El primero habla de la administración (y mala administración) de los bienes de la sociedad conyugal, bien de familia y el divorcio
El segundo es el de La Vascongada, acreedor fallecido, su esposa también, y la hija no inicio la sucesión. Le orden pagar no por el dividendo concursal si no por el origen de crédito, accidente de trabajo (Ley 9688) que habilita al cobro a cualquier derecho-habiente

 AUTOS: “A., M. E. c/ B., O. R. s/separación de bienes”

 

TRIBUNAL: CCiv. y Com., Azul, Sala II

 

FECHA: 05/07/2007

 

TEMA: CUESTIONES CONCURSALES – QUIEBRA – EFECTOS DE LA QUIEBRA – DESAFECTACIÓN DE BIEN DE FAMILIA - LIQUIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN – QUIEBRA DEL CÓNYUGE

 

SÍNTESIS: La Cámara modificó la sentencia de grado que había desestimado la demanda de separación de bienes gananciales que administraba el cónyuge de la actora en aplicaron del art. 1294 Cód. Civil, atendiendo a que cada esposo respondía por sus deudas con sus bienes propios y con los gananciales que administraba. Manifestó que el art. 1294 Cód. Civ establecía que uno de los cónyuges podía pedir la separación de bienes cuando el concurso o la mala administración del otro le acarreaba peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales, por lo que reunidos tales recaudos, quiebra y matrimonio, que se acreditaban en la causa, parecía evidente la procedencia de la causal de disolución de la sociedad conyugal. Sostuvo que acoger la petición no suponía modificar el régimen patrimonial del matrimonio, que la participación de la ganancialidad estaba supeditada a que primero fueran desinteresados los acreedores del fallido y de mediar remanente se repartía el mismo con la esposa. Entendió que lo contrario implicaría convertir al cónyuge no fallido en una suerte de acreedor de dominio o en un acreedor con privilegio absoluto preferido a todos los demás acreedores del fallido y del concurso, y que se trataba de un derecho en expectativa ya que no se adquiría ningún derecho automático e inmediato sobre los bienes gananciales. Señaló que los efectos de la sentencia se producían de manera retroactiva al día de la notificación de la demanda por aplicación analógica del art. 1306 Cód. Civil, ya que si la sentencia de quiebra era el presupuesto de la sentencia de separación de bienes nunca los efectos de la segunda podían retrotraerse a fecha anterior a las causas de la primera. Expresó que debía desestimarse el planteo sobre la oponibilidad del bien de familia constituido sobre el mentado bien respecto de los acreedores de causa posterior a su constitución, ya luego de la cancelación total de una primera hipoteca se había constituido una segunda a favor de otro acreedor, que había cedido a un tercero y ello importaba renunciar al privilegio de la inembargabilidad del inmueble. Jugó, así, procedente el recurso y modificó la sentencia apelada haciendo lugar a la demanda interpuesta decretando la separación de bienes de la sociedad conyugal de los esposos a partir de la fecha de notificación de la demanda.

 

 

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En la ciudad de Azul, a los 5 días del mes de Julio de Dos Mil Siete, reunidos en Acuerdo Ordinario el Señor Juez de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctor Jorge Mario Galdós integrando Sala con los Señores Jueces de la Sala I de esta Excma. Cámara, Doctores Leticia A. Fortunato de Serradell y Guillermo Lázaro Céspedes (cf. fs.78) en razón de encontrarse excusados los Dres. Ana María De Benedictis (cf. fs.74) y Víctor Mario Peralta Reyes (cf. fs.73), para dictar sentencia en los autos caratulados: “A., M. E. c/a B., O. R.. Separación de Bienes.” (Causa Nº 50.129), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts.168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. GALDÓS – DRA. FORTUNATO DE SERRADELL – DR. CÉSPEDES.

 

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

 

-C U E S T I O N E S-   

 

1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs.51/53 vta.? 

 

2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

 

 -V O T A C I O N-

 

A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor GALDOS, dijo:                  

 

I) M. E. A., esposa de uno de los fallidos -de O. R. B-, promovió demanda de separación de los bienes gananciales que administra su cónyuge, solicitando se aplique el art.1294 Cód. Civil.    

 

Señaló que el inmueble sito en Amado Diab Nº 383 de Azul, sede del hogar conyugal, si bien fue adquirido por su esposo antes del matrimonio, fue refaccionado durante la vigencia de la sociedad conyugal con un crédito otorgado por el Banco Hipotecario Nacional destinado a la financiación de la ampliación de vivienda propia, única y de ocupación permanente.

 

Acreditó la celebración del matrimonio el 11 de Mayo de 1979 con el acta glosada a fs. 4 y el carácter propio del inmueble del Sr. O. R.B. -nomenclado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 35, parcela 5b, partida 23107, e inscripto en el dominio en la Matrícula 8202 del Partido de Azul- con la copia de la escritura pública anexada a fs.5/6. También demostró que el 12 de Mayo de 1983 los dos esposos recibieron un crédito de $199.000.000 equivalente al 75% de la inversión total de la ampliación de esa vivienda propia, única y de ocupación permanente, constituyendo sobre el inmueble una hipoteca de primer grado a favor del acreedor, Banco Hipotecario Nacional, el que resulta inembargable tal como lo prevé el art .35 de la Carta Orgánica de ese banco oficial. Ello surge de la escritura glosada a fs. 7/15. También sostuvo que la inembargabilidad del inmueble, derivada de esa constitución de bien de familia, subsiste en la actualidad.

 

     Sustanciado el proceso con el fallido y con la sindicatura, a fs. 51/53 se dictó sentencia desestimatoria de la pretensión. Para así decidir la Sra. Juez de grado consideró, en lo sustancial, que el art. 1294 del Cód. Civ. admite la separación de la sociedad conyugal con relación a la mitad de los bienes gananciales que resulten una vez atendidas las deudas contraídas por el cónyuge concursado y que pesaban sobre los gananciales que él administraba. Empero en este caso el inmueble es propio de B., como surge del certificado de dominio glosado en los autos “Supermercado Fantástico Sociedad de Hecho-B., Armando Octavio-B., O. R.–Iritcity, Néstor Alfredo-Concurso Preventivo/Hoy su Quiebra. Incidente de Realización de Bienes” (Conf. fs.52vta./53). Por ello, y atendiendo a que cada esposo responde por sus deudas con sus bienes propios y con los gananciales que administra, que sólo pueden excluirse de la agresión de los acreedores los bienes propios del otro cónyuge y los gananciales que éste administra (art.5 ley 11357) y no resultando que la actora tuviera la administración de los bienes propios del esposo (art. 1276 Cód. Civ.) rechazó la demanda. Impuso las costas a la actora perdidosa y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.

 

     Contra ese pronunciamiento a fs.59 la actora interpuso recurso de apelación, el que fue concedido a fs.60. A fs.61/62 expresó agravios que fueron contestados a fs.69 por la sindicatura.

 

     Las quejas se centran, en esencia, en que se desestimó la demanda pese a que el inmueble, aunque propio del esposo, era el asiento de la sociedad conyugal y que ambos procedieron a solicitar el préstamo hipotecario al banco oficial para costear los gastos de construcción y ampliación de la vivienda familiar. Además, agrega, se omitió considerar la oponibilidad del bien de familia a los acreedores de causa posterior a su constitución, habiéndose prescindido de requerir medidas para mejor proveer. Luego refiere a que el art. 1294 Cód. Civ. consagra una protección con relación al derecho eventual del cónyuge no concursado sobre los bienes gananciales, norma que debe ser interpretada a favor de la esposa y de la familia, conforme los tratados internacionales que tienen rango constitucional a tenor de lo prescripto por el art. 75 Inc. 22 Const. Nacional.

 

     A fs.69 el síndico sostiene –en lo medular- que la cónyuge al suscribir la constitución de hipoteca desafectó el inmueble como bien de familia por lo que postula la confirmación del decisorio.

 

     A fs. 87/88 el Sr. Agente Fiscal reemplazante afirma que no obstante encontrarse el agravio en el límite de la deserción, no procede la demanda porque el inmueble de autos no es ganancial, lo que torna inaplicable el supuesto del art. 1294 Cód. Civ., a lo que se añade que la esposa concertó con el fallido la constitución del gravamen hipotecario.

 

     II) 1) Anticipo opinión en el sentido de que, conforme lo previsto por el art. 1294 Cód. Civ. y las constancias de autos, el recurso debe prosperar.

 

     Empero, y preliminarmente, deben efectuarse algunas precisiones.

 

     El escrito introductorio de la litis de fs.16/20 de M. E. A. no es claro porque si bien expresa que su objetivo es “interponer demanda de separación de bienes con respecto a los gananciales que administra mi cónyuge O. R. B.” (sic, fs.16, Cap. I. Objetivo) toda su apoyatura fáctica recae en haberse asentado el hogar conyugal (cuya tutela se enfatiza) en un inmueble propio del demandado (sito en calle Amado Diab Nº 383 de Azul), respecto del cual se efectuaron mejoras durante la vigencia de la sociedad conyugal. Y el pedido final de “separación de bienes y entrega del 50% de los gananciales que les corresponden” (sic, fs. 20 Cap. IX Petitorio punto 3) no se desentiende ni independiza de ese contexto fáctico que condujo –precisamente- a la Sra. Juez de Primera Instancia a desestimar la demanda por ausencia de bienes gananciales, criterio que compartió en su dictamen de fs. 87 el representante de la Fiscalía General Departamental.

 

     Por lo demás no denuncia en este juicio incidental la existencia de otros bienes muebles o inmuebles gananciales y tampoco clarifica la cuestión la postura asumida por la sindicatura.

 

     Pese a ello, procurando develar la verdadera voluntad petitoria, respetando el principio de congruencia y la bilateralidad del juicio (arts. 34 inc. 4, 163 inc.6, 166, 266, 272 y concs. C.P.C.), entiendo que en realidad la pretensión se encaminó a obtener derechamente la separación judicial de bienes, con sustento a lo prescripto por el art. 1294 Cód. Civil, sin atender al detalle o enunciación de los bienes gananciales existentes (reitero: omitidos totalmente mencionar en la demanda) porque tanto en esa pieza procesal (fs.16/20) como en el memorial de agravios se hace hincapié en el derecho “eventual” del cónyuge sobre los bienes gananciales. Por ende, y como luego lo precisaré, concurriendo las circunstancias objetivas previstas en la norma (quiebra del cónyuge y matrimonio) corresponde admitir la demanda sin que ello importe –claro está- modificar el carácter propio del bien en que se asienta el hogar conyugal.

 

     2) La sentencia en crisis resolvió –como lo anticipé- que el inmueble en base al cual la actora pretende fundar la procedencia de la separación de bienes de su cónyuge es propio del esposo fallido. Ese aspecto constituye un hecho no controvertido (conf. escritura pública fs.5/6, escritura hipotecaria fs.7/15, escrito de demanda fs.16/20).

 

     El inmueble nomenclado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 35, parcela 5b, dominio inscripto en la Matrícula 8202 de Azul, según se desprende de las constancias dominiales glosadas en los autos principales, corresponde en el 100% a O. R. B. (conf. fs.449 y 589, fs.623/625, 626 y mandamiento de posesión de fs. 628/630 del expediente “Supermercado Fantástico Soc. de Hecho - B., Armando O. - B., O. R. – Iritcity, Néstor A. - Concurso Preventivo/Hoy su Quiebra”, que tengo a la vista). De allí surge también que se suscribió una hipoteca por $199.000.000 a favor del Banco Hipotecario Nacional, que fue cancelada totalmente y, siempre según esas constancias, luego se constituyó otra segunda hipoteca –el 1/6/96- a favor de Nélida María Riera de Domínguez la que fue cedida a María Delia Lara, e inscripta el 22 de Octubre de 1997 (fs.624/625 y fs.7/8, 596/601, 628/629 expte. cit.; fs.58/65 y 66/68 expte. caratulado “Abonjo R. c/Supermercado Fantástico S.A. y otros/Acción de Revocatoria por dolo”, que también tengo a la vista requerido oficiosamente al Juzgado de origen).

 

     Así las cosas, aún cuando el relato fáctico de la esposa hace hincapié en ese inmueble y no invocó la existencia de otros bienes muebles o inmuebles gananciales (arts.1276, 1278, 1291, 1294 y concs. Cód. Civ.; arts.5 y 6 ley 11357), la procedencia de la pretensión se sustenta en la interpretación de la operatividad de la separación de bienes por quiebra del marido y en su efecto aún “eventual” sobre futuros gananciales (como luego lo señalaré). Este aspecto que fluye del art. 1294 Cód. Civil, en el emplazamiento de esta litis resulta decisivo, a mi modo de ver, para acoger la demanda (arts.34 inc. 4, 163 inc. 6, 166, 266, 272, 384 y concs. C.P.C.; arts.1294 y concs. Cód. Civ.).

 

     De este modo se desplaza del fundamento decisorio la restante alegación sobre la incidencia en la litis de las mejoras y reparaciones gananciales incorporadas al inmueble propio del esposos por tratarse ésta de una cuestión que, en su caso, daría lugar a una recompensa en la liquidación de la sociedad conyugal (arts. 1266 y 1272 Cód. Civ.).

 

     3) A la conclusión esencial que nutre mi razonamiento, esto es la acreditación que la concurrencia de los dos presupuestos objetivos de la norma del art. 1294 Cód. Civ. -lo que por sí sólo abastecería este pronunciamiento- cabe igualmente añadir que del cotejo de todo el expediente de quiebra y de los incidentes de realización de bienes surgen datos reveladores de la existencia de inmuebles gananciales.

 

     En efecto, y pese al silencio de la demanda y a que en el escrito promotor del proceso concursal de Armando Octavio, O. R. B., Néstor Alfredo Iritcity y de Supermercado Fantástico (hoy sus quiebras) sólo se mencionan -para lo que aquí interesa- el inmueble propio de R. O. B. (ubicado en Amado Diab Nº 383 de Azul, matrícula 8202) y un automóvil Fiat Duna modelo 1992 (conf. fs.1/8 del expte. 34997/97 “Supermercado Fantástico–B. Armando Octavio–B. O. R.– Iritcity Néstor Alfredo s/Concurso Preventivo-hoy su quiebra) del examen de esos autos y de los incidentes de realización de bienes resulta la existencia de inmuebles gananciales (detalle, insisto, omitido efectuar por las partes y el síndico). Sin ser exhaustivo, y con propósito sólo ejemplificativo, se advierte que son gananciales los inmuebles que O. R. B. tiene en condominio con Néstor A. Iritcicty (matrícula 11319, nomenclado catastralmente como Circunscripción I, sección J, chacra 29, manzana 29 a, parcela 3-C; matrícula 20226, identificado como Circunscripción I, sección J, chacra 29, manzana 28 a, parcela 2 c; matrícula 20227, Circunscripción I, Sección J, chacra 29, manzana 29 a, parcela 4; matrícula 11320, Circunscripción I, Sección J, chacra 29, manzana 29 a, parcela 3 d; todos de fs.9/11; 17/18; fs.19/20; fs.21/23 todos del incidente de realización de bienes inmuebles, tenido a la vista y requerido oficiosamente al Juzgado de origen).

 

     En definitiva: los citados inmuebles gananciales corroboran la interpretación de que el objeto petitorio recae en la mentada separación de bienes gananciales eventuales (art.1294 Cód. Civ.), no obstante que en la demanda sólo se menciona y se hace hincapié en el inmueble propio de B..    

 

     El art.1294 Cód. Civ., reformado por la ley 23515 establece, en lo que aquí importa destacar, que “uno de los cónyuges puede pedir la separación de bienes cuando el concurso o la mala administración del otro le acarree peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales…”.

 

     Aún a riesgo de alterar la ilación metodológica pongo de relieve que esa norma es operativa, en cuanto a que prevé presupuestos objetivos de configuración de la separación de bienes por falencia. La jurisprudencia decidió que “consagra un supuesto objetivo de separación de bienes de funcionamiento para el caso de concurso” (C. Civ. y Com. Rosario, Sala 1ª 5/3/93 “Vicentini de Balcala”, J.A.1994-II-167).

 

     En tal sentido se sostuvo que acreditados los datos objetivos (el concurso del esposo y el matrimonio) se entiende viable la causal disolutoria por concurso del cónyuge desde la apertura del concurso y hasta la rehabilitación del concursado como dies a quo y dies ad quem respectivamente (C.Civ., Com. y Lab. Venado Tuerto, 6/11/90 “Incidente de separación de bienes en Saint Martín Ramón (quiebra)”, con nota aprobatoria de Ricardo J.Dutto “La separación judicial de bienes por concurso del cónyuge”, J.A.1991-IV-44). Se resolvió allí con remisión a nutrida doctrina que “reunidos tales recaudos (la quiebra y el matrimonio) parece evidente la procedencia de la causal de disolución de la sociedad conyugal sin más otro elemento que los citados” (J.A. 1991-IV-46). El punto lo aborda expresamente Kemelmajer de Carlucci quien sostiene que pese al modo en que la ley está redactada el cónyuge in bonis que solicita la disolución sólo debe probar la apertura del concurso o la declaración de la quiebra y será un exceso ritual manifiesto exigir otra prueba (aut. y Ob. cit. cap. III, punto 5). Y la explicación se encuentra en la télesis de la norma: la mala administración que permite la separación de bienes requiere del peligro de perder el eventual derecho sobre los gananciales el que se presume en supuesto de concurso preventivo o quiebra (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Primeras aproximaciones al tema insolvencia y régimen de bienes en el matrimonio” en Acad. Nac. de Derecho 2001-385).

 

     4) Despejado ese punto –que es dirimente para acoger sin más la demanda dado el objeto que se ha otorgado más arriba- no es ocioso destacar que el art. 1294 Cód. Civ. ha sido objetado por la doctrina, señalándose –incluso muy críticamente- que es una norma “especialmente oscura y cuya interpretación puede suscitar infinitas perplejidades” (Mazzinghi, Jorge A. “El concurso como causa de separación de bienes” en anotación a C.N.Com. Sala D, 28/4/88 “N.,J.A.E.”, E.D.131-237).

 

     Empero, y partiendo de la base de que la quiebra del esposo no conlleva la disolución de la sociedad conyugal (C.N.Com. Sala C, 14/6/91 “Granados, Ernesto s/quiebra” con nota de Federico Highton “Bienes gananciales ante la quiebra del cónyuge”, L.L.1993-C-241; Méndez Costa, María Josefa “Código Civil Comentado. Derecho de Familia Patrimonial”, p.246,) se decidió que aunque “se susciten dudas sobre el alcance de la expresión concurso” esto es, si ella refiere sólo a la quiebra o también al concurso preventivo, o sobre si es exigible que además se configure el “peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales”, como el marido está en quiebra –supuesto concursal más severo y, por ende, al cual refiere sin duda el art. 1294 cit.-, y ese proceso concursal está enderezado prioritariamente a la liquidación de bienes, el peligro a que alude dicha regla está “in re ipsa” y no requiere prueba adicional” (C.Civ. y Com. Rosario, Sala 1ª 5/3/93 “Vicentini de Balcala”, J.A.1994-II-167, cit. suscripto por los Dres.  Rouillón, Elena y Mallen).

 

     El fallo transcripto pone el foco en un aspecto que es importante puntualizar: que el “concurso” al que alude el art. 1294 comprende el concurso preventivo y la quiebra. Sobre este tópico se pronunciaron expresamente algunos autores, particularmente al recalcar que en caso de quiebra el esposo demandante no podrá anteponer su derecho sobre los gananciales del fallido ni los créditos por recompensas hasta desinteresar a los acreedores de la quiebra, quienes podrán avanzar sobre la cuota que corresponde al fallido en los gananciales del que no está en quiebra (Azpiri Jorge G. “Régimen de bienes en el matrimonio” p.203 NºC).

 

     Como en la quiebra el fallido, a diferencia del concurso, queda desapoderado de pleno derecho (arts. 15, 16, 17, 109 y concs. L.C.) no cabe dudas –dice Arianna- que el art. 1294 comprende el supuesto de quiebra declarada, más no media unanimidad si comprende el concurso preventivo (Arianna Alberto “Disolución de la sociedad conyugal” en Enciclopedia de Derecho de Familia” de Lagomarsino Carlos-Salerno Marcelo T.I p.906; Belluscio Augusto “Manual de Derecho de Familia” T.2 p.163 NºC; Fanzolato Eduardo Ignacio y Roitman Horacio “Quiebra del Cónyuge” en R.D.P.y C. Nº 12 “Derecho de Familia Patrimonial” p.137 Nº 4, incluyendo el art.1294 en la quiebra; ver también el comentario de Alberto Jorge Gowland “El concurso: desafortunada reaparición en la ley 23515 de una desaparecida causal de separación de bienes (dos sentencias coincidentes)”, E.D.153-463; C.N.Com. Sala D, 28/4/88 “N.,J.A.E.”, E.D.131-242; C.N.Com. Sala E 16/3/93 “Coelho, Elbio s/quiebra”, E.D. 153-469).

 

     Kemelmajer de Carlucci, en pormenorizado análisis de este instituto legal, participa de la postura que casi no exhibe fisuras en la doctrina y jurisprudencia patrias: el “concurso incluye la quiebra (arts.1294 Cód. Civ.; arts.107, 108 y concs. L.C.; Kemelmajer de Carlucci, Aída “Primeras aproximaciones al tema insolvencia y régimen de bienes en el matrimonio” cit.; en ese sentido Heredia, Pablo “Tratado Exegético de Derecho Concursal” T.4 p.1013 Nº 18; Chechile, Ana M.-Rodríguez Analía S. “El concurso de uno de los cónyuges como causal para solicitar la separación judicial de bienes” J.A.1998-III-896 NºIV,b).

 

     5) En definitiva: acreditados los aspectos mencionados, atento la concurrencia de los presupuestos objetivos y formales para la procedencia de la separación de bienes (el matrimonio de A. y de B.) y la quiebra del cónyuge (conf. fs.257/260, expte. principal glosado por cuerda) corresponde acoger la pretensión instaurada (art. 1294 Cód. Civ.) por haberse configurado los requisitos legales para la admisibilidad de la separación de bienes de la sociedad conyugal que conforman los citados esposos A.-B..

 

     Ahora bien: acoger la petición no supone –como parece insinuarlo la actora- modificar el régimen patrimonial del matrimonio.

 

     6) En efecto, existe consenso en que el art. 1294 Cód. Civ. no altera el régimen general de deudas separadas en el ámbito de la relación conyugal externa (art. 5 y 6 ley 11357) y que el esposo responde frente a sus acreedores con sus bienes propios y los gananciales de su titularidad, por lo que la participación de la ganancialidad está supeditada a que primero sean desinteresados los acreedores del fallido, y de mediar remanente se reparte el mismo con la esposa (Méndez Costa, María Josefa “Código Civil Comentado. Derecho de Familia Patrimonial” cit., p.239 y ss.; C.Civ., Com. y Lab. Venado Tuerto, 6/11/90 “Incidente de separación de bienes” cit. J.A. 1991-IV-44, y C.Civ. y Com. Rosario, Sala 1ª 5/3/93 “Vicentini” cit., J.A.1994-II-167; ver Kemelmajer de Carlucci, Aída; Correa, María Angélica “Familia” en Rev. Derecho Priv. y Com. Nº4, p.391).

 

     Retomando lo dicho por el tribunal rosarino ya mencionado debe desestimarse cualquier idea “de que la separación de bienes por quiebra de un cónyuge pudiera dar derecho al esposo “in bonis” a tomar la mitad de los gananciales adquiridos por el quebrado antes de que fueran desinteresados los acreedores concursales y concurrentes, lo que implicaría convertir al cónyuge no fallido en una suerte de “acreedor de dominio” o en un acreedor con privilegio absoluto, preferido a todos los demás acreedores del fallido y del concurso. El reconocimiento de tal jerarquía preferencial exigiría una norma clara y concreta. Los privilegios no pueden crearse por analogía ni inferirse de textos oscuros o de intenciones del legislador no plasmadas en reglas concretas…” (C.Civ. y Com. Rosario, Sala 1ª 5/3/93 “Vicentini de Balcala”, J.A.1994-II-167 cit.; ver también Gowland, Alberto Jorge “El concurso: desafortunada reaparición en la ley 23515 de una desaparecida causal de separación de bienes…”, cit. E.D.153-463; Méndez Costa, María Josefa “Código Civil Comentado. Derecho de Familia Patrimonial” cit. pág.239).

 

     La utilización de la norma del adjetivo “eventual” revela que el derecho del cónyuge in bonis “a” los bienes gananciales y no “sobre” ellos, requiere de la previa liquidación y pago del pasivo, por lo que –insisto- sólo podrá separar su parte de los gananciales si hubiera remanente y luego de satisfacer los créditos de los acreedores –privilegiados y quirografarios- del fallido (Heredia Pablo “Tratado Exegético de Derecho Concursal” cit. T.4 p.1016; Chechile, Ana M.-Rodríguez Analía S. “El concurso de uno de los cónyuges como causal para solicitar la separación judicial de bienes” J.A.1998-III-898). También Azpiri puntualiza que “se trata de un derecho en expectativa y la acción tendrá un fin preventivo ante los bienes que pudieran perjudicar esta posibilidad de participar en la masa de bienes gananciales a dividir (Azpiri Jorge “Régimen de bienes en el matrimonio” cit. 201).

 

     De allí, entonces, que la doctrina critica la solución legal ya que afirma que no se advierte qué ventaja o qué protección resultaría para el cónyuge no fallido de la norma analizada y, por el contrario, parecería que lo mejor que podría hacer el cónyuge del concursado es mantener los bienes sin dividir y seguir usando y gozando en toda la medida posible de los gananciales sujetos a su propia administración” (C.N.Com. Sala D, 28/4/88 “N.,J.A.E.”, E.D.131-242). Es más –se agrega- la promoción de la acción le puede resultar disvaliosa, ya que tendría que dividir los gananciales de su titularidad con el concurso, y si los bienes reconocieran titularidad del concursado, nada recibiría por la presunción de insolvencia del concurso, ni tiene preferencia por recompensas a su favor” (Vidal Taquín Carlos H “Régimen de bienes en el matrimonio” p.393 Nº3; Gowland Alberto ob.cit. E.D. 153-463; Mazzinghi Jorge “El concurso como causa de la separación de bienes” cit. E.D.131-23).

 

     En la búsqueda de la “ratio” de la norma ha tomado cuerpo en el derecho patrio la que, en definitiva, afirma que puede pensarse que la promoción de la acción de separación puede aparejar alguna ventaja “cuando el cónyuge no concursado carezca de bienes gananciales y busque eliminar la ganancialidad hacia el futuro, ante la perspectiva de ingresos importantes” (art.1276 y concs. Cód.Civ.; arts.5 y 6 ley 11357; arts. 234, 235 y 236 L.C.; Arianna Carlos A., “Disolución de la sociedad conyugal” en Enciclopedia de Derecho de Familia, cit. T.I, p.904/905). Esta es, también, la télesis que recoge calificada doctrina (María Josefa Méndez Costa “Código Civil Comentado. Derecho de Familia Patrimonial”, cit. p.239; Hernández, Lidia B. “De la Sociedad Conyugal” cit. en Bueres, Alberto-Highton, Elena “Código Civil” T.3C pág. 211). Belluscio asume una defensa más enfática al sostener que la norma “puede ser ventajosa si el cónyuge no tiene actualmente bienes y su propósito es no someter a la sociedad los que se adjudique en el futuro” (Belluscio, Augusto C. “Manual de Derecho de familia” T.2 p.163; en igual sentido Capparelli Julio César “La mutación del régimen patrimonial en el artículo 1294 del Código Civil, p.912; Chechile, Ana M.-Rodríguez Analía S. “El concurso de uno de los cónyuges como causal para solicitar la separación judicial de bienes” J.A.1998-III-898).

 

     Sin embargo, y con agudeza, Kemelmajer de Carlucci añade a los efectos positivos o favorables advertidos por la doctrina (cese para el futuro del régimen de ganancialidad, especialmente si el esposo in bonis tiene en miras acometer una actividad económica) los siguientes: “merced a esa sentencia el cónyuge in bonis administrará los bienes que adquiera en el futuro sin las restricciones del 1277; si hubiese algún remanente en el concurso del cónyuge, recogerá todo o parte de sus gananciales; abrirá el juego de las recompensas y la recomposición de los bienes propios empleados en ventaja de lo ganancial; normalmente, esta sentencia permitirá concluir con los roces y desavenencias entre los cónyuges directamente causados por la gestión de bienes comunes”, aut. y ob. cit. Kemelmajer de Carlucci, Aída “Primeras aproximaciones al tema insolvencia y régimen de bienes en el matrimonio” cit.).

 

     En definitiva: procurando ser más claro me detuve en el análisis de este aspecto para precisar que la Sra. A. no adquiere ningún derecho automático e inmediato sobre los bienes gananciales (y mucho menos sobre el inmueble propio de B., aún con mejoras incorporadas con fondos gananciales) que desplace, modifique o altere el régimen patrimonial del matrimonio o le confiera un derecho de cobro preferente respecto de los acreedores del cónyuge fallido.

 

 7) Corresponde examinar la fecha a partir de la cual se producen los efectos de la sentencia: tendrá efectos retroactivos al día de notificación de la demanda y por aplicación analógica del art. 1306 Cód. Civil.

 

Dado que el art.1294 Cód. Civ. no contiene ninguna previsión acerca del momento en que operan la retroacción de la separación de bienes alguna opinión más aislada sostiene que debe computarse la fecha de declaración concursal (C.Civ., Com. y Lab. Venado Tuerto, 6/11/90 “Incidente de separación de bienes en Saint Martín Martín Ramón (quiebra)” cit., con nota aprobatoria de ese tópico de Ricardo J. Dutto, J.A.1991-IV-44). Se dice que según lo reglado por el art.1262 Cód. Civ. podría entenderse que es aplicable el art.1276 según el cual la sentencia que declara la disolución de la sociedad civil tiene efectos a partir del día en que tiene lugar la causa de la obligación.

 

Empero, y como prevalece en la doctrina y jurisprudencia, la interpretación que más se compadece con la estructura del régimen general es la que recurre a la fecha de notificación de la demanda, acudiendo por analogía (art.16 Cód. Civ.) a la solución del art.1306 Cód.Civ. (Méndez Costa, María Josefa “Código Civil Comentado. Derecho de Familia Patrimonial” cit. p.244; Hernández, Lidia B. “De la Sociedad Conyugal” en Bueres, Alberto-Highton, Elena “Código Civil” T.3C cit. pág.211 Nº3; Belluscio, ob.cit. T.2 p.172 Nº 398; Zannoni, Eduardo “Derecho Civil. Derecho de Familia” T.I p.615 Nº 496; Kemelmajer de Carlucci, Aída “Primeras aproximaciones al tema insolvencia y régimen de bienes en el matrimonio”, cit.).

 

Ello es así, además, porque “si la sentencia de quiebra es el presupuesto de la sentencia de separación de bienes nunca los efectos de la segunda podrían retrotraerse a fecha anterior a las causas de la primera” (Gowland, Alberto Jorge “El concurso: desafortunada reaparición en la ley 23515″ cit. E.D.153-468 Nº 4,b) por lo que la separación opera desde esa fecha para todos los supuestos previstos en el art.1294 Cód. Civ. (Zannoni ob.cit. T.1 p.619 Nº 499; Kemelmajer de Carlucci, Aída “Primeras aproximaciones al tema insolvencia y régimen de bienes en el matrimonio”, cit.).

 

8) Finalmente procede desestimar el planteo sobre la “oponibilidad del bien de familia (constituido sobre el mentado bien propio) respecto de los acreedores de causa posterior a su constitución” (sic, agravios fs.61vta.).

 

En primer lugar debe ponerse de relieve que, como se detalló más arriba (Considerando II, punto 1), el inmueble propio de B. no se constituyó en bien de familia –como equivocadamente lo aducen la actora y el síndico- sino que resultó inembargable como consecuencia de la celebración de una hipoteca a favor del Banco Hipotecario Nacional y por aplicación al régimen de la ley orgánica de esa institución oficial –art.35 ley 22232 T.O. decreto 540/93)- (conf. certificado de dominio fs.624/625 expte. 34997). Se desprende también de esa constancia registral (en ausencia de toda otra especificación de las partes y del síndico) que luego de su cancelación total se constituyó una segunda hipoteca, a favor de otro acreedor (Nélida M. Riera de Domínguez), la que se cedió a un tercero (a María D. Lara). Ello importa renunciar al privilegio de la inembargabilidad del inmueble.

 

Me explico: y para ello acudo a inveterados antecedentes del Tribunal.

 

La Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional, según el texto de la ley 22232 -sancionada el 29/4/80- establece en su artículo 35, lo que hoy reitera el artículo 34 de esa normativa ordenada por Decreto 540/93: “No podrá trabarse embargo sobre los inmuebles gravados a favor del Banco por préstamos otorgados para única vivienda propia, hasta los montos que determine la reglamentación que dicte el Banco mientras éstas mantengan su categoría originaria y aquéllos conserven tal destino y no podrán ser ejecutados ni constituirse sobre ellos otros derechos reales a excepción de los que se constituyen con motivo de créditos provenientes de su construcción, adquisición, ampliación, reforma, refacción o conservación. Los Registros de la Propiedad tomarán nota de dichas circunstancias al margen de la anotación de dominio” (esta Sala, causas Nº 42384, 9/4/01, “Llesgre…”; Nº48754, 30/8/05 “BBVA Bco. Francés S.A.c/Aguirre, Jorge”). Tanto la Corte Federal como la Casación Bonaerense sostienen que el fin tuitivo de la norma se apoya en “el propósito de justicia a que obedecen las medidas legislativas tendientes al afianzamiento de la vivienda familiar, fruto del esfuerzo de los integrantes del grupo familiar y de la ayuda estatal’” (C.S., 24/2/61, “Cejas…”; J.A., 1961-V-165 y Fallos 249:183; C.S., 12/4/83, “Negrete…”, Fallos 305:451 y la remisión a los antecedentes de Fallos 249:183; 256:572; 271:163; 288:77 y 295:608).     

 

La inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles destinados a vivienda propia constituidos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional se mantiene luego de cancelado el crédito del Banco’ (S.C.B.A., Ac.45.711, 31/3/92, “Villa…”, E.D., Tº 148, p.552 y J.A., 1993-I-291; Ac.50.827, 15/8/95, “Peris…”, L.L., Bs. As., 1995, p.1025 y D.J.J., Tº 149, p.187; Ac.73811, 13-9-2000, “Bco. Pcia. Bs. As….”; doc. Trib. cit., Ac.87131, 27-10-2004, “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A….”).

 

En este orden de ideas el instituto en examen guarda similitud con el denominado bien de familia (lo que pudo inducir a las partes a sus confusiones conceptuales) ya que la “ratio legis” de la ley 22232 “concuerda con las funciones de fomento de la vivienda familiar atribuidas a la función del Banco y con el espíritu de normas análogas, como las que regulan el llamado ‘bien de familia’ (art.34 y ss. ley 14.394)… que hallan su soporte constitucional en el artículo nuevo de la Constitución Nacional, en cuanto tiende al afianzamiento de la vivienda, fruto del esfuerzo de los integrantes del grupo familiar y de la ayuda estatal”; y también en razón de que no “ha sido instituida en el solo interés del banco” (C.S., 30/10/86, “Jaralambides…” J.A., 1989-I-791 y L.L., 1987-A-493; esta Sala, causas Nº 42384, 9/04/01, cit. “Llesgre…”; Nº48754 “BBVA Bco. Francés” cit.).

 

Empero, pese a las finalidades protectorias apuntadas, en el caso y conforme antecedentes del tribunal, prevalece la voluntaria renuncia de derechos patrimoniales de los esposos A.-B., lo que surge de confrontar la situación jurídica -que ellos generaron- con la tutela de los derechos del acreedor y la circulación del crédito (esta Sala causa Nº48754 “BBVA Bco. Francés” cit.).

 

En dos palabras: la cancelación por los cónyuges del crédito hipotecario y la ulterior constitución de otro gravamen importan -con palabras utilizadas con anterioridad- que el deudor renunció, abdicando, de la tutela de su derecho patrimonial (que como tal es renunciable) lo que no resulta contradictorio ni incompatible -por las singularidades del caso- con el régimen tuitivo de la vivienda familiar, adquirida con créditos derivados del fomento.

 

En consideraciones vertidas para una ejecución individual pero trasladables al caso, y para centrarme en el meollo del fundamento del rechazo de la invocación del “bien de familia” que efectúa la actora, debe recalcarse que la conducta del deudor (que hipotecó por segunda vez el inmueble) generó derechos en expectativa a favor del acreedor quien, en base a la confianza, a la buena fe y a la apariencia de cumplimiento de las obligaciones, dio por descontado que el inmueble garantizaba el pago de la deuda (arts.499, 1197, 1198 y concs. Cód. Civil). De esta manera está en juego también la seguridad en las transacciones y la confianza en el crédito, público y privado, con base en el principio de moralidad que preside las relaciones contractuales (arts.21, 953 y nota 530 Cód. Civil; me remito “in extenso” al caso citado Nº 48754 “BBVA Bco. Francés” con sus reenvíos).

 

En conclusión: la pretensión de A. de hacer valer una inembargabilidad del “bien de familia” (sic, fs. 61 vta.) no puede prosperar, porque esa inembargabilidad inicial propia del régimen de fomento de la vivienda (ley 22232 cit.) fue renunciada por ambos esposos a favor del acreedor hipotecario y de los restantes y posteriores acreedores.    

 

III) Consecuentemente, y por todo lo expuesto, procede admitir el recurso interpuesto y modificar la sentencia apelada haciendo lugar a la demanda interpuesta por M. E. A. decretando la separación de bienes de la sociedad conyugal de los esposos O. R. B. y M. E. A., a partir del 4 de Septiembre de 2003 que es la fecha de notificación de la demanda a O. R.B. (conf. cédula fs. 23 vta.) la que –también- es coincidente con la de notificación a la sindicatura (fs.22 vta.; art. 1294 Cód.Civ.). La admisión de la pretensión no presupone acogerla en sus estrictos términos sino con los alcances y efectos asignados, por lo que la separación de bienes tomará en cuenta y afectará a todos los gananciales, pudiendo la actora acceder a su parte sólo si hubiera remanente y una vez satisfechos los acreedores del fallido (arts.1276, 1294, 1306 y concs. Cód.Civ.; arts. 5 y 6 ley 11357; arts.107, 108 y concs. L.C.). Las costas deberán ser impuestas en ambas instancias por su orden porque el esposo adhirió a la petición y la negativa de la sindicatura –ante la singularidad de la materia- no fue contundente (arts. 68 “in fine” C.P.C. y 278 L.C.).

 

Así lo voto.

 

A la misma cuestión, los Señores Jueces, Dres. FORTUNATO DE SERRADELL y CÉSPEDES, votaron en idéntico sentido.   

 

A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor GALDOS, dijo:

 

Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., corresponde admitir el recurso interpuesto y modificar la sentencia apelada haciendo lugar a la demanda interpuesta por M. E. A. decretando la separación de bienes, con los alcances dados en el considerando II, 7, a partir del 4 de Septiembre de 2003, fecha de notificación de la demanda a O. R.B.. Las costas deberán ser impuestas en ambas instancias por su orden porque el esposo adhirió a la petición y la negativa de la sindicatura –ante la singularidad de la materia- no fue contundente (arts. 68 “in fine” C.P.C. y 278 L.C.). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Decreto/Ley 8904/77).

 

Así lo voto.

 

A la misma cuestión, los Señores Jueces, Dres. FORTUNATO DE SERRADELL y CÉSPEDES votaron en igual sentido.       

 

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

 

S E N T E N C I A         

 

Azul, 5 de Julio de 2007.

 

AUTOS Y VISTOS:

 

CONSIDERANDO:

 

Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., ADMÍTESE el recurso interpuesto y MODIFICASE la sentencia apelada haciendo lugar a la demanda interpuesta por M. E. A. decretando a partir del 4 de Septiembre de 2003 la separación de bienes de su esposo R. O. B., la que tendrá los efectos y alcances dados, esto es que tomará en cuenta y afectará a todos los gananciales pudiendo acceder a su parte si hubiera remanente y una vez satisfechos los acreedores del fallido. IMPÓNENSE las costas de ambas instancias por su orden. DIFIÉRASE la regulación de honorarios para su oportunidad. NOTIFÍQUESE por Secretaría y devuélvase.

 

JORGE MARIO GALDÓS – LETICIA FORTUNATO DE SERRADELL – GUILLERMO LÁZARO CÉSPEDES

 

Ante mí: Dra. María Fabiana Restivo.

 

 

 

 

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Concursos y quiebras. Dividendo concursal. Heredero forzoso del acreedor. Cónyuge supérstite. Acreditación del vínculo. Declaratoria de herederos. Productos La Vascongada S.A. s/quiebra, C.N.Com., Sala A, 18/10/07.

 

Y VISTOS:

 

1. Apeló la Sra. Delfina Ercilia Medina la resolución dictada a f. 6.670 en cuanto no autorizó el pago del dividendo atribuido a su cónyuge Eudoro Leoncio Pacheco, ordenando que se promoviera juicio sucesorio.

 

Los fundamentos obran desarrollados a fs. 6.690/1 y fueron contestados por la sindicatura a f. 6.695.

 

Por su parte la Sra. fiscal general se abstuvo de dictaminar por las razones invocadas a f. 6.710.

 

2. Se agravió la recurrente porque no se ordenó a su nombre el pago del dividendo constituido a favor de quien fuera su cónyuge, cuando acreditó la relación que lo unió con el acreedor. Indicó que el crédito en cuestión tiene origen en una sentencia laboral fundada en los términos de la Ley 9.688, la que establece que para el reclamo del cobro de los créditos allí comprendidos no es necesario la iniciación de sucesorio, siendo suficiente acreditar el vínculo de parentesco. Agregó que la sindicatura no ha objetado su pretensión, y que no existen otros derechohabientes que pudieran reclamar el crédito en cuestión.

 

3. Pues bien, en autos, se presentó la Sra. Delfina Ercilia Medina solicitando que se la autorizara a percibir el dividendo constituido a favor de Eudoro Leoncio Pacheco. Acompañó a los fines de acreditar el vínculo invocado los certificados de matrimonio y de defunción (fs. 6.535/6), declarando bajo juramento ser la única heredera de aquél (f. 6.622 “in fine”). Asimismo, denunció no haber iniciado sucesión (f. 6.605).

 

La magistrada de grado en la resolución apelada, si bien reconoció que la cónyuge supérstite toma posesión de pleno derecho de los bienes del causante sin formalidad ni intervención judicial (art. 3410, Cód. Civil), entendió que era necesario la apertura del sucesorio, atento que podrían existir otros parientes con vocación hereditaria que no pueden tomar posesión de la herencia sin pedirla a los jueces y justificar su título a la sucesión (art. 3412, Cód. Civil).

 

4. De las constancias agregadas en autos surge que la recurrente ha acreditado debidamente su vinculación con el Sr. Eudoro Leoncio Pacheco, quien resulta beneficiario de un dividendo por la suma de pesos dieciséis mil trescientos veintinueve con noventa y siete centavos ($ 16.329,97) (f. 6298).

 

Así en su carácter de cónyuge del acreedor, cuestión que no ha sido objetada por la sindicatura, ésta reviste el carácter de heredera forzosa. Asimismo, la recurrente ha declarado bajo juramento que no existe otro heredero del causante.

 

En este marco, cabe recordar que en virtud del art. 3417 del Cód. Civil el heredero continúa la persona del causante, sin que haya intervalo de tiempo entre la muerte y la transmisión, de modo que el heredero es dueño de las cosas que eran de propiedad del causante y acreedor de quienes eran sus deudores, con excepción de los derechos que no se transmiten por sucesión. Dentro de esos derechos se encuentra lo relativo a la administración del acervo hereditario.

 

En el caso de la cónyuge, luego de la reforma de la Ley 17.711, ésta adquiere la posesión hereditaria de pleno derecho. En efecto el art. 3410 del Cód. Civil dispone que, cuando la sucesión tiene lugar entre cónyuges, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignorase la apertura de la sucesión o su llamamiento a la herencia. Es decir, le basta acreditar el mencionado vínculo con el causante, a través de las constancias expedidas por los registros civiles, para poder ejercer todas las acciones y derechos en que han sucedido (Córdoba-Levy-Solari-Wagmaister, “Derecho Sucesorio”, T. II, pág. 23 y sgtes). Así, antes de la declaratoria de herederos puede ejercer todas las acciones que dependan de la sucesión, demandar y ser demandados (a contrario “sensu” art. 3414, Cód. Civil).

 

5. De otro lado, la recurrente ha denunciado que el crédito verificado en autos proviene de una indemnización en los términos de la Ley 9.688, esto es por accidente de trabajo, lo que no ha sido rebatido por la sindicatura.

 

En este contexto no puede olvidarse que la Ley 24.028 que derogó la Ley 9.688, en su artículo octavo dispone que las indemnizaciones allí contempladas corresponden al trabajador o, sus causahabientes, éstos últimos conformados por las personas enumeradas en el art. 38 de la Ley 18.037 y sus modificaciones. Agrega dicha norma que, para el reclamo de la indemnización, bastará con la simple acreditación del vínculo de parentesco que se invoque y demás requisitos que podrá establecer la reglamentación.

 

La cónyuge supérstite se encuentra incluida en el inciso primero del art. 38 de la ley Ley 18.037.

 

Así, para el reclamo de las indemnizaciones allí previstas no resulta necesario la declaratoria de herederos, siendo requisito necesario solamente acreditar el vínculo alegado.

 

6. En autos no se está reclamando estrictamente una indemnización prevista en las normas referenciadas, pues el crédito insinuado en esos términos ya fue verificado en la quiebra a favor del causante, sino que se pretende el cobro de un dividendo concursal.

 

Sin embargo, no puede obviarse el origen del crédito reconocido, y cuyo pago se ha ordenado realizar.

 

En este contexto, atendiendo que la recurrente ha acreditado el vínculo que la unía con el beneficiario del dividendo, así como su carácter de heredera forzosa, y siendo que ha prestado declaración jurada de que no existe otro heredero con vocación a dicho crédito, no se advierte óbice para autorizar el pago a nombre de la recurrente. Tal solución se condice con las normas contenidas en la Ley del Contrato de Trabajo (arts. 123, 149, 156 y 262, L.C.T.).

 

Máxime atendiendo el carácter alimentario que tienen las acreencias de origen laboral, que no se compadece con la exigencia de un trámite sucesorio previo.

 

7. Por lo expuesto, y oída la Sra. fiscal general,

 

ESTA SALA

RESUELVE:

 

Estimar el recurso de apelación dispuesto por Delfina Ercilia Medina, y por ende, revocar la resolución dictada a f. 6.670, autorizando el pago a la recurrente del dividendo atribuido a Eudoro Leoncio Pacheco.

 

Imponer las costas en el orden causado, atento que la sindicatura no se ha opuesto al presente recurso (art. 68, segundo párrafo, C.P.C.C.).

 

Notifíquese a la Sra. fiscal general, y devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso. La Sra. juez de Cámara, Dra. María Elsa Uzal, no interviene en la presente resolución por encontrarse excusada (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

 

Alfredo Arturo Kölliker Frers, Isabel Míguez. Ante mí: María Verónica Balbi.

 

Es copia del original que corre a fs. 6.711/6.712 de los autos de la materia.

 

“Productos La Vascongada S.A. s/ quiebra” (FG N° 99.391)

 

Excma. Cámara:

 

Observo que las cuestiones traídas a conocimiento de ese tribunal versan sobre aspectos de hecho y prueba y derecho común que no afectan el interés de la masa, sino sólo el interés particular del apelante.

 

Tales tópicos no ponen en juego normas concursales y, por ende, son ajenas a los intereses cuyo resguardo tengo encomendado.

 

En consecuencia, concluyo que no se encuentra comprometido en el sub lite el interés general cuya tutela me incumbe (art. 120, Constitución Nacional) y que los autos están en condiciones de ser resueltos por V.E.

 

Dejo así contestada la vista conferida.

 

Buenos Aires, octubre 9 de 2007.