Acompaño dos recientes fallos
  • Acordada de las salas de la Cámaras Comerciales de CABA otorgando privilegio a las deudas por ART / LRT
  • Fallo de la SCJ Prov. de BsAs, autora de algunos fallos polémicos en materia tributaria, que esta vez acertadamente - creo yo - abandona por exceso de rigorismo la irrecurribilidad de ciertas resoluciones, priorizando la continuidad de la empresa

 Voces:QUIEBRA INDIRECTA - PROPUESTA DE ACUERDO PREVENTIVO - RÉGIMEN DE MAYORÍAS - RECURSO DE APELACIÓN - EXCESO RITUAL MANIFIESTO - RESOLUCIONES IRRECURRIBLES - 

Partes: Gianni Elsa s/ concurso preventivo (art. 288) - recurso de queja

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

FECHA: 21/11/2007

Legislación Relacionada

Ley 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras (NA ) (art. 45)

Ley 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras (NA ) (art. 273)

Jurisprudencia Relacionada

Impulsora 2000 SA (Anterior)

Expositora SRL c/ Expositora SA y otros (Anterior)

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Apartamiento del principio de inapelabilidad en relación a la sentencia que declaró la quiebra indirecta por juzgar que la deudora no acreditó, en tiempo y forma, la obtención de las mayorías a fin de lograr la aprobación de su propuesta de acuerdo preventivo.

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Sumario

1.- El principio de inapelabilidad previsto en el art. 273  LCQ no es absoluto, debiendo limitarse su alcance a aquellos actos regulares del proceso, que son consecuencia de su tramitación ordinaria y normal, y debiendo ceder cuando se encuentra afectada la defensa en juicio, la propia regulación en materia concursal o, de modo más amplio, cuando la resolución impugnada causa un gravamen de insusceptible reparación ulterior.

2.- Las particulares circunstancias del caso tornan apelable la sentencia que declaró la quiebra indirecta por juzgar que la deudora no acreditó, en tiempo y forma, la obtención de las mayorías exigidas por el art. 45  de la ley 24.522 a fin de lograr la aprobación de su propuesta de acuerdo preventivo, pues la Cámara no tuvo en cuenta la denuncia del exceso ritual en que habría incurrido el juez de primera instancia al desestimar la conformidad prestada por uno de los acreedores, en orden a reparos formales y prescindiendo de su posterior ratificación, y el recurrente también señaló el error del fallo en cuanto hizo mérito de la falta de conformidad de los acreedores fiscales, sin percatarse que su parte no condicionó su propuesta a los acreedores quirografarios a la aprobación de la dirigida a los acreedores privilegiados.

3.- La Cámara de Apelación mal pudo sustraerse de las cuestiones llevadas a su conocimiento con sustento en la aplicación mecánica del art. 273 inc. 3 de la ley 24.522, por cuanto concurren en autos extremos excepcionales que justifican acceder a la apelación interpuesta por la concursada y que exigen analizar la eventual configuración de una violación al régimen adoptado por la ley para la formación del acuerdo preventivo.

4.- La estricta aplicación de la regla general de inapelabilidad sentada en el art. 273 inc. 3 de la ley 24.522 y la consecuente privación a la concursada de la revisión de su sentencia de quiebra indirecta, ocasionaría un grave perjuicio tanto para la nombrada como para los acreedores que ya prestaron su conformidad al acuerdo preventivo, frustrándose de tal modo la solución preventiva favorecida por el proceso concursal.
Fallo

En la ciudad de La Plata, a 21 de noviembre de 2007, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Genoud, Hitters, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 89.635, “Gianni, Elsa. Concurso preventivo (art. 288). Recurso de queja”.

A N T E C E D E N T E S

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes rechazó la queja planteada a fs. 14/17 contra la providencia de fs. 13 que desestimó el recurso de apelación interpuesto por la concursada contra la sentencia de quiebra indirecta (v. fs. 508/512 del principal).

Se interpuso, por la concursada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

1. El tribunal a quo desestimó la queja promovida a fs. 14/17 contra el pronunciamiento de fs. 13 que desestimó el recurso de apelación interpuesto por la concursada contra el auto que declaró su quiebra indirecta (v. 508/512 del principal).

Para así decidir, sostuvo la alzada que “… el principio genérico de inapelabilidad previsto por el art. 273 inc. 3 de la ley 24.522, sólo cede en aquellos supuestos especiales en que corresponda dar una interpretación definitiva sobre el alcance de los textos legales en la materia, o cuando se advierta un apartamiento evidente de las normas fijadas por la ley sustancial, o instrumental aplicada supletoriamente”. Partiendo de tales premisas, concluyó que “meritados los elementos de la queja en tratamiento, no resulta de la misma que se dé alguna situación excepcional que permita la vía recursiva” intentada por la concursada (v. fs. 23).

2. Contra la sentencia reseñada la concursada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando la errónea interpretación y violación de lo normado por los arts. 273 inc. 3 y 278 de la ley 24.522 (v. fs. 29/33).

Arguye la recurrente que si bien resultan inapelables las resoluciones que se dictan en el marco de un concurso, tal regla no puede alcanzar a la sentencia de quiebra indirecta que pone fin al proceso concursal y que, a todo evento, la declaración de quiebra dictada en razón de la no obtención de las conformidades previstas por la ley debe equipararse a la situación contemplada en el art. 51  de la ley 24.522. Afirmó, asimismo, que ante la ausencia de norma que prevea la apelación contra la quiebra indirecta debe recurrirse a las reglas procesales de orden local, más precisamente al art. 242  del Código Procesal Civil y Comercial, concediéndose la apelación atento el gravamen irreparable que ocasiona tal decisión. Por fin, alega que el tribunal de grado no ha reparado que al dar preeminencia al cumplimiento de aspectos meramente formales, ha dejado de lado la finalidad del proceso preventivo concursal tendiente a dar solución a la crisis mediante el acuerdo entre acreedores y deudores.

3. El recurso debe prosperar.

a. Cierto es que la ley 24.522 instaura un régimen propio en materia recursiva, estableciendo como regla general la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en el proceso concursal. Este principio de la inapelabilidad sentado en el art. 273 inc. 3 de la Ley de Concursos y Quiebras apunta a impedir que la celeridad y agilidad de los trámites del concurso se vean perturbados a través de la articulación de recursos que sólo persiguen una impropia demora en el desarrollo normal de la causa. De ahí que la posibilidad de revisión de las decisiones recaídas en el marco de un concurso o quiebra revista carácter excepcional.

Sin embargo, tal principio no es absoluto. Así, esta Corte ha entendido que su alcance debe limitarse a aquellos actos regulares del proceso, que son consecuencia de su tramitación ordinaria y normal (conf. Ac. 70.579, sent. de 12 VII 2000), como así también que aquél debe ceder cuando se encuentra afectada la defensa en juicio, la propia regulación en materia concursal o, de modo más amplio, cuando la resolución impugnada causa un gravamen de insusceptible reparación ulterior (conf. Ac. 80.146, sent. de 3 XII 2003. En idéntico sentido: C.N.Com., Sala E, 28 VIII 1987, “Jurisprudencia Argentina”, 1988 II 211; C.N.Com., Sala A, 29 IX 2000, in re “Rosalén”, Rev. de Derecho Privado y Comunitario Nº 2001 1; C.N.Com., Sala A, 29 IV 2005, in re “Sancayet SA”).

b. En el sub lite, el señor juez de primera instancia declaró la quiebra indirecta de la señora Gianni por juzgar que la deudora no acreditó, en tiempo y forma, la obtención de las mayorías exigidas por el art. 45 de la ley 24.522 a fin de lograr la aprobación de su propuesta de acuerdo preventivo (arts. 46  y 77  inc. 1 de la ley 24.522; v. resolución de fs. 508/512 de los autos principales).

Frente a ello, la concursada intentó subsanar el defecto formal imputado por el juzgador en torno a la conformidad prestada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires obrante a fs. 487, que a juicio del sentenciante no cumplía con las exigencias previstas por el art. 45 de la Ley de Concursos y Quiebras. A tales efectos, acompañó copia certificada de la Resolución 092/03 del Fideicomiso de Recuperación Crediticia, ley 12.726, expte. FID 0489 3, mediante la cual se aceptaba la propuesta formulada por la señora Elsa I. Gianni (v. fs. 6/9; v. copia glosada a fs. 10/12 de la presentación de fs. 522/524 de los autos principales).

En igual oportunidad, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de quiebra indirecta, cuya denegación (v. fs. 13) motivó la queja de fs. 14/17, siendo esta última desestimada mediante resolución de fs. 23.

c. Ahora bien, la sentencia de quiebra indirecta dictada en los términos del art. 46 de la ley 24.522 es, por regla, inapelable. Ello así, por cuanto en ausencia de norma expresa que contemple la posibilidad de recurrir tal decisión ante la alzada, rige el principio sentado por el art. 273 inc. 3 de la Ley de Concursos y Quiebras. Esta solución, por otra parte, resulta lógica en tanto, en estos casos, la quiebra deviene como consecuencia de la mera comprobación del incumplimiento del presupuesto condicionante objetivo previsto en el art. 45 del citado ordenamiento, a saber si se presentaron, en tiempo y forma, las conformidades de los acreedores exigidas por la ley concursal.

Empero, las particulares circunstancias que rodean el caso bajo estudio, justifican el apartamiento de tal principio. En efecto, en el sub examine, no pueden soslayarse los agravios llevados por la concursada al tribunal de grado mediante los que, de un lado, se denunció el exceso ritual en que habría incurrido el juez de primera instancia al desestimar la conformidad prestada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a fs. 487, en orden a reparos formales y prescindiendo de su posterior ratificación y de la Resolución 092/03 recaída en el expediente FID 0489 03 y, del otro, se señaló el error del fallo en cuanto hizo mérito de la falta de conformidad de los acreedores fiscales más precisamente de la Dirección Provincial de Rentas y AFIP DGI, sin percatarse que su parte no condicionó su propuesta a los acreedores quirografarios a la aprobación de la dirigida a los acreedores privilegiados (art. 47 de la ley 24.522).

Siendo ello así, la Cámara de Apelación mal pudo sustraerse de las cuestiones llevadas a su conocimiento con sustento en la aplicación mecánica del art. 273 inc. 3 de la ley 24.522, por cuanto concurren en autos extremos excepcionales que justifican acceder a la apelación interpuesta por la concursada y que exigen analizar la eventual configuración de una violación al régimen adoptado por la ley para la formación del acuerdo preventivo (arts. 45 y 47 de la ley 24.522) (conf. doct. C.S.J.N., causa A 1159.XXXII, in re “Recurso de hecho Algodonera Flandria S.A. s/concurso preventivo (hoy su quiebra)”, sent. de 21 X 1997).

Para más, vale señalar que la interpretación de las normas debe ser llevada a cabo cuidando que la inteligencia que se les asigne no lleve a la indebida frustración de un derecho, lo cual acontecería en la especie si, sobre la base de la estricta aplicación de la regla general sentada en el art. 273 inc. 3 de la ley 24.522 y obviando las particulares circunstancias del caso, se negara a la concursada la revisión de su sentencia de quiebra indirecta, con el grave perjuicio que ello traería aparejado tanto para la nombrada como para los acreedores que ya prestaron su conformidad al acuerdo preventivo, frustrándose de tal modo la solución preventiva favorecida por el proceso concursal. Por lo demás, tampoco se advierte que la interposición del recurso de apelación de la deudora persiga una finalidad meramente dilatoria del proceso que, precisamente, es lo que tiende a evitar la regla establecida en el citado precepto.

4. Por todo lo expuesto, considero corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 289  del C.P.C.C.), revocándose el pronunciamiento del tribunal a quo que rechazó la queja planteada por la concursada (art. 273 inc. 3, su doct. de la ley 24.522).

Costas por su orden, atento a la complejidad del asunto y las dificultades interpretativas que pudo razonablemente generar a las partes (arg. art. 68 , C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a la solución propuesta por mi distinguido colega doctor Soria.

Ello así en virtud de las especiales circunstancias de hecho que se configuran en el sub lite y que han sido suficientemente reseñadas en el voto del ministro preopinante ya que como bien se indica en ese sufragio. Entiendo que sólo en casos muy especiales puede ceder la regla legal de la inapelabilidad de las resoluciones recaídas en los procesos concursales y quiebras contemplado por la ley 24.522.

Con esa salvedad, voto por la afirmativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

Si bien por principio las resoluciones dictadas en este tipo de procesos son inapelables (art. 273 inc. 3, L.C.Q.), las particulares circunstancias que se configuran en el caso traído dejan ver que, sólo en vía de hipótesis, la decisión recurrida podría ser considerada irrazonable y arbitraria, supuesto en el cual el impugnante hubiese tenido derecho en su planteo recursivo denegado por aplicación del citado principio de inapelabilidad. Atento lo cual, pudiendo generarse a partir de ello un agravio material concreto para el apelante de imposible reparación ulterior, que extendería sus efectos no deseados también a terceros con cuya aprobación en la respectiva etapa procesal ya se cuenta para obtener las mayorías legalmente impuestas, adhiero a la solución propuesta por el doctor Soria en orden a acoger el recurso extraordinario deducido, revocándose en consecuencia la denegatoria de la vía de queja procurada por la concursada, debiendo el a quo evaluar precisamente la eventual configuración de una violación al régimen particular previsto por la Ley de Concursos y Quiebras.

Voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la cuestión planteada también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

Adhiero al voto del doctor Soria. Su criterio es coincidente con la posición que sostuve en oportunidad de votar la causa Ac. 82.347 (sent. del 24 V 2006) en un caso que también exhibía características de excepcionalidad como el presente.

El art. 273 inc. 3 de la ley 24.522 establece como principio la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en el proceso concursal, sin perjuicio de enunciar algunos supuestos susceptibles de tal remedio (v. gr. arts. 58, 59 , 61 , 96 , 117 , etc.), entre los que no se menciona la declaración de quiebra indirecta por falta de obtención de las mayorías para el acuerdo (art. 46).

Sin embargo, existen particularísimas circunstancias apuntadas en el voto del doctor Soria que no pueden soslayarse. Esa especialísima plataforma puede asimilarse a la que tuvo en la mira la Corte Suprema de la Nación en la causa A 1159 (XXXII, recurso de hecho. Algodonera Flandria S.A. s/concurso preventivo (hoy su quiebra), sent. del 21 X 1997). Allí también se había decretado la quiebra indirecta por insuficiencia de la mayoría necesaria para aprobar la propuesta, sobre la base de ciertos déficits en la personería de determinados concurrentes a la junta, rechazándose por la Cámara Nacional en lo Comercial el recurso interpuesto contra la respectiva decisión con la sola invocación del texto legal que consagra el principio de inapelabilidad.

Sostuvo el Alto Tribunal que no puede materializarse una consideración fragmentaria de los elementos conducentes para la decisión del litigio ya que deben recibir atención las particularidades que presenta el caso, apreciadas en su conjunto. Y que en definitiva, la cuestión trascendía el tópico formal para vincularse con una cuestión de orden sustancial como lo es la adecuada formación de la voluntad colegiada de los acreedores. Indicó entonces la necesidad de indagar sobre la inapelabilidad del fallo a la luz de la coherencia de un ordenamiento legal, como el concursal, que favorece la solución preventiva, destacando que cabe analizar los aspectos formales ateniéndose al fin que los informa, pues de otro modo se soslaya el carácter instrumental de las normas procesales otorgando prevalencia al rito por sobre las razones de derecho de fondo que lo justifican y a las que debe servir.

La decisión que aquí se recurre también ha sido dictada sobre la estricta y única base del criterio general de inapelabilidad, sin abordar la sustancia. De allí que considere posible, en este excepcional supuesto, sortear el principio general antes aludido, pues las características del caso evidencian que el sub lite excede el marco estricto de aplicación de la norma que lo consagra.

Corresponde en consecuencia revocar la sentencia y retornar los autos a su origen para que la Cámara proceda a tratar el recurso de apelación que fuera denegado, con arreglo a las pautas precedentes. Costas por su orden atento las dificultades interpretativas existentes (arts. 68  y 289  del C.P.C.).

Con ese alcance, voto por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocándose el pronunciamiento de la Cámara que rechazó la queja planteada por la concursada la que se concede, debiendo volver la causa al tribunal de procedencia para que considere la apelación; costas por su orden (arg. arts. 68 y 289, C.P.C.C.). Notifíquese y devuélvase.

Voces: RIESGOS DEL TRABAJO - ART - CONCURSOS Y QUIEBRAS - ACREEDORES DE CONCURSOS Y QUIEBRAS - CRÉDITOS DE PRIVILEGIO GENERAL - CRÉDITOS LABORALES - INTERPRETACIÓN DE LA LEY - FALLOS PLENARIOS - 

Partes: Garbin S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala: en pleno

FECHA: 20/12/2007

Legislación Relacionada

Ley 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras (NA ) (art. 246)

Jurisprudencia Relacionada

Belforte Uruguay S.A. (Anterior)

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La Cámara Comercial en pleno establece que corresponde reconocer el privilegio general establecido en el art. 246 inc. 2 de la ley 24.522 al crédito por primas adeudadas por la concursada a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo

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Sumario

1.-Corresponde reconocer el privilegio general establecido en el art. 246 inc. 2 de la ley 24.522 al crédito por primas adeudadas por la concursada a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo.

Fallo

En Buenos Aires, el veinte de diciembre de dos mil siete, se reúnen los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para conocer en la causa caratulada “Garbin S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA” (expte. N° 9.640/05), donde se concedió un recurso de inaplicabilidad de la ley, con el objeto de resolver la siguiente cuestión:

 

“¿Corresponde reconocer el privilegio general establecido en el art. 246 inc. 2 de la ley 24.522 al crédito por primas adeudadas por la concursada a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo?”.

I. Los señores jueces Gerardo G. Vassallo, María Elsa Uzal, Isabel Míguez, Alfredo Arturo Kölliker Frers, Miguel F. Bargalló, Ana I. Piaggi, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, José Luis Monti, Juan Manuel Ojea Quintana, Bindo B. Caviglione Fraga, Pablo D. Heredia, Juan José Dieuzeide y Martín Arecha dicen:

1°) Motiva la presente convocatoria la discordancia existente entre algunas de las Salas del Tribunal con respecto al rango con el que cabe admitir un crédito por primas adeudadas a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo cuando es insinuado en el marco de la ley concursal. Esto es, si le cabe el carácter privilegiado general previsto por el art. 246, inc. 2° LCQ o el rango quirografario contemplado en el art. 248 LCQ.

En estos autos, la juez de grado hizo lugar al presente incidente de revisión y declaró verificado un crédito a favor de Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo por la suma de $ 200.130,43 en concepto de capital por primas adeudadas en relación al contrato de afiliación N° 12790 que uniera a las partes, con el privilegio contemplado en el art. 246, inc. 2° LCQ, con más la suma de $ 194.315,69 por intereses con carácter quirografario (art. 248 LCQ).

Dicho pronunciamiento, en cuanto al privilegio reconocido, fue apelado por la concursada.

La Sala C de esta Excma. Cámara, con fecha 29/3/05, remitiéndose a lo ya expresado in re: “Transportes Automotores Luján SA s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por Provincia ART SA” (expte. N° 43.952/04), rechazó la apelación. Los fundamentos del rechazo radicaron en que la ley 24.557 modificó el sistema de protección y prevención sobre los riesgos del trabajo, delegándolo en entes privados, los que sustituyeron al Estado y se encuentran sometidos a su control a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, integrando, por ende, el sistema nacional de seguridad social.

El antecedente invocado por la concursada para sustentar su recurso de inaplicabilidad de ley ha recaído en autos “Casinos de Rio Negro SA s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo” (expte. N° 6.829/01), y fue dictado por la Sala E de este Tribunal, con fecha 15/6/04.

En ese precedente, con disidencia del Dr. Martín Arecha, se resolvió que el crédito adeudado a una Aseguradora de Riesgo del Trabajo, tenía carácter quirografario (art. 248 LCQ). Ello, pues la incidentista –Provincia ART SA, como en la especie- resultaba un ente privado y, por ende, no encuadraba dentro de los supuestos previstos por el art. 246, inc. 2° LCQ. Además, se indicó que los privilegios resultan una excepción a la par conditio creditorum, y que sólo gozan de ellos los acreedores enumerados en la ley 24.522 -conforme art. 239-, por lo que no pueden interpretarse extensivamente.

Por su parte, la Sra. Fiscal General, a quien se le corrió vista respecto de la cuestión llamada a plenario, en su dictamen de fs. 388/9, aconsejó la respuesta afirmativa a la cuestión propuesta. Ello, con base en que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo cumplen una función esencial en el sistema que comprende y abarca las contingencias sociales vinculadas a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, a punto tal que su cobertura reposa en la solvencia y eficacia con que las entidades puedan cumplir su cometido (art. 26, 1 y ccdtes de la ley 24.557). Señaló que, atento el rol clave que juegan las ART en el sistema creado por la ley 24.557, corresponde interpretar la norma en el sentido que resulte más favorable a la protección de su solvencia, en la medida en que el logro de ese objetivo habrá de consolidar la eficacia del sistema y, por ende, el cumplimiento de los fines de la ley.

2°) En virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional el derecho a la integridad física y a la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad tiene reconocimiento expreso y posee jerarquía constitucional, aunque ya antes de la reforma del año 1994, la doctrina sostenía que el art. 14 bis, al consagrar el beneficio de la seguridad social, reconocía con criterio amplio la tutela del derecho a la salud.

Esta línea surge de la Convención Americana de los Derechos Humanos (art. 5.1); de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 16) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12, d), el cual además, en su artículo 3°, dispone que los Estados partes en ese Pacto “se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en ese Pacto”.

Desde el punto de vista del derecho constitucional pues, el derecho a la salud constituye un derecho personalísimo a estar sano física, mental y socialmente, por lo que las personas deben tener acceso a la asistencia y a los servicios médicos y, en caso de enfermedad o accidente, corresponde al Estado velar para que ello se cumpla (confr. CSJN “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social”, Fallos 323:3229).

Sobre esa base, cabe considerar como un cometido del Estado atender a la salud de las personas que habitan el suelo argentino y para lograrlo se han implementado y coexisten distintos sistemas: en lo que aquí interesa, además del hospital público, para aquellos que contraten trabajadores incluidos en el ámbito de la ley 24.557, se ha previsto un sistema de seguro obligatorio a través de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), en defecto de un efectivo autoseguro.

El servicio estatal se desarrolla en este ámbito a través de la delegación en entidades privadas (las ART) que son objeto de control y fiscalización mediante entes de regulación y supervisión. Para ello, en el art. 35 de la ley 24.557, se ha dispuesto la creación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, la que absorbió las funciones y atribuciones que desempeñaba la Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

3°) Cabe recordar que el derecho de la seguridad social como normativa que regula la protección de contingencias sociales (vgr. la salud), abarca el subsistema de riesgos del trabajo, que a partir de la ley 24.557 pasó a depender de la seguridad social (criterio que comparten, de esta CNCom, la Sala A, 8/10/04, in re: “Angel D’Amore S.A. s/ quiebra s/ inc. de verificación por Provincia ART S.A.”; y la Sala B, 22/9/05, in re: “Belforte Uruguay SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación promovido por Provincia ART SA”).

Ahora bien, dado que no puede soslayarse que el Sistema de Riesgos de Trabajo, creado a partir de la ley 24.557, integra el Sistema Nacional de Seguridad Social, a través de la creación de un régimen de prevención y reparación de los riesgos del trabajo, resulta indudable el objeto de tutelar al trabajador como sujeto propio del Sistema de Seguridad Social (art. 1 ley 24.557).

En efecto, ya se ha señalado que el nuevo sistema de responsabilidad individual de los empleadores consagrado por la ley 24.557 impone un seguro obligatorio que debe contratarse en entidades aseguradoras de derecho privado especializadas en riesgos del trabajo: las ART. El sistema implementado se asemeja a un seguro social contributivo, administrado por entidades privadas supervisadas por un órgano de control –la Superintendencia de Riesgos del Trabajo- que se ocupa de verificar el correcto funcionamiento del sistema y controlar tanto a las ART como a las empresas autoaseguradas. Finalmente, reitérase que el Ministerio de Trabajo es el órgano de aplicación de la supervisión estatal (SRT).

Dentro de este contexto, es de recordar que el art. 246, inc.2°, L.C.Q reconoce privilegio general al capital por prestaciones adeudadas a organismos de los sistemas nacional, provincial o municipal de seguridad social.

Sobre la base de lo expuesto, la circunstancia de que el sujeto activo de la prestación se considere integrante del Sistema de Seguridad Social, aunque revista la calidad de sociedad comercial, no afecta el reconocimiento de la naturaleza de la prestación brindada, que se enmarca en los principios propios de la solidaridad social bajo la tutela del Estado Nacional, por cuanto en lo referido al régimen de prevención y reparación de riesgos de trabajo se ha delegado la prestación en entidades de carácter privado (art. 26, LRT), estableciendo un ámbito de aplicación obligatorio (art. 2 ley citada).

Por otra parte, es esclarecedor que la normativa de aplicación dispone, además, que la cuota correspondiente debe ser declarada y abonada conjuntamente con los aportes y contribuciones que integran la contribución única de la seguridad social, con las mismas modalidades, plazos y condiciones establecidas para el pago de tales aportes y contribuciones con destino a la seguridad social (art. 9, Dec. reglamentario 334/96).

De esta última disposición se desprende, con claridad, la intención del legislador de equiparar el régimen de cobro de las cuotas del art. 23 de la ley 24.557, al de los demás recursos de la seguridad social, al disponer en su apartado 1° que “las prestaciones previstas en esta Ley a cargo de las ART, se financiarán con una cuota mensual a cargo del empleador”, y en su apartado 3° que “la cuota debe ser declarada y abonada conjuntamente con los aportes y contribuciones que integran la CUSS. Su fiscalización, verificación y ejecución estará a cargo de la ART”.

Y ello, ciertamente, no ha de llamar la atención, pues como fue señalado en el primer considerando del decreto 1.278/2000 “…con la sanción de la ley 24.557 nuestro país ha adoptado un nuevo régimen en materia de prevención y reparación de los riesgos del trabajo, inscripto en el concepto amplio de la seguridad social…”.

En otras palabras, el régimen instaurado por la ley 24.557 no está fuera del sistema de seguridad social al que se refiere el art. 246, inc. 2º de la ley 24.522, sino que, por el contrario, forma parte de él y, por ello, los importes correspondientes a las cuotas del art. 23, apartado 1º, de la ley de Riesgos del Trabajo, han de gozar del privilegio general previsto por dicha norma concursal.

4°) A tal comprensión no se opone, ciertamente, el hecho de que la ART acreedora sea una “entidad de derecho privado” (art. 26 de la ley 24.557) y no, un organismo oficial, a los fines del art. 246, inc. 2 de la ley concursal.

Esto último es así, por una parte, porque la responsabilidad administrativo-jurisdiccional del sistema de la ley 24.557, en los aspectos que atañen de modo general a los riesgos del trabajo, ha sido depositada –con la sola excepción del art. 1072 del Código Civil– en organismos de orden federal (CSJN, 15/6/99, “Torres, Martín Alejandro c/ Carrascosa, Aldo”, Fallos 322:1220), y por la otra, porque el decreto 863/98 puso en cabeza de la Administración Federal de Ingresos Públicos la verificación y recaudación de las sumas correspondientes a las aseguradoras de riesgos del trabajo que deben ser abonadas conforme al art. 23 de la ley de Riesgos del Trabajo (CSJN, 21/11/00, “Berkley International A.R.T. S.A. c/E.N. -Mº E. y O.S.P.- dto. 863/98 s/amparo ley 16.986”, Fallos 323:3770), todo lo cual evidencia que, aunque en el régimen examinado participen entidades de derecho privado, ellas están integradas a un régimen esencialmente estatal de seguridad social, de suerte tal que la naturaleza jurídica de aquélla no es argumento bastante para excluir un privilegio que califica a la naturaleza del crédito y de la prestación que conlleva y no a la persona.

Cabe recordar que el fundamento para otorgar privilegio a las prestaciones debidas al Estado no es otro que la necesidad de que éste no se vea defraudado en sus créditos, y así pueda cumplir con la alta misión de velar por los intereses colectivos (conf. Cordeiro Alvarez, Ernesto, “Tratado de los Privilegios”, Ed. Cía Argentina de Editores, 1941, pág. 78). En la medida, pues, en que las prestaciones contempladas en la ley 24.557, dirigidas a tutelar un bien público, debieran ser cumplidas por el Estado, pueden sin embargo, por delegación, ser efectivamente realizadas por un ente de derecho privado y cabe extender a las acreencias así generadas el privilegio reconocido a favor del Estado.

En suma, si se trata de una prestación debida a un ente que integra el sistema nacional de seguridad social, el capital de ese crédito debe considerarse subsumido dentro del mencionado art. 246, inc. 2° LCQ. En este sentido se han expedido: de esta CNCom., la Sala A, 8/10/04, in re: “Angel D’Amore S.A. s/ quiebra s/ inc. de verificación por Provincia ART S.A.”; íd, la Sala B, 22/9/05, in re: “Belforte Uruguay S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación promovido por Provincia ART S.A.”; íd, la Sala C, 15/2/05, in re: “Vaymetal S.A. s/quiebra s/ Provincia ART s/inc. rev.”).

Finalmente, debe apuntarse que la solución propiciada no configura en modo alguno una interpretación extensiva o indebida del privilegio legal contemplado en el art. 246, inc. 2° LCQ, sino la concreción, en el particular, de los sujetos destinatarios de tal privilegio.

Como conclusión y en virtud de los argumentos expuestos, damos respuesta afirmativa a la cuestión propuesta en esta convocatoria.

II. Los señores jueces Rodolfo A. Ramírez y Ángel O. Sala dicen:

1. La presente convocatoria tiene por objeto definir, mediante pronunciamiento plenario, si el crédito de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo causado en las primas adeudadas por un sujeto concursado debe graduarse con el privilegio general establecido por el inciso 2° del artículo 246 de la ley 24.522.

La norma otorga ese grado de prelación a: “El capital por prestaciones adeudadas a organismos de los sistemas nacional, provincial o municipal de seguridad social, de subsidios familiares y fondos de desempleo”.

2. El análisis de la cuestión controvertida debe iniciarse a partir de los principios generales de nuestro ordenamiento legal en materia de privilegios, en consonancia con las máximas que rigen la regulación del instituto concursal en el que aquellos juegan un rol trascendental.

El art. 3875 del Código Civil establece que el privilegio es el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro.

La referencia efectuada por el codificador en esa norma a la única fuente de privilegios que existe en nuestro sistema legal, es luego corroborada con mayor claridad en el texto del art. 3876 que establece el principio de legalidad. Textualmente, prescribe: “El privilegio no puede resultar, sino de una disposición de la ley…”.

En materia de derecho concursal, la regulación del régimen de privilegios es autosuficiente (art. 239 de la ley 24.522), salvo remisión expresa de la ley especial a ordenamientos ajenos a ella, como sucede con el art. 242 in fine (v. Rouillon, “Régimen de Concursos y Quiebras”, p. 324, Astrea, 2004).

Conjugando, entonces, lo expuesto hasta aquí, cabe concluir que los únicos privilegios que pueden reconocerse en un proceso concursal son aquellos expresa y taxativamente receptados en el articulado de la ley 24.522.

Ello tiene su razón de ser en que este tipo de preferencias alteran los principios generales básicos de todo el proceso concursal: la universalidad, el patrimonio del deudor como garantía común de los acreedores y la par conditio creditorum, como expresión de la equivalencia en el padecimiento de las pérdidas causadas por la insolvencia (v. en este sentido, Villanueva, “Privilegios”, p. 19, Rubinzal-Culzoni, 2004).

Repárese en que, ante un proceso concursal preventivo, el crédito así favorecido, no quedará alcanzado por el acuerdo que se imponga a los acreedores quirografarios y, en principio -salvo que exista propuesta para privilegiados- una vez homologado aquél, recupera plena exigibilidad, pudiendo su titular obtener la ejecución individual o solicitar la quiebra ante el incumplimiento del deudor.

Por ese motivo, es unánime la doctrina y jurisprudencia que considera que las normas que acuerdan privilegios o beneficios excepcionales resultan de indudable interpretación restrictiva (C.S.J.N., Fallos 308:2246; 311:1249), debiendo ajustarse a lo literal y expreso del precepto legal aplicable (C.S.J.N., Fallos 169:54; 270:365).

Sucede que, si la única fuente de privilegios es la legal, así como la voluntad de las partes es impotente para crearlos, tampoco puede darles nacimiento la autoridad de los jueces ya sea mediante una interpretación laxa, extensiva o analógica de los supuestos excepcionales previstos en la normativa para crear estos derechos preferentes (v. en este sentido, Grispo, “Tratado sobre la Ley de Concursos y Quiebras”, T. 6, p. 75, Ad-Hoc, 2002).

3. Sentado ello cabe destacar que la ley concursal, en cuanto acuerda privilegios, no sólo atiende a la índole u origen de los créditos insinuados, sino también a los sujetos titulares de esos derechos. Recuérdese que el art. 3875 del Código Civil refiere a la preferencia que la ley otorga “a un acreedor” determinado.

Esto no significa predicar la existencia de privilegios fundados únicamente en la cualidad de la persona del acreedor; sino que, en determinadas circunstancias, la ley no protege la prioridad de cobro de ciertas obligaciones “en abstracto”, sino que lo hace, siempre y cuando las mismas se hayan devengado en favor de determinado sujeto.

En este sentido, la Sala “E” -que integramos- ha resuelto con anterioridad que el privilegio que el art. 246 inc. 4° de la ley 24.522 otorga al capital por impuestos y tasas adeudados al fisco nacional, provincial o municipal, no se extiende a las tasas que percibe la Inspección General de Justicia, pues el supuesto legal sólo contempla aquellos tributos o gabelas que cobra directamente el fisco nacional, único titular del derecho reconocido en la norma (cfr. “Gas Areco S.A. s/ Concurso Preventivo s/ incidente de verificación por Inspección General de Justicia”, del 11/12/06, L.L., 2007-C-261).

Sostiene Villanueva (ob. cit., p. 345), que el art. 246, inc. 2° de la ley 24.522 individualiza a los créditos privilegiados mediante una doble referencia: por un lado, los identifica según sus titulares (organismos de los sistemas de seguridad social); y, por el otro -aunque implícitamente- los caracteriza por su causa (prestaciones vinculadas con la seguridad social, los subsidios familiares y los fondos de desempleo).

Las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo no son “organismos” del sistema de seguridad social, sino entes privados que cumplen una función determinada -que obviamente no es gratuita- con estricto control del Estado (cfr. CNCom., Sala E, voto de la mayoría, en autos: “Casinos de Río Negro S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo”, del 15/06/2004, L.L., 2007-A-543; íd., voto de la mayoría, en autos: “Taller Metalúrgico MJM S.R.L. s/ Quiebra s/ incidente de revisión por Provincia ART S.A.”, del 3/3/06).

Entonces, aunque por hipótesis se entendiera que las primas que reclama una Aseguradora de Riesgos de Trabajo comportan en su totalidad ingresos del sistema de seguridad social -lo que aparece dudoso desde que de allí se cobra sus comisiones, recupera sus gastos, asume riesgos, etc.- no es ésta el sujeto activo del beneficio acordado por la ley en el inciso 2° del art. 246.

Y ello, a partir de la interpretación estricta que se impone en la materia, como ya fue dicho, impide reconocer por vía pretoriana una preferencia a una persona jurídica de derecho privado a quien la ley -que es la única fuente de privilegios- no le ha acordado tal prerrogativa.

Esta postura, vinculada con la doble referencia que en algunos casos efectúa la ley para reconocer un privilegio (sujeto y causa), ha sido receptada por la doctrina para sostener que, en tanto la norma alude a organismos de los sistemas oficiales, no están amparados los aportes debidos a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.) ni las cuotas o aportes sindicales (v. Rivera-Roitman-Vítolo, “Ley de Concursos y Quiebras”, T. III, p. 509, Rubinzal-Culzoni, 2005; Grispo, ob. cit., p. 221; Villanueva, ob. cit., p. 345).

Sin pretender avanzar sobre la graduación de estos últimos créditos mencionados, pues no comportan la materia establecida para fijar la doctrina legal en este plenario, los fundamentos expuestos respecto de los mismos resultan plenamente aplicables a los créditos de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, que tampoco son organismos públicos u oficiales y que, por ende, no han sido amparados por la ley.

4. Destácase, por último, que la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557) tampoco establece privilegio alguno para las primas que perciben las Administradoras, lo que corrobora la improcedencia de extender por vía interpretativa analógica la preferencia que desde su génesis sólo estuvo dirigida a favorecer a los organismos estatales y no a otros sujetos de derecho, que en rigor hoy cumplen una función de prevención y asistencia que nunca el Estado ejerció en forma directa.

5. Por todo ello, votamos por la negativa a la cuestión propuesta.

III. Por los fundamentos del acuerdo precedente, se fija como doctrina legal que:

Corresponde reconocer el privilegio general establecido en el art. 246 inc. 2 de la ley 24.522 al crédito por primas adeudadas por la concursada a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo”.

Dado que el pronunciamiento de fs. 338/339 se adecua a la doctrina establecida, se lo confirma.

Notifíquese y vuelva la causa a la Sala de origen.

Firmado por: Rodolfo A. Ramírez (Presidente), Gerardo G. Vassallo, María Elsa Uzal, Isabel Míguez, Alfredo A. Kölliker Frers, Miguel F. Bargalló, Ana I. Piaggi, María L. Gómez A. de Díaz Cordero, José Luis Monti, Juan Manuel Ojea Quintana, Bindo B. Caviglione Fraga, Pablo D. Heredia, Juan José Dieuzeide, Ángel O. Sala y Martín Arecha; por ante mí: Claudia Rodriguez (Prosecretaria letrada).

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