Reg. Nº  640             Fo.

Expte. Nº 135.331 “MAESTROMEY, Roxana Leonor c/ RABELLINO, Alfredo s/ Ejecución de sentencia.”.

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Mar del Plata, 8   de agosto de 2006.

     VISTOS:

     Los presentes autos caratulados: “MAESTROMEY, Roxana Leonor c/ RABELLINO, Alfredo s/ Ejecución de sentencia”, traídos a despacho para resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 49 contra la resolución de fs. 47/48.

     Y CONSIDERANDO:

     I.- Que a fs. 47/48 el juez a-quo desestimó la excepción formulada por el demandado a fs. 40/42, disponiendo la continuación de la ejecución iniciada en los términos del art. 506 del CPC.

     Para arribar a esa decisión tuvo en cuenta la posibilidad que confiere al acreedor el art. 21, inc. 1º, de la ley 24.522 de optar por pretender verificar su crédito en los términos del art. 32 de la ley 24.522 o continuar ante el juez del concurso la acción que tuviera iniciada con anterioridad a la apertura del concurso preventivo –como ha ocurrido en el caso en examen-, y que en este último supuesto la sentencia de mérito tiene efectos de pronunciamiento verificatorio a todos los fines del concurso.

     Asimismo, consideró lo que surge de los autos: “RABELLINO, Alfredo R. s/ Concurso preventivo” en cuanto a que no solo se tuvo por verificado el crédito reconocido en la sentencia recaída en la causa principal: “MAESTROMEY, y otros c/ RABELLINO s/ Daños y perjuicios” sino que, además, en cumplimiento del acuerdo homologatorio, se intimó al concursado a abonar la suma que en concepto de crédito quirografario adeudaba a los aquí accionantes.

     Por otra parte, destacó que del auto homologatorio se desprende que –a diferencia de lo que afirma el demandado- la propuesta homologada consistió en la cancelación del 100% de las acreencias quirografarias.

     Finalmente, trajo a colación lo decidido por la Sala Primera de esta Cámara en el concurso preventivo del demandado en el sentido de que el acreedor insatisfecho de autos ha recuperado, a partir del cumplimiento del acuerdo homologatorio, el ejercicio de su acción individual contra el deudor por la vía de la ejecución, aunque con las limitaciones que provengan del acuerdo homologado; agregando que en el presente proceso la acción no se ve limitada por el acuerdo homologado, pues en el mismo el Sr. Rabellino se comprometió a cancelar el 100% de las acreencias quirografarias.   

II.- Que a fs. 52/53 el demandado se agravia señalando que no le asiste derecho a la actora para ejecutar su crédito por la vía de la acción individual. Cita al respecto el art. 59 de la ley concursal.

III.- Previo a cualquier consideración cabe aclarar que aquí se pretende ejecutar la sentencia dictada en la causa: “MAESTROMEY, y otros c/ RABELLINO s/ Daños y perjuicios” mediante el trámite de los arts. 500, 503, 504, 505, 506 y concordantes del CPC.

De igual modo vale recordar que la causa de daños y perjuicios referida ha sido iniciada con anterioridad a la presentación del demandado en concurso preventivo, habiendo optado el acreedor, una vez abierto el mismo, por continuar con aquélla hasta el dictado de la sentencia, tal como lo autoriza el art. 21, inc. 1º, de la ley 24.522.

Y es recién después de homologado y cumplido el acuerdo ofrecido por el demandado que el acreedor obtiene sentencia favorable firme (v. fechas de resoluciones de fs. 237, conc. prev., y de fs. 4/8 de la presente ejecución).

IV.- Ahora bien, circunscripta la cuestión a dilucidar a si la vía elegida de ejecución de sentencia resulta ser la correcta y analizadas las constancias de este expediente y de los autos: RABELLINO, Alfredo s/ Concurso preventivo” , que por cuerda vienen anexado y que en este acto tenemos a la vista, adelantamos nuestra opinión en el sentido de que el recurso no puede tener favorable acogida.

     Ello así porque en lo que aquí nos ocupa debe estarse necesariamente a lo ya decidido sobre el punto por la Sala Primera de esta Cámara mediante la sentencia dictada en los autos: “RABELLINO, Alfredo s/ Concurso preventivo” con fecha 26 de octubre de 2004 (v. fs. 278/284 de la causa cit.).

En esa oportunidad se dijo, preopinando el Dr. Azpelicueta, que si el acreedor logra sentencia favorable firme luego del cumplimiento del acuerdo que hubiera recibido homologación, podrá ejecutar esa decisión en el mismo proceso de conocimiento en que se la dictó, siguiendo para ello el trámite de ejecución de sentencia (v. fs. 280 vta., conf. HEREDIA, Pablo D., Tratado Exegético de Derecho Concursal, t.I, ed. Abaco, 2000, p. 651 “in fine”).

Partiendo de esa premisa y estando a las constancias de la causa, entendió que debía tenerse por cumplido el acuerdo homologado ante el pago efectuado por el concursado de los créditos quirografarios que le eran exigibles en ese momento, recuperando de ese modo el acreedor insatisfecho –que ha obtenido sentencia favorable firme con posterioridad- el ejercicio de su acción individual contra el deudor por vía de ejecución (textual v. fs. 281 vta., tercer párr., y 283 vta.).

Dicho pronunciamiento se encuentra pasado en autoridad de cosa juzgada y sabido es que una de las piedras angulares que cimenta la estabilidad de los actos procesales es el instituto de la cosa juzgada, susceptible de ser traído a cuento incluso de oficio por la sala (Conf. SCBA, ED 35-679; DJBA, 147-6835).

     En efecto, la potestad jurisdiccional no puede ejercitarse respecto de una controversia más de una vez, pues de lo contrario se reproduciría indefinidamente el tratamiento de las cuestiones litigiosas, desvirtuándose la esencia misma de los procesos y resultando gravemente afectadas las finalidades del ordenamiento procesal (CSJN, in re “Figuero Martín c/ Villalon Eduardo y otros” del 17/3/92).

     El instituto de la cosa juzgada es uno de los pilares esenciales donde se asienta nuestro régimen constitucional que busca más que amparar el texto formal del fallo, la solución real prevista en él, conformando el concepto de seguridad jurídica indispensable para lograr la certeza de las expresiones jurídicas contenidas en la decisión judicial que genera la estabilidad del ordenamiento jurídico en general (conf. CSJN, in re “Paloshi de Baltar Myriam c/ Baltar Roberto A.” del 17/11/94).

     A lo que cabe agregar que la res judicata o rechtskraft –como la denominan los alemanes-, se extiende no solo a aquellas cuestiones que fueron propuestas por las partes a la consideración de los magistrados y expresamente decididas por éstos; sino también a aquellas otras cuestiones que pudiendo haber sido propuestas no lo fueron, es decir la llamada cosa juzgada implícita. Así, si una cuestión pudo ser discutida en el proceso, pero de hecho no lo fue, o lo fue de manera incompleta, también a ella se extiende, no obstante, la res judicata, en el sentido de que aquella cuestión no podría eventualmente ser utilizada para negar o discutir el resultado a que se llegó en aquel proceso (PALACIO, Lino, “Derecho Procesal Civil”, t. V, p. 514/515, ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1993; LIEBMAN, Enrico Tullio, “Eficacia y autoridad de la sentencia”, p. 87, ed. Ediar S.A. Editores, traducción Santiago Sentís Melendo, 1945; CSJN, L.L. 133, p. 248; CNCom., Sala A, agosto 12 de 1977, E.D. 76-227; CNCiv., Sala G, julio 31-1980, E.D. 90-610; CNCom., Sala D, 2-3-87, L.L. 1987-B-367).

     En el caso se ha planteado una cuestión que ya ha sido objeto de una decisión jurisdiccional que a la fecha se encuentra firme y consentida.

     En situaciones análogas se ha sostenido que si una cuestión ha quedado definitivamente resuelta en sentencia que se encuentra firme no puede ser nuevamente planteada y examinada y menos resultar en distinto sentido la declaración jurisdiccional; una vez que ha pasado en autoridad de cosa juzgada vale no porque sea justa, sino porque tiene para el caso concreto la fuerza de la misma ley (Cám. civ. y Com. Trenque Lauquen, causa 9815, RSD-20 del 14/3/91; esta Cámara y Sala, causa 107.022, RSD-5 del 2/2/1999).

     En otras palabras, la “cosa juzgada” no es un efecto de la sentencia, sino una cualidad que la ley le agrega para acrecentar su estabilidad. Es un medio de asegurar la inmutabilidad de lo resuelto con carácter firme y de evitar, por ende, el pronunciamiento de una nueva sentencia contradictoria. La seguridad jurídica es la que determina la necesidad de asegurar no sólo la inimpugnabilidad que es propia de las sentencias firmes, sino también la necesidad de dotar a estas últimas del atributo en cuya virtud su contenido no puede ser alterado en ningún otro juicio ulterior, tornando por lo tanto inadmisible toda nueva discusión o resolución acerca de las cuestiones ya decididas con carácter firme en otro proceso anterior (conf. PALACIO, Ob. cit., p. 498, núm. 678).

     En suma, resulta ineludible la existencia de un conteste pronunciamiento para el que, lógicamente, debe darse prevalencia al temporalmente precedente en la solución de la cuestión que aquí nos ocupa, no pudiendo postularse ambivalencias o valencias contradictorias (jurisp. esta Cámara, Sala I, causa 112.537, RSD-243 del 14/8/2003; sala II, causa 128.719, RSD-344 del 8/6/2004).

     Y no se diga que la autoridad de la cosa juzgada reside en la parte dispositiva del fallo y no en sus considerandos, porque cuando aquélla no se basta a sí misma, procede examinar los motivos para determinar su alcance (conf. Alsina, “Tratado teórico-práctico de derecho procesal civil y comercial”, t.IV, p. 171), o porque éstos excepcionalmente adquieren esa autoridad cuando lo dispositivo se remite a ellos en forma expresa o cuando constituyen un antecedente lógico absolutamente inseparable de lo dispositivo (conf. Couture, “Fundamentos de derecho procesal civil”, p. 431). De cualquier forma, siendo la sentencia una norma individual, el límite procesal de la cosa juzgada dede determinarse con referencia al contenido de la norma creada por el juez en cada caso concreto, y en tanto su constitución sea requerida para la solución de las cuestiones planteadas, con prescindencia del lugar del pronunciamiento en el cual aparecen decididas (conf. Imaz, “Límites procesales de la cosa juzgada”, LL 76-876; Palacio, Ob. cit., p. 520).

Por lo que, habiéndose promovido el presente proceso de ejecución de sentencia en un todo de acuerdo con la decisión adoptada en el expediente apiolado, cubierta en su solución con el manto inexorable de la “res judicata”, la resolución cuestionada, en tanto manda continuar aquél, no admite reproche alguno y debe mantenerse en todos sus términos.

     Ello así, además, puesto que los derechos que emanan de la cosa juzgada material quedan incorporados al patrimonio de la persona a quien beneficia y tutelados, en consecuencia, por la cláusula del art. 17 de la Constitución Nacional.   

Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas,

     RESOLVEMOS:

     I.- Confirmar la resolución de fs. 47/48, desestimándose el recurso de apelación interpuesto por el demandado, con costas (art. 68 del CPC).

II.- REGISTRESE.

III.- Transcurrido el plazo del art. 267 del CPC, devuélvase.

                 

 

 

NELIDA I. ZAMPINI             ROBERTO J. LOUSTAUNAU

 

 

           

               RICARDO MONTERISI

 

 

                               SECRETARIO