Reg.Nro.102 Folio Nro.648

Expediente Nro. 136.698

Juzg. Civ. Com. n° 13

 

/// la ciudad de Mar del Plata, a los 15 dias del mes de mayo del a¤o dos mil ocho,  reunida  la  Excma. C mara  de  Apelaciones  en lo Civil y Comercial, Sala Primera, en acuerdo ordinario a los efectos de  dictar sentencia en los autos: “CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE  LAS  CIENCIAS  FARMACEUTICAS  DE  LA PROVINCIA DE   BUENOS   AIRES  C/  BARA¥ANO,  ROBERTO  BALTASAR   S/   INCIDENTE   DE  VERIFICACION  TARDIA”, habi‚ndose    practicado   oportunamente   el   sorteo prescripto  por los arts. 168 de la Constituci¢n de la Provincia y 263 del C¢digo  de  Procedimientos  en  lo Civil y Comercial, resulto del mismo que  la  votaci¢n deb¡a  ser  en  el  siguiente  orden:  Doctores Ramiro Rosales Cuello y Juan Jos‚ Azpelicueta (Arts. 47-8 ley 5827).

El Tribunal  resolvi¢  plantear  y  votar  las siguientes:

C U E S T I O N E S:

1ra.- ¨Es justa  la  sentencia  de  fs.  53/57 vta.?

2da.- ¨Que pronunciamiento corresponde dictar?

A LA  PRIMERA CUESTION EL SE¥OR DOCTOR ROSALES CUELLO DIJO:

I)  A  fs. 53/57 vta. el Se¤or Juez de Primera Instancia   resolvi¢   hacer   lugar  parcialmente  al incidente promovido por la acreedora CAJA DE PREVISION SOCIAL    PARA    PROFESIONALES    DE   LAS   CIENCIAS FARMACEUTICAS  DE  LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES contra el  concursado  ROBERTO  BALTASAR  BARA¥ANO declarando verificado con car cter de  quirografario  el  cr‚dito reclamado, incorporando el mismo  a  la  categor¡a  de acreedores  con creditos quirografarios a los fines de la aplicacion del acuerdo homologado, imponiendole las costas  al  incidentista e intim ndolo a que proceda a abonar la pertinente tasa de justicia y sobretasa,  en el t‚rmino de cinco d¡as, bajo apercibimiento de ley.-

Contra  dicho  resolutorio,  a  fs.  59 el Dr. Dar¡o Andr‚s Salto - apoderado de la CAJA DE PREVISION SOCIAL    PARA    PROFESIONALES    DE   LAS   CIENCIAS FARMACEUTICAS  DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES  - interpone recurso de apelaci¢n, que es fundado  a  fs. 61/62,  obrando  a  fs.  64  el  traslado evacuado por letrado apoderado del concursado.-

II) Causa gravamen al recurrente el  decisorio precitado, por cuanto se le imponen las costas.-

Se¤ala al respecto y en primer lugar,  que  en el caso de autos, la “regla no escrita” por la cual el acreedor debe soportar las costas en el  incidente  de verificaci¢n tard¡a deviene injusta, toda vez  que  su pretensi¢n  tuvo  acogida  favorable por el juzgador y por  lo  tanto,  la  controversia  debe  resolverse de conformidad con lo establecido por el C¢digo de forma, resultando  as¡  que  la  parte  vencida es quien debe soportar  tales  gastos.  Agrega  que  se  trata de un acreedor  domiciliado  en  la  ciudad de La Plata y un deudor domiciliado en esta ciudad, alegando  no  s¢lo, la  poca  efectividad  de la publicidad edictal de los arts. 27 y 28 de la Ley de Concursos y Quiebras (en lo sucesivo  LCQ,  sino que tampoco su poderdante recibi¢ la carta certificada impuesta por el art. 29 LCQ.-

En segundo lugar, entiende que la intimaci¢n a fin de que proceda a abonar la tasa y la sobre tasa de justicia, resulta contraria a la exenci¢n conferida  a su  representada,  por el art. 41 de la Ley 10.087, en raz¢n  de  la  calidad de persona jur¡dica de car cter p£blico  no  estatal  que reviste la CAJA DE PREVISION SOCIAL   PARA   PROFESIONALES    DE    LAS    CIENCIAS FARMACEUTICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-

III) Ingresando al tratamiento del recurso  de apelaci¢n deducido, comenzare por referirme al primero de los agravios esgrimidos.-

Entiendo  al  respecto,  como lo hace el Se¤or Juez de Primera Instancia al pie de  fs.  56,  que  el acreedor    tuvo    oportunidad     de     presentarse tempor neamente y el no hacerlo es solamente imputable a  su  negligencia  por  lo  que  deber   acarrear las consecuencias que su  insinuaci¢n  fuera  del  termino fijado conllevan.-

Comienzo   entonces   por   referir  que  como principio  general  las  costas deben ser impuestas al acreedor intempestivo, con independencia del resultado que arroje la respectiva decisi¢n, y con fundamento en no haber ajustado su  conducta  a  la  carga  procesal impuesta  por  la  norma  imperativa  contenida en los arts. 32, 32 bis, 200 y concordantes LCQ.-

Lo contrario nos conducir¡a al hecho de que en forma   indirecta   ser¡a  la  masa  quien  en  £ltima instancia terminar¡a afrontando los gastos en  que  se hubieran  incurrido  por  la  demora o negligencia del acreedor tard¡o.-

A mayor abundamiento, la tardanza en concurrir ha   sido   siempre    mirada    con    disfavor    y, consecuentemente   la   imposici¢n   de   costas    al verificante  tard¡o  ha   sido   una   tradicional   e inveterada regla jurisprudencial, que desplaza as¡  la regla mas general de condena  en  costas  al  vencido. Ello  se  orienta  a  un  proceso  justo,   donde   se desalienta la insinuacion extemporonea de  acreedores, que atenta por un lado, contra la simplicidad, rapidez y  econom¡a  del proceso de reconocimiento de creditos contra el concursado, y por  otro,  elude  el  control rec¡proco de los demas acreedores.-

En forma excepcional, esta  Sala  s¢lo  se  ha apartado  de   tal   principio   general   cuando   lo aconsejaban  circunstancias  o supuestos especiales, y as¡  fue merituado, entre las cuales cabe destacar las hip¢tesis  en que: a) la conducta omisiva del acreedor resultare  ajena  a su voluntad (Causa nro. 66791, RSI 94-87 del 10/03/1987),  b)  el  cr‚dito  exigiera  una previa liquidaci¢n de car cter  administrativo  (Causa nro.  118.434 RSD 316-1 del 21/12/2001), c) cuando mas all  de un cuestionamiento, el deudor o el fallido, se opusiera  expresa  y  fundadamente  negando  la deuda, desconociera   la   autenticidad   actas  y/o  alegara nulidades, solicitando el rechazo de la pretensi¢n del acreedor y este  £ltimo  probare  la  procedencia  del reclamo (Causa nro. 130.977 RSD 11-37 del 15/02/2007), y  d)  si  se decide la continuaci¢n de la explotaci¢n mediando quiebra  y  se  reconducen  parcialmente  los contratos  de trabajo, el trabajador tendr  derecho de solicitar verificaci¢n de los  rubros  indemnizatorios devengados   (Causa  nro.  132.937  RSD  332-1670  del 06/09/2007), entre otras.-

Tal resulta ser  el  entendimiento  que  a  la cuesti¢n tra¡da a despacho, le ha dado  y  le  da,  la Suprema  Corte  de  Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ver en tal sentido, Ac. 71.710 del 10/11/2003 y Ac. 86.194 del 09/11/2005.-

Dejo  fuera de tal enumeraci¢n, aquella otrora y  reiterada  excepci¢n  de esta Sala, por la cual las costas  no  se  soportaban  por el verificador tard¡o, cuando  el cr‚dito de causa anterior a la presentaci¢n nac¡a despu‚s de vencido el  plazo  para  efectuar  el procedimiento tempestivo de verificaci¢n, toda vez que hoy, la misma cuenta con expresa dispensa legal en  el texto del art. 56 LCQ por Ley 26.086 (BO 11/04/2006).-

Evaluada  ya la justicia del caso y explicados los  motivos que tornan inaplicable el CPC y CPBA, los reproches formulados tanto contra la  eficacia  de  la publicidad  del  proceso,  como  aqu‚l  expuesto en el sentido  de  no  haberse recibido la carta donde se lo hubiera impuesto de la apertura del concurso,  tambi‚n deben ser rechazados.-

Tal omisi¢n constituye el incumplimiento de un deber   funcional,   concebido   como   mero  refuerzo publicitario (se¤ala Adolfo Rouillon como director del “C¢digo de Comercio, comentado y anotado”, Ed La  Ley, Buenos Aires, 2007, Tomo IV-A, p g. 372). Pero ello no invalida el proceso, ni da pie para que los acreedores ni tercero alguno, pueda prevalecerse de tal omisi¢n a fin  de  invocar  derechos  en  su  favor  o alegar la ignorancia del estado concursal del deudor,  toda  vez que  la  notificaci¢n  edictal  de  la  sentencia hace p£blico   tal   estado   con   efectos   erga   omnes, presumi‚ndose que  “todos”  est n  notificados  de  la apertura  del  concurso  preventivo  del  deudor  y se opondr n   a   “todos”   los   efectos   del    mismo, independientemente de que se presenten o no.-

En  consecuencia,  no  habiendo  m‚rito   para apartarse   de   la   regla   general  precedentemente desarrollada,  el  agravio   debe   ser   desestimado, manteni‚ndose en este aspecto el decisorio apelado, de conformidad   con   los  arts.  242,  260,  261,  272, siguientes y concordantes del CPC y CPBA.-

Sentado  lo cual, pasare a analizar el segundo de los agravios propuestos.-

Se  agravia el apelante de la intimaci¢n a fin de  que  proceda  a  abonar la tasa y la sobre tasa de justicia,  por  entenderla  contraria  a  la  exenci¢n conferida por el art. 41 de la Ley 10.087, en raz¢n de la calidad de persona jur¡dica de car cter p£blico  no estatal que reviste la CAJA DE PREVISION  SOCIAL  PARA PROFESIONALES DE  LAS  CIENCIAS  FARMACEUTICAS  DE  LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-

Al  respecto,  y   de   conformidad   con   lo estipulado   en  el  art¡culo  ya  rese¤ado,  como  lo dispuesto en el inc. 2 del art. 285 del C¢digo Fiscal, los Colegios que agrupen a quienes ejercen profesiones liberales  est n  exentos  del  pago  de   las   tasas retributivas de servicios judiciales.-

Ahora,  el  mismo  C¢digo  Fiscal determina en el art. 294, como juega tal  exenci¢n  de  pago  cuando  media condena en costas, al establecer que “En el  caso  que una de las partes estuviera exenta de la tasa y la que iniciare las actuaciones no gozara  de  esa  exenci¢n, s¢lo abonara la mitad para el supuesto  que  resultare vencido  con  imposici¢n  de  costas.  Si la parte que iniciara las actuaciones estuviere exenta de la tase y la  parte  contraria  no  exenta resultare vencida con imposici¢n  de  costas,  esta soportara el total de la tasa judicial. Si la  exenta  resultare  condenada  en costas, soportara el pago de la tasa judicial  que  la parte no exenta hubiera abonado, salvo lo previsto  en el art. 285 inc. 5to”.-

Ergo, y mediando condenaci¢n en  costas,  toda vez  que la tasa y la sobretasa quedan comprendidas en ella,  firme  que  se  encuentre  la  presente, el Sr. Actuario interviniente en la Primera Instancia, deber  practicar liquidaci¢n de la tasa y  la  sobretasa,  de conformidad con lo  dispuesto  por  los  arts.  295  y concordantes del C¢digo Fiscal, encontr ndose la  CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS FARMACEUTICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES obligada al  pago  de  la  mitad,  dentro  de  los  cinco  d¡as siguientes  a  que  sea notificada personalmente, todo ello  bajo apercibimiento de lo dispuesto en el citado precepto legal.-

Voto,  pues,  por  la   AFIRMATIVA,   con   la modificaci¢n apuntada precedentemente.-

El se¤or Juez doctor Azpelicueta vot¢ en igual sentido por los mismos fundamentos.-

A LA SEGUNDA CUESTION  EL  SE¥OR  JUEZ  DOCTOR ROSALES CUELLO DIJO:

Corresponde,  si  me tesitura ha de prosperar: I) CONFIRMAR la sentencia de fs. 53/57 vta., en cuanto a la imposici¢n de costas; II) MODIFICARLA, en torno a que la CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES  DE LAS CIENCIAS FARMACEUTICAS DE LA PROVINCIA  DE  BUENOS AIRES  deba abonar la tasa y la sobre tasa de justicia en su  totalidad,  por  el  contrario,  firme  que  se encuentre  la  presente, el Sr. Actuario interviniente en la Primera Instancia, deber  practicar  liquidaci¢n de  la  tasa  y  la  sobretasa,  de conformidad con lo dispuesto  por los arts. 295 y concordantes del C¢digo Fiscal,  encontr ndose  la  ya mencionada, obligada al pago  de la mitad, dentro de los cinco d¡as siguientes a  que  sea  notificada  personalmente, todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en el  citado  precepto legal. Costas al vencido (art. 68 C.Pr.).

ASI LO VOTO.-

El   se¤or  Juez  Azpelicueta  vot¢  en  igual sentido por los mismos fundamentos.-

Con  lo  que  termin¢  el  acuerdo se dicta la siguiente:

S E N T E N C I A

Por  los   fundamentos   consignados   en   el precedente acuerdo: I) SE CONFIRMA la sentencia de fs. 53/57 vta., en cuanto a la imposici¢n de costas; II) Y SE  MODIFICA,  en  torno  a  que  la CAJA DE PREVISION SOCIAL   PARA   PROFESIONALES    DE    LAS    CIENCIAS FARMACEUTICAS DE LA PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES  deba abonar  la  tasa  y  la  sobre  tasa de justicia en su totalidad, por el contrario, firme que se encuentre la presente, el Sr. Actuario interviniente en la  Primera Instancia,  deber   practicar liquidaci¢n de la tasa y la sobretasa, de conformidad con lo dispuesto por  los arts.  295   y   concordantes   del   C¢digo   Fiscal, encontr ndose la ya mencionada, obligada al pago de la mitad, dentro de los cinco d¡as siguientes a  que  sea notificada    personalmente,    todo     ello     bajo apercibimiento de lo dispuesto en el  citado  precepto legal.  Costas al vencido (art. 68 C.Pr.). Notif¡quese personalmente  o  por  c‚dula (art. 135 inc. 12 C.Pr). Devu‚lvase.-

JUAN JOSE AZPELICUETA

RAMIRO ROSALES CUELLO

JOSE GUTIERREZ

Secretario “ad hoc”