HONORARIOS DEL ASESOR LETRADO DEL SINDICO.

Regulación final. Normativa aplicable. Interpretación normativa.

El caso: El Juez concursal de 26ta. Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Ernesto Abril, por Sentencia Interlocutoria Nº 513 del 05/10/2.006, dispuso la regulación del letrado de la sindicatura por fuera del porcentaje mínimo previsto por el art. 267 de la L.C. (4 % sobre el activo realizado, o tres sueldos del secretario de primera instancia de la jurisdicción en que tramita el concurso, el que sea mayor) para los funcionarios y profesionales, el que reparte entre el órgano del concurso y el letrado de la fallida.

 

Esta resolución ha sido elevada a la Cámara 3ra. de Apelaciones con competencia en materia de Concursos y Quiebras a los fines previstos en el art. 272 LCQ (en los casos en que los honorarios se pagan con fondos obtenidos por la liquidación de bienes del fallido, el Juez Concursal debe remitir los autos a la alzada, la que puede reducir las regulaciones aunque el Síndico no haya apelado).

La Cámara, por Auto Interlocutorio Nº 3 del 16/02/2.007, confirmó la resolución traída en consulta.

 

1.     De una lectura integral del sistema de regulación de honorarios de la ley concursal reflexiono que en realidad, y pese al texto literal del art. 266 de la L.C.Q, no pueden ser tenidos en cuenta en las proporciones dispuestas por el legislador en la sección II, capítulo II del Titulo IV de la ley bajo estudio, los gajes del Asesor del Síndico por no formar parte de los costos que deben ser soportados por el concursado o la masa falencial, que gozan de la preferencia del art. 240 de la L.C., y que son en definitiva, los que tienen en consideración las normas contempladas en la citada sección.

    

2.     Si bien uno de los objetivos del legislador del año 1995 fue la reducción del costo de los honorarios profesionales que en algunos casos fueron considerados excesivos durante la vigencia de la ley anterior, lo real es que tal voluntad se encuentra reflejada en la disminución de los porcentuales fijados por la ley derogada y que dan cuenta los nuevos textos de los arts. 266 y 267, como también con la inclusión en el bloque total de honorarios, de otros profesionales cuyos costos deben ser absorbidos por el concurso, pero revisando la cuestión, no encuentro que pudieran sufrir una mayor merma a partir de una interpretación literal del dispositivo del art. 266, cuando los gajes del asesor letrado del que se vale la sindicatura no corresponde que sean soportados por el concursado o masa de acreedores, (cuando los honorarios del profesional que el Síndico contrate para su personal patrocinio letrado son a su exclusivo cargo, tal como ya lo establece el art. 257 LC desde agosto del año 1995).

 

3.     Si se hubiera tenido la intención de reducir aún más los emolumentos normados en la sección en estudio, nada costaba al legislador concretar la disminución a través de los porcentajes que finalmente quedaron plasmados con la reforma. Avala la postura propugnada, la ausencia de discusión, tanto en la jurisprudencia nacional, como en la doctrina, respecto a la solución planteada.

 

4.     Es un dato de la realidad que reducir aún más emolumentos se propende a que la sindicatura actúe sin asesoramiento letrado producto de la incidencia que implicaría en sus emolumentos, lo que se traduce en un resultado negativo a la hora de que le resulte necesario contar con un técnico jurídico para el cumplimiento de sus funciones.

 

5.     Para determinar los honorarios de los profesionales intervinientes, se debe atender al resultado neto de la realización de los bienes, que es equivalente a lo obtenido en la subasta menos los gastos del remate.

No debe perderse de vista que los honorarios de los profesionales los abona la quiebra, con la salvedad de los del letrado del Síndico; por lo tanto, si no se descontaran los gastos de subasta, se efectuaría una regulación sobre una cifra irreal, que no se encuentra disponible para el concurso al ser llevada a un monto bruto (Del voto de la Dra. Mansilla de Mosquera).

 

6.     La experiencia ha demostrado que la jurisprudencia que reduce aún más los emolumentos determinados por la ley de concursos no es seguida en general en las demás jurisdicciones provinciales, lo que no es un dato menor tratándose de resolver una cuestión cuando menos problemática, puesto que no se puede negar que lo que la ley parece prescribir según su expresión literalla inclusión del honorario del letrado de la sindicatura en la masa regulatoria, no sólo no es razonable, no siendo la quiebra la que debe soportarlo, sino que resulta incoherente con su propia ratio, desde que vuelve inalcanzables las escalas máximas, y merma los mínimos que ella misma establece. (Del voto del Dr. Fontaine).

 

7.     Se puede sostener válidamente que la ley, más allá de la expresión literal, no ha querido imponer a favor de la quiebra este doble ahorro, disminuyendo por un lado la masa repartible al hacer entrar en ella los honorarios del letrado de la sindicatura, y haciendo por el otro que esos honorarios sean abonados por el síndico y no por la propia quiebra.

Más bien se debe suponer que la sustitución del antiguo art. 281 de la ley 19.551/72 por el art. 257 de la ley 24.522/95 se hizo sin la necesaria coordinación con los actuales artículos 266 y 267. (Del voto del Dr. Fontaine).

 

Cám. 3° Civ. y Com. Cba.       

Trib. de origen: Juzg. 26° Civil yComercial – Juez Dr. Ernesto Abril (Sent. Interloc. 513 del 05/10/2.006)

Gil, Raúl Enrique – Quiebra Propia Simple - Concurso Preventivo – Quiebra Indirecta“.

Auto Interlocutorio Nº 3.   Córdoba, viernes 16/02/2.007.

 

Y CONSIDERANDO:

 LA SEÑORA VOCAL DOCTORA BEATRIZ MANSILLA DE MOSQUERA, DIJO:

                                  En el caso el Juez Concursal de 26ta. Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba, (con especialidad en Concursos, Quiebras y Sociedades, Dr. Ernesto Abril), ha dispuesto la regulación del letrado de la sindicatura, Dr. César Maldonado, por fuera del porcentaje mínimo previsto por el art. 267 de la L.C. para los funcionarios y profesionales, el que reparte entre el órgano del concurso y el letrado de la fallida.

 

                                   Si bien la aludida solución no se condice con el criterio que hasta el presente vienen sustentando las Cámaras con Competencia Especial en Sociedades y Concursos de esta Ciudad, y a la que adhiriera en mi desempeño como Juez de Primera Instancia, la necesidad de expedirme nuevamente en lo que respecta a la inclusión de los honorarios del asesor del síndico en el porcentaje dispuesto por los art. 267 de la L.C.Q., me indujo a efectuar un nuevo análisis de la cuestión, que como conclusión final me lleva a proponer una solución contraria a la hasta aquí sostenida.

 

                                   Insistiendo en una lectura integral del sistema de regulación de honorarios de la ley concursal reflexiono que en realidad y pese al texto literal del art. 266 de la L.C.Q, no pueden ser tenidos en cuenta en las proporciones dispuestas por el legislador en la sección II, capítulo II del Titulo IV de la ley bajo estudio, los gajes del Asesor del Síndico por no formar parte de los costos que deben ser soportados por el concursado o la masa falencial, que gozan de la preferencia del art. 240 de la L.C., y que son en definitiva, los que tienen en consideración las normas contempladas en la citada sección.

 

                                      Si bien uno de los objetivos del legislador de 1995 fue la reducción del costo de los honorarios profesionales que en algunos casos fueron considerados excesivos durante la vigencia de la ley anterior, lo real es que tal voluntad se encuentra reflejada en la disminución de los porcentuales fijados por la ley derogada y que dan cuenta los nuevos textos de los arts. 266 y 267, como también con la inclusión en el bloque total de honorarios, de otros profesionales cuyos costos deben ser absorbidos por el concurso, pero revisando la cuestión, no encuentro que pudieran sufrir una mayor merma a partir de una interpretación literal del dispositivo cuando los gajes del asesor letrado del que se vale la sindicatura no corresponde que sean soportados por el concursado o masa de acreedores.

 

Razono entonces, que si se hubiera tenido la intención de reducir aún más los emolumentos normados en la sección en estudio, nada costaba al legislador concretar la disminución a través de los porcentajes que finalmente quedaron plasmados con la reforma.                                   

 

Avala la postura propugnada la ausencia de discusión en la jurisprudencia nacional como en la doctrina respecto a la solución planteada.

 

Al efecto encuentro oportuno citar a los Dres. Pasaresi y Passaron, que en su obra dedicada al estudio de los honorarios en concursos y quiebras, en lo que refiere al punto, señalan que no corresponde incluir la retribución del letrado del síndico en el paquete de honorarios, pues las escalas no han sido previstas para cuando es el síndico –y no la masa- el obligado al pago (art. 257).

(Pasaresi Guillermo M., Pasaron Julio F. “Honorarios en concursos y quiebras”, pág. 369, editorial Astrea).

 

                                   A lo expuesto cabe agregar que es un dato de la realidad que la solución contraria propende a que la sindicatura actúe sin asesoramiento letrado producto de la incidencia que implicaría en sus emolumentos, lo que se traduce en un resultado negativo a la hora de que le resulte necesario contar con un técnico jurídico para el cumplimiento de sus funciones.

 

                                   En base a la posición propugnada considero que la regulación traída en consulta debe ser confirmada habida cuenta de que la regulación general ha sido efectuada en la oportunidad procesal indicada por los arts. 218, y 265 inc. 4º de la ley 24.522, y que los honorarios regulados fueron consentidos por los funcionarios y letrados intervinientes, siendo los mínimos fijados por el art. 267 del mismo ordenamiento; atendiendo a los parámetros de trabajos efectivamente realizados y tiempo de desempeño.

 

Ello sin perjuicio de advertir el yerro en que se incurre en el resolutorio, si bien ninguna incidencia genera en el caso concreto por encuadrar de todas maneras la situación en los mínimos legales, al haber sido considerado en la base regulatoria el monto de $ 640 siendo que deben ser destinados para solventar gastos de la subasta.

 

Como ya lo tiene dicho esta Cámara, para determinar los honorarios de los profesionales intervinientes, se debe atender al resultado neto de la realización de los bienes, que es equivalente a lo obtenido en la subasta menos los gastos del remate.

 

No debe perderse de vista que los honorarios de los profesionales los abona la quiebra, con la salvedad de los del letrado del Síndico; por lo tanto, si no se descontaran los gastos de subasta, se efectuaría una regulación sobre una cifra irreal, que no se encuentra disponible para el concurso al ser llevada a un monto bruto.

 

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR GUILLERMO E. BARRERA BUTELER, DIJO:

                            Adhiero al voto de la Dra. Beatriz Mansilla de Mosquera.

 

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR JULIO L. FONTAINE, DIJO:

                            Aunque, tal como lo ha hecho notar la Dra. Mansilla de Mosquera en el voto precedente, el criterio con que se han practicado las regulaciones en el auto elevado en consulta no es el que ha venido aplicando hasta ahora este Tribunal, en coincidencia con el que tiene adoptado también la Cámara Segunda, estoy de acuerdo en que aquella resolución sea confirmada y que, en cambio, se modifique para el futuro la jurisprudencia de la Cámara.

 

La experiencia ha demostrado que esa jurisprudencia no es seguida en general en las demás jurisdicciones provinciales, lo que no es un dato menor tratándose de resolver una cuestión cuando menos problemática, puesto que no se puede negar que lo que la ley parece prescribir según su expresión literalla inclusión del honorario del letrado de la sindicatura en la masa regulatoria, no sólo no es razonable no siendo la quiebra la que debe soportarlo, sino que resulta incoherente con su propia ratio, desde que vuelve inalcanzables las escalas máximas y merma los mínimos que ella misma establece.

 

En verdad se puede sostener válidamente que la ley, más allá de esa expresión literal, no ha querido imponer a favor de la quiebra este doble ahorro, disminuyendo por un lado la masa repartible al hacer entrar en ella los honorarios del letrado de la sindicatura, y haciendo por el otro que esos honorarios sean abonados por el síndico y no por la propia quiebra.

 

Más bien se debe suponer que la sustitución del antiguo art. 281 de la ley 19.551 por el art. 257 de la ley 24.522 se hizo sin la necesaria coordinación con los actuales artículos 266 y 267.

 

                            Adhiero entonces a la decisión que propone la Dra. Mansilla de Mosquera en su voto.

 

                            Por ello, SE RESUELVE: Confirmar la resolución en consulta.    Protocolícese, hágase saber y bajen.

 

FDO. MANSILLA DE MOSQUERA - BARRERA BUTELER - FONTAINE.