Reg. Nº       405     Fo.

Expte. Nº 135.179 “BOTTER, JUAN CARLOS Y BOTTER, JUAN CARLOS EMILIANO S/ CONCURSO PREVENTIVO.”.

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Mar del Plata,   23  de mayo de 2006.

     VISTOS:

     Los presentes autos caratulados: “Botter, Juan Carlos y Botter, Juan Carlos Emiliano s/ concurso preventivo”, traídos a despacho para resolver el recurso de apelación interpuesto por la sindicatura y por su letrado patrocinante, Dr. Brond, a fs. 1656/1669 contra la resolución de fs. 1646/1653,

     Y CONSIDERANDO:

     I.-Que a fs. 1646/1653 el Juez a-quo hace lugar a  la revocatoria “in extremis” intentada por los concursados con depósito en pago de los honorarios de la sindicatura que generaran el pedido de quiebra, dejando sin efecto la sentencia de falencia de fs. 1610/1613 y manteniendo, por ende, las condiciones dispuestas en la sentencia homologatoria de fs. 587/591, en particular puntos II, III y V de su parte resolutiva.

     Asimismo, dispone que previo al libramiento de los cheques que por honorarios, aportes e intereses corresponde a la sindicatura, ésta deberá practicar liquidación calculando los intereses indicados a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el 28/7/05, ésto es: vencido el plazo de 5 días por el cual se intimara a los concursados al pago de aquéllos, y hasta el 3/10/05, fecha del depósito judicial efectuado por los deudores para responder por dicho crédito.

     Como fundamento de esto último, el juez de la instancia anterior recuerda que al momento de determinar los emolumentos de la sindicatura en la suma de $ 11.000.- para todo el estudio y de su letrado patrocinante en la de $ 3.600.-, a su exclusivo cargo por haber requerido sus servicios profesionales, y establecer que tales importes deberían ser abonados conforme a lo normado por el art. 54 de la ley 24.522, señaló que previamente la sindicatura debía practicar rendición de cuentas de las sumas recibidas en concepto de correspondencia y arancel y de los gastos realizados por tales conceptos, a los fines de descontar lo percibido del requerimiento al deudor. 

     En ese orden, continúa reseñando que dicha regulación fue notificada a los obligados al pago el 17/11/98, según surge de las cédulas de fs. 885 y 886 del cuerpo V y que la rendición de cuentas referida se realizó recién el 31/5/99, obteniendo aprobación mediante la resolución de fs. 894/895 en los términos y con el alcance allí indicado.

     Esta resolución –agrega- fue apelada por la sindicatura a fs. 896/899, concediéndose el recurso a fs. 900/901, el cual es desistido a fs. 1603 y con fecha 5/11/2003.

     Refiere en esa dirección que pasado un año y medio la sindicatura solicita mediante escrito del 23/6/05 (v. fs. 1605) se intime a los concursados a abonar los honorarios conforme al art. 54 de la ley 24.522, lo que es proveído favorablemente con fecha 29/6/05 y a fs. 1606, intimándose a los deudores a pagar en el plazo de 5 días los honorarios regulados, más aportes, con deducción de las sumas consignadas en el interlocutorio de fs. 894/895, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 54 de la ley concursal.

     De ahí que entiende que la mora del obligado al pago se produce recién después de vencidos los 5 días establecidos en el auto de fs. 1606, o sea: el 28/7/05, de acuerdo a lo que surge de las cédulas respectivas de fs. 1607/1608, por lo que es desde allí que a su criterio deben calcularse intereses.

     Los apelantes se agravian manifestando que la norma básica es el art. 54 de la ley 24.522 y que debe estarse a lo allí dispuesto en el sentido de que los honorarios a cargo del deudor son exigibles a los noventa días contados a partir de la homologación o simultáneamente con el pago de la primera cuota a alguna de las categorías de acreedores que venciere antes de ese plazo.

A lo que agregan que los concursados conocían sus obligaciones desde el 17/11/1998, en que quedaran notificados, por lo que es desde entonces que se encontraban en condiciones de depositar los montos fijados en concepto de honorarios, descontando la pequeña parte litigiosa de los mismos y que tiene que ver con la liquidación de gastos efectuada por su parte a fs. 883, que fuera reducida por el juez (v. fs. 894/895) motivando el recurso de apelación de fs.   896/899, posteriormente desistido (v. fs. 1538).

Pero de ninguna manera –dicen- la cuestión controvertida del descuento que debía efectuarse en el valor de los honorarios regulados, habida cuenta la impugnación a la liquidación de gastos efectuada por el Juez, puede interpretarse como un factor que altere la constitución en mora una vez vencido el plazo que fija la ley concursal para el pago de los honorarios y el consecuente devengamiento de intereses, máxime –continúan- si se tiene en cuenta la insignificancia de los montos en conflicto.

Por otra parte destacan que los concursados no tienen dudas de cuáles son los montos adeudados, desde que, a los fines de realizar el depósito,  computaron intereses desde el 17/11/98, por lo que no puede el magistrado alterar brutalmente el contenido de los honorarios, ya dados en pago los montos por los obligados al pago, con fundamento en que no hubo mora sino hasta vencidos los 5 días de la intimación de fecha 29/6/2005.

Entienden que el Juez a-quo confunde mora con el recaudo necesario para que se decrete la quiebra del concursado que pasa por un traslado por 5 días a fin de que el deudor acompañe los recibos si hubiere pagado extrajudicialmente.

Es indudable –concluyen- que la mora quedó configurada al cumplirse los 90 días contados a partir de la homologación.

A todo evento, sostienen que la resolución atacada importa la violación al principio de congruencia, toda vez que se incurre en demasías decisorias, puesto que se deciden cuestiones no planteadas, lo que se erige en causal típica de descalificación del pronunciamiento.

Párrafo aparte señalan que si el depositante ha dado conformidad a los intereses y es sólo el Juzgador quien los cuestiona, mínimamente debía ordenar librar cheques por aquellos montos no controvertidos.

II.-Entendemos que asiste razón a los apelantes.

Veamos.

 

La sentencia homologatoria (art. 52 de la LCQ.) debe contener la regulación de honorarios del síndico, sus letrados patrocinantes (que estarán a su cargo -art. 257 de la LCQ-) y del patrocinante del concursado (art. 265, inc. 1º, de la LCQ) por la tareas profesionales en el proceso principal.

Para esta regulación no es menester que exista petición de parte (síndico o letrado del concursado), debiendo efectuarla el juez oficiosamente. Los porcentajes regulatorios y demás particularidades se encuentran regulados en los arts. 265, incs. 1º y 5º, 266, 271 y 272 de la LCQ.

En cuanto a la exigibilidad de los mismos, La ley señala que dichos estipendios profesionales son exigibles a los noventa días de la homologación, salvo que la primera cuota concordataria venciere con anterioridad.

El plazo es corrido e incluye la feria judicial (v. HEREDIA, “Tratado Exegético de Derecho Concursal”, t. II, p. 236; arts. 26 y 27 del Cód. Civ.; en contra: LORENTE, Javier A., “Ley de concursos y quiebras”, t. 1, Gowa, Buenos Aires, 2000, p. 572; MAFFÍA, “La ley…”, t. I, p. 218; MOLINA SANDOVAL, Carlos A.-JUNYET BAS, Francisco; “Ley de Concursos y Quiebras”, Lexis Nexis, 2003) y comienza a correr desde el dictado de la sentencia de homologación (art. 52 de la LCQ.) y no desde su notificación.

Es cierto que eventuales apelaciones por el monto de los emolumentos regulados podrían complicar el cómputo de aquél, pero ese no es el caso de autos (v. HEREDIA, ob. cit. p. 237; en contra: LORENTE, Ley cit., t. 1, p. 572; a favor: MOLINA SANDOVAL, Carlos A.-JUNYET BAS, Francisco; Ley de Concursos y Quiebras, Lexis Nexis, 2003).

De ahí que si al vencimiento del plazo previsto, los deudores no pagaron los estipendios, incurren en mora y deben por ello los intereses (jurisp. CNCom., sala D, 12/11/1996, “Petropol SA s/ concurso s/ inc. de ejecución de honorarios por el síndico y su letrado patrocinante”, CNCom., sala C, 24/03/1988, Acrílicos Salerno SA S/ Concurso”). 

En relación a los intereses, no es menester interpelación previa ni constitución en mora, ya que se trata de una obligación a plazo legalmente determinado (arg. art. 509 del C.Civ.). Los mismos se devengan por el sólo fenecimiento de los noventas días otorgados al concursado o el menor plazo de la cuota concordataria (art. 54 de la ley concursal).

En prieta síntesis, lo esencial aquí es el vencimiento del plazo legal previsto en la norma citada (CNCom., sala B, 27/11/1997, Bodegas y Viñedos Rocoaro S.A. s/ quiebra s/ incidente de apelación -art. 250, C. Proc.-”).

     Así entendida la cuestión, procede la pretensión de los apelantes en cuanto a que se adicionen intereses moratorios a los honorarios regulados desde el período previsto legalmente para el pago de dichas sumas (arts. 54 de la ley concursal y 509 del C.Civil).

En tal sentido cabe precisar que los intereses constituyen la indemnización consiguiente al estado de mora del deudor (arts. 508 y 622 del C.Civ.).

Y no empece lo expuesto la iliquidez –si se quiere parcial- de la obligación, que en su momento estuvo dada por la falta de firmeza del importe de los gastos que le ocasionara el proceso a la sindicatura y que debían atenderse con el importe percibido por aranceles, cuyo saldo –de existir- debía descontarse, a su vez, de lo regulado por honorarios (art. 32 de la ley 24.522).

Recordemos que la liquidación de gastos de fs. 842/883 fue cuestionada por el juez, quien redujo los montos resultantes de la misma mediante resolución de fs. 894/895, la que recién adquirió firmeza con el desistimiento del recurso de apelación que fuera articulado al respecto por la sindicatura y su letrado patrocinante (v. fs. 1538).

La cuestión que se plantea sobre este tema se refiere a si es imprescindible que la deuda dineraria tenga monto cierto y determinado para que devengue tales réditos o si a pesar de ser ilíquida igualmente son accedidas por ellos.

Actualmente, la doctrina y jurisprudencia mayoritarias entienden que la iliquidez de la deuda no impide que devengue intereses moratorios, siempre que resulte cierta en cuanto a la existencia y legitimidad de la obligación (conf. Belluscio-Zanoni, “Código Civil…”, t. 3, 1994, ed. Astrea, p. 126-127; ver doct. y jurisp. allí cit.).

Esta posición tiene bases sólidas, entre las cuales puede citarse la posibilidad del deudor de pagar la suma en parte líquida de una deuda –excepción al principio de integridad del objeto del pago-, conforme a lo preceptuado por el art. 743 del Código Civil, que, incluso, brinda al acreedor la posibilidad de exigir la porción líquida (Belluscio-Zanoni, Ob. cit. p. 127).

En el caso, los deudores, actuando de buena fe, podían perfectamente consignar lo que entendían adeudar -tal como lo hicieron a fs. 1633/1638, aunque ya encontrándose en mora- sujetándose a un posterior reajuste a efectos de impedir que comience el curso de los intereses (Belluscio-Zanoni, Ob. cit. p. 127).

Así las cosas, no puede soslayarse el pago de intereses moratorios amparándose en que la deuda es ilíquida por cuanto no existe fundamento legal que exija que los créditos deban ser líquidos para devengar intereses (jurisp. CNCom., sala B, 29/12/2004, Metalúrgica Kysmar S.A.I.C. s/concurso preventivo”).

En suma, es por las razones hasta aquí expuestas que el recurso debe tener favorable acogida en lo pertinente.

     En cuanto al agravio referido a la falta de libramiento de cheques por los montos no controvertidos, advirtiéndose que a fs. 1675/1676 se ha procedido en la dirección pretendida por los recurrentes, no corresponde pronunciamiento alguno, toda vez que la cuestión, frente a la circunstancia indicada, se ha tornado abstracta.

     Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas,

     RESOLVEMOS:

I.-Aceptar la excusación formulada por la Dra. Nélida I. Zampini a fs. 1782 a mérito de la causal allí invocada;

II.-Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la sindicatura y su letrado patrocinante;

III.-Modificar la resolución de fs. 1646/1653 en el sentido y con los alcances precedentemente señalados;

IV.-Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, habida cuenta las particularidades del caso, los términos en que se plantearon y debatieron las cuestiones en la instancia de origen y la forma en que, en definitiva, quedan decididas (arts. 68, 2da. parte, y 274 del CPC; ver fs. 1633/1638 y 1641/1645).

V.-Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904).

VI.-REGISTRESE.

VII.-Transcurrido el plazo del art. 267 del CPC, devuélvase (arts. 274 y 278 de la LCQ).

 

 

 

 

JUAN JOSE AZPELICUETA                HORACIO FONT