Participación del fallido como tercero voluntario adhesivo
Antu Aplicaciones Industriales Integradas SA c/YPF s/ordinario
Cámara Nacional Comercial, Sala B, Ocbre 2008
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008
Y VISTOS:
I. Apeló la accionada en forma subsidiaria la decisión de la jueza a quo de fojas 1672/1674 mediante la cual se resolvió permitir a la actora fallida participar en el proceso como “tercero voluntario adhesivo simple”. Fundó su recurso a fojas 1703/1711 y su contrario respondió a fojas 1730/1734 y 1742.
Sus agravios discurren por los siguientes carriles: i) la señora Alcover -poderdante de la sociedad- no posee legitimación para representar a la actora, ii) la sociedad actora se encuentra actualmente integrada por una única socia y no representa a la actora fallida, iii) la aludida socia no ha podido explicar en el expediente de quiebra la desaparición de parte de los activos de la sociedad por lo que mal puede ahora colaborar con la Sindicatura, iv) la legitimación para actuar compete al órgano sindical, v) se omitió dar traslado a su parte de la pretensión de Alcover de representar a la fallida, vi) el poder acompañado no resulta suficiente, vii) no existe norma que habilite la intervención una vez que el síndico haya tomado la que por derecho le corresponde.
II.a) Por cuestiones de método, se dirá primeramente, que resulta abstracta la cuestión referida a que en su oportunidad la jueza a quo omitió correr traslado a la accionada de la pretensión de la sociedad actora de intervenir en el proceso, pues dicha falencia -rectius: indefensión de la demandada- ha sido subsanada al sustanciarse el planteo de revocatoria de fojas 1703/1711.
b) Sentado ello, se señala que no existe agravio de actual tratamiento en lo que refiere al planteo de falta de personería señalada por la demandada, pues según surge de la resolución dictada a fojas 1743/1746 -luego consentida por la sociedad emplazada a tenor de su presentación de fs. 1747/1756- resta la valoración por la juez de primera instancia de la suficiencia de dicha documental para subsanar el defecto del que derivó la intimación de fojas 1746.
En tal contexto, y sin perjuicio de eventuales apelaciones que pudieran derivar del tratamiento que pueda recibir la aludida cuestión en primera instancia, no corresponde actualmente su consideración.
c) Resta entonces dirimir lo atinente a la intervención de la sociedad fallida en este proceso.
Claro es que, lo que se diga, sólo ha de cobrar operatividad si la sociedad justifica de modo adecuado su personería, pues aun cuando pudiera permitirse -por lo que se dirá- la pretendida intervención, no cabe soslayar a tales efectos, la necesidad de adecuada representación que impera en la materia (arg. arts. 46 y 47, CPCC y 268, LSC).
Sentado ello, ha de confirmarse lo decidido al respecto por la jueza a quo.
En primer término, porque resulta procedente admitir la intervención de la fallida en la causa, cuando -como en el caso- se pretende el cobro de sumas dinerarias en concepto de indemnización por incumplimiento contractual, pues el objeto del reclamo perseguiría la incorporación, en definitiva de bienes al activo falencial.
Ello así, nada obsta para que, ante el consentimiento del funcionario concursal, la fallida actúe en carácter de tercero adhesivo simple o coadyuvante de la Sindicatura, litigante principal, claro está, sin que esa actuación pueda retrogradar el trámite del expediente, pues aquélla no puede retener para sí la condición de parte actora en este proceso que ha perdido como consecuencia del decreto falencial (cfr. art. 110, L. 24522). De ahí que su posición en el proceso no sea autónoma sino “subordinada”, “accesoria” o “dependiente” respecto de la que corresponda a la sindicatura, con quien colaborará, no pudiendo alegar lo que estuviese prohibido a ésta (arg. art. 91, apart. 1, CPCC), aclarándose en consecuencia que le está vedado a la fallida realizar cualquier acto que implique una disposición del objeto procesal, utilizar una defensa o una prueba a la cual la parte coadyuvada hubiere renunciado o en la que hubiese sido declarada negligente (CNCom. - Sala A - 13/11/2007 - “in re” “Safeway SA c/BankBoston National Association s/ordinario s/incidente art. 250”).
En segundo lugar, la aludida intervención ha sido permitida en casos en que el fallido deba defender un interés subjetivo o bien -en general- cuando su actuación no enerve la efectividad de la liquidación concursal (CNCom. - esta Sala - 6/4/1978 - “in re” “Establecimientos Textiles Núñez s/quiebra”; ídem - esta Sala - 15/10/2001 - “in re” “Negro, Celia s/quiebra s/incidente de revisión promovido por la fallida al crédito de Asltschuller de Strauch, Ana”).
No se soslaya que han sido alegadas cuestiones referidas a la conformación actual de la sociedad -sería de una única socia- y al accionar de la socia Alcover frente a los bienes de la quiebra.
Sin embargo, ambas cuestiones deben ser encauzadas y ventiladas por las vías procesales pertinentes, que claramente no son las de este proceso (cfr. arg. arts. 59 y 94, LSC).
Por lo demás, la Sindicatura no ha puesto reparos a la pretendida intervención, aun cuando conoce las constancias del expediente de quiebra, por lo cual, no se advierten razones para impedir la cuestionada intervención -sin que exista decisión judicial referida a tales cuestiones-; claro que con todas las limitaciones antes señaladas.
III. Por lo expuesto, se desestima el recurso de fojas 1703/1711 confirmándose la resolución apelada con los alcances que fluyen de la presente. Devuélvase encomendándose al a quo las notificaciones. El señor juez Miguel F. Bargalló actúa de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones (CM) 261/2006 y 261/2007 y los Acuerdos del 15/6/2006 y 1/6/2007 de esta Cámara.
Ana I. Piaggi - María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero - Miguel F. Bargalló
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