Expte. 32.558 – “A.M.S.A. P/QUIEBRA “A”P/ quiebra solicitada por acreedor” - SEGUNDA CAMARA EN LO CIVIL (Primera Circunscripcion Judicial de Mendoza) – 24/08/2007

“La ley concursal en ninguna de sus disposiciones contempla la desestimación del pedido de quiebra demandado por acreedor y entonces la cuestión debe resolverse por virtualidad de las normas arancelarias locales, no rigiendo las limitaciones de la ley concursal, puesto que ….. no habiéndose dictado la sentencia de quiebra, la misma no ha producido efectos jurídicos por lo que en materia de honorarios no puede estarse a las disposiciones previstas en la ley de concursos, siendo la base económica para regular el importe del crédito que motivó el pedido de declaración de concurso civil o quiebra y no su patrimonio cuyo contenido íntegro no ha sido afectado. Lo relevante es que la quiebra, en definitiva, no se declare, ya sea porque se desestime el pedido, o, como en el caso bajo análisis, por haber mediado un incidente de caducidad de la instancia, cuyo efecto es idéntico.”

“Ya sea que el pedido de quiebra se desestime, o se sobresea por presentación en concurso, o caiga, como en el caso, por caducidad de instancia del incidente generado con la petición de la declaración de quiebra, por los efectos que se desprenden de todas estas hipótesis, y la sustancial analogía que guardan entre sí las mismas a los efectos regulatorios, la solución debe ser idéntica, y seguida de la idea central consistente en que La ley concursal en ninguna de sus disposiciones contempla la desestimación del pedido de quiebra demandado por acreedor, razón por la que la cuestión debe resolverse por virtualidad de las normas arancelarias locales, no rigiendo las limitaciones de la ley concursal. No habiéndose dictado la sentencia de quiebra, la misma no ha producido efectos jurídicos por lo que en materia de honorarios no puede estarse a las disposiciones previstas en la ley de concursos.”

MENDOZA, 24 de agosto del año 2007.//-

VISTOS: los autos individualizados, en estado de resolver a fs.71 v. y

CONSIDERANDO:

1. En contra de la regulación de honorarios practicada a fs.51/52 por el sr. Juez del Primer Juzgado de Procesos Concursales y Registro de Mendoza, apelaron los dres. …. (fs. 53)).-
El sr. Juez reguló los honorarios de los profesionales apelantes en las sumas respectivas de $2.923,97 y $5.847,94, por el incidente de caducidad de instancia, y al dr. …., en la suma de $5.847,94 por el incidente principal.-
Para así decidir, y en lo que al recurso de apelación interesa, tuvo en consideración los siguientes aspectos:
Conforme a lo resuelto a fs. 27/8, que ha quedado firme, es de aplicación el art. 14 de la LA (inc. c), en tanto y en cuanto se remitió en la mencionada resolución al art. 287 LCQ, sin que en esa ocasión se cuestionara por ninguna de las partes.-
La base regulatoria no puede ser nunca el activo de la concursada, sino que debe limitarse a las acreencias en base a las cuales se le pidió la quiebra a AMSA, y que figuran en la planilla de fs. 30/33, con menos la quita acordada en el acuerdo preventivo votado por los acreedores y que alcanza al 40%.-
Esta base debe justipreciarse respecto de cada uno de los peticionarios de la quiebra, en tanto y en cuanto y más allá de que fueron representados por el dr. …, no () es factible unificar la regulación, sino que debe descomponerse tantas veces como obligados existen, proporcionándose en cada caso al monto de su acreencia en las condiciones expuestas y conforme al detalle consignado a fs. 52.-

2. A fs. 73/74 v. alegó razones el dr…. destacando los siguientes aspectos que hacen a su disconformidad con la regulación que se le acordara:
La base regulatoria debió estar integrada, como mínimo, por el activo de la concursada cuya quiebra se pidió, y cuyo monto emana claramente del informe general elaborado por Sindicatura en los autos principales y que es igual a $5.638.258,90.-
La regulación luce como groseramente insuficiente, pues fue hecha sobre la base del importe de cada crédito particular, menos la quita acordada, a la cual son ajenos los apelantes.-
El valor económico está dado por el total del activo referido, o en su caso del pasivo que habría de ser cancelado mediante el procedimiento iniciado;; la importancia patrimonial se refleja en el interés que los acreedores de que se declare la quiebra de toda la entidad, razón por la cual se peticionó esa base regulatoria.-
Quienes consideran de aplicación del art. 10 del arancel, hacen referencia a la ejecución colectiva, señalando que el acreedor no promueve la causa en su exclusivo interés, sino que insta al tribunal para la promoción de una acción pública tendiente a la ejecución colectiva de los demás bienes del deudor.-
Aún en el caso de considerarse procedente la base objetada, el porcentaje aplicado no condice con los precedentes del mismo juez, conforme a la causa que indica en la que se reguló a los profesionales intervinientes, por un incidente, el 10% de la base, mientras que en autos escogió el juez el 3,6% para el incidente de caducidad que puso fin al proceso, e igual criterio restrictivo aplicó para el incidente principal, vale decir el pedido de quiebra, quebrándose el principio de igualdad.-

3. A fs. 77/79 alegó razones el dr. …y S.A.D.A.I.C., ambos por medio de apoderado, defendiendo la decisión del sr. Juez apelado del siguiente modo:
Los apelantes no han replicado al fundamento del juez consistente en que la base regulatoria ya estaba señalada a fs. 27/28 y no cuestionada por las partes.-
Los honorarios en estos casos deben ser determinados de acuerdo con las normas de la ley, a la actuación profesional, monto del proceso, etapas en que ha intervenido o actuación en incidentes, recursos etc.-
Los restantes argumentos del a-quo, referidos a que la base regulatoria no podía ser nunca el activo de la concursada, están adaptados al criterio imperante en materia normativa y jurisprudencial.-

4. Entrando en la consideración de la primera cuestión planteada, anticipamos que coincidimos con el criterio del sr. Juez de la instancia precedente para regular los honorarios de los sres. profesionales apelantes.-
Debe partirse de la idea consistente en que La ley concursal en ninguna de sus disposiciones contempla la desestimación del pedido de quiebra demandado por acreedor y entonces la cuestión debe resolverse por virtualidad de las normas arancelarias locales, no rigiendo las limitaciones de la ley concursal, puesto que ….. no habiéndose dictado la sentencia de quiebra, la misma no ha producido efectos jurídicos por lo que en materia de honorarios no puede estarse a las disposiciones previstas en la ley de concursos, siendo la base económica para regular el importe del crédito que motivó el pedido de declaración de concurso civil o quiebra y no su patrimonio cuyo contenido íntegro no ha sido afectado.-
Lo relevante es que la quiebra, en definitiva, no se declare, ya sea porque se desestime el pedido, o, como en el caso bajo análisis, por haber mediado un incidente de caducidad de la instancia, cuyo efecto es idéntico.-
Tras la misma idea, la SCJMza., ha interpretado que No existe error normativo en la sentencia que aplicó el art.10 de la ley de aranceles local (juicios sin monto) y, asimiló el supuesto al pedido de quiebra rechazada, para regular los honorarios de los abogados peticionantes de la quiebra sobreseída por la posterior presentación en concurso del deudor. En efecto, la pretensión de los profesionales recurrentes de aplicar la ley concursal se sustenta en la cita de precedentes en los que la quiebra fue declarada, mientras que en el sublite la quiebra nunca se declaró, razón por la que el caso no guarda sustancial analogía con aquellos supuestos.-
De tal manera, ya sea que el pedido de quiebra se desestime, o se sobresea por presentación en concurso, o caiga, como en el caso, por caducidad de instancia del incidente generado con la petición de la declaración de quiebra, por los efectos que se desprenden de todas estas hipótesis, y la sustancial analogía que guardan entre sí las mismas a los efectos regulatorios, la solución debe ser idéntica, y seguida de la idea central consistente en que La ley concursal en ninguna de sus disposiciones contempla la desestimación del pedido de quiebra demandado por acreedor, razón por la que la cuestión debe resolverse por virtualidad de las normas arancelarias locales, no rigiendo las limitaciones de la ley concursal. No habiéndose dictado la sentencia de quiebra, la misma no ha producido efectos jurídicos por lo que en materia de honorarios no puede estarse a las disposiciones previstas en la ley de concursos.-
Delimitada la normativa a aplicar -entre la falencial y la arancelaria local-, en casos como el que nos ocupa, a su vez, queda por dilucidar si, como se desprende de los fallos en primer término citados deben regularse los honorarios por tarifa, sobre la base regulatoria del monto del crédito que motivó el pedido de quiebra o si, por el contrario, la norma adecuada es la del art. 10 de la ley mendocina, considerándose como juicio sin monto.-
El sr. Juez apelado participa de la primera de las tesituras descriptas, tal como expresamente lo manifiesta en su resolución, mientras que la SCJMza., en el fallo ya citado, ha dicho que Aún reconociendo la autoridad científica y moral del mencionado autor, en el precedente ya citado (LS 235-290; JA 1994-II-47 y Doc. Jud. 1994-1-981), esta Sala siguió el criterio de anteriores integraciones y sostuvo que el hecho de que ese crédito fuese la “única referencia cierta de naturaleza económica para poder aplicar los porcentajes para el cálculo de los honorarios” no es suficiente para sostener que se trata de un juicio cuyo objeto puede ser valuado pues la petición de quiebra no importa una ejecución individual mediante la cual se pretende la percepción de un crédito, sino la pretensión de abrir un proceso universal en el que los acreedores concurrirán en un pie de igualdad;; en consecuencia, el objeto del proceso no está configurado por sumas de dinero ni bienes susceptibles de apreciación pecuniaria sino por la petición de la formación de un procedimiento especial, que no puede ser valuado económicamente, sin perjuicio que el monto del crédito sea tomado en consideración al evaluar las influencias económicas que el pleito puede llegar a tener sobre los bienes de las partes, criterio que se comparte y que tal como lo recuerda la sra. Ministro preopinante de la Corte de Mendoza, no obstante los diversos regímenes legales en materia concursal, ha sido seguido por numerosa jurisprudencia a partir del plenario de la Cámara Nacional de Comercio del 31/8/1956 recaído in re “Flota Mercante del Estado del Paraguay c/ Saci Maderera”, según el cual los honorarios en estos supuestos deben determinarse conforme a la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la defensa, apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo.-
Así las cosas, estimamos adecuada a la labor profesional desplegada por el dr. … en su contestación de fs. 6/9 al pedido de quiebra, la que más allá de su corrección técnica, no se advierte una complejidad jurídica, contable, fáctica o de cualquier otro tipo, ni una extensión que justifique un incremento de los honorarios que le reconociera el sr. Juez que nos precedió en el juzgamiento -aunque con criterio tarifario-, es decir $5.847,94.-
La regulación practicada a los apelantes por el incidente de caducidad de instancia que luce a fs.15, además de amoldarse a las disposiciones legales de aplicación al caso, con mayor razón, si de pautas de ponderación se trata, amerita una modificación.-

De tal modo, entendemos que de acuerdo al temperamento adoptado por este Tribunal en el caso -aplicación de las normas locales de aranceles y, entre ellas, el art. 10 de la Ley 3641, modif. por dec.ley 1.304/75- es correcta la asignación de honorarios de los apelantes.-
La apelación interpuesta a través de la norma del art. 40 del CPC no conlleva costas.-
Por lo que el Tribunal
RESUELVE:
1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto a fs. 53 en contra de la regulación de honorarios practicada a fs.51/52 por el sr. Juez del Primer Juzgado de Procesos Concursales y Registro de Mendoza, la que se confirma en todas sus partes.-
2. No imponer costas.-

NOTIFÍQUESE y BAJEN.//-

Fdo.: LLASTER-URSOMARSO-BALDUCCI