto de administración, no sucede lo mismo con la cesión de los créditos emergentes de dicho pago. Destacó que el monto de la operación es significativo para el giro de la empresa.-
Por otro lado, adujo que las misivas son insuficientes a los efectos de oponer la cesión a la masa de acreedores. Agregó que ello es coherente con la conducta del cesionario de notificar la cesión por instrumento público luego de declarada la quiebra.-

3. La operación controvertida por la sindicatura consiste en una cesión de créditos que la entonces concursada detenta contra la AFIP a raíz del pago de la Tasa Estadística de Importación. La sindicatura no ha cuestionado el carácter oneroso de la cesión.-
La doctrina define a los actos que exceden la administración ordinaria como aquellos que “importando o no una enajenación, alteran sustancialmente los valores productores del patrimonio, los que conforman su capital, o bien comprometen por largo tiempo su provenir o destino” (conf. Pablo D. Heredia, “Tratado Exegético de Derecho Concursal”, Ed. Abaco, T. I, p. 430).-
Al respecto, Villanueva afirma que “Tal vez lo más que se pueda decir es que un acto será considerado de administración ordinaria cuando aparezca como un acto “normal”, tanto en función de la actividad del concursado, de la habitualidad con que es realizado, como de su significado económico”(Julia Villanueva, “Concurso Preventivo”, p. 174 ).-
Más allá de que la operación importe un acto de disposición, entiendo que, en cada caso concreto, corresponde tener en cuenta la actividad del concursado, la habitualidad y la significación económica de la operación a los efectos de determinar si el acto excede el giro normal de los negocios.-
En este análisis, cabe tener en cuenta el propósito del art. 16, LC, a saber, mantener la integridad del patrimonio y a la vez permitir la ejecución de actos que permitan mantener la actividad empresaria del deudor (conf. Quintana Ferreira, “Concursos”, T. I, p. 233).-
En el caso, entiendo que, tal como sostiene el a quo, el síndico no demostró que la cesión onerosa excediera el giro normal de los negocios de la fallida, aún cuando la carga de la prueba recaía sobre él (art. 377, CPCC). En el memorial, el síndico se limitó a afirmar dogmáticamente el carácter extraordinario de la cesión sin presentar argumentos concretos que sustenten su pretensión.-
Por el otro lado, cabe tener en cuenta que la fallida se dedicaba a la importación de bienes y que en dicho negocio es habitual recurrir a la cesión de créditos impositivos a los efectos de obtener liquidez. En efecto, la cesión podría haber sido necesaria a los efectos de mantener la actividad empresaria del deudor, lo que no fue desvirtuado por el síndico, quien tampoco demostró que la cesión onerosa hubiera afectado la integridad del patrimonio del deudor.-

4. Con respecto a la oponibilidad de la cesión a la quiebra en los términos del Código Civil, cabe efectuar las siguientes precisiones.-
Por un lado, con respecto a las partes de la cesión, esto es, el cedente y el cesionario, la cesión se perfecciona con el consentimiento de las partes (conf. art. 1457, CC; Joaquín Llambías, “Tratado Civil - Obligaciones”, T. II, p. 28). En este sentido, la cesión cuestionada en autos fue perfeccionada, con respecto a las partes, con anterioridad a la declaración de la quiebra.-
Sin embargo, con respecto a terceros, entre ellos, la masa de acreedores del cedente, la cesión se perfecciona con la notificación al deudor cedido o de su aceptación de la transferencia (conf. art. 1459;; Llambías, ob. cit., p. 29).-
Llambías expone que el fundamento de esta dualidad reside en la necesidad de establecer un sistema de publicidad referente a la transmisión de obligaciones. El medio escogido para llevar a cabo el conocimiento de los terceros es la notificación al deudor o la aceptación de éste y aunque no puede conceptuarse infalible se estima suficientemente satisfactorio (Llambías, ob. cit., p. 30). Al respecto Borda agrega que ese sistema de publicidad es una mera ficción porque la notificación no es conocida “por terceros (Borda, “Contratos”, T. I, n° 535, citado por Llambías, ob. cit).-
En este caso, corresponde determinar si la notificación por carta documento realizada con anterioridad a la quiebra es suficiente para considerar perfeccionada la cesión con respecto a la quiebra.-
En este sentido, el Código Civil contiene cierta ambigüedad porque establece que la notificación debe ser realizada mediante acto público a los efectos de ser oponible a terceros (art. 1467, CC). La finalidad de esta exigencia es evitar las colusiones con el deudor cedido, quien podría confesar haber recibido la notificación en una fecha anterior a la real.-
Llambías entiende que el art. 1467, CC no exige que la notificación sea realizada mediante instrumento público, sino por un “acto auténtico, es decir un documento que haga fe de su contenido” (Llambías, ob. cit., p. 32).-
En mi opinión, la interpretación realizada por Llambías es coherente con el propósito del art. 1467, esto es, evitar colusiones con el deudor cedido. Asimismo, dicha interpretación no vulnera el propósito del art. 1459 de dar publicidad de la cesión, que, de todos modos, se funda en una presunción de conocimiento y no en el conocimiento real por parte de los terceros.-
Al respecto, la Cámara Comercial de la Capital Federal entendió que un telegrama colacionado era suficiente a los fines del art. 1467 (”Frutos Pedro en Palant c/Henry Frank”, LL, T. 9, p. 1004, 6.12.37).-
En el caso, estimo que la notificación por carta documento configura una garantía suficiente de que no hubo colusión con el deudor cedido, por lo que entiendo que la cesión se perfeccionó con anterioridad a la declaración de quiebra con respecto a la masa de acreedores.-

5. Por las razones expuestas, considero que V.E. debe rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.-

Buenos Aires, 23 de abril de 2007.//-

Fdo.: ALEJANDRA GILS CARBÓ, FISCAL GENERAL