CONCURSOS y QUIEBRAS. PEDIDO DE QUIEBRA. Trámite. Facultades del juez. Medidas sumarias. Límites. CITACION DEL DEUDOR. Art. 84 Ley 24522. Suficiencia de la notificación efectuada en el domicilio social inscripto. Innecesariedad de la constatación de la realidad del domicilio. Declaración de falencia supeditada a la existencia de activos. Improcedencia. Exigencia que no tiene base normativa

051139/2006 - “Textil Javerim SRL s/ pedido de quiebra (promovido por
Cladd Industria Textil Argentina SA)” - CNCOM - SALA A - 07/09/2007

“En virtud de la especial naturaleza del proceso concursal -en la que no solo están en juego intereses patrimoniales individuales, sino también los “iuspublicísticos” inherentes al orden público concursal-, no puede desconocerse la facultad de que dispone el magistrado interviniente para ordenar medidas sumarias tendientes, por ejemplo, a localizar al presunto fallido o, en su caso, determinar la composición de su activo.”

“Ello no constituye óbice para merituar que en el sub lite ya se dispuso la citación prevista por la LCQ:84, y que dicho emplazamiento tuvo lugar en autos, circunstancia que torna injustificado que los requerimientos de información sean efectuados a costa de la paralización del proceso, dilatando indefinidamente la formalización de la declaración de quiebra que impondría el estado actual del trámite.”

“La notificación realizada en autos en el domicilio inscripto por la sociedad, con carácter de “constituido”, es suficiente para tener por cumplida la acción de la LCQ:84 aunque de hecho aquella no resida efectivamente allí, en un todo de acuerdo con lo previsto por el citado art. 11, inc. 2 de la LSC.”

“Supeditar un decreto falencial a la previa existencia de activos a fin de impedir un procedimiento universal inconducente -sin bienes para liquidar y distribuir- implica una exigencia impropia que carece de base legal normativa y que debe ser desestimada, por cuanto los arts. 83 a 85 y 87, párr. 1°, LCQ regúlatenos de los aspectos procesales del trámite que antecede a una declaración de quiebra no requieren para ello la existencia de bienes en cabeza de la deudora.”

“La carencia total de activos no es óbice para la procedencia de la declaración de la falencia, ya que no puede obviarse la existencia de acciones específicas de recomposición del patrimonio falencial.”

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2007

Y VISTOS:

(1.)) Apeló la accionante la decisión de fs. 202/204, por medio de la cual la Sra. Juez a quo frente al pedido del acreedor peticionante de que se decretara la quiebra de la accionada ordenó una serie de medidas tendientes a localizar el domicilio donde operaría actualmente la accionada y la composición de su activo.//-
Los fundamentos de la apelación obran en el memorial glosado en fs. 207/209,-
En la resolución apelada, visto que la sociedad no tendría su sede en el domicilio social inscripto, y con el objeto de ubicar el real paradero del ente se dispuso que el peticionante efectúe las indagaciones que fueran de menester. Por otra parte, se condicionó la declaración falencial a la previa existencia de bienes a fin de no () instar un procedimiento inconducente.-
La recurrente se agravió, puntualizando que las medidas “supra” descriptas resultaban dilatorias para el desarrollo del proceso. Afirmó además que la existencia de activos no sería un recaudo para pronunciar la quiebra, siendo por ende, lo decidido en la anterior instancia contrario a la normativa falimentaria.-

(2.) Señálase, en primer lugar, que de las constancias del expediente surge que por providencia de fs. 194 (07.05.07) se ordenó el emplazamiento ordenado por el art.84 de la L.C.Q a la presunta deudora, frente a lo cual se cursó una notificación con resultado negativo a su asiento legal (v. fs. 197).-
Luego de ello, a raíz del requerimiento que luce en fs. 198, se dispuso una nueva citación con carácter de domicilio constituido la cual cumplió su objetivo -véase fs. 200-, diligencia esta en la que el notificador dejó sentado que aquélla no residía allí. A resultas de esta última notificación la accionante peticionó la quiebra de su contraria, dando ello lugar a la resolución en crisis.-

(3.) Dicho esto, cuadra poner de relieve, como marco referencial de la cuestión, que en virtud de la especial naturaleza del proceso concursal -en la que no solo están en juego intereses patrimoniales individuales, sino también los “iuspublicísticos” inherentes al orden público concursal-, no puede desconocerse la facultad de que dispone el magistrado interviniente para ordenar medidas sumarias tendientes, por ejemplo, a localizar al presunto fallido o, en su caso, determinar la composición de su activo.-
En efecto, es la propia normativa concursal que confiere al juzgador la posibilidad, si lo juzga necesario, de complementar oficiosamente la prueba aportada por el peticionante de la quiebra. Es por ello que no solo puede disponer de oficio las medidas que estime conducentes para el conocimiento de la realidad (cfr. el art. 83, parte 2°, LCQ) y, en ese sentido ampliar el marco de lo acreditado por el acreedor a los fines de cerciorarse de su admisibilidad (Cfr. arg. Sala E, 14.3.91, “Manor S.A.C.I.C s. pedido de quiebra por Udal S.A “), sino también todas las medidas de investigación y de impulso de la causa que sean necesarias (LCQ:274).-

(4.) Ahora bien, ello no constituye óbice para merituar que en el sub lite ya se dispuso la citación prevista por la LCQ:84, y que dicho emplazamiento tuvo lugar en autos, circunstancia que torna injustificado que los requerimientos de información sean efectuados a costa de la paralización del proceso, dilatando indefinidamente la formalización de la declaración de quiebra que impondría el estado actual del trámite.-
Desde otra perspectiva, pero complementariamente, no puede perderse de vista que en materia de sociedades comerciales el domicilio social inscripto constituye un domicilio legal en el que resultan válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta (art. 11, INC. 2 ” IN FINE” LSC).-
En tal contexto, la notificación efectuada en el domicilio social inscripto es válida a los efectos del art. 84, LCQ, sin necesidad de constatación previa acerca de la realidad del domicilio en cuestión, pues aquélla tiene el efecto vinculante que prescribe el citado art. 11, inc. 2, LSC y 90 del Código Civil-

(5.) A esta altura, entonces, cabrá sostener que la notificación realizada en autos en el domicilio inscripto por la sociedad, con carácter de “constituido”, es suficiente para tener por cumplida la acción de la LCQ:84 aunque de hecho aquella no resida efectivamente allí, en un todo de acuerdo con lo previsto por el citado art. 11, inc. 2 de la LSC.-
Es por ello que tiene dicho la jurisprudencia, que cumplida la notificación prevista en la LCQ:84 en el domicilio social inscripto de la presunta deudora, no resulta ajustado al estado de la petición falencial disponer medidas tendientes a averiguar su domicilio real (Conf. arg. CNCom. Sala E in re: “Toysa SA pedido de quiebra por Unión Obreros y Empleados Plásticos” del 14/10/1999).-

(6.) Si bien resulta procedente ordenar en la instrucción prefalencial diligencias tendientes a conocer el activo del accionado -como fuera dicho precedentemente- en la medida en que no se demore excesivamente el dictado de la sentencia (Sala B, 15.10.99, “Sichel, Gerardo pedido de quiebra por Paneth Pedro s. queja), no es menos cierto que supeditar un decreto falencial a la previa existencia de activos a fin de impedir un procedimiento universal inconducente -sin bienes para liquidar y distribuir- implica una exigencia impropia que carece de base legal normativa y que debe ser desestimada, por cuanto los arts. 83 a 85 y 87, párr. 1°, LCQ regúlatenos de los aspectos procesales del trámite que antecede a una declaración de quiebra no requieren para ello la existencia de bienes en cabeza de la deudora.-
Es claro que la carencia total de activos no es óbice para la procedencia de la declaración de la falencia, ya que no puede obviarse la existencia de acciones específicas de recomposición del patrimonio falencial, como ser: las de inoponibilidad por actos ineficaces de pleno derecho -art. 118 LCQ-, o por conocimiento del estado de cesación de pagos (Art. 119 y 120 LCQ), la acción revocatoria o paulina -art. 120 párr. 3°, LCQ-, las acciones genéricas de reintegro de bienes -arts. 122, 149 y 150 LCQ-), las de responsabilidad previstas en el art. 173 y ss de la LCQ, o aquellas que permiten la extensión de la quiebra -Art.-160 y 161 LCQ-, y aún en la hipótesis de que no se detecten bienes, de lo cual sólo puede tenerse certeza en el respectivo procedimiento concursal, se reitera, que la admisibilidad de un pedido de quiebra no puede estar condicionado a la existencia o inexistencia de bienes para tornarlo efectivo.-
No soslaya esta Sala que la realidad de la práctica judicial del fuero revela que un porcentaje muy alto de los procesos falenciales en trámite culminan sin que se logren detectar bienes que posibiliten el cumplimiento de la finalidad liquidatoria de la quiebra, por lo que se comprende la finalidad práctica a que apunta el criterio sustentado en autos por la a quo. Sin embargo, por loable que sea dicho propósito, no parece que esa comprensión pragmática del quehacer jurisdiccional del fuero pueda prevalecer sobre los recaudos legales que rigen la instrucción prefalencial, y en su caso, la sentencia de quiebra.-

(7.) Por todo lo expuesto, esta Sala RESUELVE:

Admitir el recurso de apelación incoado por la accionante y revocar lo decidido a fs. 202/204, debiendo la Sra. Juez de Grado proveer en consecuencia.-
Devuélvase a primera instancia encomendándose al Sr. Juez a quo disponga la notificación de la presente resolución. La Señora Juez de Cámara Dra. María Elsa Uzal no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).//-

Fdo.: Alfredo Arturo Kölliker Frers, Isabel Míguez
Ante mí: Jorge Ariel Cardama

copyright © 2007 editorial albrematica - Tucumán