CONCURSOS. Desapoderamiento. Bienes excluidos. BIEN DE FAMILIA. Inoponibilidad al acreedor hipotecario de fecha anterior a la afectación. Desafectación. Beneficio para acreedores posteriores a la inscripción. Rechazo. Subasta del inmueble. Juez competente “Oses Enrique José s/ quiebra (incidente de realización de bienes)” - CNCOM - 13/09/2007 “El art. 38 de la ley 14.394 establece que “El bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aun en caso de concurso o quiebra…” La interpretación realizada por el juez de primera instancia según la cual la existencia de un solo acreedor al que le es inoponible la afectación del bien de familia importa la pérdida de la protección prevista en la ley N° 14.394, implica dejar sin efecto el texto del citado art. 38, así como contradice el espíritu y los fines tuitivos perseguidos por la citada ley.” (Del dictamen de la Procuradora Fiscal General)

“Una interpretación extensiva del sistema concursal en desmedro del régimen del bien de familia fue rechazada por “la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo del recurso extraordinario interpuesto por esta Fiscalía en los autos “Baumwohlspiner de Pilevski, Nélida s/ Quiebra”[Fallo en extenso elDial - AA3CDA] (B. 2339. XLI. Fallo de fecha 10.4.07).” (Del dictamen de la Procuradora Fiscal General)

“La declaración de la quiebra no modifica el régimen previsto en la ley N° 14.394 con relación la oponibilidad del bien de familia. De otro modo, los acreedores posteriores a la afectación se beneficiarían gratuitamente de la quiebra en perjuicio de los derechos fundamentales del fallido a la protección integral de la familia.” (Del dictamen de la Procuradora Fiscal General)

“La ley concursal no puede ser interpretada en forma aislada, sino que debe ser interpretado en forma sistemática con las distintas leyes, como la N° 14.394, con los que conforma un único régimen jurídico. Asimismo, las normas de la ley de concursos no pueden ser aplicadas de modo que se violen derechos constitucionales (conf. art. 31, CN). En el caso, está en juego la protección integral de la familia y el bien de familia.” (Del dictamen de la Procuradora Fiscal General)

“Corresponde también admitir el recurso en lo tocante a la modalidad de realización, y así, disponer que la subasta del 100% del inmueble se lleve a cabo en el marco de la ejecución hipotecaria seguida contra el fallido y su cónyuge, para transferir luego -como lo postuló la sindicatura a fs. 121 vta.- la porción correspondiente (50%)a estos autos de la quiebra.” (Del voto de la mayoría)

Buenos Aires, septiembre 13 de 2007.//-

Y VISTOS:

1. Por resolución de f s. 127/28, el juez de primera instancia resolvió desafectar del régimen de “bien de familia” el inmueble sito en la Av. Rivadavia N° 6001/11.-
Tanto el fallido como los acreedores hipotecarios persiguen se deje sin efecto esa decisión.-

2. a)) Comparte la Sala los fundamentos expuestos por la Señora Representante del Ministerio Público ante esta Cámara en su dictamen de fs. 171/73, por lo que la cuestión habrá de ser decidida según se propone.-
En efecto, ningún acreedor de causa o titulo anterior a la afectación -que es del 27.06.89-requirió que ella fuera desprovista de virtualidad a fin de liquidar el bien, y en el reciente fallo “Baumwohlspiner” [Fallo en extenso elDial - AA3CDA], del 10.04.07, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en contra de que el sindico asuma acciones individuales como la de desafectación, que la ley únicamente acuerda a ciertos acreedores. “Siendo disponible el derecho que les atribuye la ley 14.394 para agredir el inmueble inscripto como bien de familia -dijo allí el alto tribunal- carece el síndico de atribuciones para enervar los efectos de una renuncia - u omisión en la que no se encuentra comprometido el orden público”.-
Incluso con anterioridad a ese fallo, ya esta Sala se había pronunciado contra la desafectación en un supuesto en el cual, todos los acreedores de causa o título anterior, habían otorgado una espera al acreedor, por lo que en rigor no () existía -se dijo allí por remisión a los fundamentos de la Fiscal General- un sujeto legitimado para promover la medida (v. “Cucco Ricardo s/ quiebra s/ inc. venta”, del 12.05.06).-
Tampoco es procedente la desafectación sobre la base de la cláusula incorporada en la escritura hipotecaria, según la cual la protección “no afecta los derechos de la presente hipoteca”.-
Sucede que esa disposición -plenamente válida y acordada en el marco del CCiv.:1197- no determina que el bien deba ser desafectado, sino que sólo significa una inoponibilidad respecto del acreedor hipotecario siempre y cuando -como aquí sucede- se configure la excepción de la ley 14.398:37 y 38 (gravámenes constituidos con la conformidad del cónyuge);; pero la afectación subsiste erga omnes (v. CNCom. Sala C, “B. RD. s/ quiebra”, del 8″. 02.05 [LL 2005-B-694]).-

b) Corresponde también admitir el recurso en lo tocante a la modalidad de realización, y así, disponer que la subasta del 100% del inmueble se lleve a cabo en el marco de la ejecución hipotecaria seguida contra el fallido y su cónyuge, para transferir luego -como lo postuló la sindicatura a fs. 121 vta.- la porción correspondiente (50%)a estos autos de la quiebra.-

3. Por ello, y acorde a lo dictaminado, se admiten los recursos del fallido y de los acreedores hipotecarios y se revoca la resolución con el alcance expresado; costas por su orden en atención a la postura asumida por el sindico.-
Notifíquese -a la Señora Representante del Ministerio Público en su despacho- y, con su resultado, devuélvase.-

Fdo.: RODOLFO RAMÍREZ - ANGEL O. SALA - MARTIN ARECHA

Juz. 21 - Sec. 42 - Sala E N° 35248/2007

“Oses Enrique José s/ Quiebra s/ Incidente de realización de bienes” 98674)

Excma. Cámara:

1. En la resolución de fs. 127/8, el juez de primera instancia ordenó desafectar del régimen del bien de familia el inmueble sito en Av. Rivadavia 6001/11 cuyo 50% indiviso pertenece al fallido. Para así decidir el magistrado consideró que al no resultar oponible la afectación a un acreedor hipotecario de fecha posterior, el bien quedaba sujeto al desapoderamiento en beneficio de la masa. Asimismo, dispuso que la subasta del inmueble debía llevarse a cabo en el presente incidente y no en la ejecución hipotecaria, aduciendo que el acreedor no había optado por el trámite previsto por el art. 209 LCQ.-
Apelaron el acreedor hipotecario y el fallido.-
El acreedor hipotecario fundó el recurso a fs. 141/5. Sostuvo que la desafectación del bien de familia sólo resulta procedente en relación a su crédito y que no puede favorecer a los demás acreedores de la quiebra. Agregó que en razón que de ante el juez de la quiebra tramita la ejecución hipotecaria del 50% indiviso que no pertenece al fallido, la subasta debería efectuarse en ese expediente.-
El fallido fundó el recurso a fs. 158/9. Expresó que encontrándose inscripto el inmueble como bien de familia, se trata de un bien inembargable que no se encuentra alcanzado por el desapoderamiento. Agregó que previo a la desafectación del gravamen debió darse intervención a los beneficiarios.-

2. En el caso el inmueble en cuestión fue afectado como bien de familia en fecha 27.6.89 (fs. 17). Los condóminos titulares del inmueble -el fallido y su esposa- en fecha 22.7.99 gravaron el inmueble en’”cuestión con hipoteca. Las partes expresamente pactaron que la inscripción del inmueble como bien de familia no afectaba la garantía hipotecaria (ver cláusulas 14° y 15° de la escritura de hipoteca de fs. 4/vta.).-
Cabe destacar que según el informe de dominio de fs. 96/8, el inmueble fue hipotecado sin cancelar la protección legal.-

3. En atención a lo pactado por las partes en la escritura hipotecaria, resulta claro que la afectación no resulta oponible al acreedor hipotecario. Mas ello no significa que dicha circunstancia implique un beneficio para los acreedores posteriores a la inscripción y que tal afectación deba ser cancelada.-
En efecto, tal como surge del informe de dominio referido, la afectación sigue vigente. Esa anotación registra! constituye base suficiente para determinar que el inmueble goza de la aludida protección, debiéndose destacar además, que dada la publicidad que trae aparejada esa inscripción en el registro, los acreedores de la fallida no pudieron tener en cuenta al inmueble como garantía de sus créditos. Por ello, en el supuesto de que el bien sea subastado para satisfacer el crédito hipotecario, de existir un remanente debe entregarse al fallido.-

4. El art. 38 de la ley 14.394 establece que “El bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aun en caso de concurso o quiebra…” (el destacado me pertenece).-
La interpretación realizada por el juez de primera instancia según la cual la existencia de un solo acreedor al que le es inoponible la afectación del bien de familia importa la pérdida de la protección prevista en la ley N° 14.394, implica dejar sin efecto el texto del citado art. 38, así como contradice el espíritu y los fines tuitivos perseguidos por la citada ley.-
Una interpretación extensiva del sistema concursal en desmedro del régimen del bien de familia fue rechazada por “la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo del recurso extraordinario interpuesto por esta Fiscalía en los autos “Baumwohlspiner de Pilevski, Nélida s/ Quiebra” (B. 2339. XLI. Fallo de fecha 10.4.07).-
El máximo tribunal adujo en dicha causa que “Que la decisión impugnada por la vía extraordinaria desvirtúa la esencia de la institución del bien de familia y neutraliza su fin tuitivo, ya que al ampliar la categoría de los sujetos con aptitud para requerir la desafectación, en apartamiento de los principios rectores de la normativa específica, formula una indebida extensión del sistema legal, con severa lesión de la garantía establecida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Tales defectos revisten particular gravedad por proyectarse en desmedro de un instituto de raigambre constitucional que fue concebido en protección del núcleo familiar, de modo que exige evaluar las circunstancias que lo afectan, con cuidado de no desatender su finalidad esencial (Fallos; 315:565, disidencia de los jueces Cavagna Martínez, Fayt, Petracchi y Moliné O’Connor).”.-
En este orden de ideas, la cuestión sobre si la existencia de acreedores respecto de los cuales la afectación es inoponible, beneficia a los acreedores posteriores en el contexto de una quiebra, fue planteada ante la Corte Suprema en la causa “Pirillo Víctor si quiebra s/ incidente de venta del inmueble de Marcelo T. de Alvear” (Fallos 318:1741). Si bien la mayoría desestimó el recurso invocando el art. 280, CPCC (se trataba de un inmueble lujoso de propiedad del vicepresidente de un banco fallido), cabe destacar la opinión de la minoría. Ésta sostuvo que una interpretación similar a la realizada por el juez de primera instancia en el sub lite constituía “una inadecuada interpretación de las normas que rigen el caso, que las desvirtúa hasta tornarlas inoperantes (Fallos 304-289; 306-1243, 1462 [3];; 307-1054) con grave afectación de la garantía de defensa del bien de familia, instituida en el art. 14 bis CN, cuya raigambre constitucional exigía evaluar las circunstancias que la afectaran con cuidado de no desatender su finalidad esencial (P.240.XXIII, Pastrana Gómez, Gustavo E. s/ quiebra, del 31/3/92, disidencia de los jueces Cavagna Martínez, Fayt, Petracchi y Moliné O’Connor)…”.-
La disidencia sostuvo que “…el art. 38 de la ley 14394 admite la subsistencia del bien de familia aún en caso de quiebra del constituyente, estableciendo un solo régimen -fundado en la distinción de los créditos según sean sus causas anteriores o posteriores a la inscripción respectiva-, aplicable tanto en el supuesto del deudor in bonis. cuanto en la hipótesis de que estuviera concursado. De tal modo, la situación que se plantea cuando en el proceso universal concurren simultáneamente acreedores anteriores y posteriores a la referida inscripción, se encuentra expresamente regulada en el citado texto legal, de modo contrario al adoptado en la sentencia impugnada.”
Sostiene Aída Kemelmajer de Carlucci que de acuerdo con el citado art. 38 los acreedores posteriores a la afectación del bien de familia no pueden agredir el bien, por lo que la circunstancia de que concurran acreedores con derecho a ejecutar y sin tal facultad no beneficia a estos últimos (Kemelmajer de Carlucci, Parellada y Medina, “Revista del Derecho Comercial y las Obligaciones”, año 1984, pág. 467).-
En efecto, la declaración de la quiebra no modifica el régimen previsto en la ley N° 14.394 con relación la oponibilidad del bien de familia. De otro modo, los acreedores posteriores a la afectación se beneficiarían gratuitamente de la quiebra en perjuicio de los derechos fundamentales del fallido a la protección integral de la familia.-
Así, como sostuvo la disidencia en el citado caso “Pirillo”, “por esa vía se conducía -sin otro fundamento que la quiebra y el azar- a mejorar la extensión de la garantía patrimonial de los acreedores posteriores, omitiendo asimismo expresar las razones por las cuales la subasta habría de tornar embargable aquello que, para los acreedores sin derecho a ejecutar el bien, era inembargable” el destacado me pertenece).-
El art. 38 de la ley N° 14.394 establece que la protección del bien de familia rige en caso de concurso o quiebra. Como expuse ut supra, dicha norma persigue asegurar los derechos concedidos a la familia por nuestra Constitución nacional y los tratados con jerarquía constitucional. En este caso, no existe justificación para que el proceso concursa! deje de lado dicha protección especial, máxime cuando existe una ley que expresamente establece la vigencia de la protección. De otro modo, dicha protección especial pierde todo vigor en la quiebra, donde la familia requiere de mayor protección legal.-
Cabe destacar que la ley concursal no puede ser interpretada en forma aislada, sino que debe ser interpretado en forma sistemática con las distintas leyes, como la N° 14.394, con los que conforma un único régimen jurídico. Asimismo, las normas de la ley de concursos no pueden ser aplicadas de modo que se violen derechos constitucionales (conf. art. 31, CN). En el caso, está en juego la protección integral de la familia y el bien de familia.-
Ha señalado el juez José Luis Monti que una interpretación que atienda a los fines tuitivos que gobiernan la institución del bien de familia, impone mantener el bien al margen del desapoderamiento, admitiendo su ejecutabilidad sólo para satisfacer los créditos de fecha anterior a su constitución y únicamente en la medida de esos créditos. De manera que un eventual remanente no podría mejorar la garantía con que contaron los acreedores posteriores a la inscripción (v. “Reflexiones sobre el bien de familia y su oponibilidad en la quiebra del titular”, Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, N° 23, pág. 87).-
Así lo ha resuelto la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial al señalar que el producido de la subasta de un inmueble del fallido afectado al régimen de bien de familia sólo podrá ser destinado a solventar el crédito ejecutable y de existir un remanente, éste deberá quedar a disponibilidad de los titulares del bien, ya que su afectación subsiste erga omnes, situación que no se altera por la falencia (conf. art. 38, primera parte, ley 14.394, autos “B.R.D”, sentencia del 8.2.05, Rev. LL del 6.4.05).-
En el mismo sentido, Quintana Ferreira dice que aun en caso de que se ejecute el bien no debe imputarse al pago de los acreedores posteriores, a quienes la ley 14.394 no les otorga ningún derecho. No puede mejorar la garantía con que contaron los acreedores posteriores a la inscripción (v. “Concursos” tomo 2, pág. 267, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1986).-
En conclusión y citando las palabras de la disidencia en “Pirillo”, “la interpretación efectuada en la sentencia priva a la norma aplicada de su verdadero sentido, ya que, contrariamente a lo establecido en su texto y so pretexto de interpretarla, el a quo ha supeditado la subsistencia del bien de familia en caso de quiebra, a la condición de que no existieran acreedores anteriores a su constitución, neutralizando de tal modo su fin tuitivo frente a créditos nacidos con posterioridad a tal oportunidad, sin expresar razones fundadas que justifiquen semejante conclusión frente a una hipótesis que, probablemente como pocas,
lleva a presumir la necesidad de afianzar la protección del núcleo familiar frente a la insolvencia del constituyente”.-

5. Finalmente, señalo que la circunstancia de que el acreedor hipotecario, ‘con anterioridad, no hubiera promovido la realización del bien en los términos del art. 209 LCQ no implica la pérdida de las facultades que dicha norma le otorga. Por lo demás, razones de economía procesal indican que a fin de evitar gastos y obtener un mejor precio, resulta más conveniente la realización del 100% del inmueble en el concurso especial, en lugar de efectuar dos subastas por separado, referentes al 50% del bien cada una.-

Por las razones expuestas, considero que V.E. debe revocar la resolución apelada.-

Buenos Aires, agosto 27 de 2007.//-

Fdo.: ALEJANDRA GILS CARBÓ, FISCAL GENERAL