CAMBRIA S.A. S/QUIEBRA”. CNCOM, SALA A, 02/05/2008

 

Tema: depósitos judiciales. Dolarización. Procedencia de los intereses.

Fuente: laleyonline.

2ª Instancia. — Buenos Aires, mayo 2 de 2008.

 

Y Vistos:

 

1.) Apeló el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el decreto de fs. 296 que lo intimó a liquidar los intereses en dólares devengados por los fondos de autos que se encontraban depositados en dicha entidad de haberse mantenido aquéllos en dicha moneda.

Los fundamentos de la apelación obran desarrollados a fs. 305/308, siendo contestados por la sindicatura en fs. 310/311.

 

2.) Se agravió el apelante de la decisión de la Sra. Juez de Grado sosteniendo la improcedencia de condenarla al pago de intereses porque la C.S.J.N en el fallo “EMM S.R.L. c/ Tía SA” definió la situación de los depósitos judiciales y las características de su devolución, limitándose a establecer su restitución en su moneda de origen o mediante pesos equivalentes, sin mencionar la inclusión de intereses. La entidad apelante manifestó que no retuvo indebidamente sumas de dinero, sino que cumplimentó la normativa de emergencia que impuso la “pesificación” de todos los depósitos, por lo que -según dijo- no existiría presupuesto de hecho alguno para autorizar el devengamiento de intereses legales a su cargo, de ningún tipo (moratorio, punitorio, o compensatorio).

 

3.) En primer lugar, es cierto que la C.S.J.N. no se pronunció en el precedente aludido en el apartado anterior respecto de los intereses devengados por los depósitos judiciales efectuados en dólares estadounidenses. Pero ello no debe llevar a interpretar que la télesis de ese fallo haya sido eximir al banco del pago de réditos, por cuanto lo cierto es que la cuestión relativa al pago de intereses no era una cuestión que haya estado sometida a decisión de los órganos judiciales, en aquella ocasión.

 

4.) Sentado ello, procede comenzar por recordar que esta CNCom., esta Sala A in re: “Cocarsa Cía de Carniceros SA s. quiebra s. inc. de distribución de fondos s. inc. de apelación art. 250 CPCC”, del 29.06.06, fijó criterio en el sentido de que los depósitos judiciales no se encontraban alcanzados por la “pesificación” forzada de los depósitos bancarios consagrada por el art. 2° del Decreto 214/02, criterio que fue confirmado por la C.S.J.N en el caso “EMM” antes citado.

Precisamente, en el marco de dicha problemática, este Tribunal tuvo oportunidad de sostener que la colocación de fondos judiciales en bancos oficiales (y las que por aplicación del art. 183, párrafo 4to. de la ley 24.522 pudieran haber recaído en bancos privados de primera línea) no podían ser considerados una operación más del mercado financiero, sino que debía tenerse en cuenta que los jueces no eran propietarios de los fondos que se depositaban a su nombre y que la única razón por la cual esos fondos se colocaban en los bancos de depósitos judiciales era porque no existía otra forma de custodiar y disponer de ese dinero que a través del sistema financiero y porque, además, así lo establecía expresamente la ley 9.667, sobre “Régimen de Fondos Judiciales”. Se sostuvo también allí que para que esas colocaciones pudieran cumplir con sus objetivos era esencial que esos fondos “especiales” permanecieran a disposición del juez y de los requerimientos de las causas judiciales a las que corresponden, finalidad que solo puede ser cumplida si los fondos invertidos preservan su valor. Así lo exige su propia naturaleza de ser una imposición de origen legal y ajena por cierto a toda especulación financiera. Y si bien tales consideraciones se virtieron en el marco de la problemática relativa a si la normativa pesificatoria resultaba aplicable a los depósitos judiciales, también tienen virtualidad para decidir la materia que ahora se trae a estudio de la Sala, cual es la de si los fondos indebidamente “pesificados” por el banco oficial deben o no devengar intereses durante el tiempo que estuvieron inmovilizados.

En efecto, siendo que el depósito judicial escapa al criterio de libre contratación que caracteriza las imposiciones bancarias en general, no se aprecia atendible que el depositario pretenda cumplir su obligación de “devolver” (más bien, “entregar”) una cantidad igual de cosas de la misma especie y calidad que las que fueran al mismo tiempo objeto del depósito, sin contemplar los intereses devengados de haberse mantenido la inversión a plazo fijo en su moneda de origen.

En tal contexto, desde el momento en que se declaró la inaplicabilidad a los depósitos judiciales de las normas que la entidad bancaria invocó para no restituir el capital depositado en divisa extranjera, no parece que pueda resultar discutible que aquélla deba afrontar, además de la devolución del capital, el pago del importe de los intereses devengados hasta el momento en que se efectivice la devolución de ese capital, ya que ello constituye una consecuencia natural del tipo de obligación contraída por el banco. Véase que no resulta razonable pretender atribuir a la mera restitución del “capital” el carácter de un cumplimiento íntegro de la obligación asumida por aquél, cuando la integridad económica del “valor” depositado está necesariamente integrada no sólo por el monto nominal inicial, en su moneda de origen -o valor equivalente-, sino también por el respectivo interés “compensatorio” -de tipo convencional- fijado sobre las sumas de dinero que fueran invertidas, en su oportunidad, a plazo fijo. Por ello, admitir la interrupción de los réditos que, en origen, se devengaban naturalmente implicaría convalidar una suerte de reducción del valor económico intrínseco de lo depositado provocada por la progresiva devaluación del capital debido al transcurso del tiempo, lo cual no puede ser tolerado.

En tal sentido no puede soslayarse que el depósito judicial se coloca a plazo fijo justamente para evitar el envilecimiento de la entidad económica intrínseca del dinero depositado, lo que implica necesariamente la estipulación de un interés compensatorio como forma de contrarrestar la licuación de ese capital. Desde un punto de vista técnico-económico, la pretensión del banco de devolver el capital nominal varios años después de su imposición por orden judicial, sin que exista una compensación razonable, implica en la práctica una quita injustificada sobre el valor de lo que originalmente se invirtió. Puede por tanto afirmarse que ello no condice con la idea de justicia pues se configuraría, en tal contexto, una clara afectación del poder adquisitivo de lo depositado no sólo por el mero transcurso del tiempo sino por el propio efecto de la inflación que ha vuelto a registrarse en nuestro país, desnaturalizándose entonces la finalidad particular del depósito judicial confiado a la entidad bancaria recurrente (cfr. arg. Azize, Carlos Alberto, “La espera como quita en el concurso preventivo”, LA LEY, 2000-D, 1269).

 

De otro lado, aun cuando las operaciones a plazo fijo con el Poder Judicial no constituyen, se reitera, una operación financiera propiamente dicha, ello no significa que los fondos implicados no ingresen al circuito financiero ya que el banco utiliza esos fondos para incrementar su capacidad prestable, beneficiándose con su disponibilidad en el mercado financiero, obteniendo el rédito correspondiente. Síguese de ello que en un contexto como el descripto, es de toda razonabilidad que el banco “compense” al Poder Judicial por la utilización de ese dinero pagando los intereses correspondientes. De lo contrario se estaría cohonestando una suerte de enriquecimiento sin causa en perjuicio de este último y en beneficio de aquél.

Bajo tales pautas no se aprecia que la imposición de réditos convencionales ocasione perjuicio alguno al banco, en tanto que, como lo ha dicho la CSJN en el fallo supra indicado, “…No es razonable que quien ha disputado un bien en un pleito, se vea perjudicado por una decisión en la que no participó, por riesgos que no negoció, compartiendo un pérdida con un banco que no eligió. En cambio, es racional que una entidad bancaria, que acepta celebrar con el Poder Judicial un vínculo para la custodia de bienes sometidos a litigio, conociendo de antemano los riesgos que asume, deba soportarlos… El banco, que debe comportarse como un profesional racional y razonable, debe considerar que tiene un vínculo de larga duración, y que si bien puede haber períodos de pérdida, éstos se compensan largamente con otros grandes beneficios” (considerando 11, voto de la mayoría).

 

5.) Apúntase que, al presente, en la misma dirección se han inclinado hasta el presente otras Salas de este Tribunal, (cfr. esta CNCom., Sala C in re: “José J. L. Lombardi e Hijos S.A. s. quiebra” del 16.11.07, id, Sala E in re “Producuer SA s. quiebra s. inc. de apelación art. 250″, del 07.11.07, etc.).

Por último y, a todo evento, cabe señalar que igualmente este Tribunal ha admitido la procedencia del curso de los réditos cuando se trata de depósitos bancarios comunes -de origen no judicial- (esta Sala A, in re: “Berón Carlos Alberto c. Banco de Galicia y Bs. As., s. ordinario” del 04.04.07), criterio que no viene sino a confirmar lo procedencia de ese temperamento.

De todos estos antecedentes, se impone la desestimación de la pretensión recursiva.

 

6.) Por todo ello, esta Sala RESUELVE:

a) Rechazar el recurso de apelación incoado y confirmar la resolución apelada en lo que fue materia de agravio.

b) Imponer las costas de Alzada en el orden causado en razón de las particularidades jurídicas de la cuestión resuelta y del derecho con que pudo creerse la recurrente para actuar como lo hizo (CPCC:68, párrafo 2°).

Devuélvase a primera instancia encomendándose a la Sra. Juez a quo disponer las notificaciones pertinentes. La Señora Juez de Cámara Dra. María Elsa Uzal no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

 

Fdo Isabel Míguez. — Alfredo Arturo Kölliker Frers.