El Senado convirtió en ley una serie de medidas anticrisis, entre ellas un polémico blanqueo de capitales, una moratoria impositiva y la eliminación de la “tablita” de Machinea, con lo que se cerró el ciclo legislativo de proyectos impulsados por el Gobierno para hacer frente al impacto en la Argentina de la crisis financiera global. 


Luego de la estatización de las AFJP, que le servirá al Gobierno para “hacer caja” y financiar un ambicioso programa de obras públicas y de promoción de créditos para el consumo, el Congreso completó hoy la sanción de las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo.

El tema más conflictivo -por mucho- fue el capítulo referido al blanqueo de capitales, que para la oposición constituye una virtual apertura de lavado de dinero proveniente del narcotráfico u otros orígenes ilícitos. Además, dijeron que se estaría incumpliendo con acuerdos internacionales en materia de legislación antilavado. En cambio, los legisladores kirchneristas afirmaron que no hay cambios, pues todo ingreso de fondos dudosos debe ser reportado a la Unidad de Información Financiera, que investiga los presuntos lavados de dinero, aunque la oposición señaló que en los últimos años no hubo ninguna condena judicial por este motivo.

A la hora de la votación, el paquete de medidas anticrisis obtuvo 42 votos a favor y 27 en contra en general, entre estos los integrantes del bloque oficialista Juan Carlos Romero, Sonia Escudero y Elena Corregido. Al votar en particular el blanqueo, del oficialismo votaron en contra Carlos Reutemann, Roxana Latorre, en tanto se abstuvo el cordobés Roberto Urquía, con lo que la votación concluyó 39 a 28, con una abstención.

El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, defendió el blanqueo de capitales diciendo que esta norma “es casi calcada” de las que se dictaron durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem, y que “todas plantean la eximición penal en el marco de los delitos tributarios”.

Al comienzo de la sesión, el primero en hablar fue el miembro informante por la mayoría, el kirchnerista correntino Fabián Ríos, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ríos aseguró que el blanqueo “no abarca perdones de ninguna naturaleza para el dinero que proviene de actividades de narcotráfico o ilícitos”, y remarcó que se trata de “un mecanismo similar a los aplicados en Bélgica, Grecia, Italia y Portugal”.

“No hay que encontrar una especie de perdón o eximición para quienes hayan mal adquirido capitales”, indicó Ríos en respuesta a las críticas que se le han formulado a esta iniciativa. Defendió este paquete de medidas recordando el impacto que las crisis tienen sobre el sistema financiero, al recordar que “en 2001 los depósitos a la vista bajaron el 25 por ciento, y los plazos fijos el 65″.

El radical Juan Carlos Marino, en tanto, advirtió que con el blanqueo de capitales se abre la puerta “al ingreso de dinero del narcotráfico”. Marino indicó que en la historia “hubo más de ochenta moratorias, la mayoría de dudosa efectividad, pero que perjudicaron el fomento de una cultura tributaria”.

Explicó que con este tipo de medidas “se genera la idea de que ante el incumplimiento hay que esperar hasta la próxima moratoria”. Además, señaló que “no se hace diferencia entre la evasión simple y la agravada”, y que es “una amnistía penal para los que no cumplieron”.

Asimismo, Negre de Alonso calificó además a la moratoria fiscal de “inequitativa” y de “absoluta falta de justicia social”. Explicó que “muchas personas físicas y Pyme se sacrificaron para cumplir con el Rafa (anterior plan de regularización impositiva) ven hoy como quienes tiraron manteca al techo tienen ahora una condonación de capitales e intereses, con refinanciación a 120 meses con tasas absolutamente bajas”.
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A su turno, el radical Gerardo Morales sostuvo que “el problema más grave que tiene el Gobierno es la credibilidad, porque la gente no le cree”.”No somos la máquina de impedir, como dice Néstor Kirchner, pero es nuestra responsabilidad marcar cuales medidas son buenas y cuales son malas”, apuntó Morales, quien enumeró una serie de proyectos oficiales a los que el radicalismo apoyó con su voto.

Adelantó luego que el radicalismo va a reportar como sospechosa toda operación de blanqueo. “Ojo a todos los que quieran blanquear, porque el radicalismo los va a denunciar”.

Los proyectos convertidos en ley
La medida que beneficiará a empresas y particulares que posean deudas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o que decidan blanquear sus capitales se apoya principalmente en tres pilares.

El nuevo régimen de regularización fiscal que prevé importantes descuentos en intereses y multas adeudadas.

En segundo término, el proyecto prevé la reducción -por dos años- del pago de cargas sociales correspondiente a las compañías que incorporen nuevo personal o “blanqueen” a sus empleados. También perdona los ajustes fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en Ganancias que se generarían por la utilización de fondos no declarados.

El tercer pilar de la iniciativa se traduce en importantes beneficios fiscales para las empresas o particulares que decidan repatriar fondos o declarar los montos que se encuentren en el país.

Si bien el proyecto beneficia a los contribuyentes que adeudan impuestos o que tienen fondos no declarados en el país o en el exterior, la medida perjudica a las empresas y particulares que siempre tuvieron al día sus obligaciones impositivas. Esto es así, ya que no hay previsto beneficio alguno para el contribuyente que cumplió con el pago de sus impuestos en tiempo y forma.

Moratoria histórica
La pata principal de la iniciativa consiste en una moratoria impositiva y previsional sin precedentes, que condona parte de la deuda a pagar y suspende las acciones penales ya iniciadas en contra de los evasores.

Las empresas y los particulares podrán regularizar todas las obligaciones tributarias y de la seguridad social vencidas al 31 de diciembre de 2007. Sólo quedan fuera del régimen los contribuyentes quebrados, los que tengan sentencia penal firme y quienes hayan sido funcionarios públicos.

El plan contempla el perdón de las multas y sanciones. Asimismo, se prevé un sistema escalonado de reducción de los intereses: 

  • Si se ingresa en los primeros dos meses de vigencia la rebaja de los intereses será del 70 por ciento. 

  • Si entra entre el tercer y cuarto mes, la baja será del 60 por ciento. 

  • Si la adhesión se hace entre el quinto y el sexto mes se perdonará el 50 por ciento. 

Sólo se excluyen las infracciones vinculadas a regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios. Situación similar se da con los intereses por aportes previsionales retenidos y no ingresados y con los derivados de incumplimiento en las contribuciones a las obras sociales.

La iniciativa prevé que para ingresar a la moratoria se deberá efectuar un primer pago del 6% del capital adeudado. El saldo se financia hasta en 120 cuotas con un interés del 0,75% mensual.

Blanqueo del trabajo no registrado
Un fuerte eje de la ley, impulsa un régimen especial de regularización del empleo no registrado. La iniciativa establece que la simple registración de la relación laboral libera a la compañía de infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza que le hayan correspondido.

Asimismo, cada trabajador podrá computar hasta 60 meses de servicio para la obtención de la Prestación Básica Universal (PBU). Es decir, por más que haya estado en negro el Estado le reconocerá los aportes jubilatorios correspondientes a los últimos cinco años.

Respecto a las cargas patronales adeudadas, la medida establece que por los primeros 10 trabajadores que se registren se extingue el total de la deuda –capital mas intereses- originada en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la Seguridad Social.

De allí en adelante, la deuda –capital e intereses- se deberá tener en cuenta que el interés perdonado no podrá superar en más de 20% al capital adeudado. A su vez, se deberá cancelar un interés anual de financiación del 6 por ciento.

Un dato importante es el perdón tangencial que se da respecto al IVA y a Ganancias. La Ley de Procedimientos Fiscales presume que, el dinero destinado a cancelar sueldos de trabajadores informales forma parte de ingresos no declarados por la empresa o el particular.

Otra base de la iniciativa refiere a la promoción y protección del empleo registrado. Al respecto, se establece una reducción por 24 meses de las contribuciones patronales correspondientes a: 

  • Nuevos empleos. 

  • Regularización de empleos preexistentes. 

Durante los primeros 12 meses, se pagará sólo el 50% de las contribuciones patronales. Esto se traduce en una reducción del costo salarial en un 10%. .Durante el segundo año, se pagará el 75% de las contribuciones patronales. En esta segunda etapa, la reducción del costo laboral baja al 5 por ciento-.

El proyecto excluye a las contribuciones con destino al Sistema Nacional de Salud y a las Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). Tampoco se les otorgará el beneficio a: 

  • Empleados ya declarados o reincorporados. 

  • Empleadores a los que se le hubiera constatado empleo no registrado con anterioridad, y 

  • Empleadores que incluyan empleados ya declarados o reincorporados. 

Repatriación y blanqueo de capitales
Como último punto, se establece un régimen de blanqueo y repatriación de capitales. El nuevo marco –de aprobarse- permitirá normalizar la situación tributaria mediante la exteriorización de: 

  • La tenencia de moneda extranjera, divisas y demás bienes en el exterior. 

  • La tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país. 

Asimismo, el alcance comprende a los períodos fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 2007, no prescriptos.

La iniciativa prevé los siguientes modos de realizar la exteriorización: 

  • Declaración de su depósito en entidades bancarios, financieras u otras comprendidas, dentro del plazo de tres meses. 

  • Transferencia al país a través de entidad financiera, dentro del mismo plazo, donde deben quedar depositadas por al menos dos años, salvo que se destinen a inversiones nacionales. 

  • Presentación de declaración jurada e individualización, para los demás bienes, dentro del mismo plazo. Para tenencias en el país, la exteriorización se da mediante su depósito en entidad financiera, dentro del mismo plazo, donde deben quedar depositadas por al menos 2 años, salvo que se destinen a inversiones nacionales. 

El proyecto establece que quienes exterioricen bienes en las condiciones antes mencionadas, tendrán los siguientes beneficios: 

  • No estarán obligados a declarar la fecha de compra de lo que exterioricen. 

  • No estarán sujetos al tratamiento que la ley otorga a los incrementos patrimoniales no justificados. 

  • Quedan liberados de toda acción civil, penal –incluida Penal Tributaria-, administrativa y profesional que pudiere corresponder a los responsables. 

  • Quedan liberados del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar por los periodos fiscales comprendidos. 

Como única condición deberán ingresar un impuesto especial cuya alícuota será del: 

  • 8% para bienes radicados en el exterior y tenencia extranjera y divisas en el exterior, que no se transfiera al país. 

  • 6% para bienes radicados en el país y tenencia de moneda local o extranjera a la que no se le de destino especial. 

  • 3% para moneda nacional o extranjera o divisas, en el país o en el exterior, que se destine a la suscripción de títulos públicos (si se transfiere antes de los 24 meses, se le adicionará un 5 por ciento). 

  • 1% para moneda nacional o extranjera o divisas, en el país o en el exterior, de personas físicas, que se destine a compra en el país de viviendas nuevas, finalización de obras en curso, financiamiento de obras de infraestructura, inversiones inmobiliarias, agro-ganaderas o industriales en el país. 

Por otra parte, el proyecto establece que se exime del Impuesto sobre Créditos y Débitos Bancarios las transferencias con motivo de la exteriorización.