NOSDEO, JUAN J. S/QUIEBRA - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL, SALA A – 22/02/2008
Fuente: www.cncom.gov.ar
Dictamen de la Fiscal General:
1. En la resolución de fs. 677/9, la jueza de primera instancia decretó la nulidad de la subasta realizada en autos en relación a un inmueble del fallido. Para así decidir, la magistrada consideró que el martillero adjudicó la venta a uno de los postores, ignorando a otro que había realizado una oferta superior.
Apelaron el adquirente en subasta y el martillero.
El adquirente fundó el recurso a fs. 685/92. Sostuvo que el fallido no tiene facultades para plantear la nulidad articulada y que la oferta que sucedió a la que fue tomada por el martillero carece de entidad suficiente pues se refería sólo a un importe de $ 100 más. Agregó que el eventual error en que hubiera incurrido el martillero al no considerar esa oferta, carece de virtualidad para ocasionar la nulidad del acto. Indicó que el supuesto oferente no efectuó planteo alguno. Argumentó que la juez de primera instancia tomó en cuenta el informe de la Oficina de Subastas y no la filmación del remate, pues el video agregado al expediente no correspondería a la subasta de autos.
El martillero fundó el recurso a fs. 695/6. Expresó que quien habría efectuado la oferta posterior no realizó ningún planteo y que de haber existido esa oferta, la misma fue realizada luego de que se bajara el martillo.
La sindicatura contestó los agravios a fs. 719/20.
2. En lo que se refiere a la legitimación del fallido, señalo que la ley concursal confiere legitimación al síndico en todo litigio referido a los bienes desapoderados (art. 110), la cual es excluyente de la actuación del deudor (art. 252).
Sin embargo esa regla no es absoluta. El propio art. 110 establece supuestos en los cuales el fallido puede ejercer ciertas defensas; en particular, establece la posibilidad de que formule observaciones en los términos del art. 35 respecto de los créditos que pretendan verificarse, hacerse parte en los incidentes de revisión y verificación tardía y hacer presentaciones relativas a la actuación de los órganos del concurso.
Considero que, en el caso, la intervención del fallido encuadra dentro de las excepciones previstas por esa norma, pues tiende a cuestionar la actuación del martillero en lo que respecta al acto de la subasta de un inmueble del deudor.
Además, resulta también admisible la legitimación del fallido como consecuencia del derecho subjetivo que le asiste a percibir el eventual remanente, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 228, LCQ.
En consecuencia, en mi opinión, la cuestión planteada en relación a la falta de legitimación del fallido no resulta atendible.
3. En el caso, a requerimiento de la juez de primera instancia, la Dirección de Subastas Judiciales remitió dos videograbaciones. Una de ellas, en primer término, en la cual no se encuentra registrada la subasta desarrollada en autos (fs. 665 y 673). Luego, mediante un nuevo requerimiento del juzgado, se remitió una segunda filmación (fs. 675/6), que corresponde al acto en cuestión, pues al visualizarse el video correspondiente, claramente es audible la lectura por parte del martillero del edicto relativo al remate del inmueble cuya subasta se persigue en este expediente.
Del examen de esa filmación en video, resulta que luego de la lectura del edicto, se inició una lenta puja con ofertas sucesivas que partieron de la base ($ 120.000) y que ascendían de 100 en 100 pesos.
Luego de varios minutos con esa mecánica y cuando el precio alcanzó la suma de $ 130.000, se sucedieron vanas ofertas que ascendían de 1000 en 1000 pesos. En esa circunstancia, el martillero, haciendo silencio no tomó ninguna de ellas y mantuvo la oferta anterior de $ 130.000. Posteriormente, retomó desde ese importe la puja y al llegar a $ 140.000 adjudicó el inmueble inmediatamente, bajando el martillo, sin dar lugar a nuevas ofertas y desoyendo a quien antes del golpe del martillo ofreció “cien más”.
A mi entender, del desarrollo de los acontecimientos registrados en imagen y sonido mediante la filmación examinada, resulta que la puja fue interrumpida, evitándose no sólo la consideración de la oferta por $ 100 más, sino otras más que la hubiera podido suceder.
Señalo además, que en el caso, no resulta relevante la ausencia de planteo por parte de quien hubiera realizado la oferta. Ello es así porque lo que está en juego es la regularidad del acto y no el reclamo de un derecho disponible de ese oferente.
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En este orden de ideas, cabe tener en cuenta que la enajenación mediante subasta pública (arts. 204 inc… y 208, LCQ), se caracteriza precisamente por la posibilidad de que los concurrentes al remate puedan formular sucesivas ofertas, superiores unas a otras. En consecuencia, la interrupción de ese proceso de puja implica un defecto que afecta a la finalidad del acto.
Así, las deficiencias apuntadas en lo referente a la manera en que se desarrolló el remate, a mi entender, hacen procedente la anulación de la subasta realizada, en tanto se hallan verificados en la especie los requisitos necesarios para la nulidad, es decir, irregularidad del acto, perjuicio, interés en la obtención de la nulidad y falta de consentimiento, conforme lo contempla el CPCCN. en los arts. 169, 170, y 172 (conf. dictamen 76.239 del 3/2/1993. en autos “Acuario Cía. de Seguros S.A s/ Inc. de Subasta del Inmueble en Pilar” con fallo de la sala E que remite a sus fundamentos).
Por las razones expuestas, considero que V.E. debe confirmar la resolución apelada.- Buenos Aires, octubre 22 de 2007.- Alejandra Gils Carbó.
2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, 22 de febrero de 2008.
Y Vistos:
1) Apelaron el martillero y el comprador del inmueble del fallido el decreto dictado en fs. 677/679 por el cual se admitió el planteo de nulidad incoado por el deudor respecto de la subasta llevada a cabo en estas actuaciones, con base en que en dicho acto se verificaron irregularidades de las que se derivó un perjuicio para la masa de acreedores al haberse privado al concurso de la posibilidad de percibir un importe superior al ofrecido por quien suscribiera el boleto de compraventa.
Para adoptar esta solución, la magistrada de grado hizo mérito, principalmente, del informe remitido por el titular de la Oficina de Subastas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Parga, quien refirió que, previo a adjudicarse el inmueble a quien suscribió el boleto de compra, existió otra oferta por un valor superior, como así también que de las constancias resultantes de la videograbación de la subasta surgía que el martillero, antes de bajar martillo por los montos sucesivamente ofertados repitió hasta 5 veces la oferta recibida seguida de la frase “vendo señores”, extremo que no aconteció cuando fue recibida la última postura ($ 140.000), desoyéndose una oferta que fue hecha con posterioridad por “100 más”.
Los fundamentos fueron expuestos en fs. 685/692 y fs. 695/696 y respondidos por la sindicatura en fs. 719/720.
En fs. 732/733 fue oída la representante del Ministerio Público, quien dictaminó en el sentido de confirmar el fallo apelado.
2) Los recurrentes se quejaron de la decisión adoptada en la anterior instancia con sustento en que: i) el fallido carece de legitimación procesal para incoar la nulidad del remate por aplicación de lo normado en la LCQ, art. 110; ii) la resolución atacada es susceptible de causar mayor perjuicio económico a la masa de acreedores que la aprobación del remate por el precio obtenido, en razón de los gastos que generará una nueva subasta, máxime teniendo en cuenta que la oferta supuestamente desoída por el martillero tan sólo alcanzaba la suma de $100; iii) el error en que pudo incurrir el martillero al no haber advertido la mejora de oferta de $100 carece de virtualidad suficiente para calificar el acto de “irregular”; iii) no se ponderó que el supuesto oferente ignorado no fue identificado, no realizó queja alguna en el acto, no denunció la situación planteada por ante el jefe de la Oficina de Subastas ni tampoco planteó en el expediente la nulidad del remate; iv) teniendo en cuenta que con el oficio agregado en fs. 673 se remitió una copia del video correspondiente a otra subasta, no sería posible establecer si el informe allí brindado por el Dr. Parga corresponde al remate efectuado en estos autos o al del remate plasmado en la grabación equivocada; v) resulta sugestivo que la Oficina de Subastas, que tiene la obligación de informar en el acto o inmediatamente después de cualquier irregularidad que advierta, nada haya dicho sobre lo supuestamente ocurrido en la subasta de marras sino hasta 5 meses después y sin que se le cursara requerimiento alguno más allá de solicitársele la remisión del video.
3) Así planteado el thema decidendum, ha de tratarse en primer lugar la queja vinculada a la falta de legitimación del fallido para introducir el planteo de nulidad, para luego, en su caso, analizar si se verificaron en el caso las irregularidades referidas en el decreto recurrido y si ellas resultan, o no, susceptibles de acarrear la nulidad de la subasta.
3.1. Legitimación del fallido
Cabe puntualizar que el texto legal que preside cualquier interpretación sobre esta materia es el art. 110, LCQ, el cual dispone que el fallido pierda la legitimación procesal en todo litigio referido a los bienes desapoderados, debiendo actuar en ellos el síndico.
Es sabido que de conformidad con el régimen organizado por el legislador concursal y como una derivación lógica del desapoderamiento, el fallido pierde la representación activa y pasiva de su patrimonio, no pudiendo respecto de éste estar en juicio desde entonces, interviniendo en su lugar el síndico (conf. García Martínez y Fernández Madrid, “Concursos y Quiebras”, t. I, p. 764). Es así que a partir del decreto de quiebra el cesante sólo está autorizado a realizar y requerir medidas conservatorias -tanto judiciales como extrajudiciales- respecto de los bienes desapoderados, ya que la legitimación procesal compete privativamente al síndico (conf. Cámara, “El Concurso Preventivo y la Quiebra”, Vol. III, p. 2081).
En suma, la ley desplaza al cesante de la disponibilidad de su patrimonio y de la atribución constitucional de defensa en juicio, sustituyéndolo en esa cualidad por la actuación compulsiva del órgano concursal, la cual es excluyente de la del fallido (art. 252, LCQ) y vinculante para éste.
Sentado entonces que, como principio, sólo el funcionario del concurso ejerce la representación de la quiebra, potestad que además resulta excluyente de la actuación del deudor y de los acreedores, se ha interpretado también que, no obstante la 15
hermeneútica estricta que debe primar en torno a la falta de legitimación del fallido y su sustitución por la sindicatura en lo que hace a las facultades del deudor respecto de los bienes desapoderados, cabe, sin embargo, admitir algunas excepciones a dicha regla. Ello así, no sólo en los supuestos en los que por disposición de la ley o por aplicación analógica de ésta se acuerda al fallido esa facultad, por tratarse de acciones cuyo ejercicio es estrictamente personal, sino cuando ello es necesario para la defensa de su interés subjetivo, o éste resulta de intervención necesaria para dilucidar y sustanciar la litis. Es por eso que el principio de falta de legitimación del deudor puede ceder en casos excepcionales, en los cuales la actuación del funcionario designado por la ley no asegure o no permita suficientemente la debida defensa de los intereses del concurso, existan intereses patrimoniales o personales inherentes a la condición de deudor del fallido que las circunstancias indiquen que sólo él puede defender idóneamente (conf. esta CNCom., esta sala A, 15/10/1996 “Lato, Mónica s/ Quiebra”, íd. sala C, 29/2/1996, “Carvallo Quintana, Tomás y otros v. BCRA s/ Ordinario”; íd. 27/9/1996, “Frigorífico La Perla v. Frigorífico La Perla y otros s/ Simulación “).
En este marco, estímase que precisamente se configura en la especie uno de los supuestos de excepción antes expuestos, dado que, tal como lo ha referido la fiscal general en el dictamen de fs. 732/733, en la cuestión aquí ventilada se encuentra involucrado el derecho subjetivo del fallido al eventual remanente que pudiera resultar de la liquidación de sus bienes.
Repárese que en cuanto al caso específico que nos ocupa, se ha interpretado que cabe admitir que el fallido exprese opiniones durante el procedimiento liquidatorio en cuestiones vinculadas a bienes desapoderados con fundamento en su vocación al remanente (art. 228, in fine, LCQ), circunstancia esta última que en modo alguno lo convierte en “parte” necesaria en el trámite liquidatorio, ya que ello importaría la desnaturalización del desapoderamiento y de la pérdida de legitimación procesal (conf. esta Cámara Comercial, sala C, 22/11/1989, “Sanatorio Liniers S.A s. propia quiebra s/ Inc. de concurso especial por Recio, Mario”; íd. sala B, 15/4/1997, “Primotex S.A s/ Quiebra s/ Inc. de realización de bienes “).
Es que en tanto el quebrado desapoderado de sus bienes no pierde la propiedad de estos últimos, sino su administración y la facultad de disponer de ellos, una vez liquidados y pagados los acreedores, en caso de existir remanente, éste le debe ser entregado por ser su dueño. De allí que estima esta sala que el fallido tiene legitimación para cuestionar la validez del remate de los bienes de su propiedad, derecho que por otra parte reconoció la a quo toda vez que, dio curso al planteo de nulidad por él incoado. Esta solución, se reitera, en nada predica sobre la condición de “parte” en el proceso, toda vez que el quebrado se encuentra impedido de actuar promiscuamente con la Sindicatura, salvo que se diera algún supuesto de excepción, extremo que no acontece en el sub lite.
En este contexto, ha de desestimarse el agravio ensayado respecto de este ítem.
3.2. La subasta
3.2.1. En primer lugar, señálase que la nulidad de una venta judicial, como acto procesal, está sujeta a los mismos principios que informan la teoría general de las nulidades y condicionan su admisibilidad, en los arts. 169 a 174 de la legislación adjetiva, por lo que desde este ángulo, debe configurarse un vicio procesal que afecte la subasta, indicándose para ello, el perjuicio real y concreto sufrido y el interés que se procura subsanar, recaudos que hacen al principio de trascendencia (art. 172, CPCCN.; esta CNCom., esta sala A, 10/5/2007, “Rizzi, Miguel A. s/ Concurso especial promovido por Banco de Galicia y Buenos Aires”).
3.2.2. En la especie, el fallido invocó que la adjudicación por parte del martillero no fue realizada a la persona que hizo la última oferta, toda vez que quien resultó comprador hizo una oferta que fue mejorada por otra persona y que ello no fue tenido en cuenta por el rematador. Indicó que esta circunstancia impidió la posibilidad altamente probable de que existiera un remanente en su favor (fs. 612).
3.2.3. Ahora bien, del análisis realizado por esta sala de la videograbación agregada como prueba, surge acreditado el extremo aludido por la juez de grado en la decisión apelada, el cual no fue desvirtuado adecuadamente, en punto a que el martillero, luego de recibida la oferta de $ 140.000, alteró la modalidad adoptada con relación a las ofertas anteriores. En efecto, hasta entonces repitió hasta 5 veces la oferta recibida seguida de la frase “vendo señores”, en lo que luce como un claro intento de estimular la venta. En el último caso, sin embargo, luego de un interregno en que se sucedían referencias a números que llegaron hasta $ 140.000 y que el martillero no receptó, y después que se movilizaran algunos sujetos en la audiencia, recién entonces, el auxiliar del tribunal retomó la puja y procedió a la adjudicación en forma prácticamente inmediata, modificando, abruptamente, el modo en que venía desarrollándose el acto en cuanto a los tiempos para que los interesados realizaran sus ofertas. En efecto, el rematador bajó el martillo casi sin solución de continuidad, incluso, antes de la cuenta de “tres”. También resulta de la cinta la existencia de una oferta posterior por “$ 100 más”, aunque sea difícil determinar si aquélla fue escuchada, o no por el martillero, en razón de la rapidez con que adjudicó el bien a quien realizó la oferta de $ 140.000.
Otra circunstancia que resulta llamativa para este tribunal es, que el sujeto que efectuó la postura finalmente aceptada no se encontraba en el recinto donde se llevaba a cabo el remate al momento de realizarse la puja previa a la adjudicación, sino que entró inmediatamente antes de formularla, siendo de remarcar, se reitera, la forma repentina en que el martillero la aceptó, contrariando así su propia conducta anterior, consistente en reiterar una y otra vez las ofertas procurando así obtener sucesivas mejoras.
Es claro, pues, que este tipo de situaciones echa un manto de sospechas sobre las operaciones de subastas judiciales cuya transparencia es deber de los jueces preservar.
En este contexto, estimase configurada la existencia de un acto irregular susceptible de generar perjuicios concretos a la masa de acreedores y, eventualmente al fallido -dado su derecho al remanente- en razón de que pudo obtenerse un importe superior por la venta del inmueble, lo que fue impedido por la abrupta conclusión del acto materializada por el martillero.
Ello sentado, ha se destacarse que esta conclusión no se ve afectada por el hecho de que la oferta que fue desatendida sólo alcanzara la suma de $ 100, porque la nulidad no fue decretada en virtud de esa diferencia de precio, sino porque dicha 16
circunstancia puso de manifiesto que el acto fue concluido en forma prematura e irregular, siendo el perjuicio ocasionado la privación de la obtención de un precio mayor.
Es cierto que el oferente cuya oferta fue desatendida no se apersonó en el expediente a plantear la nulidad de la subasta por este motivo, mas dicho extremo no puede tener los alcances que los recurrentes le atribuyen, dada la entidad del vicio puesto de manifiesto. Es que las irregularidades precedentemente descriptas vician de nulidad insanable el acto realizado: puesto que los defectos advertidos durante su desarrollo afectan gravemente normas inderogables y sustanciales del trámite judicial de enajenación forzada, estrechamente ligadas a la preservación de los principios básicos que inspiran este tipo de actos, y que transitan precisamente por asegurar la igualdad de oportunidades de cualesquiera eventuales interesados, así como la transparencia y seriedad exigibles para actos en que se encuentra comprometida la fe pública y el concepto de la comunidad sobre la sana administración de justicia (esta CNCom., sala C, 24/6/1993, “Agrupación Médica Argentina S.A s/ Quiebra s/ Inc. de subasta”). A lo que se suma, se reitera, el perjuicio causado a la masa de acreedores por la disminución en el precio del bien subastado y la eventual frustración de remanente en favor del fallido.
Por último, tampoco es óbice a la conclusión sentada precedentemente la razón de conveniencia económica para el concurso que han señalado los quejosos en punto a los mayores gastos que irrogará una nueva subasta, toda vez que ello resulta invocable cuando se trata de una cuestión en la que, además del perjuicio causado a los acreedores, se encuentra comprometido el orden público, como ocurre en el caso, donde, en función de la gravedad de las irregularidades incurridas durante el acto de subasta, se ha visto conculcada la fe pública y el prestigio de la actividad jurisdiccional con actos que no hacen sino poner en tela de juicio la seriedad y transparencia con que debe llevarse a cabo la administración de justicia.
Todas estas consideraciones convencen al tribunal de que la decisión apelada no resulta pasible de reproche alguno.
4) Por todo ello, y de conformidad con lo dictaminado por la fiscal general, Esta Sala Resuelve:
Desestimar los recursos incoados en fs. 681 y fs. 683 y, por ende, confirmar el decreto dictado en fs. 677/679 en todo lo que ha sido materia de agravio.
Notifíquese a la fiscal general en su despacho. Cumplido, devuélvase a primera instancia encomendándose a la juez a quo disponer las notificaciones pertinentes.- María E. Uzal.- Isabel Míguez.- Alfredo A. Kölliker Frers. (Sec.: Valeria C. Pereyra).