INTERVENCIÓN JUDICIAL DE SOCIEDADES. Atribuciones y facultades del interventor. Falta de personería. CONTRATO SOCIAL. Contenido. Domicilio. Coexistencia con el reglamento. Inscripción. Estatuto. Efectos. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES. Administración. Órgano de gobierno. Competencia.-
 
 ”PUNTA MOGOTE S.C.A. c/ Díaz del Tránsito Aida s/ ORDINARIO” - CNCOM - 22/12/2008
“…la legitimatio ad causam significa la correspondencia del derecho sustancial con la persona que lo hace valer o contra quien se lo hace valer. La pauta para determinar la existencia de legitimación procesal está dada, en principio, por la titularidad activa o pasiva de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso (CNCom., esta Sala A, 28/06/2007, in re: “Daly y Cía. S.A. s/quiebra c/ Cadbury Schweppes Public Limited y otro”; CApelCCJunín, 20/06/1989, in re: “Cooperativa Agrícola Ganadera de Zavalía c. Rancho O.C.S.A. y otros”; LL, 1989-D, 406; DJ, 1989-2-778).-

“Resulta improcedente la excepción de falta de personería deducida por la demandada, toda vez que pese a ser intervenida judicialmente la sociedad actora, nunca le había sido revocado el mandato al letrado que inicio las actuaciones. Es que la intervención societaria mediante el nombramiento de co-administradores y aún nuevos administradores, no importa per se la incapacidad del mandante, ni mucho menos extinción del mandato otorgado, salvo que dichos administradores hubiesen dispuesto expresamente la revocación del mandato, circunstancia que no fue siquiera invocada en la especie (cfr. en sentido análogo, esta CNCom, Sala D, 29/07/1985, in re: “Cía Financiera de Concesionarios Ford -Finanford- S.A. c/ Temperley Construcciones Empresa de Pavimentos, Obras Civiles y Anexos S.A.”)…”

“La ley de sociedades en el art. 5° contempla que el acto social constitutivo pueda coexistir con un reglamento, el que también debe ser publicado e inscripto registralmente, si ello fuese previsto de manera estatutaria o contractual. Asimismo, también la Ley 19550: 167-3° párr. prevé que si el estatuto previese un reglamento, éste deberá inscribirse con idénticos requisitos. Sin embargo, cabe aquí señalar que si bien existe en el tema un criterio de libertad de formas y ello no implica soslayar las exigidas en aras de la certidumbre y seguridad jurídica frente a terceros, puede prescindirse de la observancia estricta del art. 167 de la Ley 19550 desde el instante en que el reglamento ni siquiera integra el acto constitutivo de la sociedad (véase sobre el tema, Gagliardo, Mariano, “El reglamento en la sociedad anónima como fuente de poder decisorio”, LL, 1997-D, 1248-1251)…”

“Los únicos que pueden intervenir en la administración de la sociedad en comandita por acciones son los socios comanditados. En ese ámbito, es obvio que su competencia es de carácter general para todos los actos referidos al cumplimiento del objeto social, por contraposición a los otros órganos (asamblea y sindicatura) que tienen expresamente limitada su competencia. También se trata -al igual que en las Sociedades Anónimas (SA) de una competencia residual, al ser de su competencia todo aquello que sea de administración que no haya sido conferido a otro órgano (cfr. Sánchez Calero, Fernando, “Los administradores en las sociedades de capital”, Ed. Thomson - Civitas, Madrid, 2005, p. 41). En ese marco, el límite general de las competencias del órgano de administración es que éste, en su actuar, no puede modificar sustancialmente la estructura de la organización económica que subyace a la sociedad (cfr. Cabanellas de las Cuevas, “Derecho societario. Parte general. Los órganos societarios”, t. IV, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1996, p. 62; Roitman, Horacio, “Ley de Sociedades Comerciales comentada y anotada”, t. IV, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 317). Es lo que cierta doctrina denomina actos de disposición societaria, que no son más que actos de gobierno cuya competencia corresponde a la asamblea (cfr. Halperín, Isaac, “Sociedades anónimas”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1974, p. 428; Otaegui, Julio, “Administración societaria”, Ed. Abaco, Buenos Aires, 1979, p. 60). No obstante, debe precisarse que el administrador, para hacerse cargo de la gestión social debe necesariamente realizar actos de disposición, aunque no les cabe realizar actos que impliquen modificaciones o alteraciones en la estructura jurídica, económica o financiera de la sociedad. Desde este ángulo de vista, el dictado de un “reglamento interno” sólo tiende a ordenar las actividades necesarias para la mejor administración y gobierno del ente…”.-