Fuente: elDial - AA481C
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.//-
1. Gustavo Oscar D’Albo, por su propio derecho, apeló la decisión de fs. 141/142 que hizo lugar a la defensa de falta de legitimación activa deducida por la demandada en fs. 110/115 e impuso las costas a su cargo.- Los fundamentos del recurso obran a fs. 148/153 y fueron respondidos a fs. 155/156 y 159/161.- La Sra. Fiscal General estimó que la materia en debate no era de su incumbencia, por lo que declinó emitir dictamen (fs. 189)).-
2. El pronunciamiento dictado a fs. 141/142 hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa deducida por la demandada en función de que el acreedor no () se encontraba facultado para accionar en las presentes actuaciones.- Sostiene la recurrente, en lo que aquí interesa referir, que la presente acción de ineficacia concursal fue iniciada en función de lo dispuesto por el art. 120 de la LCQ;; mientras que el órgano sindical lo hizo en función de las disposiciones del art. 119 del mismo cuerpo legal.- Manifiesta que en ambos casos, se cumplieron los requisitos legales para la promoción de la acción (intimación al síndico para su inicio; cumplimiento del plazo legal sin que el síndico iniciara acción para facultar a su parte para iniciarla y requerimiento por parte de la sindicatura del consentimiento previo de los acreedores para quedar legitimado para iniciar también la acción).- Frente a ello, indicó que se encontraba plenamente legitimada para iniciar esta acción.-
3. Ante todo cabe precisar, que el primer legitimado para el ejercicio de la acción revocatoria concursal es el órgano sindical.- Tal legitimación primera y principal del síndico impide que sea excluída por los acreedores por vía subrogatoria. Y es que la participación de los acreedores se limita a los supuestos previstos por el art. 120, parte 1°, LCQ, resultando también inadmisible la pretensión de cualquiera de ello de actuar en forma promiscua con el síndico, tanto más cuando no se manifiesta inactividad del funcionario concursal. Ello no podría tener lugar ni siquiera invocando una intervención adhesiva, esto es, ad adiovandum. Lo contrario significaría una sustitución del síndico por los acreedores, fuera del preciso modo en que la ley admite la actuación de ellos (Heredia Pablo D., Tratado Exegético del Derecho Concursal, Buenos Aires, 2005, T. 4, pág. 278).- Como se dijo, la legitimación de los acreedores es subsidiaria a la del síndico y nace solamente después de que este último es intimado para que inicie la acción, seguida de su silencio por un plazo que la ley determina en treinta días (LCQ 120
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primer párrafo).- Sin embargo el silencio del síndico no debe ser interpretado como renuncia a demandar. Ello es así, porque mientras el acreedor no promueva la acción, el síndico puede hacerlo, aunque sea después de vencido el plazo de treinta días establecido por la ley. Es más: aun promovida por el acreedor, podría el síndico intervenir en su trámite en tanto representa el interés de la masa de acreedores;; por cierto que tal intervención debería estar precedida de la autorización prevista por el art. 119 LCQ, siempre que pudiera generar costas al concurso.- Ahora bien, aunque el silencio del síndico, no puede ser interpretado como renuncia a demandar, sí sirve transcurrido el plazo legal para entender legitimado al acreedor que instó la intimación (Heredia, Pablo D., ob. cit.pág. 383).-
4. Efectuadas esas precisiones conceptuales, estima la Sala que conforme a los antecedentes de autos y dentro del marco fáctico que rodea el caso, corresponde confirmar el decisorio en crisis.- En efecto, de los antecedentes de autos surge que: (a) Con carácter previo a dar curso a la presente demanda, la magistrada de grado hizo saber al peticionante que debía estar al trámite del proceso principal, donde el órgano sindical se encontraba recabando las conformidades previstas por la LCQ 119 (véase fs. 5).- Con posterioridad y ante el requerimiento formulado en fs. 44 dirigido a dar curso a la presente demanda, se ordena nuevamente como medida previa, que el síndico informe la actividad que se encontraba desarrollando en la causa principal a fin de iniciar las acciones de revocatoria concursal (v. fs. 45).- Tal requerimiento fue respondido por la sindicatura, quien informó que en la causa principal fue solicitada autorización a fin de iniciar la acción de revocatoria concursal (v. fs. 46).- Como consecuencia de ello, la magistrada de grado intimó al síndico a fin de que acredite el cumplimiento de los recaudos previstos por la LCQ 119 (v. fs. 47).-
(b) Así es que el órgano sindical, en cumplimiento de la intimación cursada, solicitó autorización a fin de iniciar aquella acción (v. fs. 56).- El tribunal de grado, otorgó la autorización y dió curso a la demanda entablada.- Sin embargo, se hizo saber que de modo previo a cursar la notificación pertinente, la sindicatura debía manifestar si contaba con más elementos para aportar que los obrantes en la presentación de fs. 1/4, debiendo en su caso acompañarlos (v. fs. 51/52).- Aportados tales elementos y ofrecidas las pruebas, se ordenó correr traslado juntamente con el oportunamente dispuesto en fs. 51/52 (v. fs. 122).-
5. De las circunstancias y antecedentes expuestos, se observa que evidentemente la acción aquí promovida es la contemplada por la LCQ 119 en la medida en que se otorgó autorización al síndico únicamente para así proceder.- Es que si bien no deja de advertirse que la tramitación de la causa devino cuanto menos confusa y generó que el acreedor se creyera con derecho a proseguir con la tramitación del presente, lo cierto es que carecía de autorización para continuarla.- En efecto, al solicitar el acreedor dar curso a la presente demanda (v. fs. 44), el tribunal requirió previamente al síndico, que informara la actividad que se encontraba desarrollando en los autos principales a fin de promover las acciones de revocatoria concursal (v. fs. 45).- Cumplido aquel requerimiento y solicitada autorización por parte de aquel funcionario (v. fs. 46 y 56), se dispuso no sólo hacer lugar a la misma, sino que además, se ordenó el traslado de la demanda (iniciada por el acreedor), haciéndose saber al síndico que en caso de estimarlo necesario debía complementarla, siendo que la continuación de los presentes obrados era a su cargo -el subrayado pertenece al Tribunal- (v. fs. 51).- O sea, se omitió proveer concretamente la presentación realizada por el acreedor, en virtud de la cual requería también el “traslado de demanda” (v.fs. 44).- La situación expuesta, motivó no sólo que el letrado de la acreedora promotora de estas actuaciones cursara la notificación del traslado de la demanda ordenado en fs. 51/52 (v. fs. 54 y 55), sino que hizo comparecer en autos a la accionada quien interpuso la defensa en estudio (v. fs. 110/115).- Tampoco deja de ser observado que el tribunal de grado, advirtió que las cédulas en cuestión, resultaron prematuras dado que de conformidad con lo dispuesto en fs. 51/52 punto III anteúltimo párrafo, dichas diligencias se encontraban supeditadas a lo que el síndico pudiera aportar. En virtud de ello, dejó sin efecto las diligencias realizadas por el letrado del acreedor Gustavo O. D’Albo, haciéndole saber que en lo sucesivo “…deberá abstenerse de realizar gestiones que no se encuentran autorizadas, máxime teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 119 de la Ley 24522…” (v. fs. 116).- Cabe señalar que el referido pronunciamiento quedó consentido por el acreedor.- Sentado lo expuesto, conclúyese que el acreedor careció de suficiente legitimación para promover la acción en los términos previstos por la LCQ 120.-
6. En lo que concierne a las costas, estima la Sala que en el caso se presentaron circunstancias concretas y específicas que permiten apartarse de la regla general prevista por el cpr 68 primera parte.- En efecto, conforme fuera expuesto en los considerandos precedentes, la materia sometida a revisión revistió singulares particularidades en lo que al trámite de la causa se refiere.- Tales circunstancias, justifican adecuadamente que las costas en ambas instancias sean distribuidas por su orden, puesto que el acreedor recurrente pudo creerse con derecho a sostener su pretensión en la forma en que lo hizo.-
7. Por ello, esta Sala RESUELVE: (a) Rechazar el recurso interpuesto en fs. 145.- (b) Distribuir las costas en ambas instancia en el orden causado.- Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 190/194.//-
Fdo.: Gerardo G. Vassallo - Juan José Dieuzeide - Pablo D. Heredia Héctor L. Romero, Prosecretario Letrado