Si bien la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene la reglamentación del plan anticrisis bajo siete llaves, iProfesional.com tuvo acceso exclusivo al texto –que luego de ser aprobado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner- fijará las pautas a seguir para blanquear capitales y regularizar deudas fiscales.

Puntualmente, el borrador que ya fue enviado a las agencias del fisco nacional establece los plazos, la forma y las condiciones particulares que deberán respetar las personas y las empresas a fin de limpiar sus “antecedentes” fiscales.

El primer punto que establece de manera inequívoca el anteproyecto refiere al plazo máximo que tendrán los contribuyentes para acceder a la amplia moratoria, regularizar personal a cargo o “blanquear” capitales. Ese período va desde el 1º de marzo hasta el 31 de agosto de próximo inclusive. Para acceder al texto completo del borrador, haga click aquí.

Blanqueo
La reglamentación pone fin a una fuerte polémica respecto
a si el Gobierno nacional respetará las políticas internacionales de prevención de lavado del dinero. En el artículo 63 y 64 del anteproyecto se establece que “las entidades financieras –entre otros sujetos obligados- deberán cumplir con las normas de prevención de lavado de dinero emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF)”.

Por otra parte, el texto deja en claro que “la UIF podrá consultar, en el marco de una operación inusual que haya sido comunicada, si quienes participan han exteriorizado los activos en los términos correspondientes”.

Otro tema conflictivo refiere al perdón de las causas penales abiertas para aquellos contribuyentes que decidan “blanquear” su situación impositiva. La futura reglamentación echa luz sobre el tema al determinar que “en aquellos casos en que los responsables regularicen sus obligaciones a través de alguno los regímenes, la AFIP estará eximida de formular la denuncia penal correspondiente”.

Una limitación que establece el borrador apunta al dinero que se encuentra en paraísos fiscales. Al respecto, en su artículo 43 no deja lugar a dudas al establecer que “será condición necesaria que las entidades extranjeras en donde se depositaron los fondos a repatriar se encuentren radicadas en países que cumplimenten las normas de prevención de lavado de dinero”. Esto deja afuera a los fondos que descansan en paraísos fiscales.

Cuando se trate de “blanquear” bienes la futura reglamentación establece que las empresas o particulares deberán presentar “una declaración con el detalle de los que se exteriorizan, el lugar donde se encuentran situados -en el país o en el exterior- y su correspondiente valuación”.

“La valuación deberá remitir al 31 de diciembre de 2007 y se calculará en base a las normas del Impuesto sobre los Bienes Personales o Ganancia Mínima Presunta, según corresponda”.

Pago único
El régimen establece como única condición para quienes decidan “blanquear” capitales el ingreso de un impuesto especial cuya alícuota será del: 

  • 8% para bienes radicados en el exterior y tenencia extranjera y divisas en el exterior, que no se transfiera al país. 

  • 6% para bienes radicados en el país y tenencia de moneda local o extranjera a la que no se le de destino especial. 

  • 3% para moneda nacional o extranjera o divisas, en el país o en el exterior, que se destine a la suscripción de títulos públicos (si se transfiere antes de los 24 meses, se le adicionará un 5 por ciento). 

  • 1% para moneda nacional o extranjera o divisas, en el país o en el exterior, de personas físicas, que se destine a compra en el país de viviendas nuevas, finalización de obras en curso, financiamiento de obras de infraestructura, inversiones inmobiliarias, agro-ganaderas o industriales en el país. 

Como norma general, el anteproyecto establece que “el impuesto especial del 3%, será de aplicación siempre que los fondos se destinen a la suscripción primaria de títulos públicos nacionales, en las condiciones que al respecto establezca la Comisión Nacional de Valores (CNV)”.

De igual manera, el impuesto especial del 1% será procedente cuando los fondos se destinen a los instrumentos jurídicos que se detallan a continuación, con los recaudos previstos para cada caso: 

  • Acciones y/u obligaciones negociables, a emitirse por sociedades constituidas en el país siempre y cuando los fondos resultantes de la colocación se destinen, exclusivamente, a la construcción de nuevos inmuebles, finalización de obras en curso, financiación de obras de infraestructura, inversiones inmobiliarias, agroganaderas, industriales, turismo o de servicios. 

  • Valores representativos de deuda y/o certificados de participación emitidos en el marco de fideicomisos financieros constituidos con el objeto exclusivo de obtener fondos para financiar las obras e inversiones señaladas en el inciso anterior. 

  • Cuotapartes de fondos comunes de inversión cuya política se circunscriba exclusivamente a la suscripción de acciones, obligaciones negociables y/o valores fiduciarios emitidos en las condiciones previstas en los incisos anteriores. 

Por otra parte, el borrador establece que “el destino de los fondos que se regularicen deberá perfeccionarse dentro del año posterior a la exteriorización de los fondos e informarse dentro de los 10 días posteriores a la realización de la respectiva inversión”.

A su vez, dice que el “plazo de 2 años de permanencia de la inversión, en cabeza de quien blanquea los fondos, se contará a partir de la fecha de realización de la misma”.

También, el contribuyente “deberá informar junto a la declaración jurada de Ganancias o de Bienes Personales anual, la permanencia de la inversión al 31 de diciembre de cada año”.

Un dato no menor refiere al certificado de exteriorización de moneda extranjera y divisas. El mismo deberá contener: 

  • Nombre de la entidad del país receptora de los fondos, su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y el tipo y número de cuenta donde se depositan los fondos. 

  • País de origen y moneda de la transferencia y número de cuenta de donde se realizó el envío. 

Amplia moratoria
Tal como establece la ley que implantó el plan anticrisis, la amplia moratoria permite regularizar las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta al 31 de diciembre de 2007.

La reglamentación aclara que las empresas y particulares que se adhieran “deberán presentar las declaraciones juradas o liquidaciones determinativas de los impuestos o recursos de la seguridad social que se regularizan, cuando las mismas no hubieran sido presentadas con anterioridad, o deban rectificarse”. 

“Las declaraciones juradas originales o rectificativas deberán estar presentadas a la fecha de adhesión al presente régimen”, agrega el borrador.

Por otra parte, la reglamentación habilita a la inclusión de las deudas regularizadas mediante los planes anteriores. Esto significa un beneficio para los contribuyentes, ya que la actual moratoria prevé condiciones más beneficiosas.

A fin de precisar el procedimiento, la reglamentación establece que para efectuar la adhesión al presente régimen se deberá: 

  • Consolidar la deuda a la fecha de adhesión mediante el sistema “Mis Facilidades”, opción “Ley N° 26.476 - TITULO I” 

  • Remitir a la AFIP mediante transferencia electrónica de datos vía Internet: 

  • El detalle de los conceptos e importes de cada una de las obligaciones que se regularizan y, en su caso, el plan de facilidades solicitado. 

  • La Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas 

  • Apellido y nombres de la persona debidamente autorizada (contribuyente directo, presidente, entre otros) para recibir comunicaciones vinculadas con el régimen. 

  • Generar mediante el sistema informático el formulario de declaración jurada respectiva. 

  • Imprimir el acuse de recibo de la presentación realizada. 

  • Si sobre las deudas a regularizar se trabó un embargo, la AFIP “dispondrá el levantamiento de la respectiva medida cautelar una vez que resulte aceptada la correspondiente adhesión al régimen”.

    Se aclara que el “levantamiento de embargos bancarios alcanzará únicamente a las deudas incluidas en la regularización”.

    Los planes de pago caducarán cuando se produzcan las causales que, para cada caso, se indican a continuación: 

    • Planes de hasta 12 cuotas: 

    • Falta de cancelación de 2 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas. 

    • Falta de ingreso de la cuota no cancelada, a los 60 días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. 

  • Planes de 13 cuotas hasta 24 cuotas

    • Falta de cancelación de 3 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas. 

    • Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los 60 días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. 

  • Planes de 25 cuotas hasta 48 cuotas

    • Falta de cancelación de 4 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la cuarta de ellas. 

    • Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los 60 días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. 

  • Planes de 49 hasta 72 cuotas

    • Falta de cancelación de 5 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la quinta de ellas. 

    • Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los 60 días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. 

  • Planes de 73 cuotas hasta 120 cuotas

    • Falta de cancelación de 6 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la sexta de ellas. 

    • Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los 60 días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. 

    “Dentro de los 30 días corridos desde la fecha de notificación de la caducidad, el contribuyente podrá rehabilitar el plan por única vez”, agrega el borrador.

    Oportunamente, Mario Volman, socio de Kaplan, Volman & Asociados, señaló que “en definitiva nos encontramos con un verdadero puente de plata que posibilita a los contribuyentes regularizar deudas con el fisco con importantes condonaciones en materia de accesorios, multas, sanciones de la Ley Penal Tributaria y que permite su pago en hasta diez años con una baja tasa de interés de financiación”.

    Volman destacó que es muy oportuno este régimen de regularización frente a una enorme cantidad de litigios debidos a: 

    • La falta del ajuste por inflación impositivo, 

    • Deudas reclamadas por cuestiones interpretativas. 

    “El régimen que se propone posibilitará cancelar con cierta comodidad muchas contingencias o deudas litigiosas de los contribuyentes, alivianando también la tarea de los tribunales especializados en materia tributaria”, concluyó Volman.

    Regularización de trabajadores
    Con respecto al último pilar del plan anticrisis, el borrador establece que a fin de regularizar las relaciones laborales los empleadores deberán: 

    • Dar el alta a los trabajadores en el sistema “Mi Simplificación”, así como rectificar la fecha de inicio y/o la remuneración de los trabajadores, de corresponder. 

    • Presentar las declaraciones juradas originales o rectificativas de cargas sociales correspondientes a los períodos fiscales que se regularicen. 

    En referencia a los beneficios, el anteproyecto establece que ”la regularización de hasta 10 trabajadores, inclusive, producirá la extinción de la deuda -capital e intereses- devengada hasta el período noviembre de 2008 originada en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino distintos subsistemas de la seguridad social”.

    Si el empleador regulariza más de 10 trabajadores, la AFIP establecerá un plan de facilidades de pago a efectos de facilitar la cancelación de la deuda.

    En referencia al alivio que alcanza al mercado laboral, Héctor García, titular de García, Perez Boiani & Asociados, explicó que “sin dudas, se trata de un plan de facilidades de pago de aportes y contribuciones a la Seguridad Social de una amplitud y un alcance general nunca antes visto”.

    “Ello también tiene que ver con la reciente reforma previsional, por cuanto la inexistencia de cuentas individuales de capitalización en las AFJP que plantea el reciente Sistema Integrado Previsional Argentino –SIPA- , permite que los aportes personales de los trabajadores que habían optado por el régimen de capitalización ya no sea un obstáculo para poder implementar este plan”, advirtió García.

    “De hecho, la iniciativa establece que cada trabajador que se registre y regularice, podrá computar hasta 60 meses de servicios con aportes a los efectos de acceder a la Prestación Básica Universal, es decir, podrá contar con hasta la mitad de los requisitos para acceder al haber correspondiente, de modo tal que el tiempo en el que trabajó en clandestinidad no sea un obstáculo para su futura jubilación”, concluyó el especialista.

    Hernán Gilardo
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