Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala civil y comercial(TSCordoba)(SalaCivilyCom)

Fecha: 10/09/2008

Partes: Gabellieri, Francisco c. Aurelio Mena

Publicado en: LLC2008 (diciembre), 1247

Hechos: 

Un municipio interpuso una tercería de mejor derecho en el marco de una ejecución hipotecaria, con fundamento en el privilegio derivado de los créditos por tributos que incidían sobre el inmueble del contribuyente ejecutado. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba concluyó en la preeminencia del crédito fiscal por sobre el del acreedor hipotecario. 

 

Sumarios: 

1. Los créditos por tributos que inciden sobre el inmueble del contribuyente poseen un privilegio especial que prevalece por encima de la garantía que asiste al acreedor hipotecario, pues aquéllos son verdaderas cargas reales que gravitan sobre el bien y su producido, y constituyen institutos del derecho público con un indiscutible interés general, máxime cuando el poder tributario comprende el dictado de normas referidas a la preferencia de cobro que las obligaciones fiscales puedan ostentar frente a otros acreedores. 

 

Jurisprudencia Relacionada(*)

Tribunal Superior Provincia

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala civil y comercial, “Tercería de mejor derecho de la Municipalidad de Córdoba en: Banco de la Provincia de Cba. c. Jorge Omar Cunqueiro y ot. Ejecutivo, recurso de casación (expte. T-02-04)” — 2007/08/08, LLC 2007 (diciembre), 1149 - IMP 2008-1, 41—  sostuvo que resulta nula la resolución por la cual se admite que, aún tratándose de una ejecución particular, el Municipio pueda invocar el privilegio previsto en el art. 3879 inc. 2 del Código Civil por cobro de impuestos que gravan el inmueble subastado, ya que el deudor no se encuentra sometido a concurso alguno, y dicho privilegio sólo puede ser invocado en un proceso falencial (del voto del doctor Andruet – h.-). 

(*) Información a la época del fallo

 

2. El privilegio de los créditos tributarios que pesan sobre un bien determinado del contribuyente debe prevalecer por sobre la garantía de que ampara al acreedor hipotecario de ese bien, ya que las imposiciones fiscales persiguen un alto interés colectivo, cuya entidad se supraordina frente a intereses meramente privados, y el beneficio que el servicio prestado por la comuna reporta al inmueble indirectamente favorece la acreedor hipotecario (del voto del doctor Sesín). 

3. Resulta improcedente el recurso de casación deducido contra la sentencia que desestimó la tercería de mejor derecho promovida por un municipio en una ejecución hipotecaria, con fundamento en el privilegio de las deudas tributarias que gravan al inmueble subastado, ya que el deudor no se encuentra sometido a concurso alguno y el privilegio general que posee la comuna sólo puede ser invocado en un proceso falencial (del voto en disidencia del doctor Andruet (h.)). 

 

Texto Completo:  Córdoba, septiembre 10 de 2008.

El doctor Armando Segundo Andruet (h.) dijo:

I. Mediante el auto interlocutorio referido en el exordio y en sede de apelación, el Tribunal de alzada decidió rechazar la tercería de mejor derecho instaurada por la Municipalidad de Córdoba pretendiendo percibir los créditos tributarios que invoca con preferencia frente al crédito hipotecario cuya actuación compulsiva se persigue en el juicio ejecutivo principal.

La Municipalidad perdidosa deduce recurso de casación en contra del pronunciamiento. En concepto de fundamento de hecho denuncia que el mismo se basa en una errónea interpretación de la normas del ordenamiento jurídico concernientes a la clase de privilegio que revisten los impuestos y al rango que ellos ocupan ante el derecho de hipoteca. A título de fundamento de derecho de la impugnación invoca el inc. 3° del art. 383 del C. de PC., y a fin de demostrar la diversidad jurisprudencial existente al respecto y de habilitar así la competencia extraordinaria que inviste el Tribunal Superior de Justicia alega dos decisorios emanados de esta Sala (Sentencia N° 119, del 22 de octubre de 1999, in re “Municipalidad de Brinkmann-Tercería de mejor derecho en autos Banco de la Provincia de Córdoba c. Fábrica de Calzados El Angel SCC. y otros-PVE (hoy demanda ejecutiva)”; Sentencia N° 121, del 27 de Octubre de 1999, in re “Banco de la Provincia de Córdoba c. Alberto D. Gaido-Ejecutivo-Tercería de mejor der. interpuesta por la Mun. de la ciudad de Morteros-Recurso de Casación”), así como una sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación (Sentencia N° 112, del 14 de agosto de 2002, in re “Tercería de mejor derecho de la Municipalidad de Córdoba en autos Orígenes Vivienda SA c. Sergio Humberto Romano y o. - Ejecución Hipotecaria”); providencias en las cuales se habría sentado sobre el particular la exégesis de la ley que ella propugna.

II. El recurso es formalmente admisible, pero sólo en cuanto se apoya en la sentencia emanada de la Cámara 3° Civil y Comercial.

Los precedentes de este Alto Cuerpo no son eficaces para provocar la apertura de la competencia extraordinaria porque atañen a una situación de hecho diferente de la que se ventila en el presente juicio, y por eso no puede sostenerse que el temperamento que allí se sienta sea realmente distinto del criterio adoptado en el fallo que se impugna. En efecto, los antecedentes de la Sala versaron específicamente sobre la concurrencia de los créditos tributarios frente a los acreedores quirografarios o comunes en el marco de ejecuciones particulares promovidas por éstos sobre un bien del patrimonio del deudor común, a propósito de lo cual se debió dilucidar cuál era la especie de privilegio -general o especial- que debía reconocerse a aquellos. Pero de ninguna manera estaba involucrado en el conflicto un acreedor hipotecario que pretendiese actuar su crédito sobre el bien que fue objeto de subasta, como en cambio sí ocurre en el sublite, donde la colisión de créditos puesta a conocimiento de los jueces se verifica sí entre una acreencia garantizada por hipoteca e impuestos adeudados a la Municipalidad de Córdoba, respecto de lo cual debe establecerse el rango que ocupan los privilegios correspondientes a esas categorías de obligaciones.

Como se anticipó la impugnación casatoria resulta formalmente admisible en cuanto se basa en el fallo de la Cámara de 3° Nominación.

Frente a una situación de hecho semejante, en los pronunciamientos que se confrontan se les atribuye a la misma diferentes significados jurídicos y se adoptan decisiones antagónicas, por lo que se configura una real divergencia jurisprudencial que impone la intervención de la Sala a fin de uniformar criterios y establecer la exacta interpretación de las normas legales implicadas (CPC, art. 383, inc. 3°). Efectivamente, por un lado y desde el punto de vista fáctico ambos fallos versan coincidentemente sobre la concurrencia que se opera entre un crédito tributario y una acreencia dotada de hipoteca en el ámbito de la ejecución individual que se promueve para hacer efectiva esta última. Por otro lado y en el plano jurídico, la a quo entendió que la hipoteca prevalece y se impone sobre las obligaciones impositivas, al tiempo que la Cámara de 3° Nominación consideró al contrario que los tributos gozan de mayor rango que el crédito hipotecario al cual desplazan, cobrando en consecuencia con preferencia sobre el producto de la subasta.

III. En orden a los fundamentos del recurso, se adelanta que los mismos no son conformes a Derecho en virtud de los argumentos que se expresan a continuación.

En mi opinión el privilegio que accede a las obligaciones tributarias es siempre de carácter general, cualesquiera que sean las características de ellas y por más que -como la que se hace valer en el caso- graviten sobre un bien particular del contribuyente, de donde a su vez se deduce que únicamente pueden hacerse valer con motivo de la insolvencia del deudor y en el marco de los juicios universales de concurso, no pudiéndoselos ejercitar en las ejecuciones individuales que sobre la cosa afectada promuevan otros acreedores.

En una disidencia de un reciente pronunciamiento de la Sala, en la que me hice eco de sentencias que contribuí a dictar como integrante de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Quinta Nominación, expresé este criterio sobre la cuestión, al tiempo que manifesté los argumentos que concurrían a justificarlo (Auto Interlocutorio N° 173, del 8 de agosto de 2007, in re “Tercería de mejor derecho de la Municipalidad de Córdoba en: Banco de la Provincia de Cba. c. Jorge Omar Cunqueiro y ot.-Ejecutivo-Recurso de Casación”).

La dilucidación del conflicto entre los privilegios fiscales y el crédito hipotecario, no ha sido de fácil solución para la doctrina y la jurisprudencia, y en manera alguna se puede decir que el tema se encuentre suficientemente solucionado. A dicho respecto una lograda nota a fallo de Guillermo Borda (cfr. Los impuestos locales y el orden de los privilegios, ED. 113-547) resulta altamente significativa de dicha afirmación, cerrando el prestigioso jurista el artículo diciendo “Pero es necesario agregar que las conclusiones a que se arriba en este trabajo están sujetas a grandes vacilaciones y a pronunciamientos encontrados en nuestra jurisprudencia…”.

Los privilegios, que reposan en un claro concepto equitativo del sistema de derecho privado en algunos casos, o en razones de interés público u otras en que del trabajo de uno de los acreedores se han beneficiado los restantes; pues ello lleva a determinar que existen preferencias para el cobro de un acreedor sobre otro o algunos otros. Se tratan los privilegios de calidades de ciertos créditos, que les atribuyen determinada prelación de cobro sobre los bienes del deudor en general, o sobre algún bien particular (cfr. Bonnecase, J., Elementos de derecho civil, México, 1945, T. II, pág. 620, N° 890).

La ley ha organizado el sistema de las mencionadas preferencias en dos grandes especies, esto es, los privilegios que son generales y los que son especiales. Los primeros se refieren a cuando el asiento del privilegio, o sea la materia sobre la cual ellos se extienden, es la totalidad de los bienes que el deudor posee -muebles e inmuebles- o la totalidad de los bienes muebles; mientras que los especiales se refieren, como su  mismo nombre lo indica, a determinados bienes, no existiendo privilegio general sobre la totalidad de los inmuebles sin comprender a la vez, a todos los muebles (cfr. Alterini, A.; López Cabana, R.; Ameal, O.; Derecho de las obligaciones, Bs. As., Abeledo Perrot, 1993, pág. 344) La diversidad entre privilegios generales y especiales, no sólo que importa una diferencia respecto a la extensión de bienes sobre los cuales cada uno de ellos acceden, sino que desbrozan una no menor diversidad y con un gran efecto práctico y que sostiene que los privilegios generales sólo pueden hacerse valer en los juicios universales; los especiales por el contrario pueden alegarse frente a cualquier embargo del bien que es asiento del privilegio (cfr. Llambías, J.; Tratado de derecho civil-Obligaciones, Bs. As., Abeledo Perrot, 1977, T. I, pág. 646). La doctrina reconoce de todas maneras y con un carácter restricto, que se pueda extender el carácter de los privilegios generales a situaciones de no concurso o quiebra del deudor, cuando la insolvencia del mismo es evidente y manifiesta (cfr. Borda, G.; Tratado de derecho civil argentino-Obligaciones, Bs. As., Abeledo Perrot, 1967, T. I, pág. 217); cuestión esta última que no acontece en nuestro caso y tampoco ha sido invocada en dicho sentido.

De allí resulta que el Derecho que ha de aplicarse es el art. 3879, inc. 2°, del Código Civil, cuyo texto dice “Tienen privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean muebles o inmuebles: (…) 2° Los créditos del Fisco y de las Municipalidades, por impuestos públicos, directos o indirectos”; y que se funda en una preferencia a su cobro antes que a cualquier otro acreedor, en razón de que el interés particular cede frente al interés público como es, de que las cargas fiscales sean abonadas por los ciudadanos. Sin embargo, en mi opinión no basta con que los impuestos sean fundamentales para el sostenimiento mismo del Estado y por ello tiene un privilegio general y por tanto sobre muebles e inmuebles, sino que para poder ser invocado, habrá que estar en un proceso falencial.

También se ha dicho que “Los privilegios generales sólo pueden hacerse valer en caso de existir concurso civil o quiebra del deudor: mientras esto no ocurra, el acreedor que invoca el privilegio puede dirigirse contra otros bienes del deudor y ninguna razón habría para permitirle que dirija su acción contra bienes embargados por otros acreedores” (Salvat, R.; Tratado de derecho civil argentino, Bs. As., La Ley, 1946-X, 408).

Se explica que el principio de que los privilegios generales deben ser planteados en un juicio universal, lo es en razón de que mientras no se haya establecido la insolvencia del deudor, no se justifica admitir injerencia de un acreedor en la ejecución que otro hace de un bien del deudor. Sólo cuando está definida la insolvencia del deudor, por la declaración del concurso o quiebra, “se comprende que el acreedor garantizado con un privilegio de tal extensión se vea en la necesidad de dirigir su acción aun contra los bienes del deudor ya embargado por otros acreedores” (cfr. De Gásperi-Morello, Tratado de las Obligaciones, en el Derecho Civil Paraguayo y Argentino, T. III, págs. 602/603, N° 1541).

De manera tal, que no dudo acerca del carácter general que el privilegio del Fisco posee y que en virtud de ello, se extiende a la totalidad de bienes muebles o inmuebles; sin embargo con igual razón se advierte, que el demandado y de quien se ha subastado un inmueble, no se encuentra sometido a concurso alguno, y por lo tanto, la mencionada preferencia del Fisco no puede ser atendida, porque hacerlo importaría lesionar otro principio igualmente valioso para el aseguramiento de la convivencia pública y la construcción del mismo bien común.

Tal como la doctrina casi en manera unánime viene sosteniendo, que tratándose de un juicio universal no cabe duda alguna, que la preferencia del privilegio general sobre el especial es tal. Se ha dicho así que “(…) el privilegio general establecido en el art. 3879 inc. 2° del Código Civil, sólo puede hacerse valer, en principio, en los procedimientos que importan la liquidación colectiva del patrimonio del deudor, es decir, el concurso civil o la quiebra” (Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Comercial, Auto Interlocutorio N° 66 del 15/II/96, publicado en Semanario Jurídico, T. 1996 A-633).

Siendo ello así, fácil es deducir que el privilegio general que accede a la obligación impositiva no puede ejercitarse en ningún caso en los procesos de ejecución particulares que cualquier otro acreedor promueva sobre un bien del deudor, lo que es suficiente para excluirlos de la presente ejecución hipotecaria en cuyo trámite no pueden hacerse valer, sin que sea necesario añadir ningún tipo de consideración especial acerca de las características y eficacia del privilegio que es inherente al crédito hipotecario. Más aún, no verificándose una situación de insolvencia del contribuyente incumplidor, el Fisco no pasa de ser un mero acreedor quirografario que concurre sobre el patrimonio del deudor junto a los demás acreedores en un pie de igualdad y sin gozar de un derecho de cobro preferente frente a ellos, aun cuando estos embarguen y liquiden el bien gravado por el tributo (cfr. Cordeiro Alvarez E., Tratado de los Privilegios, Buenos Aires, Compañía Argentina de Editores SRL., págs. 356/60).

La doctrina que fundamenta la decisión adoptada por el Tribunal de Apelación coincide en lo esencial con la que aquí se postula, por lo que corresponde en definitiva rechazar el recurso de casación, lo que así debe decidirse.

IV. Las costas de la sede extraordinaria se deben establecer por el orden causado, habida cuenta de la diversidad jurisprudencial existente sobre la cuestión de derecho discutida (art. 130, CPC).

No corresponde regular honorarios en esta oportunidad a los letrados actuantes (art. 25, ley 8226).

El doctor Carlos Francisco García Allocco dijo:

I. Coincido con el Sr. Vocal que se expide en primer término en lo concerniente a la admisibilidad formal del recurso de casación. II. En cambio me permito disentir con las consideraciones que él efectúa en orden a la procedencia de la impugnación y con la conclusión a que arriba sobre el particular.

Ante todo me parece conveniente destacar que la cuestión de derecho que se trae a conocimiento de la Sala ha sido ampliamente discutida en la doctrina y en la jurisprudencia, desde hace muchos años y tanto a nivel nacional como provincial, habiéndose sustentado diferentes opiniones sobre el asunto. De allí que prácticamente se han agotado los argumentos y razonamientos que pueden esgrimirse para justificar las distintas posturas que al respecto pueden adoptarse (cfr. entre otros, Fornieles, S., “El privilegio del acreedor hipotecario”, en J.A. 1946-II-sección doctrina, pág. 5; Borda, G., “Los impuestos locales y el orden de los privilegios”, en ED. 113-547, págs. 547/48; Giuliani Fonrouge, C., “Derecho Financiero”, Buenos Aires, Depalma, 6° ed., 1997, t. I, págs. 622/24 y 642/44; Aíta Tagle, J. (h.), “Privilegio del crédito tributario en ejecuciones particulares”, en LLCórdoba, 2001-1226/28).

El examen reflexivo de las diversas tesituras sostenidas, la ponderación de las diferentes argumentaciones aducidas respecto de cada una de ellas, así como la valoración de los distintos intereses comprometidos en el conflicto entre los dos tipos de acreencias en cuestión, me conducen a entender que los créditos tributarios que gravitan sobre un inmueble determinado, como es en el caso la “contribución sobre inmuebles” que la Municipalidad de Córdoba pretende hacer efectiva mediante la presente tercería de mejor derecho, no están provistos de un privilegio puramente general en los términos del art. 3987 del Código Civil, como sostiene la tesis denominada “civilista”. Antes bien, considero que ellos gozan de un verdadero privilegio especial que recae sobre el producido del inmueble mismo, el cual, a su vez, ostenta un rango prevalente frente a las obligaciones de derecho privado que afecten el patrimonio del contribuyente inclusive las garantizadas con derechos reales de hipoteca constituidos sobre la heredad. Bien entendido que esta preponderancia no se ciñe a los tributos anteriores al establecimiento de la hipoteca, lo que no es motivo de discrepancias en la doctrina y en la jurisprudencia, sino que se extiende igualmente a los que se generen con posterioridad.

Las razones que me mueven a asumir este criterio son fundamentalmente las siguientes.

Por una parte opino que, de conformidad a las normas del Código Tributario Municipal concernientes a los sujetos pasivos de las relaciones jurídicas tributarias que en el se regulan, las que son reproducidas a propósito de la contribución que se ventila en autos, esta categoría de tributos comporta una auténtica carga real que gravita sobre el inmueble y que es susceptible de equipararse a los derechos reales de garantía consagrados por el Código Civil, con todas las consecuencias que de esta calificación se derivan (doc. art. 2416 y sgtes.).

Ello así porque, con arreglo a las características y efectos que tales preceptos le asignan, se vinculan estrechamente con la cosa que motiva la imposición y pesan directamente sobre ella, quedando relegada en cambio a un segundo plano la persona de su circunstancial propietario, quien cumple en el vínculo una función puramente instrumental y secundaria (C.T.M., arts. 27, 28, 30, 175 y 178).

Por otro lado, es oportuno advertir que reglas semejantes existen a nivel provincial (C.T.P., arts. 25, 29 y 31), y como es sabido lo mismo ocurre en otras legislaciones locales.

De allí que esta clase de obligaciones tributarias llevan consigo un menoscabo de la plenitud -y por añadidura del valor- del derecho de propiedad que inviste el titular dominial sobre la finca, lo cual repercute, a su turno, sobre los derechos de agresión patrimonial que incumben a los acreedores respecto del bien, derechos que sólo pueden hacerse efectivos sobre el excedente que reste después de deducidas las cargas fiscales que afectan la propiedad.

Verdaderamente y aun cuando en las fórmulas de las directivas no se menciona expresamente el concepto “privilegio”, creo que del contenido de ellas se puede fácilmente deducir que a esta clase de tributos se los tutela con particular eficacia y se les reconoce, implícitamente, una preferencia de cobro frente a otros acreedores que puedan converger sobre el patrimonio del deudor común, o sea básicamente un privilegio (Código Civil, art. 3875), como así también es dable inferir la naturaleza especial que esta preferencia reviste en cuanto recae y se ejerce sobre el producido de un bien en particular del deudor (conf. Spota, A., “El privilegio general del fisco y de las municipalidades por impuestos o tasas. ¿Media, además, un privilegio especial administrativo sobre el inmueble afectado por esas contribuciones publicas?”, en J.A. t. 69, pág. 652; Borda, G., artículo cit., págs. 548/49).

Por otro lado, y dado que los tributos constituyen indudablemente un instituto perteneciente al derecho público, entiendo que todo el régimen jurídico concerniente a ellos, inclusive lo atinente a los privilegios con que puedan estar amparados, integra igualmente ese sector del orden jurídico y queda excluido del ámbito propio del derecho civil, el cual se ocupa fundamentalmente de las relaciones jurídicas entre particulares.

En efecto, por más que el derecho tributario material se valga del concepto de obligación para captar y explicar los vínculos que se traban entre el Fisco y los particulares como consecuencia del ejercicio de la potestad tributaria, concepto que de ordinario se asocia al derecho privado, de ello no es lícito inferir que tales relaciones que se forman entre el Estado y los individuos, encuadren en la esfera del derecho civil y que, por lo tanto, los preceptos del Código Civil, entre ellos los tocantes a los privilegios, le sean aplicables sin mas, en forma directa e inmediata, con exclusión de las normas especificas de carácter local que establezcan soluciones diversas.

Por el contrario, de la premisa innegable de que el poder impositivo incumbe a los estados provinciales y a los municipios y que no ha sido delegado al Gobierno Federal (Constitución Nacional, arts. 121 y 122), en mi criterio se deriva la legitimidad y validez del privilegio especial de los créditos tributarios en cuestión y la inaplicabilidad de las normas del Código Civil, las que -debe entenderse- sólo comprenden a los tributos relativos a la persona del contribuyente o que se ciernen sobre la totalidad de su patrimonio, y fuera de ello -con relación a los tributos que nos ocupan- se aplicarían únicamente en forma supletoria, es decir sólo en ausencia de preceptos específicos de orden local, por ejemplo respecto del saldo que pudiera subsistir impago luego de excutido el inmueble que constituye su asiento.

Ciertamente, no es posible considerar que el poder tributario se agota en la sola creación de tributos. También comprende la atribución de dictar todas las normas que el órgano respectivo repute conducentes a la percepción efectiva de las obligaciones tributarias que resulten de su ejercicio y que aseguren el ingreso de los fondos necesarios para sostener la existencia y funcionamiento del Estado, normas entre las cuales las atinentes a la preferencia de cobro que esas obligaciones puedan ostentar frente a otros acreedores del contribuyente, revisten por cierto inocultable importancia.

Si se entendiera de otra manera, aquella potestad podría quedar desprovista de eficacia practica y devenir inútil para alcanzar la finalidad publica que persigue, pues quedaría subordinada a las normas contenidas en el Código Civil que atañen principalmente a las relaciones entre particulares, y cuya aplicación a las relaciones jurídicas tributarias sólo es admisible – subrayo- en forma subsidiaria, o sea en ausencia de preceptos especiales de derecho tributario.

Fuera de la existencia de normas válidas de alcance local que revisten de privilegio a los créditos fiscales bajo examen, lo que en rigor es suficiente por sí mismo para fundar la conclusión que propicio, agrego que -desde un enfoque axiológico- tales preceptos son justos y acuerdan una merecida preferencia a estos tributos.

Efectivamente, el indiscutible interés general involucrado en los tributos, los que se orientan a solventar el gasto publico que el Estado eroga en el cumplimiento de sus fines, es decir en beneficio de toda la comunidad, incluido naturalmente el acreedor hipotecario mismo, quien, por ejemplo, se vale del Poder Judicial para obtener la satisfacción de su crédito, justifica ampliamente el reconocimiento de la preponderancia de aquellos por sobre los intereses meramente privados de los acreedores particulares.

En el mismo orden de ideas cabe añadir que en el supuesto de las tasas de servicios municipales, como es el caso de la contribución que se ventila en el sublite, el acreedor hipotecario obtiene, como consecuencia de ellas, un beneficio directo e inmediato. El cúmulo de servicios que brinda el Estado respecto del inmueble afectado y cuya contraprestación está constituida justamente por el correspondiente tributo (barrido y limpieza de calles, recolección de residuos, prestación de servicio cloacal, inspección y desmalezamiento de baldíos, higienización y conservación de plazas y espacios verdes, etc.), desde luego contribuyen a mantener y valorizar el propio inmueble que es objeto del derecho, preservándose de tal suerte la garantía establecida para asegurar la percepción de su acreencia. De allí que no parezca equitativo que el titular de la hipoteca se beneficie a expensas del Estado que lo favoreció con la actividad cumplida en favor de la finca, razón por la cual, también desde esta otra perspectiva, se justifica admitir la prioridad del crédito fiscal frente a la hipoteca.

Finalmente no debe dejar de repararse en un dato de la realidad. Desde prácticamente 1996 la Municipalidad de Córdoba presta los servicios correspondientes; sin embargo, como generalmente ocurre, como el valor del inmueble no cubriría el crédito hipotecario y sus accesorios, el ente comunal que prestó los servicios en beneficio del inmueble quedará sin recuperar ese crédito. En suma, se ha beneficiado adicionalmente al titular del crédito hipotecario, con servicios que redundaron para mantener la cosa hipotecada en mejor estado y conservando su valor directa o indirectamente.

Para terminar, cito algunos de los autores y fallos que coinciden con el punto de vista que estimo acertado (Fornieles, S., artículo cit., págs. 5/10; Fernández, R., “Tratado teórico-práctico de la Hipoteca, la Prenda y demás Privilegios”, Buenos Aires, 1941, t. II, págs. 157/166 y 446/48; Argañarás, M., su actualización en Salvat, R., “Tratado de Derecho Civil Argentino, Derechos Reales”, Buenos Aires, TEA, 4° ed., 1960, t. IV, págs. 572/73; Kemelmajer de Carlucci, A., su aporte a la obra “Código Civil Comentado. Privilegios. Prescripción. Aplicación de las leyes civiles”, escrita en co-autoría con Kiper y Trigo Represas, Buenos Aires y Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2006, págs. 210/11; la jurisprudencia tradicional de la S.C. de Bs. As., en LA LEY, 1948-71 y LA LEY, 1975-B, 826).

Como corolario de las razones expuestas, propongo que se haga lugar al recurso de casación, y por consiguiente se unifique jurisprudencia declarando la prevalencia de los tributos que inciden sobre cosa  s determinadas del contribuyente, por encima de la garantía que asiste al acreedor hipotecario sobre esos bienes.

III. Por otro lado, adhiero a las consideraciones que efectúa el vocal de primer voto en lo concerniente a las costas y honorarios de la sede extraordinaria, compartiendo la decisión que propone sobre tales asuntos.

IV. Corresponde reenviar el expediente a la Cámara de Apelaciones que sigue en Nominación a la de origen, para que se expida acerca del recurso de apelación que queda pendiente, de conformidad al tenor del presente pronunciamiento (art. 390, CPC).

El doctor Domingo Juan Sesín dijo:

I. Coincido con el Sr. Vocal que se expide en primer lugar en lo concerniente a la admisibilidad formal de la impugnación.

II. Por el contrario, discrepo respetuosamente con las apreciaciones que efectúa en lo que atañe a la procedencia del recurso y con la conclusión a que llega al respecto, y en cambio adhiero al criterio sentado por el Dr. García Allocco, propiciando -como él- el acogimiento de la impugnación y la rescisión de la providencia atacada.

En varios precedentes de la Sala compartí la tesis según la cual, los créditos tributarios referidos a bienes determinados del contribuyente gozan de privilegio especial y son susceptibles de hacerse valer en las ejecuciones particulares entabladas por otros acreedores sobre la cosa que les sirve de asiento, sin necesidad de que se inicie un proceso de ejecución colectiva del patrimonio del deudor, mientras que las imposiciones fiscales que afectan la persona del contribuyente o que gravan la totalidad de sus bienes están amparadas por privilegios puramente generales, sólo ejercibles en el marco del juicio universal de concurso del deudor y con motivo de la liquidación de todo su patrimonio (Sentencias N° 119/99, 121/99, 152/01 y 25/03).

Ahora bien, en lo concerniente al rango de prelación en que deben ubicarse esos créditos fiscales frente a las hipotecas, cuestión que no fue considerada en esos antecedentes, tal como anticipé al comienzo del presente participo de la postura expuesta por el colega que vota en segundo término, esto es, que dicha categoría de obligaciones tributarias goza de mayor privilegio que las garantías hipotecarias y prevalecen sobre ellas.

En relación a los motivos que conducen a adoptar ese criterio, creo conveniente advertir que no corresponde subsumir el problema en las normas de derecho común, en tanto existe un régimen legal especial que escapa a las previsiones genéricas contempladas por el Código Civil. Efectivamente, el art. 7 del Código Tributario Municipal, así como el art. 3° del Código Tributario Provincial y de igual modo el art. 1° de la ley nacional 11.683, consagran coincidentemente la autonomía dogmática del Derecho Tributario, disponiendo además que las normas de derecho sustancial sólo se aplicarán supletoriamente. Por aplicación de estas pautas, las normas tributarias deben ser apreciadas según los principios y conceptos que les son propios, y sólo a falta de preceptos específicos podrá recurrirse a los conceptos e institutos del derecho privado. Siendo ello así, entiendo que si la interpretación de las leyes impositivas, en función de los principios que las informan y de la voluntad explícita o implícita del legislador que las ha sancionado, no provoca como resultado un desenlace que pueda calificarse como irrazonable, caprichoso o desviado en sus propios fines, no parece razonable ni acertado acudir a las normas de derecho de fondo.

Por consiguiente y como consecuencia de la manera en que los preceptos especiales han regulado el tipo de imposiciones fiscales de que se discurre, soy de opinión que ellas comportan -en esencia- auténticas cargas reales que gravan los inmuebles sobre los cuales inciden. Y que si bien es cierto que también la hipoteca constituye una carga real, de allí no es lícito deducir que ambas clases de obligaciones disfruten de la misma jerarquía de preferencia y deban repartirse por partes iguales el producido de la liquidación del bien; antes al contrario, resulta justo y equitativo que aquéllas deban preponderar sobre éstas y ser satisfechas con prioridad en virtud de las siguientes razones. Por un lado, porque las imposiciones fiscales en general persiguen un alto interés colectivo, cuya entidad y valor se supraordina frente a los intereses meramente privados que exhiben los acreedores hipotecarios; se trata de asegurar y garantizar que los organismos estatales cuenten con los recursos indispensables para subsistir y para poder cumplir con las funciones y servicios de carácter público que les competen, lo que por cierto redunda en ventaja de toda la comunidad. Y por otro lado, en razón del beneficio que los servicios prestados por la Municipalidad reportan al inmueble hipotecado, lo que indirectamente favorece al acreedor hipotecario cuya garantía se consolida y mantiene merced a aquella actividad, de donde se sigue que es justo que la percepción de su crédito deba ceder ante el ente municipal, de conformidad al principio imperante en materia de privilegios en cuyo mérito ningún acreedor debe beneficiarse con la prestación realizada por otro (Cordeiro Alvarez, Tratado de los Privilegios, Buenos Aires, ed. 1941, págs. 37/9).

Fuera de ello, conceptúo que la potestad impositiva que se han reservado las Provincias al constituir la Federación -y que igualmente incumbe a los Municipios en sus correspondientes esferas de poderes- (Constitución Nacional, arts. 121 y 122), incluye la facultad de acordar privilegios a los créditos tributarios que resulten a su favor del ejercicio de esa potestad (conf. entre otros, Giuliani Fonrouge, C., “Derecho Financiero”, Buenos Aires, Depalma, 6° ed., 1997, t. I, págs. 623/24 y 643; Lafaille H., Tratado de las Obligaciones, Buenos   Aires, Ediar, 1947, T. I, pág. 586).

Desde luego que no desconozco que, de acuerdo a la jurisprudencia de este Alto Cuerpo, la que incluso fue acogida en precedentes de la Sala Contencioso-Administrativa que presido, las Provincias y las Municipalidades carecen de atribuciones para alterar -respecto de las deudas tributarias- los plazos de prescripción establecidos por el Código Civil, habiéndose señalado en esos antecedentes a fin de fundar tal tesis que las potestades impositivas de que están investidas, si bien las facultan para crear tributos y convertirse así en acreedoras frente a los contribuyentes que, paralelamente, devienen deudores, no las habilita empero para modificar las formas de extinción de esas obligaciones, las que están reguladas por el derecho común y no pueden ser alteradas por las legislaciones locales (Tribunal Superior de Justicia en pleno, sentencia N° 49/96 in re “Fisco c. Llosa-Apremio”; Sala Contencioso-Administrativa, Sentencias N° 69/03, 8/04, 12/05 y 33/05).

Sin embargo, es de advertir que esta jurisprudencia no alcanza a prejuzgar acerca del especial problema que ahora nos convoca concerniente a la materia de los privilegios, y por consiguiente no impide adoptar la solución que sobre el particular propicio.

En efecto, a diferencia de lo atinente al plazo de prescripción de las acciones inherentes a los derechos de crédito, el que podrá ser más o menos extenso sin erigirse por ello en un obstáculo relevante y significativo en orden a conseguir la satisfacción práctica de los mismos, todo lo tocante a los privilegios fiscales ejerce, en cambio, una gravitación mucho más acusada sobre las posibilidades de percepción efectiva de las acreencias tributarias, jugando un papel nada despreciable en este aspecto central de la dinámica de esas obligaciones. Puesto que se trata de un instituto que atañe a las garantías y seguridades de que se revisten determinados derechos personales y que se orienta a asegurar que éstos se realicen de manera efectiva e integral, desplazando a los restantes acreedores que concurren sobre el deudor común, fácilmente se deduce que significa un resorte fundamental de indisimulable importancia respecto del poder tributario que titularizan los estados locales, el que por consiguiente -además de comprender la indiscutible atribución de crear los tributos- debe incluir asimismo la facultad de tutelar los créditos fiscales correspondientes con los privilegios que consideren necesarios para hacerlos efectivos. De lo contrario se correría el serio riesgo de que el poder fiscal del que depende en gran medida la autonomía de los estados locales, se vuelva ilusorio y quede inerme y destituido de toda eficacia práctica como consecuencia de la regulación general efectuada sobre estos accesorios de las obligaciones en el Código Civil; riesgo que diversamente dista de presentarse con esas características frente a la normación de la prescripción que se contiene en la ley de fondo, cuyos plazos más o menos prolongados no llegan a comprometer la recaudación de los ingresos públicos ni, por añadidura, la adecuada prestación de los servicios y funciones estatales, no representando por consiguiente un peligro grave para el interés de la colectividad,

III. En definitiva y como consecuencia de las razones expresadas, coincido con el Dr. García Allocco en que corresponde recibir la casación y, por ende, uniformar la jurisprudencia estableciendo la preponderancia de las imposiciones fiscales que gravitan sobre cosas particulares del contribuyente, frente a la garantía que ampara al acreedor hipotecario sobre esos bienes.

Por otro lado, adhiero a la decisión que mis colegas propugnan en lo relativo a las costas de la sede extraordinaria, las que deben distribuirse por el orden causado a tenor de lo prescripto en el art. 130 in fine del C. de PC.

Por último, comparto la decisión que propone el Vocal de segundo voto, en el sentido de reenviar el expediente a la Cámara de Apelaciones a fin de que allí se agote el litigio.

Por ello y por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia a través de su Sala Civil y Comercial, RESUELVE: I. Hacer lugar al recurso de casación y anular el auto interlocutorio impugnado. Establecer las costas por el orden causado. No regular honorarios, en esta oportunidad, a los Dres. J. A. N. y V. N. II. Reenviar el expediente a la Cámara de Apelaciones que sigue en Nominación a la de origen, para que decida el recurso de apelación que queda pendiente, de conformidad al tenor del presente pronunciamiento. —  Armando S. Andruet (h.). —  Carlos Francisco García Allocco. —  Domingo Juan Sesín.