Adjunto dos fallos. Uno que si bien resuelve sobre intereses, hace interesantes afirmaciones sobre que debe entenderse por el “Sistema de Obras Sociales” en cuanto a otorgarle el carácter de privilegiados a esos créditos. Otro, sobre mantenimiento de la inhibición del fallido post rehabilitación.

Voces: INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES - REHABILITACIÓN DEL FALLIDO - DESAPODERAMIENTO DEL FALLIDO

Partes: Tomasiello Mauro s/ concurso preventivo ?hoy su quiebra

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: primera - Fecha: 25-jun-08

La inhibición general de bienes que pesa sobre el fallido debe mantenerse luego de su rehablitación.

Sumario:

1.-La inhibición general de bienes dispuesta como consecuencia de la sentencia de quiebra debe subsistir no obstante la rehabilitación del deudor, ya que esta última provoca el cese de los efectos personales del estado falencial, pero no altera aquellos de índole patrimonial, en lo que concierne a los bienes habidos hasta tal oportunidad, mientras no opere la conclusión del concurso por alguna de las vías previstas en la ley.

2.-La inhibición general de bienes dispuesta como consecuencia de la sentencia de quiebra debe subsistir no obstante la rehabilitación del deudor, por cuanto representa un efecto patrimonial del estado de quiebra que se mantiene hasta que concluya aquélla, pues dicha medida obsta a la disposición de bienes adquiridos con anterioridad a la rehabilitación -y eventualmente los detectados con posterioridad a esa oportunidad- que constituyen garantía de los acreedores concursales.

Fallo:  Rosario, 25 de Junio de 2008.

Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto a fs.66 vto. contra las resoluciones Nº 2.588 del 27.11.2008 -fs.62/63 y Nº 48 del 06.02.2007 -fs.66, la expresión de agravios de fs.85/87, su contestación de fs.90 y de la vista al Fiscal de Cámaras de fs.92, en los presentes caratulados “Tomasiello, Mauro sobre Concurso Preventivo -Hoy su quiebra”, causa nº 508/2007, venidos para resolver,

Y CONSIDERANDO: 1. Cuestiona el apelante las resoluciones en recurso manifestando que hacia principios de 1998 fue declarado en quiebra por resolución del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la Primera Nominación de San Lorenzo. Manifestó que transcurrieron diez años desde que fue desapoderado e inhabilitado, pesando sobre su persona inhibición general de bienes. Indicó que durante ese tiempo se reemplazó la sindicatura y luego los martilleros por imposibilidad física, enfermedad o inacción. Señaló que en fecha 05.04.2006 solicitó que se disponga la rehabilitación de pleno derecho del fallido, tramitándose los oficios correspondientes. Dijo que en fecha 27.11.2006 se dispuso la rehabilitación manteniendo la inhibición. Alegó que la desestimación del levantamiento de la inhibición le generaba una perjuicio irreparable, añadiendo que la conclusión del proceso no dependía de su parte. Manifestó que las decisiones apeladas se alejaban de las disposiciones contenidas en los arts. 107 , 236 y 238  de la L.C.Q. Citó jurisprudencia e indicó que el mantenimiento de la inhibición supondría mantener las sanciones contenidas en el art. 238 L.C.Q., sin distinguir acerca de la fecha en la cual han ingresado los bienes.

2. La decisión apelada se muestra conforme con la doctrina judicial que ha resuelto que:”.el Tribunal sostuvo -con remisión a los fundamentos vertidos por el representante del Ministerio Público- que la rehabilitación del fallido provoca el cese de los efectos personales del estado falencial, pero no altera aquellos de índole patrimonial, en lo que concierne a los bienes habidos hasta tal oportunidad, mientras no opere la conclusión del concurso por alguna de las vías previstas en la ley. Sucede que, la declaración de quiebra produce un efecto personal -la inhabilitación del fallido- y otro patrimonial -el desapoderamiento de los bienes del deudor-. La inhibición general de bienes dispuesta como consecuencia de la sentencia de quiebra debe subsistir no obstante la rehabilitación del deudor, por cuanto representa un efecto patrimonial del estado de quiebra que se mantiene hasta que concluya aquélla. Ello es congruente con los fines del procedimiento concursal, pues dicha medida obsta a la disposición de bienes adquiridos con anterioridad a la rehabilitación -y eventualmente los detectados con posterioridad a esa oportunidad- que constituyen garantía de los acreedores concursales.” (C.N.Com, SalaE, 28/06/2007 “Gotlib Chil s/Quiebra”, L.L. On line). Tal criterio jurisprudencial es coincidente con la jurisprudencia traída como fundamento del decisorio apelado sin que el recurrente haya aportado elemento de juicio alguno para convencer de su falta de vigencia o carencia de fundamentación en el sistema concursal.

Bajo las condiciones expuestas se juzga que la decisión en crisis se muestra conforme con lo establecido por el art. 236 L.C.Q. en la medida en que dispuso el cese de las inhabilitaciones personales propias de la quiebra, ordenando mantener únicamente una medida de restricción patrimonial como lo es la inhibición, criterio que encuentra aval en dicha disposición legal. Las invocadas demoras en la realización de los bienes no conducen a privar de fundamento a la medida de inhibición sino, en todo caso, a exhortar el órgano concursal al pronto urgimiento de la realización de los bienes que integran el activo.

Por ello, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación. Insértese, hágase saber y bajen. (Expte. Nro. 508/2007).

ARIZA.  SERRA.  SILVESTRI.

Voces: OBRAS SOCIALES - CONCURSOS Y QUIEBRAS - ACREEDORES DE CONCURSOS Y QUIEBRAS - CRÉDITOS PRIVILEGIADOS - CRÉDITOS DE PRIVILEGIO GENERAL - VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

Partes: Terapia Integral S.A.C. s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito promovido por Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina

 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 5-jun-08

Las obras sociales como entidades de derecho público, son integradas dentro del concepto del art. 246 de la LCQ. a los efectos del reconocimiento del privilegio general.

Legislación Relacionada:

Ley 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras (NA ) (Art. 246)

Ley 23.660 - Obras Sociales (NA ) (Art. 2)

Sumario:

1.-Procedió verificar la acreencia de la incidentista en concepto de capital, con el privilegio general previsto por el art. 246, art. 2  de la LCQ. el cual prevé que son créditos con privilegio general “…el capital por prestaciones adeudadas a organismos de los sistemas nacional, provincial o municipal, de seguridad social, de subsidios familiares y fondos de desempleo…”. Esa norma legal no se refiere exclusivamente a organismos estatales: los sistemas nacional, provincial y municipal de seguridad social están integrados, entre otras, por obras sociales que son entidades de derecho público no estatal (arg. ley 23.660, arts. 1, 2  y ccdtes.). En tanto no se encuentra en discusión que la incidentista está comprendida en esos sistemas, habrá de admitirse la verificación en tales términos.

Fallo:

Buenos Aires, 5 de junio de 2008.

1. Apeló la concursada la decisión de fs. 266 que admitió la verificación promovida en fs. 109/112 por la incidentista (fs. 269).

Los fundamentos del recurso obran expuestos en fs. 276/278, pieza en la cual a su vez alegó que la notificación de la resolución que rechazó la excepción de prescripción que en su oportunidad dedujo fue cursada a un domicilio que jamás constituyó en los presentes actuados (punto I-a), y sobre tal base pidió que se tuviera por deducido el recurso de apelación de fecha 21.2.08 también contra aquél interlocutorio (fs. 276 vta., primer párrafo).

El traslado conferido en fs. 279 fue respondido por la sindicatura en fs. 284/286 y por la incidentista en fs. 292/293.

Asimismo, se encuentran apelados por altos y bajos los honorarios regulados en fs. 268 (fs. 274, 288 y 290).

2. En primer lugar cabe señalar que la Sala no se pronunciará acerca del planteo de prescripción resuelto en fs. 137/138, por no formar parte de la materia recursiva (v. fs. 269).

Ello es así, en tanto la potestad del tribunal de revisión tiene vinculación con la actividad previa del impugnante, ya que el contenido del recurso debe encontrarse enmarcado dentro de la esfera previamente delimitada, cual es el planteo introductorio que tiende a la determinación del thema decidendum.

Por regla no pueden ser sometidas a consideración del tribunal de apelación las cuestiones que no fueron oportunamente debatidas en la instancia de grado (cpr 277 ).

Sobre esta línea adviértase que los argumentos traídos en fs.276/278, punto I-a) referidos al domicilio donde se cursó la notificación del rechazo de la excepción de prescripción nunca fueron puestos a consideración del Juez de Grado, por lo que su tratamiento deviene improcedente.

A todo evento, cabe precisar que tampoco corresponde devolver los autos a la anterior instancia para que se expida al respecto, dado que no fue introducido en concreto un planteo de nulidad o redargución de falsedad de la notificación cumplida en fs. 145, ni la de fs. 117 que posibilitó su comparecencia a autos en tiempo oportuno, o la certificación actuarial de fs. 113, 2, segunda parte.

En consecuencia, la decisión de la Sala se circunscribirá a las cuestiones resueltas en la resolución de fs. 266 de fecha 6.2.08, en la medida de los agravios del recurrente.

3. Ciertamente, las manifestaciones vertidas en fs. 277 y vta., capítulo I-b, apartado 1), referidas al privilegio reconocido por el Juez a quo al crédito verificado en la resolución atacada, son una mera reiteración textual de lo alegado al contestar el traslado del incidente en fs. 124 vta./125, capítulo V, carentes de toda crítica a lo decidido en la primera instancia del modo que exige el cpr 265 .

No obstante ello, resulta del caso referir que la LCQ 246 inc. 2  prevé, que son créditos con privilegio general “.el capital por prestaciones adeudadas a organismos de los sistemas nacional, provincial o municipal, de seguridad social, de subsidios familiares y fondos de desempleo.”.

Esa norma legal no se refiere exclusivamente a organismos estatales: los sistemas nacional, provincial y municipal de seguridad social están integrados, entre otras, por obras sociales que son entidades de derecho público no estatal (arg. ley 23.660: 1, 2  y ccdtes.).

En tanto no se encuentra en discusión que la incidentista está comprendida en esos sistemas, procedió verificar su acreencia en concepto de capital con el privilegio general previsto por la LCQ 246:2 (en el mismo sentido, CNCom., Sala A, 18.8.99, “Carindu S.A.”; íd., Sala B, 26.8.99, “Metalúrgica Aberca S.A.”).

4. Sólo resta examinar el planteo de la recurrente relativo al alegado exceso de la tasa de interés reclamada por la incidentista y admitida por el magistrado a quo.

Sostuvo la recurrente, en lo que aquí interesa referir, que su cuantía “es excesiva y consagra un abuso” y que se altera por vía indirecta “la regla de tratamiento igualitario a los acreedores” (fs. 277 vta., 2).

Contrariamente a lo pretendido por el recurrente, la tasa de interés no puede ser reducida con base en la sola aserción de ser excesiva.

Por otra parte, tal como lo informó el síndico en fs. 263 vta. (punto IV, 2), la tasa pretendida por la incidentista del 2% mensual es inferior a la que se aplica en el fuero (CNCom, en pleno, 27.10.94, Sociedad Anónima La Razón, s/ quiebra, s/ inc. de pago de los profesionales ), sin que se hubiere alegado eficazmente argumento alguno que pruebe el invocado abuso.

De modo que no hay elementos ni razón alguna para considerar la pretendida morigeración, que será desestimada.

5. Por lo expuesto, se RESUELVE:

a. Rechazar la apelación deducida en fs. 269 y confirmar el pronunciamiento de fs. 266 y vta.

b. Imponer las costas de alzada a la recurrente vencida (cpr 68 y 69 ; LCQ 278 ).

c. En atención a la naturaleza, importancia y extensión de las labores desarrolladas, elévase el honorario regulado en fs. 268 a $ . para el perito contador designado en autos, Marcelo Olivieri (art.478  cpcc).

Asimismo, por estar apelados solo por altos, confírmanse el honorario regulado a $ . para la letrada apoderada de la incidentista, Ana María de Leo y a $ . para el letrado patrocinante de la concursada, Claudio Humberto Alessio.

Redúcense los honorarios regulados a $ . para la sindicatura, Carlos Alberto Díaz y Osvaldo Arcuny Kullahian, en forma conjunta y por partes iguales y a $ . para su letrada patrocinante, Amarilis Piranian (arts. 6, 7 , 9  y 33  de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 ).

Por los escritos de fs. 284/286 y fs. 292/293, fíjanse en $ . el honorario de la sindicatura ut supra referida y en $ . el honorario de su letrada patrocinante, mencionada precedentemente y en $ . el honorario de la letrada apoderada de la incidentista, Ana María de Leo, respectivamente (art. 14  de la ley 21.839).

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º ) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 298/301.

Gerardo G. Vassallo  Juan José Dieuzeide  Pablo D. Heredia

Germán S. Taricco Vera Prosecretario Letrado