INOPONIBILIDAD DE LA PERSONALIDAD JURIDICA. Requisitos. Relaciones de la persona jurídica con los socios. Responsabilidad por daños causados a la sociedad. Fines extrasocietarios
 
 ”TRIALMET S.A. c/ DESTEFANO Y FEUER CONSTRUCTORA S.R.L. s/ ordinario” - CNCOM - 09/12/2008
“El tema del abuso de la personalidad jurídica y su consecuente sanción de inoponibilidad constituye uno de los puntos más complejos del derecho privado patrimonial y del derecho societario. Es que la cuestión se entronca, justamente, con la noción que se tenga de la personalidad jurídica y, por ende, con el alcance que se confiera a este instituto. En ese marco, es dable apuntar que la persona jurídica es un ‘recurso técnico’ que permite establecer una organización autónoma con patrimonio propio y capacidad de gestión que se distingue de sus instituyentes, estructurando un esquema de simplificación de relaciones y de impermeabilidad patrimonial (en igual sentido cfr. Junyent Bas, Francisco, “Reflexiones sobre el abuso de la personalidad jurídica”, en RDCO, Ed. Lexis Nexis, 2005-A, año 38, p. 256). No obstante la equivocidad del término “persona jurídica” ha traído aparejado en el ámbito del derecho un largo debate que aún hoy se mantiene, tal como lo explican Horacio Fargosi (”Notas sobre sociedades comerciales y personalidad jurídica”, LL, 1988-E, 796), Juan Dobson (”El abuso de la personalidad jurídica”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1985), Federico de Castro y Bravo (”La persona jurídica”, Ed. Civitas, Madrid, 1994, ps. 138/141), Gervasio Colombres (”Curso de derecho societario”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1972, p. 53) y Carlos Molina Sandoval (”La desestimación de la persona jurídica societaria”, Ed. Abaco, Buenos Aires, 2003, ps. 21 y ss.), entre muchos otros…”.-

“El legislador societario de 1983, introdujo mediante la Ley 22903, el párrafo 3° del art. 54 de la Ley 19550, que articula la denominada desestimación de la personalidad jurídica societaria. Si bien la doctrina mayoritaria entiende que la norma aludida introdujo en el derecho societario argentino el instituto del disregard of legal entity del derecho norteamericano, otro sector postuló que la reforma del artículo comentado no implicó la aceptación lisa y llana de aquella teoría anglosajona, ni tampoco el establecimiento de un sistema de desestimación de la personalidad como estructura legal, sino que atacó del modo más indirecto y suave posible el tema que se iniciara con la creación del art. 2° LS, al lograr desmitificar con la introducción de aquélla norma lo relativo al alcance de la personalidad jurídica (cfr. Fargosi, Horacio, ob cit., p. 808; Etcheverry, Raúl, “La personalidad societaria y el conflicto de intereses”, en Anomalías Societarias, Ed. Advocatus, Buenos Aires, 1996, p. 30; Junyent Bas, Francisco, “Reflexiones sobre el abuso de la personalidad jurídica”, en RDCO, Ed. Lexis Nexis, 2005-A, año 38, p. 256). Lo importante es destacar que lo que el legislador quiso con el agregado en cuestión fue establecer dentro del campo societario la regulación específica del fraude, la simulación ilícita o el ejercicio abusivo de derechos, añadiendo el fin extrasocietario como vicio propio de la figura societaria en virtud del especial medio por el cual el apartamiento de la regulación de la persona jurídica se puede conseguir (cfr. Junyent Bas, Francisco, “Reflexiones…”, cit. supra). Es que, -incluso antes de la introducción del párr. 3° del art. 54, comentado- en materia de personalidad jurídica “el derecho aplica este remedio técnico mientras se mantenga dentro de los fines lícitos perseguidos y previstos por la ley”, toda vez que “cuando se aparta, la ley y el juez deben prescindir de tal personalidad, porque no puede emplearse con fines ilícitos, de engaño o de fraude” (Halperín, Isaac, “Sociedades comerciales. Parte General”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1964, p. 90). De este modo, el art. 54, párr. 3° LS pasó a ocuparse de resguardar el uso debido del recurso societario (cfr. Fargosi, Horacio, “Notas sobre la inoponibilidad de la personalidad societaria”, LL, 1985-E, 713)…”.-

“A la luz de la norma contenida en el art. 54, párr. 3° de la Ley 19550, corresponde desestimar la extensión de responsabilidad pretendida contra los cuotapartistas, pues el incumplimiento en el que incurrió la sociedad demandada -concerniente a la cancelación de ciertas obligaciones asumidas en la órbita de su objeto social de modo alguno resulta demostrativo de la circunstancia que los socios hayan encubierto con la operatoria implicada la consecución de fines extrasocietarios. Ello así, el incumplimiento por parte del ente demandado no puede dar lugar a responsabilizar, sin más, a los socios del mismo, máxime cuando la actora ni siquiera ha demostrado la imposibilidad del accionado de satisfacer las obligaciones contractualmente asumidas (cfr. esta CNCom, Sala B, 20.5.1987, in re: “Jabif, Ricardo c. Bonina y Tomasini S.A.”).-

“…la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades comerciales debe ser aplicada en forma restrictiva, valorando las circunstancias particulares de cada supuesto sometido a decisión y observando no echar por tierra en forma definitiva el principio de la personalidad societaria, so riesgo de incurrir en el contrasentido de consagrar la excepción como regla: una aplicación indiscriminada, ligera o no mensurada de la limitación comentada, puede llegar a prescindir o aniquilar la estructura formal de las sociedades en supuestos en que no se justifique, con grave daño para el derecho, la certidumbre y la propia seguridad de las relaciones jurídicas y hasta la misma finalidad útil de la existencia legal de la persona jurídica (…)…”

“El presupuesto referido al “encubrimiento de la consecución de fines extrasocietarios” debe entenderse comprensivo de cualquier acto emanado de los órganos de la sociedad en los cuales se exprese su voluntad, y que tenga como víctimas a terceros ajenos a la sociedad o a alguno de sus integrantes, cuyos derechos puedan ser violados a través de las conductas consumadas por el ilegítimo empleo de las formas societarias (cfr. Nissen, Ricardo, “Curso de Derecho Societario”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998, p. 129). Es decir, la verificación de la expresión analizada debe implicar per se la circunstancia de que a través de la estructura societaria los socios -todos o tan sólo alguno o algunos- procuren, antijurídicamente, la obtención de “fines extrasocietarios”. En tal sentido, el encubrimiento de la consecución de fines extrasocietarios bajo la actuación de la sociedad implica, en principio, una simulación ilícita, lo que se halla abonado por la vinculación existente entre la teoría de la penetración (disregard of legal entity) y de la simulación (Otaegui, Julio C., “Concentración societaria”, Ed. Abaco, Buenos Aires, 1984, p. 478). No obstante ello, hay opiniones diversas, que consideran que el art. 54 de la Ley 19550, al aludir a la actuación de la sociedad dirigida a encubrir “fines extrasocietarios”, no regula un supuesto de simulación, sino de abuso de derecho de tipo institucional (consistente en la realización de fines contrarios al objeto social), pues en muchos casos la sociedad no es ficticia, sino real (cfr. Junyent Bas, Francisco, “Reflexiones sobre el abuso de la personalidad jurídica”, en RDCO, Ed. Lexis Nexis, 2005-A, año 38, p. 256; Richard, Efraín y Moeremans, Daniel, “Inoponibilidad de la personalidad jurídica como forma de extensión de responsabilidad del socio o controlantes”, Congreso Argentino de Derecho Comercial, Buenos Aires, 1990, p. 187). Otros, simplemente refieren a que este supuesto resulta encuadrable genéricamente en el de abuso del derecho (Roitman, Horacio, “Ley de sociedades comerciales comentada y anotada”, t. I, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 713). Más allá de tales divergencias doctrinarias, lo concreto es que “la actuación de la entidad que encubre fines extrasocietarios” resulta aplicable a los supuestos en los que, bajo la apariencia de una actuación societaria lícita, todos o alguno de los socios procuren disimuladamente la consecución de un fin ilícito. Sólo comprobado este último extremo es dable, pues, prescindir de la personalidad jurídica -mediante la correspondiente declaración de inoponibilidad-, y por ende, extender solidaria e ilimitadamente la responsabilidad a los socios involucrados en la conducta reprochable, en la medida de los perjuicios causados (arg. art. 54, párr. 3° LS; cfr. Caputo, Leandro, “Inoponibilidad de la persona jurídica societaria”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2006, p. 206; Roitman, Horacio, ob. cit., p. 703)”.-