VENTA DE AUTOMOTORES. Inscripción registral. Entrega de documentación. Concesionario. Incumplimiento
“Poggi, Raúl Alberto y otra c/ LAPRIDA S.A.C.I. y otro s/ ordinario” - CNCOM - 29/12/2008
“….el concesionario incumplió la prestación asumida en razón que no le fue posible tramitar el patentamiento del automotor por haber sido retenida la documentación pertinente por la financiera, circunstancia, que -adelanto- no le resulta ajena al concedente, al no constituir extremo controvertido que ésta fue directamente remitida a GMAC. Al respecto, cabe recordar que para perfeccionar la venta de un automotor no basta con la entrega de la posesión sino que la adquisición del dominio requiere ineludiblemente el suministro de la documentación del automotor necesaria para efectuar el patentamiento (o su posterior transferencia). Es sabido que la transmisión del dominio de los automotores debe formalizarse por instrumento público o privado y solo produce efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y para lograrla, no hay otro medio que el de acudir al mentado patentamiento del automotor 0km., que es el rígido íter marcado por el legislador (Decreto ley 6582/58, Decreto 1114/97, ratificado por decreto-Ley n° 14.467 y las modificaciones introducidas por las leyes n° 25.232, 25.345 y 25.677 y 26.348). Sólo la inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor confiere aquel derecho, por ser de naturaleza constitutiva.”

“,,,la entrega de la documentación pertinente por parte de la concedente para el logro de la inscripción registral, constituye un accesorio de la cosa vendida, que por su naturaleza es fundamental para que el adquirente pueda gozar del derecho transmitido. En consecuencia, al haber incurrido el fabricante en dicha omisión, se genera el incumplimiento de una obligación que lo torna responsable por la imposibilidad transmitida al concesionario “oficial”, de no poder efectuar la tradición del vehículo sin el patentamiento a favor del comprador que lo abonó al contado, quien en razón de ello está facultado para demandar el cumplimiento o la resolución del contrato de compraventa con más los daños y perjuicios experimentados (arts. 1420, 1204 del Cód. Civil y 216 del Cód. Com.).”

“…el concedente ha diseñado un procedimiento que consiste en remitir a la financiera GMAC todos los documentos hábiles para realizar la inscripción dominial de la unidad 0 km., a quien ineludiblemente deben acudir los concesionarios como mecanismo forzoso para garantizarse GMA el cobro del precio de los autos que comercializa a los concesionarios. Quien procede de ese modo olvida que no puede imputarle responsabilidad exclusiva de la inejecución contractual a su cocontratante (o sea, el concesionario) si -como aconteció en la especie- voluntariamente ha privado a este último de los medios necesarios para lograr la consolidación del dominio a favor del consumidor”

“…el de concesión es una especie dentro de los contratos con finalidad distributiva, que alcanza su objetivo a través de grupos de contratos conexos vinculados en un sistema de distribución; a ello cabe agregar que en la modalidad contractual interna de la relación “concedente-concesionario” se gesta una desigualdad negocial en la que prevalecen los términos impuestos por la terminal automotriz, que se revela en la celebración del contrato por adhesión a cláusulas generales, y la imposición de condiciones en la etapa de cumplimiento. Apréciese que si bien se le autoriza el uso de la marca, no hay vínculo representativo entre el concesionario y el concedente, al actuar el primero a nombre propio y a su propio riesgo.”

“…los grupos de contratos de colaboración gestoría comprenden las redes de distribución, tales como los grupos de franquicia o de concesionarios. En las redes hay un contrato marco como medio para alcanzar fines individuales y comunes, y por ello se generan relaciones bilaterales entre concedente y concesionario que representan los objetivos individuales. Además existen relaciones entre todos los miembros de la red, porque saben que obtienen de ella un beneficio adicional, que es el incremento de la distribución y de las ventas. El contrato marco regula el aspecto común de las redes. Tiene un carácter asociativo, no es una sociedad porque hay empresas independientes entre sí y no hay un beneficio común a repartir; existe porque hay un interés común que se alcanza cuando una parte contratante posee interés personal y directo en la obligación de la contraparte. Una de las partes obtiene satisfacciones indirectas a través de la prestación que realiza la otra, sin que exista un vínculo de cambio. Así las cosas, de esa actuación concertada produce una utilidad que excede la noción de contraprestación.”

“…en la conexidad hay un interés asociativo que se satisface a través de un negocio que requiere varios contratos unidos en sistema; la causa en estos supuestos vincula a sujetos que son partes de distintos contratos, situándose fuera del vínculo bilateral pero dentro del sistema o red contractual. Ello significa que hay una finalidad económico-social que trasciende la individualidad de cada contrato y que constituye la razón de ser de su unión; si se desequilibra la misma, se afecta todo el sistema y no solo uno de los contratos. Esta causa reside en el funcionamiento integral y eficiente del sistema, a tal punto que se ha llegado a afirmar que quienes son parte en los contratos encadenados no resultan “verdaderos terceros”, en lo que a la esfera de la responsabilidad respecta”

“…existen grados de conexidad que pueden transformarse en dominación, en integración vertical, en la que desaparece la autonomía negocial y -por ende- la ajenidad de riesgos. Bajo ese encuadramiento, el principio de coordinación, que se deriva de la existencia conexa de contratos en torno a un interés sistemático, causa la existencia de obligaciones. No se trata de contratos de coordinación, sino de obligaciones o deberes secundarios de conducta, que se adosan entre sí, de modo sistemático. Ello significa que todos los integrantes de una red contractual tienen una obligación de colaborar en su mantenimiento. Todos deben obrar de modo tal que no destruyan el sistema.”

“El control sirve también para aumentar la capacidad de venta de todo el grupo. Por ejemplo, la exclusividad impuesta a la concesionaria, afirma en los hechos la superioridad del fabricante durante la vigencia del contrato y, el control que se establece sobre las conductas y patrimonios de los componentes (que el procedimiento de concentración agrupa), surge como el medio utilizado por la parte directriz para realizar y conservar la “unidad de decisión”, incluso para aumentar, en un momento dado, la capacidad de agresión de cada unidad del grupo dentro del mercado.”

“En el contrato de concesión, la concentración vertical, y la existencia de una red de distribución integrada y sometida a su dirección y poder, se expresa, en una “subordinación económica” de las empresas agrupadas, que subsiste, aun cuando se advierta la autonomía patrimonial y jurídica, por lo que corresponde reiterar que la existencia de instrumentos de control objetables, es lo que produce la aplicación de normas de protectorias de la parte débil.”

“Repárese que la parte actora adquirió el automotor en la concesionaria oficial de la automotriz, fundada en el respaldo, seguridad y garantía que le ofrecía para la entrega del automotor que deseaba adquirir un concesionario oficial, amparado en el prestigio de la concedente titular de la marca que lo designó para la colocación de la producción en el mercado para vender sus productos al consumidor. Y si bien es cierto que el concedente vende el producto al concesionario para que este lo revenda en una zona determinada (adviértase que el punto 8.2.A del contrato de concesión dispone que la concesionaria no reviste condición de agente o de representante) la concedente no puede desligarse de las obligaciones contraídas por el concesionario cuando, frente a una falla en el sistema de comercialización (debida a un control deficiente), la operación se frustra.”

“Uno de los derechos reconocidos al consumidor es el de ser protegido en los intereses económicos, vale decir, a contratar en condiciones equitativas. El cortejo de resguardos deriva del denominado orden público económico, que por oposición al tradicional orden público moral fundado en las buenas costumbres, toma en cuenta “el cambio de los bienes y servicios considerados en sí mismos, y no el cambio en razón de sus consecuencias frente a las instituciones. Este orden público económico de protección, tiende a tutelar “a una de las partes, y particularmente al equilibrio interno del contrato”, y es propio de su operatividad que proliferen diversas cláusulas abusivas.”