ADMINISTRACION FRAUDULENTA. Administrador de consorcio. Desvío en su provecho de una suma de dinero que recibiera producto de una ejecución por deuda de expensas. Prueba contundente que enerva la alegada autorización para compensar supuestos gastos afrontados por el imputado con su dinero personal. Falta de presentación de las constancias de los supuestos aportes dinerarios que se alegan haber efectuado para justificar la conducta. CARGA DE LA PRUEBA. Condena. RECURSO DE CASACION. Rechazo “Navarro, Juan Carlos s/recurso de casación” - CNCP - 26/11/2008

“La asistencia técnica insiste en afirmar que el encausado obró autorizado por el consorcio para solventar erogaciones con dinero propio y cobrarse luego con cuanto resultare del juicio de expensas; que rindió cuentas y entregó toda la documentación del caso; que era conocido que el consorcio le debía dinero; y que los argumentos centrales ensayados en el alegato (consentimiento con causal de justificación, que el consorcio cobró un dinero indebidamente por una mala liquidación judicial, y la atipicidad por ausencia de ardid o engaño) no fueron respondidos por los jueces.”

“Al respecto, de la lectura del pronunciamiento en crisis se advierte que aquellas quejas carecen de sustento real. En efecto, los jueces refirieron que “…las variadas y contradictorias explicaciones vertidas a lo largo del expediente y durante las asambleas del consorcio por el citado Navarro, de manera alguna permiten probar, que a pesar de su insistencia en tal aspecto, se hubiera hecho él cargo de gastos en proporción siquiera aproximada al monto total que, como quedó demostrado, cobró de manos de las letradas.”.”

“Por su calidad de administrador del consorcio, Navarro tenía la obligación de preservar los intereses pecuniarios que le fueron confiados, de modo que la circunstancia de haberse conceptuado en su contra que no aportó constancias de los pretendidos aportes dinerarios que dijo haber efectuado para justificar su conducta, no significa invertir el onus probandi, ya que si bien desde el punto de vista de la afirmación de la responsabilidad penal corresponde al Estado la carga de la prueba, no es menos cierto que el justiciable decidió no dar razones cuando tenía la obligación legal de hacerlo.”

“La figura típica prevista en el artículo 173 inciso 7° del Código Penal castiga al que “por disposición de la ley; de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos.”

“En la sentencia dictada en autos se ha tenido por acreditado que Navarro “… recibió dinero que pertenecía al consorcio mientras ocupaba el cargo de administrador, luego de lo cual, y con el fin de procurar para sí un lucro indebido, dispuso de ese dinero a su antojo sin rendirlo en debida forma a su mandante, violando de esa forma los deberes inherentes a su cargo. Esa violación de deberes quedó acreditada en la especie, mediante la disposición no permitida del dinero que pertenecía al consorcio de propietarios por parte del encausado, …que…debió haber rendido cuentas del dinero percibido por la liquidación de expensas iniciada por el consorcio, y, eventualmente reclamar en la asamblea el crédito al que se creyera con derecho…. ha realizado los actos de percepción y disposición del dinero en momentos en los que se desempeñara como administrador… haciendo primar su espurios intereses frente a los del consorcio… De igual manera, el perjuicio sufrido…quedó evidenciado frente al menoscabo al patrimonio que sufrió con motivo de la ausencia de ingreso a sus arcas del dinero que legítimamente le correspondía, como producto de las expensas adeudadas por la unidad funcional que le pertenecía a la Sra. Mugaa. …”, argumentos mediante los cuales quedó desestimado el planteo referido a la atipicidad de la conducta.”

“Las manifestaciones de la defensa sólo trasuntan una conclusión divergente de la parte, derivada de su particular modo de interpretar las pruebas colectadas en el debate.”