Consideraciones en torno a la Ley 26086 de reforma a la Ley de Concursos y Quiebras Nº 24522. Medida cautelar. Pretensión cautelar infundada. Rechazo 

  

Expte. 28150/05 S. I. 23285 - “Isabel Lezcano Sergio Wilfredo c/Mesplet Larrañaga y Giaccone S.A. y otros s/daños y perjuicios” - CNTRAB - SALA V - 11/05/2006   (elDial, 16/6/06)

Buenos Aires, 11 de mayo de 2006.//-

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 72/4 vta. por la parte actora contra la resolución de fs. 71 que desestimó la medida cautelar solicitada por aquélla.-

CONSIDERANDO:

I)) La magistrada de grado desestimó la medida cautelar requerida por la actora sobre bienes de Mauricio Mesplet S.A.C.I.F.I.A. fundada en el hecho de que esta sociedad anónima se encuentra en situación de concurso preventivo, sin que obste a esa conclusión el carácter postconcursal de los créditos reclamados.-
Cabe destacar que la relación laboral que habría vinculado a las partes habría comenzado el 1/12/98 y que el accidente de trabajo invocado como fundamento de la pretensión que da origen al litigio habría acaecido el 14/12/2001 (ver demanda -fs. 21 vta. y 23 vta. del expediente principal-).-
Asimismo, según el informe del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9, Secretaría Nº 8 de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, el 22/5/97 se abrió el concurso preventivo de Maurcio Mesplet S.A.C.I.F.I.A., el 7/5/98 se homologó el acuerdo con los acreedores quirografarios y el 21/9/98 se homologó el acuerdo con el acreedor hipotecario Y.P.F. con un privilegio especial (ver fs. 63 de este incidente).-
En este marco, nos encontramos con un embargo solicitado con posterioridad a la apertura del concurso preventivo y por créditos de naturaleza postconcursal, que no deben concurrir con el resto de los acreedores y a los cuales le serán inoponibles los términos del acuerdo homologado.-
Resulta relevante en el “sub-lite” la naturaleza postconcursal de los créditos, extremo que habilita a quienes -como el actor- invocan la calidad de trabajadores para la iniciación y tramitación del juicio ante su juez natural, y para cautelar las acreencias que le correspondan (conf. arg. art. 21, inc. 3º, ley 24.522, texto anterior a la reforma introducida por la ley 26.086).-
Los acreedores posteriores a la presentación en concurso preventivo, pueden iniciar acciones individuales contra el concursado, sin que se vean impedidos por el art. 21, inc. 3º, ley 24.522 -texto anterior a la reforma introducida por la ley 26.086- (cfr. C.N.Com., Sala B, 3/8/2005, “Clínica de
la Comunidad S.R.L. s/concurso preventivo”, pub. en E.D. diario del 14/02/2006;; Heredia, Pablo D., “Tratado Exegético de Derecho Concursal”, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2000, Tomo I, p. 578).-
Aun cuando se considerara aplicable al “sub-lite” la reforma incorporada por la ley
26.086, a mi modo de ver no () modificaría la conclusión expuesta precedentemente.-
En efecto, el art. 21 de la ley 24.522 modificado por el art. 4º de la ley 26.086 dispone en lo pertinente:
“…En los procesos indicados en los incisos 2) y 3) no procederá el dictado de medidas cautelares. Las que se hubieren ordenado, serán levantadas por el juez del concurso, previa vista a los interesados…”.-
Entre los procesos mencionados en el inciso 2) precitado se encuentran los juicios laborales;; sin embargo, la prohibición indicada en el párrafo que antecede debe entenderse -al igual que en la regulación jurídica previa a la reforma- limitada a los juicios de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo.-
En efecto, porque la excepción al fuero de atracción consagrada por los incisos 1), 2) y 3) de la mencionada norma está referida inequívocamente a los procesos indicados en el primer párrafo de la misma, es decir, “…los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso…”.-
Por otra parte, y en apoyo de la solución propuesta, en una redacción similar al anterior texto del art. 21, inc. 3º de la ley de concursos, el primer párrafo “in fine” del nuevo art. 21 establece:
“…No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos…”.-
Las razones expuestas llevan a propiciar la revocatoria de la resolución de fs. 71 en cuanto desestima la medida cautelar solicitada por la parte actora por la situación concursal de la codemandada.-
Sin embargo, analizadas las constancias de la causa, resulta infundada -al menos por ahora- la pretensión cautelar articulada por el demandante. Me explico.-
Si bien en principio la falta de contestación de la demanda habilita el embargo preventivo sobre bienes del demandado rebelde (art. 62, inc. b), L.O), en el presente caso tal circunstancia procesal no basta “per se” a tal efecto, toda vez que para el reconocimiento de los créditos reclamados por el accionante es indispensable la constatación de la disminución de la incapacidad laborativa, circunstancia cuya dilucidación requiere la realización de un peritaje médico, máxime teniendo en cuenta que oportunamente la jueza a quo, sin perjuicio de declarar rebeldes en los términos del art. 71 de
la L.O. a todas las codemandadas, incluida Mauricio Mesplet S.A.C.I.F.I.A. (ver fs. 113 y 217 de la causa principal), de intimar al actor a manifestar si insistía en la producción de la prueba ofrecida (ver fs. 217 “in fine” del expediente principal), y de tener presente el desistimiento de toda la prueba formulado por aquél, dispuso la producción de la pericial médica “atento el objeto de la acción” (ver fs. 221 del expediente principal), resolución esta última que no fue cuestionada por el demandante.-
Cabe añadir que hasta el momento la perito médica designada en autos no produjo el informe pertinente (ver fs. 229 y ss. de la causa principal).-
En este marco, deviene infundada por el momento la pretensión cautelar incoada, sin perjuicio de la provisoriedad de las decisiones adoptadas en este tipo de procesos, y sin que ello implique -naturalmente- prejuzgamiento acerca del fondo de la cuestión planteada en la demanda que dio origen a la causa principal.-

Por todo lo expuesto, se impone el rechazo de la medida cautelar solicitada por la parte actora.-

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: Confirmar la resolución de fs. 71. Costas en el orden causado, dada la inexistencia de controversia. Difiérase la regulación de honorarios para el momento en que sean regulados en primera instancia. Reg., not. y dev.. Déjase constancia de que la Dra. María Cristina García Margalejo se abstiene de votar en virtud de exitir coincidencia de dos opiniones y en atención a lo dispuesto por el art. 125 de la L.O.//-

FDO.: Oscar Zas - Julio César Simon - María C. García Margalejo