LOS CLAVELES SRL S/ QUIEBRA S/INCIDENTE DE REALIZACIÓN DE BIENES (CAMPO LOS CLAVELES - LAPRIDA)”. CNCOM, SALA A, 16/09/2008

Tema: honorarios a favor del depositario judicial designado por el fallido.

Fuente: eldial.com.

Buenos Aires, 16 de Setiembre de 2008.//-

 

Y VISTOS:

 

1.) Apeló Mario Luis Doartero la resolución dictada en fs. 788/789 por la que se desestimó el pedido incoado en fs. 755 dirigido a que se le regularan honorarios por la labor cumplida como “depositario” del establecimiento rural de propiedad de la fallida que fue subastado en el marco de este incidente.-

Los fundamentos fueron expuestos en fs. 799 y respondidos en fs. 813/815.-

 

2.) A efectos de una mejor comprensión de la materia traída a conocimiento de esta Alzada cabe referir que de las constancias obrantes en autos surgen las siguientes circunstancias, a saber:

 

i) Con mira a iniciar los trámites liquidatorios del campo “Los Claveles” de 227,30 hectáreas ubicado en la localidad de Laprida, Provincia de Buenos Aires, la sindicatura informó, con fecha 03.12.02, que dicha propiedad se encontraba desocupada, por lo que había procedido -ad referéndum de lo que en definitiva decidiera el Juez del concurso- a designar al Sr. Mario Luis Doartero, persona de reconocida responsabilidad por pertenecer a una familia tradicional de la zona, con el objeto de que, periódicamente, recorriera el campo, atendiera a los eventuales compradores e informara sobre cualquier novedad. En dicha ocasión, el Juez de Grado no se pronunció sobre el particular, ya que el extremo denunciado sólo fue tenido presente por la Secretaria del Juzgado (fs. 62vta. y 64).-

 

ii) Luego, en el informe presentado con fecha 25.04.03, donde el funcionario del concurso se expidió sobre la forma más adecuada de realización del activo falencial, volvió a referir que el campo “Los Claveles” ubicado en Laprida, se hallaba desocupado y que se había designado depositario judicial al Sr. Mario Luis Doartero (fs. 77/98).-

 

iii) Frente a la presentación de varias ofertas de compra directa y un ofrecimiento de arrendamiento, el síndico hizo saber, con fecha 22.12.04, que consideraba conveniente, para el caso de no () disponerse el llamado a mejorar ofertas en forma inmediata, la realización de un “contrato de pastoreo” por períodos mensuales, ya que más allá del beneficio que implicaría para la quiebra el ingreso de fondos por el cobro cánones, la ocupación del campo por personas autorizadas por el Tribunal permitiría un adecuado control de la ocupación de la propiedad, evitando “filtraciones” de campos vecinos por eventuales roturas de alambrados (fs. 362). Esta petición fue tenida presente por la Secretaria del Juzgado (fs. 363), sin que mediara pronunciamiento de mérito sobre el particular, hasta que fue implícitamente rechazada mediante resolución de fecha 24.05.05, por la que desestimaron las ofertas de compra directa efectuadas por diversos interesados y el pedido de llamado a mejorarlas introducido por la sindicatura, disponiéndose la venta en subasta pública del inmueble en cuestión, la que finalmente fue concretada el 07.11.05 (fs. 451/452 y fs. 468/507).-

 

iv.) A su vez, Mario Luis Doartero informó, con fecha 06.12.05, cuáles fueron las tareas cumplidas como depositario del establecimiento rural (adopción de medidas de seguridad necesarias para evitar intrusiones, concurrencia al campo en forma periódica para realizar tareas de control, etc.), a resultas de lo cual solicitó el reintegro de la suma de $2.200 en concepto de gastos y la regulación de honorarios por la labor desarrollada en beneficio de la quiebra (fs. 700). A dicha presentación, la Actuaría proveyó “hágase saber al presentante que deberá acreditar en autos los gastos que hubiere erogado. Fecho peticiónese y se proveerá” (fs. 701).-

 

v.) En fs. 733/746, el quejoso agregó ciertos comprobantes de gastos y reiteró la petición de regulación de honorarios. Ello motivó el dictado del decreto de fs. 747 que desestimó la petición de fs. 700, con base en que del control de las actuaciones no surgía que las erogaciones cuyo reintegro se pretendía, hubieran sido efectuadas para el mantenimiento de los campos objeto de la subasta ni tampoco para la realización de las tareas encomendadas (fs. 747). Contra dicha resolución se interpuso recurso de reposición con apelación subsidiaria, solicitándose en el mismo escrito que se procediera a la fijación de los emolumentos, dado que las labores cumplidas no podían presumirse gratuitas (fs. 748/749). El a quo rechazó la revocatoria, concedió la apelación y tuvo presente lo demás peticionado “para su oportunidad” (fs. 750).-

 

vi.) Posteriormente, el Sr. Doartero desistió de la apelación subsidiaria oportunamente concedida y volvió a requerir que se le regularan honorarios (fs. 753). Acto seguido, se regularon los honorarios del Dr. G. D. R. -letrado patrocinante del Sr. Doartero-, omitiendo toda referencia a la concreta petición introducida (fs. 754). A raíz de ello, el aquí recurrente reiteró una vez más el pedido de regulación (fs. 755), disponiendo la Secretaria del Juzgado, conferir traslado del pedido a la sindicatura (fs. 756).-

El funcionario sindical se expidió en fs. 758, explicando que a partir de la designación del peticionante como depositario del campo, este último le informó en reiteradas oportunidades sobre diversas circunstancias que afectaron el estado de campo (inundaciones por lluvia, animales de terceros que ingresaban en la propiedad, etc.), indicando también que dichas tareas, sumadas al conocimiento por parte de los vecinos de su función, ayudaron a mantener el inmueble libre de ocupantes y/o explotación de terceras personas sin costo significativo para la quiebra, como hubiera sucedido en caso de contratarse un servicio de vigilancia y/o policía rural (fs. 758). A resultas de este responde, se le hizo saber al funcionario sindical, mediante providencia firmada por la Secretaria, que debía proceder a estimar el honorario correspondiente al depositario judicial (fs. 759).-

En la presentación de fs. 783, la sindicatura estimó que los honorarios debían ser fijados en la suma de $4.380, tomando en cuenta una retribución equivalente a $20 la hora, considerando la duración de la tarea encomendada y ponderando que el depositario habría visitado el campo al menos dos (2) veces al mes, permaneciendo en el lugar aproximadamente durante tres (3) horas por visita (fs. 783). A dicha actuación, la Secretaria proveyó que “previo a decidir sobre su retribución, requiérase a la sindicatura informe el detalle de las funciones que cumplió efectivamente en el campo subastado;; especifique los fines y las oportunidades en que concurrió al predio; y puntualice la fuente que tomó para estimar el número sugerido” (fs. 784).-

La sindicatura evacuó el requerimiento en fs. 786, manifestando que, más allá de la presencia periódica del Sr. Doartero en el campo y las gestiones que aquél efectuó cuando algún vecino intentó ingresar ganado con la rotura de alambrados, el control que esa persona cumplió generó un efecto “psicológico” relativo a que el campo no se encontraba abandonado, lográndose así la venta y entrega del bien libre de ocupantes.-

 

vii.) Finalmente, el Juez de Grado de expidió sobre la cuestión, declarando que, sin perjuicio de la providencia actuarial de fs. 756 (traslado a la sindicatura del pedido de regulación), la materia había quedado precluída con el decreto de fs. 747. Ponderó, asimismo, que no podía soslayarse que la intervención del interesado fue anoticiada al Tribunal “ad referendum” de lo que pudiera decidirse y que en momento alguno el Juzgado admitió la designación o encomendó manda alguna, máxime que la concreción de alguna medida o diligencia en favor del concurso fue acreditada.-

 

viii) El recurrente se quejó de esta decisión alegando que: i) la cuestión que el a quo consideró precluída no se encontraba vinculada a la materia arancelaria, sino al pedido de restitución de gastos; ii) no se ponderó que la masa se sirvió de la labor cumplida en el campo luego subastado, el que en modo alguno podía presumirse gratuita.-

 

3.) Efectuado el relato del marco fáctico del thema decidendum, lo primero que cabe señalar es que asiste razón al quejoso en punto a que la reiteración del pedido de regulación de honorarios no constituye un replanteo de una cuestión precluída, tal como lo indicó el Sr. Juez de Grado en el fallo impugnado.-

En efecto, si bien el pronunciamiento dictado en fs. 747 rechazó “lo solicitado en fs. 700″ -donde se denunciaron los gastos realizados y se pidió regulación-, lo cierto es que allí sólo se analizó la pretensión de restitución de gastos, mas ninguna referencia se formuló con relación a la designación, desempeño o retribución del depositario, que autorice a concluir que esa decisión involucró también la materia atinente al derecho de retribución por las labores encomendadas por la sindicatura (CPCC:161). Por el contrario, dicha decisión parecería avalar la designación del depositario en cuanto indicó que “no surgía que las erogaciones cuyo reintegro se pretendía, hubieran sido efectuadas para … la realización de las tareas encomendadas “.-

 

4.) Dicho esto, ha de puntualizarse que no obra actuación en este expediente por la cual se haya ratificado formalmente la designación del Sr. Doartero como depositario del campo “Los Claveles” sito en la localidad de Laprida, Provincia de Buenos Aires, efectuada por el funcionario de concurso “ad referendum” de lo que en definitiva decidiera el Juez del concurso, pese a que ello fue debidamente informado en el expediente, no sólo en la presentación de fs. 62/63 sino también en la de fs. 77/98.-

Si bien se estima que el síndico debió procurar, en pos de evitar ulteriores incidencias como la ahora suscitada, el dictado de un concreto pronunciamiento sobre la designación aludida, lo cierto es que el Juzgado tampoco la desestimó y, de hecho, debió pronunciarse al respecto y, si no lo hizo, lo cierto es que no pudo ignorarla -o al menos no debió hacerlo- situación que, en los hechos, provocó que el recurrente continuara cumpliendo la labor encomendada por el funcionario sindical durante el transcurso de casi tres (3) años.-

En este marco, ha de ponderarse que las tareas cumplidas por el apelante, de acuerdo a lo informado por la sindicatura en fs. 783, esto es, brindando información sobre el estado del campo, colaborando con el aporte de información requerida por el Tribunal a través del funcionario del concurso e, incluso, acompañando hasta el lugar a los posibles interesados en la compra del bien, pueden, prima facie, ser consideradas como útiles para la conservación de la propiedad aludida, por lo que si bien tal prestación no fue ordenada por el Juez del concurso, no es dable desconocer que habría redundado en beneficio para los intereses de la masa concursal.-

Por otro lado, cabe puntualizar que todo aquél que presta un servicio o realiza un trabajo a favor de otra persona puede reclamar una compensación, aunque ningún precio se hubiera estipulado (CCIV: 1.627), sin que este principio resulte de aplicación exclusivamente a los servicios o trabajos que son propios de la profesión o modo de vivir del que los prestó, ya que resulta extensivo a todas las prestaciones realizadas en esta materia, salvo que por circunstancias especiales deba presumirse la intención de beneficiar a aquél a quien se prestó el servicio (CCIV: 1.628;; Belluscio - Zannoni, “Código Civil y leyes complementarias” VIII, p. 52).-

Visto, pues, que ningún elemento obra agregado a la causa que torne operativa, en el caso en tratamiento, la presunción de existencia de favor debitoris a que alude el CCIV: 1.628, concluyese en que asiste derecho al recurrente a que se le fije una retribución por la labor cumplida en favor del concurso.-

En este contexto, entonces, ha de admitirse el agravio bajo examen, precediéndose a fijar prudencialmente la retribución que corresponde al apelante (arg. 278 y 279 CPCC).-

Dado que no existe previsión regulatoria alguna que enmarque la prestación brindada por el quejoso en esta quiebra, la estimación de sus emolumentos ha de ser apreciada en forma prudencial, en orden a la naturaleza de la prestación cumplida, el tiempo de los trabajos realizados y la utilidad que estos últimos reportaron para el concurso. Sobre tales bases, y atendiendo a la estimación del funcionario del concurso, en la que se pondera la dedicación horaria habida en autos, considerase adecuado fijar la retribución correspondiente a Mario Luis Doartero por los servicios prestados en el sub lite como depositario del campo “Los Claveles” en la suma de $ 4.400 (pesos cuatro mil cuatrocientos).-

 

5.) Por todo ello, esta Sala RESUELVE:

 

Admitir el recurso incoado en fs. 794 y, por ende, revocar el pronunciamiento dictado en fs. 788/789 y fijar la retribución correspondiente a Mario Luis Doartero por los trabajos realizados como depositario del campo “Los Claveles” la suma de $ 4.400 (pesos cuatro mil cuatrocientos).-

 

Devuélvase a primera instancia encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones pertinentes.-

 

Fdo.: María Elsa Uzal, Isabel Míguez, Alfredo Arturo Kölliker Frers. Ante mí: Valeria Cristina Pereyra. Es copia del original que corre a fs. 853/5 de los autos de la materia.//-