CABRERA, MARÍA ESTER S/QUIEBRA S/INC. DE APEL. ART. 250 PROM. POR: SERGIO TREPAT AUTOMÓVILES S.A.”. CNCOM, SALA E, 06/05/2008

 

Tema: conclusión de la quiebra por avenimiento. Cosa juzgada. Insuficiencia de fondos para honorarios.

Fuente: laleyonline.

Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

Excma. Cámara:

1. La jueza de primera instancia reanudó los trámites tendientes a la realización de la subasta decretada en autos e intimó al acreedor peticionante de la quiebra para que deposite el dinero recibido en cancelación de su crédito (fs. 100).

2. Apeló el peticionante de la quiebra. Expresó agravios a fs. 108/10.

Manifestó que no correspondió intimarlo a depositar las sumas percibidas en pago de su crédito con causa en la reanudación del trámite de la quiebra porque tal reanudación es violatoria de los arts. 226 y 227 de la LCQ y del principio de preclusión procesal.

Señaló que la conclusión del procedimiento falencial estaba firme cuando siete meses después el síndico pidió que se reanude el trámite liquidatorio ante la falta de pago de sus honorarios.

Sostuvo que cuando una quiebra concluye por avenimiento, el incumplimiento del deudor de las condiciones pactadas con el acreedor no habilita a éste a solicitar la reapertura del proceso.

La sindicatura contestó el memorial a fs. 115/20.

3. En mi opinión, el recurso de apelación interpuesto debe progresar.

(i) En el caso, la quiebra concluyó por avenimiento, ordenó el desglose del título de propiedad para entregarlo a la fallida y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares trabadas (fs. 519/20 de los autos principales). Esa decisión fue adoptada por la jueza previo depósito, por parte de la fallida, de la suma fijada en concepto de gastos y costas del juicio (fs. 486/87 y 517/8 de los autos principales).

Con posterioridad a ello, la Cámara elevó la cuantía de los honorarios de los profesionales intervinientes, como consecuencia de lo cual se evidenció la insuficiencia de los fondos depositados por la fallida para atender a esos emolumentos.

El síndico pidió entonces -y la jueza ordenó- la reanudación del proceso liquidatorio.

(ii) Resulta necesario poner de resalto, en primer lugar, que la resolución de fs. 519/20, mediante la cual se decretó la conclusión por avenimiento, devino en autoridad cosa juzgada, de cuyo valor no cabe prescindir, pues la estabilidad de las sentencias, en la medida que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia de orden público y tiene jerarquía constitucional (Cfr. C.S.J.N. “Industrias Siderúrgicas Grassi S.A.” Fallos, T. 308:117).

No cupo pues reabrir el procedimiento falencial, en tanto esa decisión afecta la estabilidad de la cosa juzgada recaída en autos.

Por ello, en mi opinión, V.E. debe revocar la resolución mediante la cual la jueza dispuso la reapertura del proceso e intimó al acreedor para que deposite los fondos percibidos.

(iii) El síndico argumentó, en la contestación del memorial, que quedó consentida por el recurrente la resolución de fs. 580 de los autos principales, mediante la cual la jueza dispuso la reanudación del trámite. Sostuvo que esa decisión no fue apelada y quedó firme y consentida por el apelante.

De acuerdo a las constancias de la causa, esa decisión fue notificada por cédula a la fallida, mas no al acreedor peticionante de la quiebra (fs. 580/1 de los autos principales). Si bien el principio general es la notificación tácita o por nota (art. 273 inc. 5 LCQ), considero que, dadas las circunstancias del caso, el peticionante de la quiebra no quedó notificado de la mentada resolución.

Fassi y Yánez explican que la notificación por ministerio de la ley es un medio de que se vale la ley, al presumir que los interesados toman conocimiento de las resoluciones judiciales determinados días de la semana fijados en el Código (Fassi, Santiago y Yánez César “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” Buenos Aires, Astrea, 1988, tomo 1, p. 678). Este sistema de notificación presupone que haya un sujeto interesado en las contingencias que se presentan en el proceso, porque éstas pueden producir alguna consecuencia en el interés que le cabe en el conflicto.

Ahora bien, en el caso de autos, a la fecha en que se dictó la decisión de fs. 580, el crédito del peticionante de la quiebra ya había sido satisfecho (fs. 482). Concluidas las actuaciones, el peticionante de la quiebra ya no tenía la carga de asistir al tribunal los días de nota para notificarse del estado de la causa.

Como consecuencia de ello, no cabe sino concluir que no asiste razón al síndico cuando afirma que el peticionante consintió la reanudación del trámite de la quiebra, decretado a fs. 580.

(iv). En consecuencia opino que la resolución apelada debe ser revocada.

Ello, sin perjuicio del derecho de los acreedores de percibir, en este proceso, los gastos del concurso que no pudieron ser satisfechos como consecuencia de la insuficiencia de la reserva fijada por la jueza.

Pero para el ejercicio de ese derecho no se podrá reabrir el procedimiento de la quiebra, sino que, en todo caso, podrán ejecutarse los honorarios contra la deudora aplicando al efecto el procedimiento establecido por el art. 499 y siguientes del Código Procesal.

vi. Por todo lo expuesto, opino que V.E. debe hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la resolución apelada, con el alcance indicado. —

Buenos Aires, abril 26 de 2008. — Fdo Alejandra Gils Carbó.

 

Sentencia:

2ª Instancia. — Buenos Aires, mayo 6 de 2008.

 

Y Vistos:

 

Por los fundamentos expuestos por la señora Representante del Ministerio Público ante esta Cámara en su dictamen de fs. 134/135, que esta Sala comparte y a los que se remite por razones de brevedad, cuadra decidir la cuestión según se propone.

En consecuencia, se resuelve: admitir los agravios y revocar la decisión apelada. Costas por su orden atento las particularidades de la cuestión.

Notifíquese a la señora Representante del Ministerio Público en su despacho y, con su resultado, devuélvase, encomendándose a la juez de la primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr.: 36, 1) y las notificaciones pertinentes. —

 

Fdo. Angel O. Sala. — Martín Arecha. — Rodolfo A. Ramírez.