“Santanni y Cardona SA s/quiebra s/incidente de revision (por AFIP DGI)” – CNCOM – SALA A – 28/08/2008

CONCURSOS. Deuda nacida del Régimen Nacional de la Seguridad Social. Obligación en concepto de aportes S.U.S.S. PRESCRIPCION DECENAL. Aplicación del Art. 16 de la Ley 14236.

“Considérase que asiste razón a la quejosa en punto a que, en el sub lite, resulta de aplicación la previsión del art. 16 de la Ley 14.236, en cuanto dispone que “Las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones de las leyes de previsión social prescribirán a los diez años… “. Repárese en que no cupo prescindir de esta directiva, puesto que encontrándose involucrada en el planteo una obligación de naturaleza previsional debió aplicarse, necesariamente, la norma específica que rige el caso, la que, demás, fue sancionada con posterioridad a la Ley 11.683. Es que no debe perderse de vista que el plazo de prescripción que prevé el art. 56 de esta última normativa es de carácter general en materia de créditos fiscales, mas la invocada por la recurrente regula particularmente las acciones resultantes de obligaciones previsionales, como precisamente es la aquí involucrada.”

Fallo en Extenso:

044384/2004 Santanni y Cardona SA s/quiebra s/incidente de revision (por AFIP DGI) CNCOM “ SALA A “ 28/08/2008

Buenos Aires, 28 de Agosto de 2008.//-

Y VISTOS:

Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala en virtud del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fs. 481/483, por el que se dispuso revocar la sentencia de este Tribunal obrante en fs. 321/322 en cuanto confirmó la declaración de prescripción de la obligación resultante de la boleta de deuda correspondiente al período 06-1996 y ordenó emitir, ‘’por quien corresponda”, un nuevo fallo con arreglo a lo expresado por la Señora Procuradora Fiscal ante la Corte a fs. 479/480, cuyos fundamentos y conclusiones hizo suyos el Máximo Tribunal en el veredicto “ut supra” aludido.-

2.)) Cabe recordar que, en la sentencia de fs. 321/322, esta Sala “A” -con distinta composición- resolvió confirmar el fallo dictado en la primera instancia, que, entre otras cuestiones, declaró prescripta la insinuación efectuada con relación a la boleta de deuda “junio 1996″, con sustento en que resultaba aplicable al caso lo establecido por el art. 56 de la ley 11.683 en cuanto prevé un plazo de prescripción de cinco (5) años para la generalidad de los recursos impositivos, quedando reservado el plazo de diez (10) años para los contribuyentes que violaran la obligación de inscribirse en la DGI, situación esta última que no se daba en la especie, dada la condición de responsable inscripta de la deudora. Para adoptar esa solución, se ponderó que la AFIP no () había realizado una crítica concreta y razonada en los términos del CPCC:265 respecto de los fundamentos vertidos por la Sra. Juez de Grado.-
Dicha resolución motivó la deducción del recurso extraordinario obrante a fs. 325/333, a través del cual la incidentista se agravió porque: i) no se consideró que a la deuda nacida del Régimen Nacional de la Seguridad Social le resulta aplicable lo establecido por el art. 16 de la Ley 14.236 que contempla un plazo de diez (10) años para obligaciones como la reflejada en la boleta de deuda “junio 1996″ que precisamente encuentra su causa en dicho régimen;; ii) no se admitió el crédito insinuado porfolios períodos 11-12/2001; iii) la reducción de las tasas de interés pretendidas resultó arbitraria.-
En el dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, al que se remitió la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó modificar parcialmente el fallo de esta Alzada, la representante del Ministerio Público opinó que la única queja que debía tener favorable acogida era la relativa a la aplicación de la ley 14.236, toda vez que el. organismo administrativo había propugnado, desde el comienzo de estas actuaciones, la aplicación al caso de lo dispuesto por el art. 16 de aquella normativa, agraviándose luego ante la Cámara de la utilizada por la Magistrado de Grado para fundar la sentencia (art. 56 de la ley 11.683), por lo que se evidenciaba carente de sustento razonable el argumento contenido en el decreto de fs. 321/322, en cuanto a la falta de crítica concreta en los términos del CPCC:265.-
Síguese de lo expuesto, que la materia objeto del nuevo pronunciamiento que ha de dictarse en estos obrados se encuentra circunscripta exclusivamente al agravio ensayado por la acreedora con relación a la admisión del planteo de prescripción oportunamente introducido por la concursada respecto de la obligación resultante de la boleta de deuda “junio 1996″, quedando, por ende, sustraídas del conocimiento de esta Alzada en el estadio actual del proceso las restantes materias abordadas por la recurrente en su apelación, en la medida de la falta de progreso del recurso extraordinario a su respecto.-

Delimitada la jurisdicción de este Tribunal en los términos que se desprenden de la breve reseña que antecede, y atendiendo a los límites con que la Corte Suprema ha delegado la jurisdicción para resolver los puntos sobre los que versa el recurso extraordinario que motivó su intervención en estos autos, corresponde a esta Sala emitir un nuevo pronunciamiento en consonancia con lo dispuesto en fs. 481/483 por el Máximo Tribunal, en cuanto decidió modificar la sentencia obrante en fs. 321/322, en lo relativo a la dilucidación del agravio referido a la admisión del planteo de prescripción incoado por la concursada respecto de la obligación en concepto de aportes S.U.S.S. correspondiente al período Junio/1996.-

4.) Pues bien, conforme fuera referido, la Sra. Juez de Grado estimó aplicable al sub examine el plazo quinquenal previsto en el art. 56 de la Ley 11.683, en cuanto coincide con la norma que en derecho privado comprende todo lo que debe pagarse por años o por plazos periódicos más breves (art. 4027, inc. 3º CCIV), teniendo en cuenta, además, que la deudora reviste la condición de responsable inscripta.-
La incidentista se quejó de esta decisión arguyendo que el plazo de prescripción correspondiente a la acción relativa a la obligación que surge de la boleta de deuda “junio 1996″ es el resultante del art. 16 de la ley 14.236 -diez (10) años- en tanto involucra una deuda del Régimen de la Seguridad Social y no el de cinco (5) aplicado por la Juez de Grado (véase fs. 295/296).-
Este ha de ser este agravio, entonces, a cuyo conocimiento corresponde que la Alzada se avoque en esta ocasión, de acuerdo a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme lo expuesto en el considerando 2.) de la presente.-
En este marco, considerase que asiste razón a la quejosa en punto a que, en el sub lite, resulta de aplicación la previsión del art. 16 de la Ley 14.236, en cuanto dispone que “Las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones de las leyes de previsión social prescribirán á los diez años … “.-
Repárese en que no cupo prescindir de esta directiva, puesto que encontrándose involucrada en el planteo una obligación de naturaleza previsional debió aplicarse, necesariamente, la norma específica que rige el caso, la que, demás, fue sancionada con posterioridad a la Ley 11.683.-
Es que no debe perderse de vista que el plazo de prescripción que prevé el art. 56 de esta última normativa es de carácter general en materia de créditos fiscales, mas la invocada por la recurrente regula particularmente las acciones resultantes de obligaciones previsionales, como precisamente es la aquí involucrada.-
Conclúyese, por ende, que a la fecha de la insinuación crediticia, el plazo de prescripción respectivo (diez -10- años), con relación a la obligación antes aludida, no se encontraba cumplido, por lo que no debió admitirse el planteo articulado por la concursada sobre el particular.-
Ha de recepcionarse, entonces, el . agravio esgrimido por la acreedora respecto de esta materia, por lo que se rechazará la defensa de prescripción introducida en fs. 179vta. y se acogerá parcialmente el incidente de revisión incoado en fs. 3/12, declarándose verificado un crédito a favor de la incidentista por la suma de $4.779,67 (fs. 55) con privilegio general (CPCC:246, inc. 2°), al que se adicionarán los respectivos intereses de acuerdo a las pautas fijadas en la resolución dictada en los términos del Art. 36 LCQ, con rango quirografario, toda vez que la materia atinente a los réditos se encuentra a la fecha firme, en tanto el agravio esgrimido en el recurso extraordinario interpuesto por la incidentista sobre este punto fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-

5.) Si bien la incidentista no se agravió del régimen de costas impuesto por la Magistrada de Grado (véase fs. 295/302), al atenderse en este decreto la queja introducida con relación a la admisión del planteo de prescripción con la consecuente recepción parcial del crédito revisionado, corresponde de todos modos adecuar las costas de ambas instancias, esto es, tanto las devengadas en primera instancia, como las de Alzada oportunamente fijadas en el pronunciamiento de fs. 321/322, de conformidad con lo establecido por el CPCC:279.-
A tal efecto, ha de ponderarse que si bien el CPCC:71 determina que las costas se compensarán o distribuirán prudencialmente por el Juez en proporción al éxito obtenido por cada litigante, tal distribución no implica en modo alguno un exacto balance matemático en el resultado alcanzado respecto de las pretensiones deducidas, para que se considere cumplido el mandato normativo aludido. En efecto, ha de repararse en que la ratio legis impone una exégesis racional de la norma, lo que conlleva inexorablemente a valorar la trascendencia de lo admitido y lo desestimado tomado en su conjunto y no contemplando el aspecto cuantitativo exclusivo y aisladamente de cada una de las cuestiones decididas para, de tal modo, apreciar prudentemente cual es el apropiado y equitativo prorrateo de la admisión de las pretensiones (esta CNCom., esta Sala A, 14.08.87, “Wattman SA c. Kanatu SA”; íd. íd., 30.05.03, “Productores de Alcohol de Melasa SA c. Proarsa SA s. Ordinario”; íd. íd., 21.09.06, “Club de Campo San Diego SA c. Valtorta Jorge s. Ordinario”; íd. Sala B, 01.09.06, “Yague Omar c. Caruso Mirta s. Sumario”; íd. íd., 18.11.04, “By Tili Boom SRL s. pedido de quiebra por Grill Hugo”).-
En suma, el CPCC:71 no impone adoptar una solución estrictamente matemática ni tampoco predetermina un criterio riguroso de distribución, sino que brinda una pauta alternativa de distribución de costas entre los litigantes, basado en la prudencia y en las particularidades de la causa;;-
En este marco, estima este Tribunal adecuado distribuir las costas de ambas instancias en un 70% a cargo de la incidentista y en un 30% a cargo de la concursada.-

6.) Por todo ello, y oída la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE:
Admitir el recurso incoado en fs. 293 con los alcances específicos de este pronunciamiento y, por ende, modificar la resolución dictada en fs. 282/298 en los términos que se desprenden del considerando 4.) de la presente.-
Distribuir las costas de ambas instancias en un 70% a cargo de la accionante y en un 30% a cargo de la concursada, en atención a las razones expuestas en el considerando 5.) de la presente (CPCC:71 y 279 y LCQ:278).-

Notifíquese a la Sra. Fiscal General ante esta Cámara y oportunamente devuélvase a primera instancia encomendándose a la Sra. Juez a quo disponer las notificaciones pertinentes.

FDO.: Alfredo Arturo Kölliker Frers, Gerardo G. Vassallo, Rodolfo A. Ramírez
Ante mí: Valeria Cristina Pereyra

Expte. 88. 379 - Juzg. 26-Sec. 52

“Santanni y Cardona S.A. s/ quiebra s/ inc. de verificación de crédito por Suarez Miguel Angel”.-

Exma. Cámara:

Las cuestiones traídas a conocimiento de ese tribunal sobre aspectos de hecho y prueba laboral e imposición versan sobre aspectos de hecho y prueba laboral e imposición de costas y no remiten de suyo, al análisis de asunto concursal alguno.-
Se trata de materia ajena -en principio y en el caso- a los intereses cuyo resguardo tiene encomendado esta Fiscalía (dict. Nº 81.673 en autos: “A.P.S s/ concurso preventivo s/ inc. verificación por Botta de Stoico Verónica Inés).-
Por lo tanto este Ministerio considera que los autos se encuentran en condiciones de ser resuelto por V.E.-
Queda así contestada la vista conferida.-

Buenos Aires, junio 23 de 2005.//-

Fdo.: ALEJANDRA GILS CARBÓ, FISCAL GENERAL

Citar: elDial - AA4D06

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