“Aguas Argentinas SA s/concurso preventivo s/incidente de verificación (promovido por García Pablo Daniel y Capri Pablo)” – CNCOM – 14/10/2008  

“Si bien es verdad que el juez obvió la reforma introducida en esa materia por la ley 26.086 (BO:11.04.06), lo cierto es que de todos modos los incidentistas no cuentan con un crédito líquido ni determinado susceptible de habilitar dicha vía, puesto que han supeditado en el sub examine la cuantía de sus acreencias a la prueba pericial contable que ofrecieran (véase fs. 149/153) y, visto que su ex empleadora en su responde (ver fs. 233/234) controvirtió la procedencia de aquella requisitoria, todos estos extremos conllevan a sostener la imposibilidad de acceder al “pronto pago”, pues, se reitera que, en el marco fáctico descripto, al configurarse un estado controversial sobre la extensión del crédito, la única posibilidad de formar convicción sobre la legitimidad de lo pretendido no es otra que la de acudir a un proceso de conocimiento con amplitud de debate y prueba, ante la justicia laboral (art. 16, párr. 7, ley 26.086). En efecto, al igual que en el régimen derogado, en esta materia, la ley regula un trámite sumario muy abreviado, destinado sólo a incorporar por este medio al pasivo -y habilitar su pago- a los créditos “irreprochables”, que no es el caso de que aquí se trata.”

“El art. 21, inc. 5, que determinaba que en caso de rechazo del pronto pago el acreedor debía verificar su crédito de conformidad a lo establecido por los arts. 32 y sigtes, ha sido modificado en lo que aquí interesa por la ley 26.086, que en su nueva redacción establece en el art. 16, L.C.Q (ver art. 3°, párr. 7°), que la resolución judicial denegatoria del pronto pago “habilitará al acreedor para iniciar o continuar el juicio de conocimiento laboral ante el juez natural”, lo cual se compatibiliza con el nuevo art. 21, inc. 2, L.C.Q, que excluye a los procesos laborales de la suspensión y del fuero de atracción, como así también de la prohibición de promover nuevas acciones de contenido patrimonial con origen a la presentación en concurso preventivo.”

“En función de la nueva ley que debió merituar el juzgador, es patente que los recurrentes, a la sazón invocantes de créditos de origen laboral, no “deben” verificar por el camino del art. 32 de la L.C.Q -como en el régimen anterior, frente a la denegatoria del “pronto pago”-, sino que tienen a su favor la acción individual laboral en cuyo marco la sentencia que se dicte “valdrá como título verificatorio en el concurso” (art. 21, L. 26.086). Por lo tanto, cabe afirmar que no ha sido acertado el trámite del “pronto pago” por el de un “incidente de verificación tardía”., debiendo por ello admitirse la pretensión recursiva.”

Buenos Aires, 14 de octubre de 2008.//-

Y VISTOS:

1.)) Apelaron en subsidio los incidentistas la decisión de fs. 256/259 -mantenida a fs. 261/262-, mediante la cual se desatendió el “pronto pago” solicitado sobre las acreencias laborales invocadas “por encontrarse controvertidas” y ordenó la reconducción del trámite como “incidente de verificación tardía”. El Magistrado concursal juzgó que en la especie era de aplicación el art. 21, inc. 5, LCQ, pues tratándose de créditos indubitables procedía su verificación a través del trámite verificatorio del art. 32, L.C.Q,-
Los fundamentos del recurso obran desarrollados a fs. 260, siendo respondidos por la concursada a fs. 267 y por la sindicatura a fs. 271.-
Los recurrentes se quejaron de lo resuelto en la anterior instancia por cuanto el a quo habría desatendido el procedimiento establecido en el artículo 16 de la ley concursal -modificado por el art. 3° de la ley 26.086-, situación que los habría privado del derecho de iniciar el eventual juicio de conocimiento laboral ante el Juez natural, lo que provocaría -según dijeron-un avallasamiento de sus derechos.-

2.) En cuanto a la procedencia del “pronto pago” propiamente dicho, si bien es verdad que el juez obvió la reforma introducida en esa materia por la ley 26.086 (BO:11.04.06), lo cierto es que de todos modos los incidentistas no cuentan con un crédito líquido ni determinado susceptible de habilitar dicha vía, puesto que han supeditado en el sub examine la cuantía de sus acreencias a la prueba pericial contable que ofrecieran (véase fs. 149/153) y, visto que su ex empleadora en su responde (ver fs. 233/234) controvirtió la procedencia de aquella requisitoria, todos estos extremos conllevan a sostener la imposibilidad de acceder al “pronto pago”, pues, se reitera que, en el marco fáctico descripto, al configurarse un estado controversial sobre la extensión del crédito, la única posibilidad de formar convicción sobre la legitimidad de lo pretendido no () es otra que la de acudir a un proceso de conocimiento con amplitud de debate y prueba, ante la justicia laboral (art. 16, párr. 7, ley 26.086). En efecto, al igual que en el régimen derogado, en esta materia, la ley regula un trámite sumario muy abreviado, destinado sólo a incorporar por este medio al pasivo -y habilitar su pago- a los créditos “irreprochables”, que no es el caso de que aquí se trata.-
Desde tal perspectiva, la resolución del Magistrado concursal no merece reparo alguno cuanto menos en lo que a la denegación del “pronto pago” se refiere.-

3.) Distinta solución corresponde adoptar en punto al restante agravio de los apelantes vinculado con la reconducción del trámite de estas actuaciones bajo la óptica de un “incidente de verificación”, donde además se proveyeron las pruebas ofrecidas por los justiciables (véase fs. 256/259).-
Resulta evidente en este sentido que la decisión del a quo con respecto a este tópico fue sustentada en la regulación contenida en la ley 24.522, sin advertir que el art. 21, inc. 5, que determinaba que en caso de rechazo del pronto pago el acreedor debía verificar su crédito de conformidad a lo establecido por los arts. 32 y sigtes, ha sido modificado en lo que aquí interesa por la ley 26.086, que en su nueva redacción establece en el art. 16, L.C.Q (ver art. 3°, párr. 7°), que la resolución judicial denegatoria del pronto pago “habilitará al acreedor para iniciar o continuar el juicio de conocimiento laboral ante el juez natural”, lo cual se compatibiliza con el nuevo art. 21, inc. 2, L.C.Q, que excluye a los procesos laborales de la suspensión y del fuero de atracción, como así también de la prohibición de promover nuevas acciones de contenido patrimonial con origen a la presentación en concurso preventivo.-
En función de la nueva ley que debió merituar el juzgador, es patente que los recurrentes, a la sazón invocantes de créditos de origen laboral, no “deben” verificar por el camino del art. 32 de la L.C.Q -como en el régimen anterior, frente a la denegatoria del “pronto pago”-, sino que tienen a su favor la acción individual laboral en cuyo marco la sentencia que se dicte “valdrá como título verificatorio en el concurso” (art. 21, L. 26.086). Por lo tanto, cabe afirmar que no ha sido acertado el trámite del “pronto pago” por el de un “incidente de verificación tardía”., debiendo por ello admitirse la pretensión recursiva.-

4.) Así las cosas, esta Sala RESUELVE

a. Admitir parcialmente el recurso interpuesto y modificar la resolución recurrida -mantenida a fs. 261/262.- en el sentido de que no cupo imprimir a la causa el trámite incidental de “verificación” previsto por el art. 32, L.C.Q, sino autorizar a los accionantes a acudir a la vía prevista por el art. 16, párr.7°, L.C.Q (texto según ley 26.086).-
b. Imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento la forma en que se ha resuelto el recurso y lo previsto en la materia por el art. 16, párr. 8°, ley 26.086.-
Devuélvanse las actuaciones a la anterior instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso.//-

Fdo.: María Elsa Uzal, Isabel Míguez, Alfredo Arturo Kölliker Frers
Ante mí: Jorge Ariel Cardama

Fdo.: Jorge Ariel Cardama, Prosecretario de Cámara

 

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