VIEYTES SACIFI C/AED SA Y OTRO S/REVOCATORIA CONCURSAL”. CNCOM, SALA D, 01/09/2008

Tema: acción revocatoria ordinaria. Plazo de prescripción en la quiebra.

Fuente: errepar.com.

Buenos Aires, 1 de setiembre de 2008

 

1. El Instituto Provincial de la Vivienda de Tierra del Fuego en su carácter de codemandada apeló la resolución de fojas 328/333 que rechazó la caducidad de la acción planteada en los términos del artículo 124 de la ley de concursos y quiebras.

Los fundamentos del recurso obran en fojas 417/423 y fueron respondidos a fojas 439/454.

Sostuvo la recurrente que por aplicación del plazo previsto por el artículo 124, ley concursal la presente acción se encuentra caduca, resultando inaplicable en el supuesto de autos la previsión contenida por el artículo 4033 del Código Civil.

 

2. Ante todo cabe señalar que en su momento, fue motivo de controversia si el plazo de tres años establecido por el artículo 128 de la ley 19551 se aplicaba o no a la “actio” pauliana ejercida en la quiebra. Para un sector de la doctrina el citado precepto se refería con exclusividad a la acción revocatoria concursal, por lo que la revocatoria ordinaria estaba sometida al plazo de prescripción anual del artículo 4033 del Código Civil [Cámara, H.: “El concurso preventivo y la quiebra” - T. III - pág. 2223; Quintana Ferreyra, F.: “Concursos” - T. 2 - pág. 421; Miguel, J.: “Retroacción en la quiebra” - pág. 156 - Nº 172; SC Buenos Aires - 31/8/1993 - “Cobellini, Luis (quiebra) c/Corbellini Luis E. y otros” - JA - 1994 - T. I - pág. 629; CNCom. - Sala A - 21/8/1990 - “Vicco, Miguel s/quiebra c/Feijoo Rodríguez, Hipólito F. s/ordinario”].

Otros autores y fallos, en cambio, interpretaron que la prescripción establecida por el Código Civil no podía hacerse valer frente a los acreedores concursales, respecto de los cuales el plazo para interponer la acción de revocatoria o pauliana era el fijado por el artículo 128 de la ley 19551 (Garaguso, H.: “Ineficacia concursal” - págs. 136 y 137; Dasso, A.: “Acción revocatoria en la quiebra: el plazo y su naturaleza” - LL - 1993 - T. A - pág. 1028; Grillo, H.: “Prescripción de la revocatoria pauliana en la quiebra” - ED - T. 159 - pág. 591; CNCom. - Sala B - 11/2/1991 - “Mirina SA s/quiebra c/Allende, Antonio s/ord. revocatoria concursal”; esta Sala - 25/10/1995 - “Corna, Jorge s/quiebra c/Corna, Jorge y Corna, Luis s/ordinario”). Partía esta orientación de la premisa de considerar que la legislación concursal sustituía, por su especialidad, al plazo de prescripción anual previsto por el Código Civil para la extinción de la acción por fraude pauliano. De tal suerte, el plazo de prescripción contemplado por el artículo 4033 del Código Civil jugaba en la etapa prefalencial, pero una vez firme la declaración de quiebra comenzaba a correr el plazo de tres años del artículo 128 de la ley 19551, a modo de un nuevo y distinto plazo de prescripción, si se consideraba que tal era su naturaleza.

Esta última tesis admitía, en una variante posible, que lo dispuesto por el artículo 4033 del Código Civil podía regular la hipótesis de acción revocatoria ordinaria iniciada con anterioridad a la sentencia de quiebra y continuada después (CNCom. - Sala E - 8/4/1994 - “Astilleros Puerto Deseado c/Flores, Aurelio s/conc. civil s/inc. de acción revocatoria” - ED - T. 159 - pág. 590).

Ahora bien, la ley 24522, al definir que el plazo de tres años es de caducidad y no de prescripción, restó razón a la orientación que negaba operatividad al artículo 4033 del Código Civil. Ello es así porque, no ocupándose la ley concursal vigente de fijar un plazo de prescripción, ningún desplazamiento de lo previsto por el citado artículo 4033 puede ser válidamente sostenido. Este último precepto permanece incólume y, obviamente, juega en distinto ámbito que la caducidad establecida por la ley concursal. Así, prescripción y caducidad se interrelacionan, lo que, valga aclararlo, no ofrece reparos, porque es sabido que “la prescripción se entiende sin perjuicio de la caducidad”, tal como lo expresa el artículo 848, inciso 2) del Código de Comercio, estableciendo con ello un principio general de aplicación (Heredia, P.: “Tratado exegético de derecho concursal” - Buenos Aires - 2005 - T. 4 - pág. 490/491).

Sentado lo expuesto, cabe señalar que el plazo de prescripción anual del artículo 4033 del Código Civil juega en la etapa prefalencial y se aplica, por lo tanto, a la acción pauliana promovida antes de la sentencia de quiebra y continuada con posterioridad por el síndico o por un acreedor en las condiciones previstas por el artículo 120, parte 2 de la ley concursal.

En cambio, el plazo de caducidad de tres años del artículo 124, ley concursal, se aplica a la acción pauliana promovida ab initio por el síndico o por un acreedor después de dictada la sentencia de quiebra. Nótese, en tal sentido, que el artículo citado exclusivamente alude a la “interposición de la acción” en el caso previsto por el artículo 120 y no a la continuación de la acción también mentado por esta norma (Heredia, P.: “Tratado exegético de derecho concursal” - Buenos Aires - 2005 - T. 4 - pág. 492).

Conforme estos principios, cabe analizar lo ocurrido en el “sub lite”.

 

3. En las presentes actuaciones fue promovida una acción revocatoria ordinaria o pauliana con el objeto de obtener la declaración de ineficacia e inoponibilidad a los acreedores de la venta efectuada por la fallida el 28/8/1995, de varios inmuebles de su propiedad a la firma AED SA y de la posterior donación de algunos de ellos o de todos ellos, el 19/1/1996, por parte de AED SA al Instituto Provincial de la Vivienda de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (ver fs. 1).

Por otra parte, de los antecedentes de autos surge que: a) el decreto de quiebra de Vieytes SA se produjo el 24/10/1995, b) la Sindicatura tomó conocimiento del acto que se dice fraudulento el 2/8/1999 y c) la presente demanda fue iniciada el 1/8/2000 (ver cargo fs. 11 vta.).

Síguese de ello entonces, que aun cuando el accionante haya tenido “noticia del hecho” con posterioridad al término de 3 (tres) años fijados por el artículo 124, ley concursal, la acción promovida de todas formas caducó.

Un erecto, como se dijo, el plazo previsto por el artículo 124, ley concursal, por ser de caducidad y no de prescripción, no admite ser interrumpido, ni suspendido. Es decir se trata de un plazo perentorio y, como lo señala el artículo 845 del Código de Comercio, fatal e improrrogable. No forma óbice a ello la fecha en que la Sindicatura tomó conocimiento del acto fraudulento, pues el punto de arranque de la caducidad no puede subordinarse a la adquisición de ese conocimiento, toda vez que en esta materia lo objetivo prevalece sobre lo subjetivo, y no pueden jugar consideraciones referentes a la no negligencia de aquel que se enfrenta con la caducidad [conf. Spota, A.: “Tratado de derecho civil. Parte general - T. I - Vol. 3-8 (prescripción y caducidad) - Buenos Aires - 1959 - pág. 675 - Nº 2275].

En rigor, como ocurre con cualquier plazo de caducidad, lo que juzga a su respecto para evitarla son exclusivamente los actos impeditivos de ella, que en el caso de la acción revocatoria ordinaria y pauliana ejercida en la quiebra son: a) respecto de la acción promovida por el síndico, la presentación de la demanda respectiva, y b) respecto de la acción ejercida por un acreedor, la intimación cumplida según lo previsto por el artículo 120, parte 2, ley concursal ya que ella equivale a la interposición de la acción mencionada por el artículo 124, ley concursal pues denota una inequívoca voluntad de conservación del derecho (Heredia, P.: “Tratado exegético de derecho concursal” - Buenos Aires - 2005 - T. 4 - pág. 487 - pto. IV).

En concreto, desde la fecha del decreto de quiebra (24/10/2005) hasta la fecha en que fue promovida la presente demanda (1/8/2000), transcurrió holgadamente el plazo de caducidad previsto por el artículo 124, ley concursal y en consecuencia corresponderá hacer lugar al recurso interpuesto.

 

4. Por todo ello, y oída la señora fiscal de Cámara, se

 

RESUELVE:

 

a) Revocar el pronunciamiento de fojas 328/333 y declarar la caducidad de la acción promovida por el órgano sindical a fojas 1/11.

 

b) Las costas se distribuyen por su orden dada la forma en que se resuelve la cuestión.

 

Devuélvase sin más trámite, confiándose a la magistrada de primera instancia proveer las diligencias ulteriores [art. 36, inc. 1), CProc.] y las notificaciones pertinentes.

 

Fdo. Gerardo G. Vassallo - Juan J. Dieuzeide - Pablo D. Heredia