Nuestra  opinión sobre el criterio que se intenta instaurar para la conformación de la futura integración de listas de síndicos  concursales en la Provincia de Córdoba. De prosperar se  vulneran derechos de rango constitucional, donde la discriminación y el legitimo derecho a trabajar son alguno de ellos.

Juan Carlos LEDESMA

La Ley .24.522, en su Art.253, establece el procedimiento para la designación de los síndicos en los procesos concursales y quebratorios. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, en ejercicio de la función de superintendencia (Art. 166 inc.2º de la Constitución de la Provincia de Córdoba), dictó el Acuerdo Reglamentario nº 303 del 12 de octubre de 1995, por el cual resolvió: “1º. Procédase por las Cámaras de Apelaciones..a confeccionar las listas de síndicos en las condiciones del art. 253 de la ley 24.522 de acuerdo a las directivas del presente. 2º.Invitar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas a recepcionar las solicitudes para integrar las listas de contadores que reúnan los requisitos legales para ser designados Síndicos en los procesos concursales (art.253 Ley 24.522)…”.

Con motivo de la nueva integración de dichas listas para el periodo 2008/2011 se dictará una NUEVA ACORDADA -en preparación, de la que hemos tomado conocimiento- y de la que se desprenden criterios que impulsan prestaciones arcaicas e inclusive contradiciendo la novedosa Acordada Nª. 882 serie “A” de fecha 17 de mayo de 2007 del propio Superior Tribunal.

En efecto, con la pronta entrada en vigencia de la nueva acordada el TSJ, argumenta, impulsando estas modificaciones sustanciales- la necesidad de reglamentar nuevamente dichas designaciones que para hacer efectivo el “servicio justicia”, imprescindiblemente se debe exigir el domicilio real a los potenciales candidatos a síndicos, en razón de que este requisito proveerá al servicio de justicia, la inmediatez del profesional en el desempeño del cargo de sindico.

El proyecto de esta nueva acordada; puntualiza requisitos específicos relacionados con el domicilio real, alejándose diametralmente de lo específicamente establecido en el Art. 253 de la L.C.Q. Con ello se estaría tomando inexplicablemente una actitud contradictoria con los propósitos establecidos en el propio “convenio de comunicación electrónica ínter jurisdiccional” - Acordada Nª. 882 serie “A”-, el cual tiende a agilizar el servicio de justicia, mediante la utilización de la tecnología existente, entre otros -firma digital-, avanzando con su implementación a la efectiva modernización de dicho servicio de justicia.

En efecto el Tribunal Superior de Justicia, -vía nueva acordada- estaría incorporando un requisito no contemplado por la Ley específica en la materia (Ley 24522) cuando solicita: “domicilio: es requisito para la inscripción poseer domicilio real dentro de la circunscripción judicial en la que se pretende ejercer la sindicatura”.punto del proyecto de acordada.

Nuestra preocupación actual es que la “reglamentación” del art.253 L.C.Q., que se estaría gestando para toda la Provincia mediante novedoso Acuerdo Único será con alcances para todas las jurisdicciones de la Provincia, modificando los requisitos previstos por La propia ley y acordando “preferencias” no establecidas en la ley especifica (Art.253 L.Q), para el ejercicio de la sindicatura concursal, invadiendo una esfera para la cual la Provincia no tiene competencia, afectando –ilegalmente - el derecho de “trabajar” (art.14 CN) al acotarse arbitrariamente el ámbito espacial del ejercicio profesional, a los límites de cada circunscripción judicial de nuestra provincia, con una exigencia inexistente en el plexo normativo (art. 253 L.Q.)

No es propio de un obrar razonable, las reglamentaciones efectuadas al art. 253 L.Q., toda vez que no solo decide “arremeter contra propia ley”, sino y quizás lo mas grave con garantías de rango constitucional para el caso (art.43, 14, 17,18, 28 y 31 de la CN), como así también con jurisprudencia de la Corte Suprema a partir del caso “Diehl José

Para nuestro caso concreto que nos ocupa, afirmamos que la decisión de reglamentar el Art. 253, L.24.522 es arbitraria e ilegal, porque el TSJ, ejerciendo el poder de policía local no puede alterar o modificar el contenido de las leyes sustantivas. Caso contrario como dijo la Corte en esa oportunidad, la delegación hecha al gobierno de la nación para dictar los códigos comunes habría quedado reducida a una mera fórmula, pues la mayor parte de las instituciones comprendidas en aquellos, son susceptibles de considerables restricciones motivadas en razones de policía. Señalo también que no era concebible que el Código Civil o el de Comercio, al organizar las instituciones privadas para toda la república, lo haya hecho subordiando su contenido al examen y revisión de los gobiernos de provincia…”

Por ello esta “Reglamentación que luce inconstitucional” violentaría nuestro derecho a trabajar, nuestro derecho de propiedad, y la garantía de razonabilidad consagrada en nuestra Carta Magna (arts.14, 17,18 y 28 CN), y el art. 48 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

En este caso, nos encontraríamos con una situación de amenaza inminente a derechos de rango constitucional - que como veremos emergen de la Ley Suprema - que será violada en forma arbitraria e ilegalmente manifiesta, por parte de las autoridades judiciales de la Provincia al producir “reglamentaciones” para las cuales la Provincia no tiene competencia

Es que con la posible reglamentación desorbitada de la propia esfera y del limite impuesto por la propia ley se altera también el Derecho de propiedad instaurados en los (Arts . 14 y 17 C.N., Art. 23 Declaración Americana de los Derechos del Hombre, Art. 17 Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 21 Convención Americana sobre Derechos Humanos, que integran el llamado “bloque de constitucionalidad federal”, en razón de la jerarquía constitucional asignada a los mismos en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, luego de la reforma constitucional de 1994): El concepto constitucional de propiedad es mucho más amplio al que se reconoce como simple titularidad de dominio emanado del Derecho Civil.

Resulta en consecuencia, evidente, que se violaría el derecho de propiedad, en cuanto se reduce el espacio territorial de ejercicio profesional a una circunscripción judicial, en lugar de toda la provincia para la cual estamos matriculados, habilitados y al mismo tiempo es un “derecho adquirido” que integra el concepto de propiedad constitucional.

La garantía de razonabilidad debe estar siempre presente en los actos del Estado a tenor del art.28 CN. La razonabilidad impone un cierto límite que, si se traspasa, se cae en la zona opuesta de lo irrazonable o de lo arbitrario, y esto es lo que podría ocurrir de prosperar la reglamentación –nueva acordada- actualmente en estudio.

Es que, de imponerse como requisito el tema del “domicilio real” dejaríamos de lado inclusive los novedosos avances tecnológicos disponibles y al alcance de nuestras necesidades. Por caso las intervenciones quirúrgicas de alta complejidad vía Internet, que traducidas para el caso concreto del ejercicio profesional de la sindicatura concursal, se encaminan actitudes motivadas por colegas preocupados en brindar mayor agilidad al proceso, tomando la novedosa herramienta informática y sugiriendo –vía Consejos y Colegios Profesionales - que los principales informes del Síndico, piezas fundamentales del proceso, puedan ser consultados vía internet, precisamente, para que la distancia no menoscabe -la part conditio creditorum- igualdad entre los acreedores, permitiendo inclusive mayor transparencia y funcionalidad al proceso; y respecto a las distancias para trasladarse a las distintas sedes tribunalicias, es conocido el avance y la evolución de las nuevas autopistas y el advenimiento inclusive de medios de transporte cada vez mas sofisticados y veloces -tren bala-.

Con lo antes dicho se desvirtúa el preconcepto de imponer el domicilio real en aras de la inmediatez de la función sindicatural.

Finalmente recalcamos el trípode donde debe sustentarse la DESIGNACION DE SINDICOS.

a) PRINCIPIO DE LEGALIDAD INMERSO EN EL ART. 253 LEY 24522;

b) PRINCIPIO DE IDONEIDAD Y REQUISITO DE ANTIGÜEDAD MINIMA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL;

c) PREFERENCIA impuesta legalmente DE POSEER TITULO DE ESPECIALIZACION EN SINDICATURA CONCURSAL.

TODO ELLO NOS LLEVA A LA SANA CONCLUSION QUE EL DOMICILIO REAL NO PUEDE SER UN FACTOR LIMITATIVO NI EXCLUYENTE PARA EJERCER LA FUNCION DE SINDICO CONCURSAL, abonando nuestra postura las acordadas de las Provincias de Mendoza; Santa Fe; Rosario; Capital Federal; San Juan; La Rioja; Catamarca; Santiago del Estero y la Provincia de Tucumán entre otras.

ATTE.

Cr .Juan Carlos Ledesma.

Son firmantes y avalan esta posición los Especialistas en Sindicatura Concursal:

Susana Martín; Rosa Camaño; Maria Luisa Benítez; Graciela Gobbi; Antonio Am; Benito Misino; Horacio Díaz; Miguel Angel Pérez; Raúl Enrique Paez; Ana Simovich; Félix Jiménez; Darío Zapata; Susana Zapata; Norberto Urbani; Raúl Sarmiento; Fabiana Fernández; Carlos Salcedo; y Rosa Teliczan