“BAITER SA S/ QUIEBRA” - Juzgado Nac Comercial N° 7 Sec N° 13 – 14/11/2007

Tema: conclusión de la quiebra por avenimiento. Acuerdo sobre honorarios.

Fuente: www.cncom.gov.ar

 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.-

 

Y VISTOS:

 

Los presentes obrados, caratulados: “Baiter SA s/quiebra” (expte. n° 051.179).

 

Y CONSIDERANDO:

 

I.- Peticionó la fallida la conclusión de este proceso de quiebra por avenimiento (fs. 8350/8254 y 8423/8424).

De las constancias de autos surge que fue reiteradamente solicitada la conclusión por esta vía, a instancias de la falente (años 1997, 2001 y 2006).

La sindicatura contestó el traslado mediante escrito que obra agregado a fs. 8406/8411.

 

II.- El ordenamiento falimentario permite que el deudor solicite la conclusión de su quiebra, cuando consientan en ello todos los acreedores verificados, expresándolo mediante escrito cuyas firmas deben ser autenticadas por notario o ratificadas ante el secretario (art. 225, párr. 1°, ley 24.522).

La fallida en el sub lite ha reunido una mayoría sustancial de acreedores que prestaron su conformidad al avenimiento (v. p.ej., fs. 6218/6373, 6574/87, 6673/6688, 6415/25, 6467/6468, 6596/6590, 6591/6602, 6914/6922,y fs. 7257/7282, entre otros documentos anejados), cumpliendo además satisfactoriamente -a criterio del suscripto- lo dispuesto en relación a los acreedores no hallados, para los cuales se encuentran depositadas las sumas pertinentes para garantizar su pago, con lo cual, se encuentran superados los óbices formales señalados en las resoluciones de fs. 7975/7979 y 7988/7990.

En este sentido, la deudora acreditó nuevas conformidades (v.gr., fs. 8216/8217, 8218/8219) y haber cumplido con las notificaciones ordenadas en autos (ver listado de fs. 8419).

Por otro lado, se ha vuelto a acompañar la conformidad de la AFIP, a tenor de las constancias obrantes a fs. 8359/8363, 8367/8369, y fs. 8391.

Corolario de lo cual, se aprecian satisfechos los recaudos de procedencia de la conclusión solicitada en relación a la totalidad del pasivo concurrente y preconcursal, sean créditos verificados tempestiva como intempestivamente.

 

III.- Sentado ello, corresponderá entonces declarar la conclusión de la quiebra, para lo cual la ley exige que el juez, al decretarla, determine “la garantía que debe otorgar el deudor para asegurar los gastos y costas del juicio, fijando el plazo pertinente”, añadiendo que, “vencido éste, siguen sin más los trámites del concurso” (art. 226, párr. 2°, ley 24.522).

Ciertamente, la mayor de las dificultades que se presentan en el sub examine reside en determinar el “quantum” de esa garantía que debe otorgar el deudor para asegurar los mentados gastos y costas.

 

IV.

1.- Obra depositada en autos la cantidad de $ 8.852.127,41, la cual fue colectada en los primeros años de la quiebra (decretada el 31/5/1994 -fs. 4981-, concurso preventivo mediante, abierto con fecha 18/9/1992). No ha sido producto de enajenación de bienes sino de ingresos de sumas de dinero.

Ese activo, proviene de la reconversión de los fondos ponderando la moneda de origen (ver fallo de la Corte Suprema en el incidente de inconstitucionalidad n° 73.119/02), lo que podríá verse enriquecido por eventuales intereses aun no determinados.

 

2.- Existirían créditos en cabeza de Baiter SA contra el Estado Nacional por presuntos incumplimientos contractuales y sus daños y perjuicios. No hay una determinación concreta ni menos precisa del valor al que ascenderían tales eventuales acreencias en cabeza de la fallida.

Paralelamente, Baiter SA tendría deudas con el Estado Nacional, en algún caso sometida a revisión, no estando a la fecha definitivamente resueltas muchas cuestiones reclamadas en los juicios habidos entre ambos.

De los procesos venidos “ad effectum videndi et probandi” (que se tienen a la vista), se destacan:

 

a) Causa n° 073.652, “Baiter SA c/Estado Nacional -M° O.S.P- s/contrato de Obra Pública”, en trámite por ante el Juzgado 6 en lo Contencioso Administrativo Federal, de 17 cuerpos, iniciada en 1983: Allí se dictó una extensísima sentencia en primera instancia (fs. 2687/2751, cuerpo 14, fecha 26/7/1993), donde se hizo parcialmente lugar a la demanda (por una mínima parte). El procedimiento ha sufrido suspensiones desde ese entonces y no ha sido dictada sentencia de Cámara.

No se reclamó una suma concreta y determinada de dinero, pero en el alegato la entonces in bonis presupuestó en decenas de millones de dólares su pretensión procesal (fs. 1867).

En esta causa se han generado regulaciones abultadas, incidiendo los peritos actuantes en los gastos de justicia que -de momento, recordar: no hay sentencia definitiva- estarían a cargo de la hoy fallida.

 

b) Causa n° 57.477, “Baiter SA s/quiebra c/Estado Nacional s/contrato administrativo”, de 36 fojas, iniciado por la sindicatura en 1995, y sin que ésta la haya impulsado; de hecho no se ha corrido aún traslado de la demanda. Reclamó la suma de $ 71.705.225,85.

 

3.- No obstante, a los fines de esta quiebra, cabe apuntar que el Estado Nacional otorgó su conformidad con el avenimiento a fs. 6415/6428, aunque condicionada al ofrecimiento que la fallida le efectuara como garantía de su deuda, de sus propios créditos (fs. 6427), como recuerda la sindicatura a fs. 8410 vta.

Ese avenimiento, igualmente, no fue sometido a plazo alguno (como ocurrió contrariamente con la AFIP, lo que otrora hiciera “caer” el avenimiento), por lo que debe entenderse vigente, por cuanto si bien se produjo hace varios años (2/3/1998) en audiencias donde apoderados del Estado estuvieron en este año ante el suscripto, no han expresado objeción alguna (fs. 8184 y 8197).

 

4.- Atento la indeterminación apuntada generada por el juicio n° 073.652 que no tiene sentencia firme, existieron serias discrepancias entre la sindicatura y la fallida en el intento de avenimiento anterior, en el sentido de cuál es el activo a determinar para que sirva de base a la fijación de honorarios y de la tasa judicial.

Por su parte, la sindicatura consideró que el activo a ponderar ascendía, en 2006, a la suma de $ 355.549.017,33 (v. fs. 7962 vta.), indicando que computaba el monto de $ 346.183.114, producto de aplicar intereses a tasa pasiva a una acreencia contra el Estado Nacional calculada en un informe de auditoría efectuado en 1994, por la suma de $ 128.215.969 (fs. 7965).

De su lado, la fallida entendió que como máximo se debía computar la cantidad de $ 149.765.824,88, al 24/10/2006, indicando que esa suma era producto de la adición de intereses a la cantidad de $ 66.000.000 que la Excma. Cámara computó como activo prudencialmente estimado al regular honorarios por la labores del concurso preventivo (fs. 5934/5942, fs. 8115 vta.).

 

V.- En el contexto descripto, es evidente que el cómputo de ese aún incierto crédito en la base surge la extraordinaria diferencia de temperamentos.

En este sentido, la fallida ofreció, y la sindicatura y su dirección letrada aceptaron, que se acuerden privadamente los guarismos de sus honorarios y su garantía (v. fs. 8242/8248, 8349/8354, 8406/8411).

Ese extremo, de momento me exime de ingresar en el análisis sobre si se incluyen, o cuánto influyen, los presuntos créditos de la fallida contra el Estado Nacional, puesto que de arribarse al acuerdo que se propicia entre los principales beneficiarios de las regulaciones y la deudora en la quiebra de marras (funcionarios y demás profesionales actuantes por la sindicatura y por la fallida), resolver sobre el particular devendría abstracto.

 

VI.- Sentado lo expuesto, considero aceptable que sean la sindicatura y sus letrados, de una parte, y la fallida con los suyos, de la otra, quienes determinen tanto el quantum como la garantía y forma de pago de los honorarios que les corresponden.

Admito tal temperamento en ejercicio de las facultades previstas por el art. 274 de la ley 24.522, y por apreciar que ello no contradice norma concursal alguna (incluso hay varios preceptos en el ordenamiento vigente que contemplan esta alternativa, bien que para otros supuestos específicos (v.gr., art. 182, LCQ), y por no resultar aplicable en el contexto del caso el art. 51 de la ley 21.839, t.o. por ley 24.432 que en cualquier caso queda desplazado por el presente decisorio.

En cuanto a la condición propuesta, esto es, que se adjunte al expediente el acuerdo pertinente, fijaré en tres meses el plazo para presentar la conformidad de la sindicatura y sus letrados, y de los letrados de la fallida.

Cumplido el cual, y de no mediar prórrogas, se reanudarán los efectos y -por ende- los trámites de la quiebra (art. 226, in fine).

 

VII.- Por lo demás, los fondos que se encuentran depositados en autos, que se aproximan a los nueve millones de pesos, resultan ser garantía para los demás gastos del concurso, máxime si se tiene en cuenta, como se dijera, que en esos gastos no están incluidos los honorarios de la sindicatura, sus letrados y de los abogados de la deudora.

 

VIII.- Finalmente, no se ignoran las presentaciones del ex letrado de la fallida, doctor Julio Zicavo, en su carácter de acreedor del concurso (v. fs. 8376 y 8390).

Al respecto, atento lo que surge del expediente, en cuanto a que el referido profesional aparece como deudor del concurso (por la suma de $ 168.691,14), habiéndose homologado un acuerdo entre él y la sindicatura (fs. 5987, 3/3/1997), se le requerirá que peticione conforme a tal circunstancia, que clasifique detalladamente sus trabajos y que practique las cuentas que crea pertinentes para determinar finalmente su retribución (art. 51, RJN).

 

Por todo lo expuesto, RESUELVO:

 

1°) Declarar la conclusión de la quiebra de Baiter SA, por avenimiento.

2°) Autorizar a que la fallida y sindicatura acompañen, en el plazo de tres meses, un acuerdo sobre los honorarios, bajo apercibimiento de reanudar los efectos y trámites de esta quiebra.

3°) Hágase saber a todos los acreedores e interesados.

4°) Notifíquese personalmente o por Secretaría a la sindicatura, a la fallida y al doctor Julio Zicavo.

 

Fdo FERNANDO GABRIEL D’ALESSANDRO – JUEZ