66640/00 - “Fernández Prior Jorge Alberto s/ quiebra” - CNCOM - SALA A - 11/04/2006   (elDial, 16/6/06)

Buenos Aires, abril 11 de 2006.//-

Y VISTOS:

1. Apeló el fallido el pronunciamiento de fs. 347 en cuanto la Sra. Juez de Grado rechazó el pedido de rehabilitación formulado en fs. 346.-
Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 351/353, en los términos previstos por el cpr.: 248, y contestados por la sindicatura en los términos que lucen en fs. 358/360.-
En el dictamen que antecede se expidió
la Sra. Fiscal General ante este Tribunal.-

2. Conforme lo prescribe la ley 24.522: 236, la inhabilitación del fallido cesa “de pleno derecho” al año de la fecha de la sentencia de quiebra con la salvedad de que puede ser prorrogada o retomada su vigencia si el fallido fuese sometido a proceso penal.-
Es decir, la rehabilitación del fallido se produce, en principio, en forma automática al año de la declaración de quiebra, debiendo requerirse únicamente la comprobación de la inexistencia de proceso penal en su contra y el transcurso del plazo que señala la norma citada (conf. Fassi - Gebhardt, “Concursos y Quiebras”, editorial Astrea, Buenos Aires, 2004, pág. 534)).-
En el caso, el fallido acreditó con la constancia agregada en fs. 345 no estar sometido a proceso penal alguno. Asimismo, ha transcurrido holgadamente el plazo de un año desde la fecha de declaración de quiebra (6.11.01).-
En razón de ello, se encuentran reunidos los requisitos que exige la normativa concursal y corresponde, por ende, acceder al pedido formulado por el deudor, a lo cual prestó conformidad el síndico en el conteste del memorial (fs. 358/360);; pues su rehabilitación se produjo ipso iure con fecha 6.11.02, en tanto no () fue ordenada la prórroga de su inhabilitación (confr. CNCom., Sala “C”, in re: “Falzarano Domingo Fausto s/ quiebra”, del 16.9.05; ídem, Sala “E”, in re: “Hortas Daniel Héctor s/ quiebra”, del 3.11.05).-
No obsta a tal conclusión la inexistencia de activo informada por el síndico en el informe general, o la posible clausura del proceso por falta de activo, lo que en autos aún no se resolvió, pese a lo peticionado en tal sentido por el funcionario concursal en fs. 304, que fue sustanciado con el fallido en fs. 305, punto III y notificado en fs. 306, quien no se opuso a la medida más allá de las limitaciones que señaló en la audiencia celebrada en autos, cuya acta obra en fs. 308/309.-
Tal situación no es motivo legal suficiente para prorrogar la inhabilitación, sino sólo el sometimiento del fallido a proceso penal -para su prórroga o reestablecimiento-, presupuesto de hecho que no exhibe el caso juzgado en el cuál la resolución prevista por
la L.C. 232 no fue pronunciada ni dispuesta la comunicación prevista por la L.C. 233, pese a haber sido notificado el fallido de la petición de clausura por falta de activo formulada por el síndico el 3.3.03 (vid. fs. 306;; conf. CNCom., Sala “D”, in re: “Pérez Carlos Alberto s/ quiebra”, del 6.4.01).-
Tampoco es motivo para denegar la rehabilitación la circunstancia de percibir el fallido salarios mensuales en razón de una relación de dependencia (CNCom., Sala “E”, fallo cit), ni la comparación que se efectúa con un deudor in bonis al que se le traba embargo sobre su salario, destacándose que en el caso la declaración de quiebra se produjo a pedido de un acreedor.-
La paradójica consecuencia merituada por la distinguida Sra. Juez de
la Primera Instancia no escapa al Tribunal, quién no obstante entiende que no es su cometido juzgar el mérito, oportunidad o conveniencia de las normas jurídicas que dirimen un caso, sino solo aplicarlas de acuerdo con los principios hermenéuticos que correspondan a los supuestos de hecho juzgados y -eventualmente- controlar su constitucionalidad.-

3. En consecuencia, oída la señora Fiscal General se RESUELVE:
a. Admitir el recurso de apelación interpuesto en fs. 351/353 y revocar la providencia de fs. 347.-
b. Declarar cesada de pleno derecho la inhabilitación del fallido Jorge Alberto Fernández Prior, sin perjuicio de lo previsto por
la L.C. 236 3ra.p.-
c. Sin costas de Alzada atento la postura asumida por la sindicatura.-
d. Notifíquese a
la Sra. Fiscal General y oportunamente devuélvase a primera instancia encomendándose al Sr. Juez a quo disponga la notificación de la presente resolución.-

FDO.: Gerardo Guillermo Vassallo, Juan José Dieuzeide, Isabel Miguez
Ante mi: Germán Santiago Taricco Vera

J. 26. Sec. 52. (Sala A, n° 66.640/00). Fernández Prior, Jorge Alberto s/ quiebra, (expte. n° 92.487)

Excma. Cámara:

1. En la resolución de fs. 347, la jueza de primera instancia rechazó el pedido que formuló el fallido para que se disponga el cese de su inhabilitación.-
La juzgadora explicó que no corresponde acceder a lo requerido porque resulta paradójica la circunstancia de que aquél que se encuentra en estado falencial, ha incumplido sus obligaciones y no ha honrado sus deudas, una vez transcurrido un año desde el decreto de quiebra se halle en mejor posición que quien se encuentra en fondos y está sujeto a medidas cautelares, como por ejemplo un embargo.-

2. Apeló el fallido y fundó su recurso en fs. 351/53.-

3. El sindico contestó el traslado del memorial mediante la pieza de fs. 358/60, en la que se allanó a la pretensión recursiva.-

4. Según surge del informe general del articulo 39 de la L C y Q, que obra en fs. 270/81, el fallido carece de activo (fs. 275). Asimismo, con base en esta circunstancia, el sindico solicitó que se clausure el procedimiento en virtud de esta causal, en los términos del articulo 232 de la misma ley (fs. 304).-
En este contexto y en atención a lo que establece la norma mencionada precedentemente, el juez debe declarar la clausura por falta de activo, si después de realizada la verificación de los créditos, no existe activo suficiente para satisfacer los gastos del juicio, extremo que se configura en la especie. En tal sentido, observo que el fallido nada expuso en oportunidad de habérsele conferido traslado del pedido de la sindicatura (fs. 304 y 306) y en la audiencia de explicaciones a la que fue citado solamente expresó que tenia “toda la intención de pagar los gastos, pero que todo depende de la forma en que se los reclamen y del monto de los mismos” (respuesta a la 3a pregunta, fs. 310).-
La clausura de los procedimientos importa presunción de fraude y, conforme lo establece el articulo 233 de
la LCyQ, el juez debe comunicarla a la justicia en lo penal, para la instrucción del sumario pertinente.-
Por consiguiente, habida cuenta de que esta Fiscalía comparte el criterio utilizado en la resolución por la jueza de primera instancia, no procede ordenar en el caso la rehabilitación del fallido, toda vez que previamente a ello debe darse intervención a la justicia penal. Y ello autoriza a prorrogar el plazo de inhabilitación, de conformidad con lo contemplado en el articulo 236, 2º parte, de la ley 24.522.-
Considero, pues, que debe rechazarse el recurso interpuesto por el fallido.-
En los términos que anteceden, dejo contestada la vista conferida por VE en fs. 363 vta.-

Buenos Aires, 21 de marzo de 2006.//-

FDO.: ALEJANDRA GILS CARBÓ, FISCAL GENERAL