“Difiomar S.A. s/ quiebra c/ Dimar S.A. y otros s/ ordinario” - CNCOM - SALA D - 04/03/2005

EXTENSION DE QUIEBRA. Actuación en interés personal. Controlantes. Confusión patrimonial. Art. 161 Ley 24522. Los requisitos deben apreciarse con criterio riguroso

“El actor, acreedor verificado en la quiebra de Difiomar S.A., solicitó que se extienda la falencia de ésta a Dimar S.A., Eduardo Douglas Di Fiore y Carlos Ángel Martín. Fundó su pretensión en que los demandados habrían abusado de la fallida como entidad controlada, y en que habría existido una confusión patrimonial inescindible entre la fallida y los demandados. Sostuvo que las personas físicas demandadas se valían para la gestión de sus negocios personales de diversas personas jurídicas, que habían sido presidente y vicepresidente de ambas sociedades y que éstas tenían un mismo objeto social. Añadió que habrían sido rescindidos ciertos contratos que vinculaban a la fallida con una serie de cines destinados a exhibir las películas que comercializaba Difiomar, varios de los cuales serían de propiedad de Di Fiore; al par que se habrían cedido esos contratos, que hacían al objeto social de la fallida, a su competidora en el mercado -Lowe-.”

“Con las probanzas reunidas en la causa y las colectadas en los expedientes ofrecidos como prueba, no se ha acreditado que los demandados hayan incurrido en alguna de las conductas establecidas por el art. 161 de la ley 24522 para la procedencia de la acción incoada en la especie. Máxime, si se tiene en cuenta que por el tipo de acción de que se trata -como bien señaló la primer sentenciante- sus requisitos deben apreciarse con criterio riguroso.”

“En los términos en que ha sido formulada la demanda, la única conducta que podría resultar reprochable a los demandados en los términos de la mentada norma podría haber sido la alegada rescisión de los contratos que vinculaban a la fallida con ciertas salas de cine y la supuesta transferencia de ellos a su competidora en el mercado. Empero, tal versión no se ha visto corroborada por elemento alguno. Por el contrario, existen pruebas que la desvirtúan, de las que surge que dichos contratos habrían sido rescindidos por los co-contratantes ante las demoras en los pagos por parte de la fallida o no renovados por ellos al vencimiento de su plazo de duración por igual causa.”

En Buenos Aires, el 4 de marzo de dos mil cinco, reúnense los señores Jueces de esta Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para sentenciar en la causa “DIFIOMAR S.A. S/ QUIEBRA C/ DIMAR S.A. Y OTROS S/ ORDINARIO”, registro 62584/98, procedente del Juzgado nº 23 del fuero (sec. nº 45)), donde est identificada como expediente 28.657.//-

El doctor Monti dijo:

I- Viene apelada la sentencia de fs. 932/952 en cuanto rechazó la demanda de extensión de quiebra promovida por Miguel Ángel Martinez.-

II- El actor, acreedor verificado en la quiebra de Difiomar S.A., solicitó que se extienda la falencia de ésta a Dimar S.A., Eduardo Douglas Di Fiore y Carlos Ángel Martín. Fundó su pretensión en que los demandados habrían abusado de la fallida como entidad controlada, y en que habría existido una confusión patrimonial inescindible entre la fallida y los demandados. Sostuvo que las personas físicas demandadas se valían para la gestión de sus negocios personales de diversas personas jurídicas, que habían sido presidente y vicepresidente de ambas sociedades y que éstas tenían un mismo objeto social. Añadió que habrían sido rescindidos ciertos contratos que vinculaban a la fallida con una serie de cines destinados a exhibir las películas que comercializaba Difiomar, varios de los cuales serían de propiedad de Di Fiore;; al par que se habrían cedido esos contratos, que hacían al objeto social de la fallida, a su competidora en el mercado -Lowe-. Destacó, asimismo, que los libros contables nunca fueron encontrados.-

III- Al contestar demanda, Carlos Martín y Dimar S.A. expresaron que ambas sociedades se habrían dedicado a tareas distintas y que la única relación entre ellas pudo haber sido que la fallida distribuyera películas de Dimar S.A. Negaron estar incursos en alguna causal de extensión de quiebra y que Martín haya sido director de la fallida. Alegaron que el actor no les imputaba desvío del interés social en beneficio propio.-

IV- Por su parte, Eduardo Douglas Di Fiore basó su defensa en que la fallida habría sido controlada únicamente por el codemandado Martín. Expresó que los contratos referidos por el actor no () habrían sido renovados por los propietarios de los cines y que el entrecruzamiento del capital accionario, la existencia de directorios similares y un mismo domicilio social no eran de por sí suficientes para la extensión de la quiebra.-

V- A su vez, el síndico de la quiebra de Difiomar S.A., al responder la acción, adhirió a la demanda de extensión de quiebra sosteniendo que Di Fiore habría manejado a la fallida discrecionalmente en su propio beneficio, actuando bajo la forma de sociedad con el propósito de evadir su responsabilidad frente a los acreedores.-

VI- La sentenciante, luego de señalar que la índole de la acción deducida impone ser exigente en la apreciación de sus presupuestos, consideró, en suma, que éstos no habían sido demostrados. Dijo que no se acreditó la existencia de una simulación ilícita ni conducta reprochable que ameritara la desestimación de la personalidad jurídica y que no existen elementos en la causa que permitan concluir que haya habido una actuación fraudulenta por parte de los demandados o abuso de la situación de control. Consideró también que no se habría acreditado la alegada transferencia de los contratos a Lowe S.A. Finalmente, sostuvo que la confusión patrimonial inescindible invocada en la demanda no había sido adecuadamente fundada y que tampoco se probó la imposibilidad de delimitar activos y pasivos.-

VII- Contra dicha resolución se alzaron el actor y el síndico.-
El accionante, en fs. 968/985, se agravia del rechazo de la demanda porque, a su criterio, se encontrarían acreditados los recaudos establecidos en el art. 161 incs. 1, 2 y 3 de la ley 24.522. Cuestiona la valoración de las pruebas realizada por la a quo, en especial, que no se hubiera tomado en cuenta el alegado ocultamiento de los libros de comercio de la fallida por parte de los demandados, ni la testimonial y pericial contable producida en la causa laboral ofrecida como prueba, así como la supuesta confesión judicial de los accionados. También critica el valor atribuido por la sentenciante a cierta prueba informativa. Dice que se produjo un desvío del interés social con el cese de la actividad comercial de la fallida y que la falta de renovación de los contratos que la vinculaban con una serie de salas de cine había sido decidida por sus controlantes, quienes habrían dispuesto de los bienes de ella como si fuesen propios.-
En fs. 989/991 expresó agravios el funcionario concursal, quien cuestiona similares aspectos del decisorio, sin aportar argumentos distintos que ameriten una reseña particular.-

VIII- En el dictamen de fs. 1022/1025 se expidió la representante del Ministerio Público, quien entiende que corresponde confirmar la sentencia apelada.-

IX- Los agravios del actor y de la sindicatura serán tratados conjuntamente, pues versan, principalmente, sobre la valoración de la prueba efectuada por la a quo, quien apreció que no se encontraban acreditados los requisitos exigidos por el ordenamiento falencial para que resulte procedente la extensión de la quiebra.-
En ese orden, es dable recordar que, en materia de apreciación de la prueba, el sentenciante puede inclinarse por aquella que le merezca mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que pudieran obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado (conf., entre otros precedentes, Sala C, 18-6-1996, in re “Azaceta, Héctor Luis c/Bonel, Antonio Agustín y otros s/sum.”;; 28-12-90, in re “Milicix, Próspero c/C.I.M.A.D. Centro Integral Médico a Domicilio S. A.”). Ha de aplicarse aquí la regla de la sana crítica, sin que sea menester referirse a cada una de las constancias de la causa (conf. art. 386, Cód. Proc.). Desde esa perspectiva, cabe anticipar que no son cuestionables las apreciaciones de la a quo y no se advierten motivos que aconsejen un parecer contrario al sostenido por ella.-
En efecto, con las probanzas reunidas en la causa y las colectadas en los expedientes ofrecidos como prueba, no se ha acreditado que los demandados hayan incurrido en alguna de las conductas establecidas por el art. 161 de la ley 24.522 para la procedencia de la acción incoada en la especie. Máxime, si se tiene en cuenta que por el tipo de acción de que se trata -como bien señaló la primer sentenciante- sus requisitos deben apreciarse con criterio riguroso.-
En los términos en que ha sido formulada la demanda, la única conducta que podría resultar reprochable a los demandados en los términos de la mentada norma podría haber sido la alegada rescisión de los contratos que vinculaban a la fallida con ciertas salas de cine y la supuesta transferencia de ellos a su competidora en el mercado.-
Empero, tal versión no se ha visto corroborada por elemento alguno. Por el contrario, existen pruebas que la desvirtúan, de las que surge que dichos contratos habrían sido rescindidos por los co-contratantes ante las demoras en los pagos por parte de la fallida o no renovados por ellos al vencimiento de su plazo de duración por igual causa (ver contestaciones de oficios de fs. 487, 500/504, 730, 759, 761 y 762, fs. 461 respuesta a la primera repregunta y fs. 747/748 respuesta a la pregunta 12).-
Los cuestionamientos formulados por la actora en su expresión de agravios respecto de la prueba informativa citada no empecen a tal conclusión, toda vez que, por un lado, las contestaciones de las entidades oficiadas no fueron oportunamente impugnadas y, por el otro, tampoco se insinuaron elementos de juicio, ni siquiera indiciarios, tendientes a sustentar una versión distinta de los hechos, por lo que la discusión sobre la eficacia probatoria de los informes resulta estéril.-
Por otra parte, la falta de secuestro de los libros de comercio de la fallida, en el caso, no puede considerarse como un elemento de juicio en favor de las pretensiones del demandante y la sindicatura, en tanto la fallida habría dejado de operar comercialmente en 1983 (v. explicaciones del co-demandado Martín, fs. 126/128 de los autos principales, tampoco hay constancias de que haya continuado su actividad con posterioridad a dicha data), y su quiebra ha sido decretada el 15/9/95 (v. fs. 87 de los autos principales), tras la expiración incluso del plazo previsto por el art. 67 del Código de Comercio para su guarda.-
El hecho de que del peritaje contable llevado a cabo en una causa laboral surja que en las cuentas de la fallida existían fondos que se encontraban acreditados como pertenecientes a Dimar S.A. (v. fs. 608/609), no constituye un elemento de por sí suficiente para la extensión de la quiebra, dado que no parece que hubiera impedido delimitar los patrimonios de la fallida y dicha sociedad (art. 161 inc. 3 de la ley 24.522).-
Así las cosas, la declaración de la testigo Vello en el sentido de que ambas sociedades eran “dos empresas a los fines impositivos” (v. fs. 580/581 de la causa laboral) aparece como una opinión vertida por la deponente que no aporta elementos objetivos que hayan sido corroborados o complementados por otras probanzas.-

X- Por todo ello, si mi criterio fuera compartido, propongo confirmar la sentencia apelada. Las costas de la Alzada deberán ser soportadas por los apelantes vencidos (art. 68 del Cód. Procesal). Así voto.-

El señor Juez Cuartero adhiere al voto que antecede.-

La señora Juez Díaz Cordero no interviene en este Acuerdo por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).-
Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:
(a) Confirmar la sentencia de primera instancia dictada en fs. 932/952.-
(b) Imponer las costas de alzada a los apelantes.-
(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta que sean fijados los correspondientes a la primera instancia.//-

Fdo.: MONTI - CUARTERO