La integración de aportes irrevocables
a cuenta de futuro aumento del capital social
ante la quiebra de la sociedad
  
Por Luis Alberto Cignoli(*) 
 
La quiebra de la sociedad receptora de aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital aún no efectivizados: ¿desplaza los pasos internos sociales a seguir para la exigibilidad de esos aportes irrevocables…?
¿Cede el derecho societario a las disposiciones del derecho falimentario y, en su caso, al derecho común…?
¿Es exigible a la masa de acreedores el requisito asambleario a los fines de reclamar cualquier deuda, sin distinción de la causa que le dio origen…?
 
Es muy frecuente en sociedades anónimas y más comúnmente en aquellas de círculos familiares o cerradas que, ante la necesitad de lograr liquidez monetaria inmediata para determinadas situaciones coyunturales, simular solvencia o generar apariencia contable, se recurra fingir el ingreso de dinero a la sociedad. Todo bien hasta que la empresa entra en crisis y desemboca en la quiebra y, ya en marcha ésta, la sindicatura concursal, en ejercicio de su deber-facultad de recomposición del patrimonio falencial, promueve la acción de integración de esos aportes societarios (art.150 LCQ) no efectivizados, contra quien se obligó mediante acta de directorio o cualquier otro instrumento idóneo capaz de surtir efecto obligacional  frente a la sociedad -próxima a quebrar-, a aportar determinada suma de dinero en carácter de aporte irrevocable para futuro aumento de capital. Dicho acuerdo, que generalmente a los fines de darle mayor apariencia es registrado en acta de directorio y contablemente en el Patrimonio Neto de la sociedad fallida, con asiento contable llamado “aportes irrevocables” inclusive, la más de las veces nunca concreta o efectivizado, sólo resulta ser un simple artimaña de cuentas momentáneo que servirá como apariencia frente quien se necesite. Ciertos fallos, ante dicha situación, han rechazado la acción de la sindicatura concursal o de la misma sociedad que exigió la efectivización de esos aportes, sosteniendo el incumplimiento del requisito asambleario dispuesto por el art. 188 Ley 19.550, burlándose así los derechos de los acreedores de la sociedad.
           
La cuestión inicial estriba en determinar si es de importancia insuperable y legitimadora el cumplimiento de la Asamblea Social del art.188 LSC, ante el hecho nuevo de la quiebra de la sociedad que debe recibir el aporte. A favor de dicha postura, podemos enunciar que los arts.188; 193; 234 inc. 4 y 235 inc. 1 de la ley de sociedades comerciales, que fija los pasos procesales internos de carácter societario para la debida instrumentación del acrecentamiento del capital social.
           
Pues bien, ¿qué ocurre ante la quiebra de la sociedad receptora de esos aportes irrevocables…?
 
El marco jurídico societario que instruye los pasos internos a seguir para la capitalización formal de los aportes irrevocables ya efectivizados o no, ¿debe ceder a las disposiciones del derecho falimentario y, en su caso, al derecho común…?
 
¿Es exigible al síndico concursal y/o al acreedor el tan nombrado requisito asambleario a los fines de tornar procedente la acción judicial de reclamo…?
 
Se entiende que la quiebra de la sociedad acarrea inevitablemente la aplicación de determinados preceptos de la ley falimental por sobre la ley de sociedades y, en su caso, por sobre el estatuto de la sociedad fallida. De tal manera, ¿cómo suponer que se celebre asamblea societaria estando la sociedad en liquidación…?
 
Inicialmente, la sentencia de quiebra torna de cumplimiento imposible el recaudo de la asamblea social. Por consiguiente, frente el proceso liquidativo, sobreviene una imposibilidad de obrar de la sociedad que, no puede en tal caso cargarse en perjuicio de los acreedores. Quedando entonces en cabeza del órgano falencial continuar con los recaudos indispensables y a su alcance, para la exigibilidad de las obligaciones asumidas con carácter irrevocable.
           
En conclusión, el incumplimiento formal interno de la Asamblea NO empece la exigibilidad de la obligación asumida por los deudores aportantes, a mérito de la aplicación de la sección V, del capitulo II del titulo III de la ley 24.522, donde en su art.150 en lo pertinente dice:
 
“…La quiebra de la sociedad hace exigibles los aportes no integrados por los socios, hasta la concurrencia del interés de los acreedores y de los gastos del concurso…”
 
Vale entonces reiterar que, declarada la quiebra de la sociedad y ante el impedimento de celebrar asamblea societaria, la representación de todo acto de la persona jurídica extinta quedó en mano de la sindicatura (art. 107 y conc. LCQ) quien, legítimamente promoverá la pertinente acción. NO pudiendo los aportantes obligados invocar la aplicación del régimen societario (art.188) ni estatutario, de la sociedad declarada en quiebra.
 
Qué dicen la doctrina y la jurisprudencia
 
El sofisticado sistema que al respecto prevé la ley de sociedades: arts. 188 y 193, queda sin valor ante la sentencia de quiebra. Dicho en otras palabras, la quiebra incide decididamente en el plexo jurídico existente, tornando la integración de los aportes exigibles como obligación pura y simple (ídem) (Satta, Diritto fallimentare” 1990 p.434) “La ley ha facultado al síndico para procurar este cobro y produce atracción en el propio juicio concursal, derogando las normas que hubiere convenido el socio al efectuar el aporte…” (en Rivera – Roitman – Vítolo Ley de Concursos y Quiebras, ed. Rubinzal-Culzoni, Octubre 2000, Tomo II, Pág. 413 y en Piero Pajardi, Derecho Concursal Ed. Ábaco julio 1999, tomo 2, Pág. 423)
 
Abundante doctrina y jurisprudencia hacen explícita referencia a los pormenores que se suscitan en cuestiones relativas a la falta de incorporación de aportes, en sociedades que generalmente ocurren en las llamadas “familiares” o “cerradas”. Veamos:
 
De admitirse la postura de quienes invocan la inexistencia de formalidades societarias internas, se consagraría la inequitativa paradoja de que quienes crearon al sujeto de derecho cuya inactividad habría determinado la inadmisibilidad de la acción, se beneficiarían con su ausencia de responsabilidad, a la hora de la insuficiencia de la garantía específica que prometieron frente a los terceros al optar por munirse de las prerrogativas que les proveyese la técnica societaria, desvirtuando indebida e intolerantemente las razones que fundan el instituto de la limitación de la responsabilidad por las deudas sociales. (Fallo Cámara Nacional Comercial Sala B sept.1995 y nota de Alberto A. Conil Paz sobre Exigibilidad de aportes sociales por la quiebra LL 1996-Pág.319).
 
La sala A, de la Cámara Nacional Comercial de la ciudad de Buenos Aires, consideró que la sociedad y los socios de una Sociedad de Responsabilidad Limitada estaban obligados a realizar los actos necesarios, para que quien había realizado un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital alcance el status social correspondiente. En el caso, se trataba de una Sociedad de Responsabilidad Limitada integrada por dos socios -ambos gerentes-, habiendo recibido uno de los socios una suma de dinero del actor, con el compromiso de realizar un aumento de capital. El dinero ingresó al patrimonio social con el conocimiento del otro socio, pero la decisión de aumentar el capital no fue efectivizada. CNCom. Sala A 5/7/94 en Doctrina Societaria abril 1995 Aportes irrevocables. Aumento del capital. Innecesariedad de una decisión social expresa.
 
“Si bien la limitación de la responsabilidad de los socios en materia de sociedades por acciones es rasgo tipificante de las mismas, la desnaturalización de la utilización de este tipo societario en nuestro medio ha sido el origen de innumerables abusos, que ha tenido como víctimas a los terceros acreedores de la sociedad, quienes frecuentemente se ven imposibilitados de percibir sus acreencias por la insolvencia de una sociedad anónima con la cual han contratado. Esa lamentable circunstancia, tan repetida en nuestro medio, y cuya mejor prueba lo constituye el abarrotamiento de quiebras de sociedades anónimas en nuestros tribunales, sin patrimonio alguno para liquidar, perjudica el crédito, cuya protección debe ser atendida por el legislador en forma prioritaria al respeto de un tipo societario, cuando la experiencia acumulada desde hace muchos años nos enseña que este ha sido desnaturalizado para las restantes sociedades anónimas, que son la gran mayoría en nuestro país, y que comúnmente se las denomina “sociedades cerradas” o “de familia”, dicho principio debe ser respetado hasta la etapa liquidatoria, sugiriéndose en consecuencia, la modificación del art.106 LSC, entendiendo el derecho de los liquidadores de solicitar a los socios, las contribuciones debidas a los efectos de satisfacer las obligaciones sociales, sin hacer distinciones de tipos sociales…”  Ley de Sociedades Comerciales comentada, anotada y concordada  Ricardo A. Nissen. ed. Ábaco 2da. edición sept.1993 tomo 2 Pág.272 y ss.
 
La ley concursal en ninguna parte de su articulado hace referencia concreta en cuanto al modo de exigir los aportes irrevocables, lo cual nos ubica en la necesidad de recurrir a normas análogas y genéricas, y a los principios rectores del derecho concursal para intentar brindar una solución al tema. (Los anticipos irrevocables frente al concurso preventivo y quiebra de las partes por Diego María Lennon en Derecho Societario Argentino e Iberoamericano, ed. Ad-Hoc Octubre 1995, Tomo III, Pág. 187).
 
Y ¿qué ocurre si el dinero fue entregado en el mismo momento de la constitución de la obligación sin los recaudos formales…?
           
Si el contrato tuvo principio de ejecución, hay que velar por su validez, ya que los fondos ingresados son destinados al riesgo empresario y su aportante no puede esperar su devolución, sino en acciones que la sociedad emite como consecuencia de un aumento de capital (ídem p.189)[1].
           
El conocido tratadista en derecho societario Eduardo M. Favier Dubois (P.) en Criterios de la autoridad de control en materia de aportes irrevocables en Sociedades ante la I.G.J. suplemento especial de La Ley, abril 2005, Pág. 195 dice que: “En caso de presentar la sociedad en concurso preventivo antes de la decisión asamblearia, el aportante deberá ser verificado en su doble carácter: a) como acreedor puro y simple de la obligación de hacer referida a los actos tendientes a la capitalización pendiente, y b) como acreedor condicional por la eventual restitución del anticipo para el caso de que la operación se frustre por la quiebra o por cualquier otra causal. Si la sociedad quiebra, será aplicable la segunda variante, y el aportante deberá verificarse como acreedor de la fallida de las sumas anticipadas.” (ver también Favier-Dubois, Eduardo Mario, “Concursos y quiebras”, Editorial Errepar, Bs. As., 2003, p.97)
 
Aplicando los consabidos criterios de interpretación de las leyes, el art. 163 LCQ (hoy 159) indica como pauta fundamental la aplicación de las disposiciones legales que rigen otras relaciones que fueren análogas. Claro está que es necesario recordar las normas que establecen los arts. 217, 218, 219 y concs. del Cód. de Comercio, así como también los arts. 15, 16, 17 y 21 del Cód. Civil, todo ello a la luz de las restantes pautas que en función de los efectos de la quiebra, indica el texto que comentamos. Hacemos notar que su enumeración no es taxativa, ni tampoco es prioritario el orden de su mención. (En Quintana Ferreyra Concursos Ley 19.551 comentada, anotada y concordada T._2 Ed. Astrea, 1988 Pág.597).-
 
Desde la óptica del Derecho Común vemos que, los aportantes que se obligaron a transmitir la propiedad del dinero en concepto de aportes irrevocables asentado en Acta de Directorio o en cualquier otro instrumento válido, constituyeron una obligación “pura y simple”. En consecuencia, una vez obligados a dar el dinero, ya no se encuentran sometidos a ningún otro recaudo o modalidad atento que el cumplimiento de su parte fue realizado por libre voluntad y sin reservas de ninguna especie.
 
A su vez, de interpretarse que el ACTO JURÍDICO fue una obligación condicional -que son aquellas obligaciones cuya eficacia jurídica o extinción dependen del advenimiento de un acontecimiento futuro e incierto-, el mismo no tendría andamiaje cuando los aportes son los mismos dueños o accionistas de la sociedad, ya que la condición debe ser posible, lícita y NO puramente potestativa del deudor (art.542 CC.). Siguiendo a Ramón D. Pizarro y Carlos G. Vallespinos en Instituciones de Derecho Privado OBLIGACIONES ed. Hammurabi J.Depalma 1999, Tomo 1, Pág. 248 y ss. razonamos que, al existir una multiplicidad de roles de quienes crearon el acto jurídico, es decir, identidad de sujetos en el papel de aportante y/o director y/o accionista, etc., la exigencia de la condición devendría en ilusoria ó de cumplimiento ficto[2], ya que voluntaria o involuntariamente aquellas personas obligadas a la concreción de la condición jamás realizaron ó realizarían el acto. O sea que, la condición requiere ser valorada de manera objetiva y abstracta, prescindiendo del conocimiento concreto de las partes o de la mayor o menor previsión que hayan tenido en cuenta al momento de celebrar el acto. [Pizarro].
 
Para el caso, debieron los aportantes hacer reserva del cumplimiento de los recaudos societarios internos para transmitir efectivamente la propiedad del aporte. La obligación asumida por los socios quedó irrevocablemente constituida como una obligación de dar (art.574 CC), y debidamente efectivizada con la transmisión de la propiedad y entrega del dinero (art.577 CC).
 
Es decir que, a mérito de la argumentación arrimada, la postura ligada a equiparar la obligación de aporte irrevocable con una obligación condicional[3] donde, la condición está sujeta a la voluntad del deudor o de ambas partes, la existencia de un acto jurídico de este tipo sería ilusorio tal como lo señalan Trigo Represas y Compagnucci de Caso en Código Civil Comentado, Doctrina, Jurisprudencia, Bibliografía. Félix A. Trigo Represas, Rubén H. Compagnucci de Caso, Ed. Rubinzal Culzoni, Enero 2005, OBLIGACIONES, Tomo I, Pág. 279 y ss.
 
En buen romance, significa un mero espejismo aguardar que recién se pagarán los aportes una vez celebrada la asamblea, atento que el doble rol de intereses del aportante/accionista distorsiona toda objetividad.
 
En definitiva la obligación reclamada por la sindicatura, debe ser reglada por el derecho falimentario y, análoga y supletoriamente, por el derecho común. La obligación es válida en tanto fue creada por ambas partes (aportantes y sociedad art.1197CC). Y ello se desprende sin discusión en la manifestación de voluntad válida asentada por las partes en Acta de Directorio que como acto formal, no solemne, su contenido hace fe salvo prueba en contrario[4]. (ver al respecto LL 1994-D, Pág.1128 y ss.) o en cualquier instrumento válido. Máxime, teniendo en cuenta que esa decisión NO fue revocada ni por otra Acta de Directorio ni por Asamblea Extraordinaria. Y que, al no establecerse plazo para el cumplimiento de los requisitos formales societarios, la mora en el aporte se produjo desde el mismo momento de la declaración en quiebra de la sociedad.
 
 
 
 

 

(*) Luis Alberto Cignoli. Abogado diplomado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, diciembre 1988. Abogado en ejercicio de diversos casos de Derecho Concursal y Societario y patrocinante de síndicos actuantes en procesos concursales. luiscignoli@dat1.net.ar
[1] CAUSA 31093/04 - “Von Boch Galhau Christoph Arthur María c/Grami SA s/Ordinario” - CNCOM - SALA A - 18/04/2005   La entrega de una suma de dinero a una sociedad en calidad de aporte irrevocable, importa como principio renuncia a la posibilidad de reclamar la devolución de lo entregado. De ahí que ese aporte queda sometido al riesgo empresario porque pasa a formar parte del capital de giro de la sociedad, sujeto de diversa personalidad a la del aportante, constituyendo recursos societarios que se aplican inmediatamente al giro social aún en la hipótesis de que no exista previa decisión asamblearia que disponga el aumento de capital social y la consiguiente emisión de acciones (esta Sala, “Sanmarti Osvaldo s/ quiebra c/ Soda 44 S.A. s/ sumario”, 11-2-97;; id. Sala D, “Inspección General de Justicia c/ Ahorrocoop S.A. de Ahorro para fines determinados”, 15-6-95;; id. Sala E, “Schoijet Mirtha c/ Silean S.A. s/ sumario”, 15-09-92).-
[2] El cumplimiento ficto de las condiciones: El cumplimiento ficto o ficticio de la condición opera cuando la ley juzga cumplida la condición, pese a que efectivamente el hecho condicionante no se ha realizado [Pizarro ob.cit. p.248]
[3] Las condiciones han sido clasificadas también en casuales, potestativas y mixtas, de acuerdo con la incidencia de la voluntad de los sujetos intervinientes en el acaecimiento del hecho condicional… La condición es potestativa, cuando el hecho condicional depende de la voluntad de alguno de los sujetos de la obligación, distinguiéndose dos subespecies: la puramente potestativa o potestativa propia o de pura voluntad, en la cual el hecho condicional depende exclusivamente de la voluntad de una de las partes, vale decir, la condición si voluero  o “si quiero”, y la condición potestativa impropia, en la que si bien el evento condicional depende en cierta medida de la voluntad del sujeto, en cuanto a si puede o no ejecutarlo, igualmente inciden sobre aquél hechos ajenos a su propia voluntad, los que determinan que no pueda actuar caprichosamente, como por ejemplo: te daré cien mil pesos, si antes de fin de año viajo a Europa. Por último, la condición mixta, cuando el hecho condicional resulta del concurso de la voluntad del obligado y de causas extrañas a las partes, verbigracia: te daré cien mil pesos, si convences a Pedro de que deje la bebida (En Código Civil Comentado, Doctrina, Jurisprudencia, Bibliografía. Félix A. Trigo Represas, Rubén H. Compagnucci de Caso, Ed. Rubinzal Culzoni, Enero 2005, OBLIGACIONES,  Tomo I, pág. 278 y ss.)
[4] En Contratación del Director con la Sociedad Anónima art.271 ley 19.550, Zavalía Editor abril 1997, Isidoro Silberstein, pág.46)